El movimiento campesino contra las tres leyes agrarias [1] que les afectan directamente, pero que han sido promulgadas por las bravas sin consultarles, ha entrado ahora en su segundo mes. Este movimiento tiene un significado histórico. No solo gira en torno a los precios de apoyo mínimos, sino también a la supervivencia de todo el sistema público de compra y distribución de cereales [2]. Sin asegurar la viabilidad económica de la producción de cereales en el norte de India –el granero de todo el país–, no puede asegurarse la continuidad del sistema público de compra y distribución, que a pesar de sus reveses, sigue ofreciendo un mínimo de seguridad alimentaria a buena parte de la población.
Vuelven los tiempos coloniales
Los países industriales del Norte, a saber, EE UU, Canadá y la Unión Europea (UE), no pueden producir cultivos tropicales y subtropicales, muy demandados por su propia población, mientras que tienen montañas de cereales y derivados lácteos que les sobran, los únicos productos que sus tierras de monocultivo permiten producir debido a razones climatológicas. Necesitan hallar mercados de exportación para estos bienes. Durante más de dos decenios, han presionado sin cesar a los países en desarrollo para que abandonen sus sistemas de adquisición pública, insistiendo en que deberían comprar sus cereales para alimentación de los países avanzados y dedicar sus tierras de cultivo de alimentos a la agricultura por contrato [3] de productos para la exportación que esos países industriales demandan, pero no pueden producir por sí mismos. En suma, desean restablecer el escenario económico del periodo colonial.
Docenas de países en desarrollo, desde Filipinas a mediados de la década de 1990 hasta Botsuana (África) una década después, sucumbieron a estas presiones. Pagaron el precio cuando con la rápida sustitución de la producción de cereal por la de etanol en EE UU y la UE, los precios mundiales de los cereales se triplicaron en cuestión de meses a partir de finales de 2007. En 37 países que habían pasado a depender de las importaciones hubo disturbios por la carestía de alimentos básicos y las poblaciones urbanas se vieron condenadas a una mayor pobreza.
La seguridad alimentaria para el mundo en desarrollo es demasiado importante para dejarla en manos del mercado mundial, pero el ataque incesante a la creación de reservas de cereales por parte de los poderes públicos para garantizar la seguridad alimentaria no ha cesado. India logró zafarse a duras penas, y en el último momento, hace una década: los precios de compra aumentaron sustancialmente después de haberse mantenido prácticamente estables durante los seis años que precedieron al pico de 2008, y la producción de cereales en Punyab volvió a crecer, después de un periodo de estancamiento, cuando mejoró su viabilidad económica. Sin embargo, el consumo de cereales para alimentación no mejoró tanto debido a la permanente exclusión de buena parte de la gente realmente pobre de las cartillas de racionamiento de quienes se hallan por debajo del umbral de pobreza, mientras que el desempleo causado por la desmonetización de 2016, seguida de la pandemia de 2020, ha reducido la demanda agregada hasta alcanzar el mínimo histórico actual.
Un caso de comercio injusto
Nuestro campesinado ha estado sometido sin ton ni son a un comercio injusto y a la volatilidad de los precios mundiales, que lo han hundido en un endeudamiento imposible de saldar y en la angustia: en un pueblo de Punyab había nada menos que 59 viudas de agricultores que se habían suicidado. El comercio con el Norte es injusto porque los países avanzados convirtieron, a mediados de la década de 1990, sus medidas de apoyo a los precios en subsidios masivos entregados en forma de transferencias directas en efectivo a sus propios agricultores, transferencias que de manera descaradamente interesada calificaron, en el Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de “no sujetos a compromisos de reducción”. India y otros países en desarrollo suscribieron el Acuerdo sin tener casi ni idea de las implicaciones de la letra pequeña. En EE UU, las transferencias directas de efectivo a sus 2,02 millones de agricultores, que ascienden a la mitad o más del valor de la producción anual de las explotaciones, suponen tan solo el 1 % de su Presupuesto. En India se precisaría más del 50 % del Presupuesto anual del gobierno central para transferir siquiera el equivalente a un cuarto del valor de la producción anual de las explotaciones a nuestros 120 millones de agricultores, lo que es una imposibilidad económica y una pesadilla administrativa.
Se trata de aplicar un precio razonable
La gente del campo ha dejado muy claro que no pide regalitos en efectivo; todo lo que reclama es un precio razonable de los productos vitales que cultivan para la nación, de modo que puedan cubrir costes y vivir modestamente. En las circunstancias de India, el sistema de apoyo a los precios es, de hecho, el único viable. Mientras que el agotamiento de las aguas subterráneas en Punyab es un problema real, la solución pasa por implementar mejores prácticas agronómicas –como el Sistema de Intensificación del Arroz, que economiza agua–, y no por reducir la producción de arroz. Nadie se corta la cabeza por tener jaqueca.
