Desde el golpe de estado del 1 de febrero en Myanmar, se ha reducido o suspendido la presencia de organizaciones no gubernamentales internacionales en el país, y se han intensificado los conflictos armados. Estos acontecimientos han agravado las necesidades humanitarias en Myanmar en plena pandemia de COVID-19 y han contribuido a un aumento significativo de los desplazamientos internos.
En su Panorama de Necesidades Humanitarias, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), informó de que 336.000 personas desplazadas internas (o IDP, por sus siglas en inglés) requerían asistencia humanitaria en 2021, la mayoría de las cuales se encuentra en situación de desplazamiento prolongado en los estados Rakhine, Kachin, Kayin y Shan. También identificó que los sectores de protección, agua, saneamiento, higiene, seguridad alimentaria y salud son los que tiene mayor número de personas necesitadas. Si estos datos son correctos a partir de enero de 2021, es probable que la situación humanitaria se haya deteriorado desde el golpe de estado de la junta militar.
ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, define a las personas desplazadas internas como «personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a huir o a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes de origen natural o humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida». A diferencia de las personas refugiadas, que buscan protección en otro país cruzando una frontera internacional, las personas desplazadas internas están «huyendo en casa», ya que se ven obligadas a abandonar sus zonas de origen, pero permanecen dentro de las fronteras nacionales.
Desafortunadamente, la migración forzada no es un fenómeno desconocido en Myanmar. Suele estar vinculada a abusos graves y sistemáticos de derechos humanos fundamentales perpetrados por la junta militar. Desde su independencia, el ejército de Myanmar ha tenido escaramuzas y enfrentamientos con diversas organizaciones armadas de las minorías étnicas, y las tácticas de estilo guerrillero que éstas utilizan suelen provocar medidas de represalia contra la población civil que reside en los territorios que controlan. A partir de la década de 1960, el ejército respondió a las insurgencias prolongadas de las minorías étnicas con operaciones de contrainsurgencia brutales dirigidas directamente a la población civil. La estrategia conocida como los «cuatro cortes» consistía en aterrorizar a las poblaciones locales con tácticas como la violencia sexual, la tortura, el saqueo, los trabajos forzados, el realojamiento forzoso y las ejecuciones arbitrarias, para así cortar las bases de apoyo a la insurgencia, como la financiación, los alimentos, la información y el reclutamiento. Muchas personas civiles se refugian en la selva o en las comunidades de acogida, fuera del alcance de los militares, para evitar el traslado a los lugares de reasentamiento. Fuentes recientes en los medios de comunicación sugieren que el ejército de Myanmar podría haber vuelto a la estrategia de los cuatro cortes para acabar con la resistencia a su control.
El derrocamiento del gobierno democráticamente elegido de la Liga Nacional para la Democracia o NLD por parte de la junta militar también ha frustrado las esperanzas de diálogo en torno a soluciones duraderas para el problema del desplazamiento forzado. En 2019, el gobierno civil de la NLD lanzó una Estrategia Nacional para el Reasentamiento de las Personas Desplazadas Internas y el Cierre de los Campos de las IDP, indicando su interés en trabajar con socios para apoyar el retorno seguro y voluntario y el reasentamiento de las personas desplazadas del estado Kachin. Sin embargo, este pequeño progreso se ha visto totalmente interrumpido por el golpe de estado. El hecho de que cualquier solución duradera al problema de los desplazamientos internos requiera el apoyo y la cooperación de las autoridades nacionales significa que las IDP y actores internacionales colaboradores de la asistencia humanitaria y el desarrollo se encuentran en una situación parecida a la del pez que se muerde la cola, con el mismo grupo responsable de la protección de las personas desplazadas internas siendo, simultáneamente, también el autor que ha forzado el desplazamiento.
Los conflictos entre el ejército y los grupos armados de las minorías étnicas en los estados Kachin, Kayin, Chin, Shan, y en la región de Bago, se han intensificado desde el golpe. Los enfrentamientos han desplazado a numerosas personas que se oponen al control militar y que han participado en el Movimiento de Desobediencia Civil o CDM. El Myanmar Peace Monitor informó que, hasta junio de 2021, había habido al menos 15 enfrentamientos en la región de Sagaing, 10 enfrentamientos en el estado Chin y 6 enfrentamientos en el estado Kayah, entre el ejército birmano y las Fuerzas de Defensa Popular. El 23 de marzo, The Irrawaddy notificó que más de 1.000 personas habían huido de viviendas estatales en Mandalay, debido a amenazas de desalojo. El 2 de abril, Myanmar Now comunicó que 10.000 personas huían de sus hogares, en el municipio de Gangaw, para evitar la represión militar contra el CDM. El 8 de junio, Radio Free Asia informó de otras 10.000 personas en el estado Chin, huyendo de la escalada de enfrentamientos entre las milicias antigolpistas y las fuerzas militares. La actualización de ACNUR sobre la emergencia en Myanmar confirmó que aproximadamente 211.000 personas habían sido desplazadas internamente en Myanmar desde el golpe de estado.
