Rafael Correa debe ganar las próximas elecciones ecuatorianas el 26 de abril. La estabilidad del país en los dos años en que estuvo en la presidencia y la aprobación de una nueva Constitución justifican su permanencia en el puesto. Pero algunas de sus más recientes medidas lanzan dudas sobre qué dirección tomará su gobierno. Ante todo, hacen cuestionar hasta qué punto el correísmo está dispuesto a cambiar el país.
Basta caminar por las calles de Quito para ver los resquicios de la más reciente movilización social contra las decisiones de un gobierno ecuatoriano. Las protestas ocurrieron en enero y pedían a Rafael Correa el rechazo a la Ley de Minería que el «Congresillo» (como los ecuatorianos llaman el parlamento de transición) acababa de aprobar. La negativa del presidente no vino, pero en las paredes quedaron las huellas del desacuerdo popular con la medida que mejor ejemplifica la complejidad política de la Revolución Ciudadana en marcha en el país.
La minería en escala industrial es una de las principales apuestas de Correa para el futuro económico que él planea para el Ecuador. Es la fuente de ingresos que más rápidamente podrá suplir la decadencia del negocio petrolero o mismo una supuesta escasez del crudo en territorio nacional debido a la inexistencia de nuevos yacimientos.
Las petroleras públicas y privadas que operan en el país acaban de divulgar una caída de 8,8 millones de barriles en la productividad prevista para 2009. La reducción más grande se registra en el sector privado, que disminuyó sus inversiones bajo la justificación de «incertidumbres» contractuales con el gobierno. El anuncio representa una pérdida de 268 millones de dólares para la economía y viene justo en una época en que, además de la crisis internacional, las finanzas públicas no van muy bien.
– La riqueza mineral en este país es inmensa, supera los 200 mil millones de dólares. ¿Vamos a dejarlo todo intocado en nombre de no topar un árbol o un pájaro? – se preguntó el presidente en una de sus defensas de la minería. – Destruir la selva puede ser inmoral, pero aún más inmoral es renunciar a los recursos que pueden sacar el país del subdesarrollo, que pueden eliminar la miseria y la pobreza de nuestra patria.
Hoy día, toda la actividad minera ecuatoriana se realiza de manera artesanal, por pequeñas empresas, cooperativas o comunidades tradicionales. Desde la Colonia (y antes) ha sido así. Con la nueva Ley, el gobierno abrió de una vez las puertas para compañías transnacionales dispuestas a explotar intensivamente los yacimientos de oro y cobre recién descubiertos en el país. Algunas mineras extranjeras ya habían iniciado trabajos de licenciamiento ambiental y exploraciones acerca de la cantidad y calidad de los minerales en las áreas concesionadas. Hace un año y medio aguardan un nuevo marco legal para empezar las prospecciones.
Correa recibió en febrero una comitiva de inversionistas canadienses de los sectores minero y energético, a los cuales garantizó «buenas oportunidades de negocio». Y, a comienzos de este mes, envió su subsecretario de Minas a una convención en Toronto. Allí, el funcionario presentó las dádivas del suelo ecuatoriano a las mayores mineras del mundo y anunció que la explotación puede iniciarse inmediatamente. La expectativa del gobierno es firmar contracto con las transnacionales interesadas hasta finales del año.
Fue justamente por abrir el paso al capital extranjero y legalizar la minería en gran escala en el Ecuador que Rafael Correa tuvo que enfrentar una nueva ola de protestas. Las manifestaciones se posicionaron radicalmente en contra de la actividad minera, pero no fueron tan grandes como las que derrumbaron el presidente Lucio Gutiérrez el 2005. Tampoco agregaron ciudadanos de todas las clases sociales, como entonces. Quien se levantó con mayor fuerza fue, una vez más, el movimiento indígena y sus simpatizantes urbanos -ecologistas, sobre todo-.
Desde por lo menos 1990 la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) viene luchando por la fundación de un estado plurinacional y por un nuevo abordaje social y económico respecto a la explotación de los recursos naturales.
