Un tribunal del distrito de Nueva York, presidido por el juez George Daniels, sorprendió al mundo de la leyes y la política al culpar, el pasado miércoles 9 de marzo a la República Islámica de Irán de los atentados del 11 de Septiembre del año 2001 en suelo norteamericano, sin que exista prueba alguna respecto […]
Un tribunal del distrito de Nueva York, presidido por el juez George Daniels, sorprendió al mundo de la leyes y la política al culpar, el pasado miércoles 9 de marzo a la República Islámica de Irán de los atentados del 11 de Septiembre del año 2001 en suelo norteamericano, sin que exista prueba alguna respecto a la supuesta participación de la nación persa en los hechos señalados.
Daniels decretó que Irán, tras la presentación de una demanda civil por parte de los familiares de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, debe pagar 10.500 millones de dólares. 7.500 millones como indemnización por daños y perjuicios a los familiares y 3.000 millones a las compañías aseguradoras, que tuvieron que pagar por los daños causados y cuyos intereses, según el juez Estadounidense se vieron perjudicados.
Estados Unidos y su juego macabro
Resulta sorprendente y hasta una broma de características macabras esta jugada de la justicia estadounidense pues en más de una década de investigaciones llevadas a cabo por organismos de inteligencia, jueces y organismos públicos norteamericanos el nombre de Irán nunca había sido mencionado como patrocinador, coadyuvante o cualquier otra implicación en los actos terroristas. ¿Por qué entonces, tres lustros después de los atentados que sacudieron a la ciudad de Nueva York y Washington se maneje una hipótesis de tamaña magnitud?
Una interrogante que hay que entenderla en clave política, vinculada a los acuerdos nucleares entre el G5+1 e Irán, el papel jugado por la República Islámica de Irán en la guerra de agresión contra Siria, donde Teherán, junto a Moscú, se han convertido en los únicos países que han acudido en ayuda del gobierno sirio y su población, para contrarrestar la acción terrorista que ha sacudido el país levantino, desde marzo del año 2011 y que ha generado 280.000 muertos, 8 millones de desplazados, 5 millones de refugiados y la destrucción de gran parte de la infraestructura sanitaria, vial e industrial del país.
Las razones esgrimidas por el juez Daniels, si es que pueden considerarse como razones, argumentos tales como «Irán no logró defenderse de las acusaciones de patrocinar a los terroristas. Teniendo esto en cuenta entonces Irán debe tener responsabilidad por el daño ocasionado» o «Teherán no ha logrado demostrar que no ayudó a los autores materiales de los atentados» no sólo son ridículas, sino también interesadas y propias de una justicia desquiciada. Esto, porque Daniels no menciona en parte alguna de su libelo a los países de los cuales provenían los acusados de haber cometido el ataque terrorista y que sintomáticamente son aliados incondicionales de Estados Unidos y además conocidos valedores de organizaciones terroristas como Al Qaeda, EIIL -Daesh en árabe- y el Jabhat al-Nusra. Daniels oculta así el papel jugado por Arabia Saudita -cuna de 15 de los 19 terroristas- al igual que la monarquía de los Emiratos Árabes Unidos, que aportó dos elementos. Daniels protege así a los que son considerados cómplices del 11 de septiembre pues ello conduce inevitablemente a la administración del expresidente George W. Bush y sus organismos de inteligencia
La acusación del juez Daniels además no se corresponde con el hecho indiscutible que los miembros de Al Qaeda – seguidores de la doctrina radical takfirí -ejecutantes de los hechos del 11 de septiembre de 2011- han sido combatidos permanentemente por Irán ya sea en la frontera que comparte con Afganistán, como también en Irak, Siria y Yemen donde Teherán apoya a los grupos y voluntarios que luchan contra las ramas de Al Qaeda en esos países y que son financiados y armados por la Casa al Saud, fundamentalmente. Resulta, por tanto, una acusación descabellada, absurda e irracional la signada por Daniels, que muestra con su dictamen simplemente ser parte de una conjura destinada a seguir presionando a Irán en múltiples planos, como quedó demostrado con la decisión del mandatario estadounidense de prorrogar el régimen de emergencia nacional contra Irán bajo la excusa que la nación persa constituye una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