Muchas de las personas desplazadas internas en Myanmar han escapado a zonas inaccesibles como las selvas para evitar a los militares. Estos campamentos, ocultos en junglas profundas, son en ocasiones objetivo de minas terrestres indiscriminadas. Las IDP también pueden quedar atrapadas en fuego cruzado o encontrarse bajo ataques aéreos y de artillería. Tampoco tienen acceso a refugios adecuados, instalaciones sanitarias y alimentos, y enfrentan riesgos a su seguridad, como violencia de género, reclutamiento forzoso, tráfico de personas y asesinatos. Estas zonas de alta vegetación se encuentran también entre las más difíciles para la prestación de asistencia humanitaria. Para empeorar las cosas, muchas ONG internacionales han estado proporcionando a las personas desplazadas raciones de alimentos y equipos de supervivencia a través de Tailandia, pero la asistencia apenas cubre necesidades.
A pesar de la vulnerabilidad de las personas desplazadas internas durante este periodo, los esfuerzos humanitarios en Myanmar se han visto limitados por las fuertes lluvias monzónicas, la actual pandemia de COVID-19 y las restricciones para viajar. No solo está aumentando el desplazamiento interno, sino que la escalada del conflicto político entre los militares, los grupos armados de las minorías étnicas y simpatizantes del CDM también ha alargado el tiempo de desplazamiento de las personas. Muchas de las IDP en Myanmar no pueden regresar a sus zonas de origen. Las personas que intentan regresar pueden encontrarse amenazadas por minas terrestres y municiones sin explotar.
Dado que las organizaciones de derechos humanos han denunciado anteriormente abusos de la junta militar, como la tortura, la violencia sexual y las ejecuciones arbitrarias, es muy poco probable que el consejo militar conceda acceso a los campos de las IDP a observadores independientes. Esto supone un reto importante para la incidencia humanitaria, ya que cualquier atrocidad pasará desapercibida para los medios de comunicación. Al mismo tiempo, no hay una presencia protectora visible que pueda limitar los abusos del poder militar. La provisión escasa y esta falta de protección, especialmente sin observadores internacionales, hace que las personas desplazadas se encuentren entre los grupos más marginados de Myanmar. Lamentablemente, este desafío se produce cuando aumentan los casos de COVID-19 y el país se enfrenta a una insuficiencia de recursos médicos, con la economía en caída libre.
El golpe de estado de la junta ha dejado indecisas a las ONG internacionales sobre con quién trabajar para apoyar a las personas desplazadas internas, si con el Consejo de Administración Estatal de la junta militar o con el Gobierno de Unidad Nacional o NUG en la oposición. Aunque el NUG está formado por una representación formalmente electa y cuenta con el apoyo mayoritario de la ciudadanía de Myanmar, tiene dificultades, sin embargo, para obtener el reconocimiento internacional. Nuestras fuentes en varias ONG internacionales afirman que fuerzas geopolíticas como China, Tailandia y países occidentales han elegido su bando. Una persona trabajando en la asistencia humanitaria y que brevemente entrevistamos nos dijo que «las organizaciones de base comunitaria son la columna vertebral que hace posible la entrega de suministros vitales a las personas desplazadas internas a través de las regiones fronterizas tailandesas. Sin embargo, los ejércitos birmano y tailandés, la situación del COVID-19 y la temporada de monzones, dificultan el envío de recursos a través de la frontera [especialmente a los estados Kayah y Kayin]».
Dado que las condiciones de las personas desplazadas, ya de por sí terribles, se ven agravadas por la pandemia y el régimen militar, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía birmana en el extranjero y a miembros de la comunidad internacional para que apoyen, por medio de las organizaciones de base comunitaria, las necesidades humanitarias de las IDP, y para que hagan que se escuche en las plataformas mundiales la voz de las personas desplazadas internas.
El Dr. Sheraz Akhtar imparte clases en la Universidad Wesleyan de Indiana (Estados Unidos) y en la Universidad de Chiang Mai (Tailandia). Su investigación se centra en el desarrollo social, económico y educativo de las comunidades de personas refugiadas en países emergentes.
Wendy Choo es profesora de pedagogía en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Auckland.
Fuente original en inglés: https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/myanmars-internally-displaced-persons-at-high-risk-since-coup.html