Los objetivos centrales con que se plantea la nueva sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que se llevará a cabo el 14 y 15 de mayo en Madrid, son: Denunciar públicamente los crímenes cometidos por las empresas transnacionales y los impactos de sus actividades sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hacer visible […]
Los objetivos centrales con que se plantea la nueva sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que se llevará a cabo el 14 y 15 de mayo en Madrid, son:
Denunciar públicamente los crímenes cometidos por las empresas transnacionales y los impactos de sus actividades sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hacer visible la corresponsabilidad de la UE al respecto, dado que sus instituciones y sus políticas favorecen el aumento del poder de las compañías multinacionales.
Por tercera vez se realiza un tribunal birregional encargado de juzgar a las multinacionales europeas presentes en América Latina, fundamentalmente, como una forma de avanzar en las estrategias de resistencia y movilización frente al poder corporativo. Se trata de denunciar a las grandes empresas por las continuadas violaciones de los derechos humanos, poniendo el foco, a la vez, en la complicidad de la propia UE por las políticas (Tratado de Lisboa, PAC, Europa Global: Competir en el mundo), los instrumentos y mecanismos (libre comercio, deuda externa, ajuste estructural, seguros de crédito a la exportación) e instituciones en las que participa (OMC, BM, etc.), que han favorecido la actuación de las empresas. Para ello, decenas de organizaciones sociales y sindicales presentarán sus denuncias ante el tribunal, y numerosos testigos formularán sus acusaciones contra diversas multinacionales europeas, como Repsol-YPF, Unión Fenosa, BBVA, Thyssen Krupp, Syngenta, Botnia y Suez.
El tribunal de Madrid sigue la senda de las dos sesiones anteriores del TPP organizadas por la Red Birregional Europa, América Latina y Caribe «Enlazando Alternativas» coincidiendo con las cumbres de Jefes de Estado de la UE, América Latina y Caribe: en Viena (2006) y Lima (2008). En ambas fueron acusadas una veintena de compañías europeas por las consecuencias de sus operaciones en América Latina. En los últimos años, el TPP ha juzgado numerosas denuncias por crímenes económicos. Cabría destacar las audiencias del TPP que se celebraron en Colombia, donde entre 2006 y 2008 se juzgó simbólicamente a más de dos docenas de empresas transnacionales -Repsol- YPF, Coca-Cola, BP, Drummond y Nestlé-, y en Nicaragua, que albergó en 2007 una sesión dedicada íntegramente a Unión Fenosa.
Así pues, el TPP sirve para documentar y sistematizar los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales de las que han resultado ser las principales beneficiarias del proceso de globalización neoliberal: las empresas transnacionales. Además, son útiles para mostrar cómo los gobiernos de los países del Sur se sometieron a las reformas neoliberales y también cómo los países del Norte en los que tienen su sede estas compañías han impulsado la expansión global de estas empresas a través de mecanismos que van desde los créditos públicos hasta la presión diplomática. Asimismo, estos tribunales populares sirven como instrumento de presión política y jurídica para el reconocimiento de los daños causados y para exigir la puesta en marcha de medidas efectivas para el control de las empresas en el extranjero. Porque, como se recoge en la sentencia final del TPP de Lima, «el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las Constituciones y las normas de los países deben prevalecer para evitar que las empresas transnacionales violen los derechos de la humanidad entera».
Por todo ello, los tribunales son una valiosa herramienta para amplificar el eco de muchas demandas sociales que habitualmente no son visibles y, en definitiva, contribuyen a fortalecer la construcción de una solidaridad de ida y vuelta entre las mujeres y hombres del Norte y del Sur. Presentar los estudios de casos, organizar las denuncias y trabajar en red constituyen una forma de globalizar las luchas contra las corporaciones. Por eso, esta próxima edición del TPP puede convertirse en una muy buena oportunidad para exigir el resarcimiento de cada caso presentado desde 2006, para desenmascarar las políticas de la UE, así como para desarrollar instrumentos legales que permitan juzgar a los criminales económicos ante tribunales formales. Y, en definitiva, impedir más crímenes de lesa humanidad.
Un tribunal de justicia universal
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es el heredero de los Tribunales Russell sobre la guerra de Vietnam y las dictaduras en América Latina que se celebraron en los años 60 y 70. El TPP se constituye como un tribunal internacional de opinión, cuyos miembros son designados por la Fundación Lelio Basso (Italia). Su función es hacer visibles y calificar en términos de derecho aquellas situaciones en que se denuncien crímenes contra la humanidad que no encuentran respuesta en las instancias jurídicas oficiales y quedan impunes. Desde que se creó en 1979 hasta hoy, el TPP se ha reunido en más de 40 ocasiones para juzgar hechos acaecidos en muchos países, que implican desde situaciones de genocidio y crímenes ecológicos, hasta las que han tenido que ver con instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Una trayectoria útil y ejemplar
Estado español: En el Estado español se han llevado a cabo tribunales de opinión sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (Madrid, 1994), la deuda externa (Madrid, 2005), algunas multinacionales españolas como Repsol (Madrid, 2007) y el BBVA (Bilbao, 2007), y los derechos humanos en Palestina (Barcelona, 2010).
Perú: En Lima se presentaron denuncias, entre otras, contra las actividades de Bayer en Perú; Repsol YPF en Argentina, Bolivia y Ecuador; Agbar en México y Proactiva- Veolia (FCC) en Colombia; Unión Fenosa en Colombia, Guatemala, México y Nicaragua; el Santander en Brasil; BBVA en Perú; Telecom/Telefónica en Bolivia; Unilever en Chile…
Brasil: Tras el TPP de Lima, que condenó a la empresa Thyssen Krupp por los impactos provocados al construir una macroplanta industrial en la bahía de Río de Janeiro, organizaciones brasileñas utilizaron la sentencia para presionar al Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), que financiaba el proyecto y que se vio forzado a cambiar su actitud.
Pedro Ramiro es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad