Los firmantes, miembros de la red de redes «En defensa de la humanidad», mandatados por el Encuentro Internacional «Contra el terrorismo, por la verdad y la justicia», hemos trabajado sobre las denuncias, propuestas e informes aportados por los 681 participantes, provenientes de 67 países, que nos dimos cita en La Habana los días 2,3 y […]
Los firmantes, miembros de la red de redes «En defensa de la humanidad», mandatados por el Encuentro Internacional «Contra el terrorismo, por la verdad y la justicia», hemos trabajado sobre las denuncias, propuestas e informes aportados por los 681 participantes, provenientes de 67 países, que nos dimos cita en La Habana los días 2,3 y 4 de junio de 2005, y llamamos a promover un movimiento contra el terrorismo que denuncie y condene la era de terror instaurada por Estados Unidos en nuestro hemisferio, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días.
Los conmovedores testimonios de las víctimas y de sus familiares, así como los documentados informes de reconocidos juristas, estadistas, periodistas, economistas y otros intelectuales comprometidos en la defensa de los derechos humanos, reconstruyeron la trama de terrorismo e impunidad que diversas administraciones estadounidenses urdieron en el Cono Sur, Centroamérica y el Caribe, en complicidad con gobernantes, ejércitos y policía de los países latinoamericanos y caribeños.
La opinión pública tiene derecho a saber la verdad. No es posible que aquellos que han desatado una guerra genocida en nombre de la lucha contra el terrorismo pretendan encubrir, al mismo tiempo, la utilización sistemática que han hecho de los más perversos métodos terroristas contra los pueblos de América Latina y el Caribe. Es urgente romper el silencio en torno al pasado, presente y previsible futuro de esta política criminal de Estados Unidos.
No es posible silenciar los estrechos vínculos, probados y documentados, de terroristas internacionales con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y los servicios de inteligencia norteamericanos. No puede ser olvidado el saldo atroz de la Operación Cóndor, aquella internacional del terror, como la calificara el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ni el de la guerra sucia en Centroamérica y el Caribe. No pueden quedar impunes los crímenes de quienes han trabajado al servicio de la CIA y de altos funcionarios de varias administraciones de Estados Unidos.
George H. W. Bush, padre del actual presidente, no puede eludir su responsabilidad, como director de la CIA, en la creación, con estos terroristas de origen cubano, del llamado CORU, organización que llevó a cabo el asesinato del excanciller chileno Orlando Letelier y de la ciudadana estadounidense Ronnie Moffit, del estallido en pleno vuelo de un avión civil con 73 personas a bordo y de otros crímenes de lesa humanidad. Estos mismos terroristas participaron en el montaje y ejecución de la Operación Cóndor con la DINA de Pinochet y los demás cuerpos represivos de las dictaduras militares del Cono Sur. Tampoco puede eludir su responsabilidad en estos actos genocidas el entonces Secretario de Estado Henry Kissinger.
Resulta imprescindible denunciar las estrechas relaciones del actual gobernador de La Florida, Jeb Bush, con la Fundación Cubano Americana y otros grupos terroristas de Miami. Son los mismos que contribuyeron decisivamente a la victoria fraudulenta de su hermano en las elecciones presidenciales de 2000; los que financiaron los atentados contra instalaciones turísticas cubanas que Posada Carriles llegó a reconocer ante The New York Times y la televisión norteamericana, su «indulto» en Panamá y su estancia en Estados Unidos durante los últimos dos meses; los que organizaron y pagaron su fuga de la cárcel en Venezuela para trabajar con la Casa Blanca en el proyecto Irán-Contras y en la estrategia estadounidense de terrorismo de estado y guerra sucia en Centroamérica. Hoy más que nunca urge denunciar esta histórica red de complicidades en la que se funda la impunidad con que las autoridades estadounidenses protegen ilegalmente a Luis Posada Carriles, ignorando la justa solicitud de extradición de la República Bolivariana de Venezuela. La misma protección por la que pretenden dejar impunes los crímenes de Orlando Bosch.