Llegó a aportar nuevos valores a la política ecuatoriana a partir de una relectura de sus raíces étnicas, históricas y culturales; coloreó con la wipala la monótona «partidocracia» que mantenía el país en la pobreza de muchos y en el privilegio de pocos; por un momento, se pensó que sería el agente del cambio en Ecuador, que haría germinar la semilla de una alternativa a la herencia civilizadora europea. Sus liderazgos, empero, eligieron la vía electoral y, dentro de ella, acabaron estableciendo pactos (con Gutiérrez, por ejemplo) que arrojaron muchas de sus propuestas llenas de esperanza al desprestigio folclórico.
Aún así, la nueva Constitución ecuatoriana, aprobada en septiembre del 2008, contempla muchas de sus demandas al establecer que «la Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene el derecho a ser respetada integralmente en su existencia, preservación y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos»; o al reconocer relativa autonomía político-administrativa a las «circunscripciones territoriales indígenas o afro ecuatorianas».
Es por el cumplimiento integral de estos principios constitucionales que la Conaie y los movimientos ambientalistas (calificados por Correa de «izquierdistas infantiles» y «fundamentalistas ecológicos») protestaron y siguen protestando contra la Ley de Minería. No en vano la aprobación del texto fue la principal razón por la cual el partido del presidente -Alianza País- ha perdido parte de su apoyo político y electores para los comicios del 26 de abril.
– Para Correa, los lugares donde se encuentran los recursos naturales tienen que ser explotados de cualquier manera – afirma Miguel Guatemal, vicepresidente de la Conaie. – Hay propuestas en conjunto con transnacionales que quieren trabajar en los territorios sin respetar a las poblaciones asentadas. No estamos de acuerdo, porque sabemos que el apoyo a la actividad de grandes empresas siempre crea dos grupos: el uno de privilegiados y el otro de excluidos.
Las pintadas esparcidas por los muros de Quito dicen que «el agua vale más que el oro» y que «toda mina extermina». Son voces que se expresan en la capital del país, pero que nacen de las regiones que se encuentran en la línea de frente de la extracción, sea en la Costa, en los Andes o en la Amazonía ecuatoriana. Traen consigo la vivencia directa de los impactos sociales y ambientales provocados por la explotación mineral y petrolera en el país.
Muchos ejemplos ilustran la degradación a lo largo de la historia y geografía del Ecuador. Algunos de ellos son bastante recientes. El último día 25 de febrero, 14 mil barriles de crudo fueron derramados en la región de El Chaco, en el norte del país, debido al rompimiento de un oleoducto subterráneo. Más de 47 comunidades indígenas y campesinas fueron afectadas. Fuentes de agua que sirven a 30 mil personas se contaminaron, y los efectos del derrame pudieron ser sentidos a una distancia de 500 kilómetros del local del accidente, con personas hospitalizadas y la muerte de peces.
El mayor símbolo del descaso con el medioambiente ecuatoriano, sin embargo, tiene nombre y apellido: Chevron-Texaco. Desde 1993 la empresa estadounidense enfrenta uno de los más grandes procesos judiciales de la historia, por medio del cual 30 mil indígenas y campesinos de la Amazonía demandan indemnizaciones que pueden llegar a 27 mil millones de dólares por daños sociales y ambientales provocados durante los 28 años en que la empresa estuvo en el país.
«Durante la época en que operó Texaco en Ecuador, la transnacional decidió que, para maximizar sus ganancias, no utilizaría las técnicas ambientales estándares de la época, que consisten en reinyectar al subsuelo las aguas de formación y desechos tóxicos que suben durante el proceso de perforación», dice un informe de la Frente de Defensa de la Amazonía, que conduce la acción. Texaco despejó a cielo abierto millones de galones de substancias tóxicas y carcinogénicas, resultado de la producción de los aproximadamente 1,5 mil millones de barriles de petróleo que consiguió extraer entre 1964 y 1992. Estimativas dan cuenta de que sólo la reparación de las áreas afectadas no saldría por menos de 6 mil millones de dólares.
