Los poderes públicos deben asumir realmente todos sus compromisos con la Convención Internacional de los Derechos del Niño
Los participantes en el seminario La desprotección de los menores extranjeros no acompañados, pusieron sobre la mesa la compleja problemática de estos menores a los que las instituciones consideran migrantes antes que menores. Elena Arce, del Consejo General de Abogacía observó cómo «se aplica a rajatabla la ley de extranjería, que está hecha para que no vengan» y, en cambio, «no se despliegue el mismo empeño por cumplir con lo que marca la Convención Internacional de los Derechos del Niño». Esta convención de derechos firmada por España, explicó Arce, «se convierte en papel mojado todos los días, ya que se producen detenciones y repatriaciones sujetas a la legislación migratoria». Precisamente de repatriaciones de menores no acompañados habló la antropóloga y miembro del colectivo andaluz Al-Jaima, Mercedes Jiménez, que denunció cómo éstas se producen «sin garantías» en comunidades autónomas como Madrid, Euskadi o Cataluña. Jiménez tachó de «indigno, inmoral e ilegal» que «haya chavales que duermen con los zapatos puestos en sus centros» ante la alerta de ser objeto en cualquier momento de «una detención y posible devolución a sus países de origen en nombre de un derecho a vivir en familia que es, en verdad, la condena a vivir en la miseria».
A las palabras de Mercedes Jiménez se sumaron las de Ángel Hernández, director técnico de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia, para quien estos casos «ponen en evidencia nuestro Estado social y democrático de Derecho». Hernández criticó abiertamente «el baile de cifras oficiales en cuanto a los menores extranjeros residentes en España» y consideró «triste tener que exigir que las políticas de repatriación respeten principios de protección del menor tan básicos como la no discriminación y el derecho al pleno desarrollo». Tanto él como sus colegas de ponencia Elena Arce y Mercedes Jiménez coincidieron en la necesidad de que los poderes públicos cesen en su dejación de funciones: «Las ONGs son usadas para llegar donde el Estado no llega», reflexionó Jiménez, extremo en el que Elena Arce abundó al denunciar que «toda la estructura garantista y de protección jurídica de inmigrantes, en Madrid, depende al final del teléfono móvil de un abogado voluntario».
Esther Concepción, de la Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado (AVAR), contextualizó la temática en la realidad de su comunidad autónoma. En la Comunidad Valenciana, certificó Concepción, «no ha habido repatriaciones de menores de momento», y existe incluso un Protocolo de Actuación Institucional para la Retención de Menores Extranjeros No Acompañados, pero éste es «muy policial». El principal problema del mismo es, a su juicio, la determinación de la edad de dichos menores, a través de «pruebas radiológicas obsoletas» o las simples «apariencias físicas». «Si acreditan pasaporte, se les presupone falso», y quedan «en un limbo jurídico de desprotección», terció.
Por último, la ponencia se completó con el testimonio de dos representantes de la Red de Educación Sin Fronteras, de Francia, que explicaron la situación de los menores extranjeros no acompañados en su país. De la experiencia gala resaltaron la «contradicción actual» entre «las políticas públicas activas de integración a través del sistema educativo y los colegios» y «el rumbo restrictivo del control migratorio» que se concreta en el anunciado proceso de expulsiones masivas para escolares ‘sin papeles’ a partir del 30 de junio.