Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Una de las historias más sórdidas y de más larga trayectoria en la historia colonial anglo-estadounidense – la de Diego García, la principal isla del archipiélago Chagos en el Océano Índico – volvió a alzar su fea cabeza el viernes cuando el comité de asuntos exteriores compuesto por todos los partidos del Reino Unido anunció planes para investigar afirmaciones que venían de largo de que desde 2002 la CIA ha retenido e interrogado a sospechosos de al Qaeda en una prisión secreta en la isla.
La vergonzosa historia de Diego García comenzó en 1961, cuando fue seleccionada por los militares de EE.UU. como una base geopolítica esencial. Ignorando el hecho de que ya había 2.000 personas viviendo en el lugar, y que la isla – una colonia británica desde la caída de Napoleón – había sido colonizada a fines del Siglo XVIII por plantadores de coco franceses, que llevaron jornaleros africanos e indios de las Islas Mauricio, estableciendo lo que John Pilger llamó «una afable nación criolla con prósperas aldeas, una escuela, un hospital, una iglesia, una prisión, un ferrocarril, muelles, una plantación de copra,» el gobierno laborista de Harold Wilson conspiró con los gobiernos de Lyndon Johnson y Richard Nixon para «barrer» y «desinfectar» las islas (las palabras provienen de documentos estadounidenses que fueron posteriormente desclasificados).
Aunque numerosos isleños hacen remontar su ascendencia a cinco generaciones, un responsable del Foreign Office (ministerio de exteriores británico) escribió en 1966 que el objetivo del gobierno era «convertir a todos los residentes existentes… en residentes a corto plazo, temporales,» para poder exiliarlos a las Islas Mauricio. Después de haber sacado a los «tarzanes o sirvientes para todo,» como describiera un memorando británico a los habitantes, los británicos cedieron efectivamente el control de las islas a los estadounidenses que establecieron una base en Diego García, la que, con el pasar de los años, ha llegado a ser conocida como «Campo Justicia,» completa con 2.000 soldados, anclaje para 30 barcos de guerra, un vertedero nuclear, una estación de satélites espía, centros comerciales, bares y un campo de golf.» Las islas fueron despejadas tan exhaustivamente, y el procedimiento fue tan oculto, que en los años setenta el Ministerio de Defensa británico tuvo el descaro de insistir: «No hay nada en nuestros archivos sobre una población y una evacuación.»
Sufriendo en exilio, los isleños de Diego García, los chagosianos, han luchado en vano por obtener el derecho de volver a su hogar ancestral, logrando una sorprendente victoria en la Alta Corte en 2000, que dictaminó que su expulsión fue ilegal, y sufriendo luego un revés en 2003 cuando, con un autoritarismo típicamente despótico, Tony Blair invocó una antigua y arcaica «prerrogativa real» para volver a abatir sus demandas. Aunque la corte de apelaciones revocó esta decisión en mayo de 2006, dictaminando que el derecho de los isleños al retorno era «una de las libertades más fundamentales conocidas por los seres humanos,» queda por ver cómo este tardío reconocimiento judicial de sus derechos puede ser adaptado a la insistencia estadounidense de que su archipiélago militar-industrial continúe limpio de extraños.
En su resistencia contra las demandas de los isleños, Blair y el Foreign Office protegían claramente los intereses de sus aliados estadounidenses, para los cuales la importancia geopolítica de Diego García como una base estratégica ha aumentado recientemente por su uso, y el uso de algunos de los barcos anclados allí, como prisiones en ultramar fabulosamente remotas en las cuales pueden retener e interrogar a sospechosos de «alto valor» de al Qaeda.
La sospecha, que ha prometido investigar el comité de asuntos exteriores, es que en Diego García los estadounidenses encontraron a un socio muchísimo más anuente en la tortura – el gobierno británico – que los que han encontrado en la mayoría de otros lugares escogidos para prisiones secretas de la CIA. Según varios informes conocidos desde hace años, los otros socios de los estadounidenses en el juego de la tortura en ultramar – Tailandia, Polonia y Rumania, por ejemplo – sólo estuvieron dispuestos a ser remunerados durante un cierto tiempo antes de que les entrara miedo y enviaran a la CIA a hacer sus maletas.