– Alrededor de 4 millones de hectáreas en la Amazonía ecuatoriana están bajo concesión de empresas extranjeras, sin respetar territorios indígenas o reservas naturales – explica Esperanza Martínez, de la ong Acción Ecológica.
Estudios realizados por la organización el 2004 revelan que la tasa de mortalidad infantil en las zonas amazónicas donde hay explotación petrolera es de 133 por mil en niños de cero a cinco años. La media del Ecuador es de 17,6 por mil.
Semejante discrepancia ocurre con la incidencia de cáncer y demás enfermedades relacionadas a la toxicidad de los desechos petroleros. «Cada familia residente en las cercanías de los campos de explotación reporta una pérdida de ocho vacas, cinco chanchos, dos caballos y 43 gallinas, además de 2,6 hectáreas de tierra dañada», complementa la investigación Ecuador ni es ni será país amazónico.
Como si de por sí ya no fuera suficiente, todos los representantes de las etnias tetete y sansahuari poco a poco fueron desapareciendo a lo largo de los años en que Texaco mantuvo sus actividades en el país. Ahora, dos otros pueblos en aislamiento voluntario (tagaeri y taromenae) corren los mismos riesgos por causa de una concesión estatal para explotación de petróleo en los límites de la reserva de Yasuní, también en la región amazónica.
Una de las principales concesiones del gobierno para la nueva fase de minería en escala industrial se ubica en la Cordillera del Cóndor, en la frontera en Perú. La disputa territorial por esta cadena de montañas -hogar de una riqueza biológica única en el mundo- ha provocado una guerra con el país vecino en 1995.
Ahora, con el apoyo de las mineras que pretenden explotar el cobre de la región, se cuece un nuevo conflicto con los más de 100 mil shuar que desde siempre -antes de que existiera estado o interés nacional- habitan la cordillera y han garantizado su preservación. Su derecho ancestral fue violado en el momento en que el gobierno estableció que 200 mil hectáreas de sus tierras serían asignadas a la minería, sin al menos consultarles acerca de la posibilidad.
Según Santiago Kingman, que hace más de 20 años trabaja con las comunidades de la región, en 2007 los shuar se radicalizaron y ocuparon campamentos de las empresas que ya daban inicio a la exploración mineral en su territorio. El sociólogo relata casos de disputas internas dentro de las comunidades tras la llegada del negocio minero.
– Cuando Correa respalda la actividad empresarial minera, afecta el equilibrio de fuerzas en la región, así como la diferente capacidad financiera de los grupos favorables y contrarios a la entrada de las mineras – cuenta.
La lucha entre preservación ambiental y explotación capitalista de los recursos naturales reflejada en las actividades minera y petrolera (y en la oposición a ellas) simboliza como ninguna otra la complejidad política e ideológica en que está metido el gobierno de Rafael Correa. Materializa, además, el debate contemporáneo sobre la adopción de modelos de desarrollo por sociedades que vienen expoliando a la naturaleza en nombre de una idea de progreso cada día más cuestionable.
Correa ha surgido como opción electoral en 2006. En la época, los ecuatorianos se recomponían del último de una serie de golpes de estado cívico-militares que desde 1996 habían lanzado el país a una aguda crisis institucional.
La insatisfacción con los seguidos gobiernos se dio principalmente por causa de las políticas de reestructuración macroeconómica y desmantelamiento del estado que eran aplicadas desde finales de los 1980 y que serían legalmente autorizadas por la Constitución de 1998. Como barrera social a este proceso emergió el movimiento indígena y, tras el, una movilización popular policlasista que, dentro de su pluralidad, coincidía en exigir el fin de la corrupción y del clientelismo oligárquico y la profundización de la democracia en el Ecuador.
Rafael Correa pudo unificar electoralmente el país porque en su permanente sonrisa reflejaba tales demandas. Estaba libre de vínculos con la «partidocracia» que hasta entonces había gobernado el país, era una figura joven y ofrecía a los electores una Revolución Ciudadana a ser viabilizada por la aprobación de una nueva Constitución, que ampliaría derechos y atendería a las históricas exigencias populares.
En buena medida, el carismático presidente fue el primer de muchos jefes de estado ecuatorianos a cumplir sus promesas de campaña. Por ello, es el favorito para vencer una vez más las elecciones y permanecer por lo menos cuatro años más en el puesto. Empero, muchos ya no creen que sea un político de izquierda, que vaya a emprender un cambio más profundo en el país o mismo que siga con más rigor lo que dice la Constitución.
El sociólogo Francisco Hidalgo, de la Universidad Central del Ecuador, analiza que la nueva Carta recoge lo mejor del proceso histórico ecuatoriano (plurinacionalidad, principios del buen vivir, derechos de la naturaleza, economía social y solidaria etc.) y que, por lo tanto, su aplicación integral implicaría en una revolución profunda.
– Correa sabe que un proceso de desarrollo que respete a la naturaleza y renuncie a la explotación del petróleo y de la minería trae impactos políticos que pueden poner en riesgo su estabilidad. Frente a ese desafío, es más fácil abrir las puertas para las transnacionales, explotar las riquezas naturales y de ahí sacar el dinero para sostener su política de subsidios – concluye Hidalgo.
La elección por la permanencia e intensificación del extractivismo -en contra de algunos principios constitucionales y del histórico de degradación ambiental en el Ecuador- se debe en última análisis al modelo asistencial mantenido por subsidios (al gas, a la gasolina y a la vivienda) y «bonos solidarios» de 30 dólares que el gobierno concede a las familias más necesitadas.
Alianza País es -como dice su propio nombre- mucho más una alianza de fuerzas políticas que un partido, y no posee base social orgánicamente constituida. Ahora, sin el apoyo del movimiento indígena y otros sectores de la sociedad, todavía menos. Así, para mantener su proyecto para el país, Correa necesita los bonos, que a su turno requieren un presupuesto de aproximadamente 7 mil millones de dólares anuales.
– Este monto era posibilitado por el barril de petróleo cotizado a 160 dólares, pero los precios actuales del crudo ecuatoriano, variando entre 30 y 40 dólares, no permiten tal gasto – comenta el sociólogo Francisco Hidalgo. Vale recordar que el PIB del Ecuador gira alrededor de 50 mil millones de dólares anuales.
Sin embargo, Correa está lejos de ser «más de lo mismo». Prueba de ello fue la estabilidad política que pudo imprimir en Ecuador, donde hace cuatro años no se asiste a convulsiones sociales o levantamientos militares como era común entre finales de la década pasada y mediados de la actual.
Quizás por su habilidad política -o por el vacío ideológico del «movimiento ciudadano»- Correa consiguió anunciar la revisión de la deuda externa y seguirla pagando, pudo exaltar la soberanía nacional y expulsar el jefe de la CIA en Ecuador a la vez que abría camino a la inversión extranjera, apostar en la integración latinoamericana y negociar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, mantener intocado el petróleo de las reservas amazónicas del Ishpingo-Tambococha-Tiputini en cambio de créditos de carbono y patrocinar la minería en grande escala, decir y desdecir, irse y volverse, siempre cuando convenga a su imagen política y a su proyecto para el país.
Aún así, pocas son las dudas del electorado ecuatoriano, sobre todo los más jóvenes, sobre cuál candidato elegir en los próximos comicios. Las últimas encuestas apuntan Rafael Correa con una intención de voto entre los 47 y 54 por ciento. Le sigue el ex presidente Lucio Gutiérrez, que tiene entre 6 y 11 por ciento y está técnicamente empatado con Álvaro Noboa, uno de los hombres más ricos del país y que disputa la presidencia por la cuarta vez.
– A pesar de que el gobierno no es de izquierda, vivemos un momento de transición. Correa es lo mejor que ha pasado a Ecuador en los últimos 28 años, sobre todo si recordamos lo que hizo Lucio y vemos la actitud de Noboa – dice la estudiante Martha Cervantes, de 23 años. – En algunas cosas se ha avanzado, hay una serie de derechos garantizados, especialmente en salud y educación. No es que esté a favor de Correa, él es demasiado prepotente, pero con el panorama actual es mejor defender lo que fue alcanzado que retroceder.
FIN.