En declaraciones efectuadas a medios rusos, el consejero del presidente del Parlamento iraní en Asuntos Exteriores, Hossein Sheikholeslam, declaró que «el juez estadounidense no tuvo ninguna razón para decretar tal fallo contra nuestro país pues no ha participado en ningún tipo de querella vinculada con los actos terroristas del 11 de septiembre del año 2001 a lo que se suma que no se ha presentado ninguna prueba de la supuesta implicancia del gobierno iraní en los ataques terroristas ni de su participación en las investigaciones que se han llevado a cabo». Para el alto funcionario persa la sentencia es absurda y carece de sentido ya que es claro que la investigación demuestra que todos los vínculos del grupo terrorista consignan a Arabia Saudita. «Durante todas las etapas de la investigación no fue mencionado el nombre de Irán ni sola vez… Entonces es muy extraño oír una decisión tan risible y sin pruebas por parte del tribunal. Parece que es una nueva broma macabra de EEUU»
Un robo a mano armada
Efectivamente, el libelo de Daniels es un acto propio de políticos guasones que suelen poblar los pasillos de la Casa Blanca y el Congreso estadounidense. Una bufonada además peligrosa, pues Washington se empecina en seguir presionando a Irán ya sea a través de nuevas sanciones, prórroga del régimen de emergencia bajo la excusa de que Irán es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, como también la intensificación de la lucha ideológica, política y comunicacional contra la revolución iraní, a la cual no perdona, no sólo el cumplir 37 años de vida, sino que se constituya y reafirme su condición de potencia regional, reafirmada tras la firma de las acuerdos nucleares del pasado mes de julio del año 2015.
Acuerdos que refrendaron el derecho de la nación persa de continuar con su programa nuclear bajo el amparo del Tratado de No Proliferación Nuclear -TNPN-. Adicionemos el papel jugado por Irán en materia de defensa de causas como la del pueblo sirio en su lucha contra la agresión takfirí, Yemen en su defensa contra la invasión saudí y el apoyo irrestricto de Teherán a Hezbolá y la causa del pueblo palestino contra la ocupación de su territorio por parte de la entidad sionista. Todas ellas materias que causan escozor en los halcones de Washington y Tel Aviv, que no aceptan que Irán se haya levantado a partir de su propia y hábil política internacional, desarrollando una industria militar que garantiza la defensa de su soberanía ante las continuas amenazas que suelen verter sus enemigos.
El dictamen del juez Daniels se enmarca en el declarado encono de los sectores más belicistas del Gobierno estadounidense y su clase política que buscan todo tipo de argumentos para seguir considerando a Irán como parte del grupo de países al cual no permitir su desarrollo, impidiendo de esa forma que se levante un freno a los afanes hegemónicos de Washington y sus aliados europeos, así como Israel, Turquía y Arabia Saudita en la zona de Oriente Medio y Asia Central. Zona del mundo donde la República Islámica de Irán ha ido adquiriendo una creciente y positiva influencia bajo los conceptos de soberanía y dignidad, que suelen ser palabras alejadas del campo semántico de países que suelen actuar en función de los intereses de los más poderosos.
El fallo de Daniels teje sus hilos por una telaraña más fina que el sólo hecho de señalar a Irán como culpable de hechos en los cuales no tiene participación. Este terreno escabroso va por el lado de la legislación internacional que consigna que resulta muy difícil obtener algún tipo de indemnización de una nación que no esté dispuesta a pagar pero que facilita la posibilidad si esa nación es catalogada como «patrocinadora del terrorismo» o tiene activos congelados en función de sanciones internacionales como ha sido el caso de Irán tras la decisión de organismos internacionales en forma general y por países europeos y los propios Estados unidos en forma particular.
Así, se expresa la vieja máxima que «hecha la ley hecha la trampa» y decidir, finalmente que los familiares de las víctimas del 11 de septiembre del 2001 y las compañías de seguros sean reparadas con los fondos congelados a Irán. En palabras simples se está preparando un robo a mansalva, una apropiación indebida bajo el manto de la mentira y el descaro de una justicia que sirve al poder y no a la verdad. Nuevamente, Estados Unidos da pruebas de que en materia de comedias y mentiras es un maestro internacional y que su política hostil contra la nación persa no cesará, lo que avala la decisión de las autoridades de este país de mantenerse alertas contra las estrategias de infiltración en el país y las guerras regionales, destinadas a balcanizar Siria e Irak y que sirven a los intereses políticos de Occidente y su aliados. Así, el juez George Daniels es uno más de los peones que sirve al Complejo Militar Industrial estadounidense que se prepara para cambiar de presidente en noviembre próximo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.