Queda por ver si el comité investigará a fondo o no. La obra benéfica legal Reprieve basada en Gran Bretaña, que ha solicitado desde hace un cierto tiempo una investigación semejante, ya señaló al comité en un planteamiento que cree que el gobierno británico es «potencialmente un cómplice sistemático en los crímenes más serios contra la humanidad de desapariciones, torturas y detención incomunicada prolongada.» Clive Stafford Smith, director legal de Reprieve, dijo al Guardian que es «absoluta y categóricamente seguro» que se ha retenido a prisioneros en la isla.
Al ser cuestionado por parlamentarios diligentes como Andrew Tyrie, el miembro conservador del parlamento de Chichester, que es un acérrimo oponente del uso por la CIA de «entregas extraordinarias,» el gobierno británico ha sostenido persistentemente que cree en las «garantías» dadas por el gobierno de EE.UU. de que ningún sospechoso de terrorismo ha sido retenido en la isla, pero existen varias razones convincentes para concluir, al contrario, que el gobierno en realidad está diciendo verdades a medias.
Estudios de aviones utilizados por la CIA para su programa de entregas han establecido que el 11 de septiembre de 2002, el día en el que el complotador del 11-S Ramzi bin al-Shibh fue capturado después de un tiroteo en Karachi, uno de los aviones de la CIA voló de Washington a Diego García, vía Atenas. Bin al-Shibh no volvió a aparecer hasta septiembre de 2006, cuando fue trasladado a Guantánamo, y no ha hablado de sus experiencias. A diferencia de su supuesto mentor Khalid Sheikh Mohammed, se negó a participar en su tribunal en Guantánamo anteriormente durante este año, pero no es la única pieza del puzzle de la tortura que ha sido reconstruida por investigadores diligentes.
En junio de 2006, Dick Marty, un senador suizo que produjo un informe detallado sobre las «entregas extraordinarias» para el Consejo de Europa, también concluyó que Diego García fue utilizada como una prisión secreta. Después de hablar con importantes agentes de la CIA durante su investigación, declaró al Parlamento Europeo: «Hemos recibido confirmaciones convergentes de que agencias de EE.UU. han utilizado Diego García, que es de responsabilidad legal internacional del Reino Unido, en el ‘procesamiento’ de detenidos de alto valor.»
Anecdóticamente, los resultados de Marty han sido confirmados por otras fuentes. Manfred Novak, Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura de la ONU, declaró que oyó de «fuentes fiables» que EE.UU. ha «retenido a prisioneros en barcos en el Océano Índico,» y detenidos en Guantánamo también mencionaron a sus abogados que fueron retenidos en barcos de EE.UU. – aparte de los retenidos en el USS Bataan y el USS Peleliu, que mencioné en mi libro «The Guantánamo Files.» Un detenido declaró a un investigador de Reprieve: «Uno de mis compañeros prisioneros en Guantánamo estuvo embarcado en un barco estadounidense con unos 50 otros antes de llegar a Guantánamo. Me dijo que había unas 50 personas adicionales en el barco; todos estaban encerrados abajo. Los detenidos en el barco fueron golpeados aún más severamente que en Guantánamo.»
La evidencia más incriminadora de todas, sin embargo, provino no de oponentes de Guantánamo o, indirectamente, de los sometidos a algunos de los abusos más horrendos del régimen, sino de una honrada persona con acceso a información privilegiada, Barry McCaffrey, un general de cuatro estrellas de EE.UU. en retiro, que es ahora profesor de estudios de seguridad internacional en la academia militar de West Point, al que se le escapó dos veces que Diego García ha sido utilizada para retener a presuntos terroristas, como se han esforzado por sostener los oponentes del gobierno. En mayo de 2004 declaró despreocupadamente: «Probablemente retenemos a unas 3.000 personas, sabe, en el aeropuerto Bagram, Diego García, Guantánamo, en 16 campos en todo Iraq,» y en diciembre de 2006 de nuevo volvió a soltar la pepa, diciendo: «Están tras las rejas… los tenemos en Diego García, en el aeropuerto Bagram, en Guantánamo.»
¿Necesitamos más pruebas?
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Andy Worthington es historiador británico, y autor de «The Guantánamo Files: The Stories of the 774 Detainees in America’s Illegal Prison» (que será publicado por Pluto Press en octubre de 2007).
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