Es imperativo revelar la esencia terrorista de esta alianza que, contra los intereses del pueblo norteamericano, ha establecido la dinastía Bush con la mafia de Miami y que ofende la memoria de las víctimas de los atentados del 11 de Septiembre de 2001 y de los caídos en nombre de una fraudulenta guerra contra el terrorismo. La opinión pública de Estados Unidos, que se movilizó contra el nazifascismo y contribuyó decisivamente a terminar la guerra de Vietnam, que apoyó la lucha por los derechos civiles y la devolución a Cuba del niño Elián González, debe ser informada por todos los medios sobre la índole criminal de su gobierno.
La impunidad de los terroristas no puede continuar. Ningún crimen puede quedar sin castigo.
POR TODAS ESTAS RAZONES, DECIDIMOS IMPULSAR UN MOVIMIENTO INTERNACIONAL CONTRA EL TERRORISMO A TRAVÉS DE LA RED DE REDES «EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD» Y DE LAS SIGUIENTES ACCIONES:
1. Establecer el Observatorio contra el Terrorismo en el Hemisferio.
2. Crear una Base de Datos que recopile información sobre esta política genocida.
3. Elaborar y publicar la Enciclopedia del Terrorismo en el hemisferio, con los conceptos y categorías esenciales, los antecedentes de los genocidas, represores y terroristas involucrados, así como la cronología de estos hechos criminales y la caracterización de los componentes nacionales y supranacionales de la maquinaria del terror.
4. Conformar una colección de publicaciones sobre la memoria histórica del terrorismo.
5. Constituir el Tribunal Hemisférico «Contra el terrorismo y en defensa de la humanidad», conformado por prestigiosos juristas, intelectuales y luchadores por los derechos humanos, para juzgar, en primer término, a Henry Kissinger, George Herbert Walker Bush, Jeb Bush y George Walker Bush y a los siguientes funcionarios y exfuncionarios del Departamento de Estado y del Consejo Nacional de Seguridad: Oliver North, John Dimitri Negroponte y Otto Reich, por instaurar y promover el terrorismo de estado en América Latina y el Caribe y en el propio territorio de los Estados Unidos, en franca violación de las leyes internacionales y las de su propio país y poniendo en peligro la seguridad de sus ciudadanos; por reclutar, entrenar y financiar a grupos terroristas y por la protección que han ofrecido y ofrecen a Orlando Bosch, Luis Posada Carriles y otros connotados autores de actos criminales que han costado la vida a miles de personas inocentes.
Los trabajos de este Tribunal se organizarán a través de cuatro comisiones: de Recopilación de testimonios y pruebas documentales; de Investigación y análisis; Técnico-jurídica y de Información y difusión.
Este es el compromiso asumido en La Habana: defender los valores éticos y la dignidad ante la fuerza bruta y el terror e imponer el derecho y la justicia. Todas las voces deben alzarse contra el crimen. La denuncia continuará hasta que los asesinos sean juzgados y condenados. El silencio sólo conviene a los terroristas y a sus protectores. No habrá descanso hasta que la verdad se abra paso. Como dijera Fidel: «La humanidad tiene ansias de justicia».
La Habana, 10 de junio de 2005
Francois Houtart, Bélgica; Isabel Parra, Chile; James Cockcroft, EEUU; Pablo González Casanova, Victor Flores Olea, Gilberto López y Rivas y Juan Bañuelos de México; Thiago de Mello, Beto Almeida, Roberto Amaral, Beth Carvalho, María Ciavatta y Marilia Guimaraes de Brasil; Roberto Fernández Retamar, Cuba; Marcos Roitman, Manuel Talens, Jaime Losada, Alicia Hermida y Carlos Tena, de España; Miguel Bonasso, Stella Calloni, Ana de Skalon, Tristán Bauer, Atilio Borón, Néstor Kohan, Carlos Ruta, Luciano Alzaga y Marcelo Cafiso de Argentina; Hernando Calvo Ospina, Colombia/Francia; Jorge Sanjinés, Bolivia; Antonio Pecci, Paraguay; Raúl Pérez Torres, Ecuador; Gennaro Carotenuto, Italia; Tarik Souki, Venezuela; Samuel Blixen, Uruguay.