Es justamente el apoyo a los precios de los productos agrícolas el que fue sometido deliberadamente por los países avanzados a unas reglas de contabilización completamente arbitrarias y absurdas en el Acuerdo sobre la Agricultura. EE UU presentó una queja contra India ante la OMC en mayo de 2018, diciendo que dado que el precio de referencia para calcular el apoyo era el precio medio de un producto en los años 1986 a 1988 convertido en rupias al tipo de cambio de entonces, de 12,5 rupias por dólar, el precio de apoyo de India por quintal de arroz y trigo en 2013-2014 debería haber sido a lo sumo de 235 y 354 rupias, respectivamente. Los precios de apoyo reales fueron de 1.348 y 1.386 rupias, y la diferencia, de más de mil rupias por quintal, se multiplicó entonces por la producción total de arroz y trigo de 2013-2014, con lo que dichos precios de apoyo ascendieron al 77 % y 67 % del valor de su producción, respectivamente. Esto, afirmó EE UU, suponía una grosera violación del 10 % permitido.
Hace dos meses, EE UU envió nuevas preguntas a India. En el Acuerdo sobre la Agricultura se habían introducido toda clase de reglas deshonestas y absurdas con el fin de cortocircuitar a los ingenuos países en desarrollo. Nuestros agricultores figuran entre los productores de menor coste del mundo, y los precios de apoyo en 2013-2014, al tipo de cambio vigente a la sazón, de 60,5 rupias por dólar, eran muy inferiores a los precios mundiales, lo que significa que el apoyo real era negativo.
Evaluación correcta
La contracción actual de la demanda mundial hace que los precios del trigo y del arroz estén por los suelos, los subsidios agrícolas de los países avanzados se hallen en cotas históricamente altas y su desesperación por volcar sus granos en nuestros mercados se ha intensificado. Mientras que nuestros campesinos en lucha han identificado correctamente a las empresas del país como beneficiarias potenciales de las nuevas leyes de comercialización, a las que se oponen, las agroindustrias extranjeras constituyen un peligro análogo.
Los agricultores ya tienen experiencia con la agricultura por contrato en Punyab y Haryana. Dicen claramente que no desean tratar con grandes empresas privadas, poderosas e impersonales, que incumplen los acuerdos sobre precios y cantidades cuando les conviene. A pesar de su ineficiencia y los atrasos en los pagos, prefieren vender a agentes gubernamentales a los precios de apoyo mínimo estipulados. Tienen toda la razón cuando consideran que la desregulación de los mercados contemplada en las nuevas leyes y el acceso de las grandes empresas, que no solo serán indias, sino también extranjeras, suponen un grave socavamiento del conjunto del sistema público de adquisición y de precios de apoyo mínimos.
El empuje de la energía verde
Hay muchos intelectuales indios que alegan que la importación de cereales subvencionados del Norte beneficiará a la gente pobre de aquí. Olvidan que en los países avanzados cunde la opinión, cada vez más poderosa, favorable a la energía verde y que propugna una mayor conversión de los cereales en etanol; por consiguiente, las importaciones de cereales, que al principio gozan de precios bajos, no solo destruirán, si se les da luz verde ahora, a nuestros agricultores, sino que pronto experimentarán aumentos de precios y causarán graves problemas a la población urbana, como ya ha ocurrido en países en desarrollo que han pasado a depender forzosamente de las importaciones. Quien sienta preocupación por nuestros laboriosos agricultores y nuestros consumidores y consumidoras golpeadas por la pobreza, debe apoyar las demandas campesinas contra las maquinaciones de las elites capitalistas locales y mundiales.
Notas
[1] Las tres leyes impulsadas por el gobierno Modi implican una liberalización masiva del sector agrícola. Modifican “la aplicación de las zonas comerciales”, es decir, los mercados (compra y venta) regulados por el Estado. El comercio electrónico de los productos agrícolas genera un mercado cuya dimensión escapa a los actores tradicionales de los Estados, abriendo la puerta de par en par a los grandes actores nacionales y transnacionales del sector agroalimentario. Algunos productos (cereales, leguminosas, aceites alimentarios, cebollas) se eliminan de las listas que aseguraban la regulación de los precios y volúmenes de compra. La segunda ley crea un nuevo marco para la agricultura contractual (véase la nota 3). La tercera se refiere a una posible reglamentación en caso de hambruna o de guerra.
[2] A partir del 5 de enero de 2021, después de varias negociaciones infructuosas, las diversas organizaciones campesinas exigen la convocatoria de una sesión especial del Parlamento para derogar las leyes agrícolas; calificar el precio de apoyo mínimo y las compras públicas de las cosechas de derecho legal reconocido; fijar los precios mínimos de apoyo un 50 % por encima del coste de producción medio; reducir el precio del gasóleo de uso agrícola; puesta en libertad de los agricultores detenidos, y el archivo de todas las demandas contra dirigentes campesinos.
[3] La agricultura por contrato puede definirse como un acuerdo entre agricultores y empresas de transformación y/o comercialización –entre ellas, multinacionales como Nestlé, Pepsi-Cola, Bayer, Singenta– sobre el cultivo de productos agrícolas, y a menudo de insumos, al amparo de contratos a plazo, muchas veces con precios predeterminados. Con la nueva ley, los gigantes de la industria agroalimentaria pueden comprar las cantidades que deseen y los agricultores ya no pueden denunciar sus contratos ante los tribunales civiles. Esto abre la puerta a toda clase de manipulación de las cotizaciones.
Utsa Patnaik es profesora emérita de Economía de la Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi. Las notas son de la redacción de A l’encontre.
Traducción: viento sur (https://vientosur.info/las-protestas-campesinas-en-el-contexto-global/)