En cinco años de Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo, al menos 824 personas miembros o simpatizantes de movimientos de oposición han sido asesinadas. Tras los crímenes asoma la mano del Ejército.
Mientras los países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, reunidos entre el 10 y el 15 de enero en Cebú (Filipinas), aprobaban la Convención regional sobre Contraterrorismo, centenares de filipinos salieron a la calle para denunciar que «gobiernos como el de Gloria Macapagal usarán la convención como un instrumento potencial de represión, algo muy peligroso si tenemos en cuenta la situación de los derechos humanos en el país», dijo Renato Reyes, de la organización Bayan.
Desde que Gloria Macapagal Arroyo se convirtiera en presidenta de las Filipinas en 2001, después de la caída de Joseph Estrada por un levantamiento popular, la situación en el país no ha cesado de agravarse. Entre 2001 y enero de 2007, 824 personas han muerto víctimas de asesinatos extrajudiciales, 208 se encuentran desaparecidas y numerosas han sido torturadas, según Karapatan, alianza formada por 40 organizaciones de derechos humanos, que ha calificado el año 2006, con 207 muertos, como «el peor para los derechos humanos» desde la caída del dictador Marcos en 1986. Las víctimas de los asesinatos políticos y las desapariciones son principalmente activistas de organizaciones políticas, defensores de los derechos humanos, líderes sindicales, periodistas, campesinos, estudiantes, abogados y clérigos, la mayoría de ellos simpatizantes o activistas en movimientos progresistas.
Unos asesinatos tras los que se esconde, según testigos, supervivientes y familiares de víctimas, el brazo ejecutor del Ejército. Ya en 2002, cuando las Filipinas se subieron al carro de la «guerra global contra el terror» lanzada por EE UU, el Gobierno puso en marcha el Oplan Bantay Laya (OBL), un plan de contrainsurgencia cuyo objetivo es «derrotar a los grupos armados insurgentes»: el grupo islamista Abu Sayyaf, el Frente Islámico de Liberación de Moro y, principalmente, el Partido Comunista de Filipinas-Frente Nacional Democrático de Filipinas y su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo, que lleva a cabo una lucha guerrillera desde hace 37 años.
Pero este plan también se dirige a la «neutralización» de las organizaciones de «la izquierda legal, que las Fuerzas Armadas califican como ‘organizaciones del frente [comunista]», según Karapatan. En 2004, Norberto Gonzales, asesor de Seguridad Nacional y uno de los autores del OBL, incluyó seis partidos de izquierdas en la lista de «frentes comunistas».
Precisamente, el partido Bayan Muna, con tres representantes en el Congreso, es, con más de 120 muertos, la organización más afectada por los asesinatos extrajudiciales. «Estar clasificado como miembro de una ‘organización del frente [comunista]’ y aparecer en la ‘Orden de Batalla [del Ejército] contra organizaciones del frente’ prácticamente constituye una sentencia de muerte. Esto parece concordar con los informes sobre la implicación de tropas del Ejército en acosos, amenazas y asesinatos de miembros y líderes de esas organizaciones», explican Dabet Castañeda y Alexander M. Remollino, periodistas de Bulatlat. En 2005 salió a la luz el documento interno del Ejército Conociendo al enemigo, en el que se añadía 33 organizaciones de todo tipo al «frente comunista». «El trabajo de las Fuerzas Armadas es limpiar esas organizaciones», declaró el lugarteniente Teddy Quinzon. Esta ‘limpieza’ se ha saldado con la muerte de 48 periodistas, 70 sindicalistas, 15 abogados, 10 jueces, 23 clérigos…
Además, es en las áreas rurales calificadas por el OPL como «prioritarias», y con un amplio despliegue de tropas, donde se han producido la mayoría de los crímenes. Unos 200 asesinados eran campesinos envueltos en la lucha por la tierra y por la reforma agraria, y muchos otros han sido víctimas de torturas, saqueos y evacuaciones forzadas. Según numerosas denuncias, uno de los mayores responsables de los crímenes es el general Jovito Palparan, conocido por la población como «el verdugo».
Palparan, que compareció ante el Comité de Derechos Humanos en enero de 2006 por su supuesta implicación en los crímenes, ha calificado estas muertes como «pequeños sacrificios» dentro de la campaña militar contra la insurgencia. Pero las denuncias no han salido adelante, y el general, además de recibir el apoyo de Gloria Macapagal en el discurso sobre el estado de la nación, fue nombrado en septiembre subdirector de la campaña de contrainsurgencia del Consejo Nacional de Seguridad. Según la Comisión Asiática de Derechos Humanos (CADH), «las instituciones del Gobierno están mostrando muy pocos signos de voluntad o capacidad para hacer justicia».
Sólo tras una fuerte campaña internacional contra los crímenes, el Gobierno aceptó crear, a mediados de 2006, la Fuerza de Trabajo Usig de la Policía y la Comisión Melo para investigar estos casos. Pero ninguna de las dos goza de la confianza de la población. Según Amnistía Internacional, «los ataques raramente llevan a la acusación, persecución o arresto de los asesinos». De 114 asesinatos estudiados por la Fuerza de Trabajo Usig, sólo ha habido tres detenciones, y nadie ha sido condenado. En cuanto a la Comisión Melo, dirigida por un antiguo asesor del presidente Diosdado Macapagal (padre de la actual presidenta), «es percibida como un instrumento más creado por el Gobierno para encubrir sus atrocidades», según la CADH.
Guerra total
Según Bayan, «el régimen de Arroyo está haciendo una guerra total contra el movimiento popular (…). El régimen cree que asesinando y acosando a los activistas podrá aterrorizar al pueblo filipino y evitar un levantamiento popular». Mientras se acercan las elecciones legislativas de mayo y la presidenta trata de aprobar una contestada reforma constitucional y una polémica ‘ley antiterrorista’, las tensiones crecen en un país que ha vivido dos revoluciones populares en 20 años y en el que el amplio movimiento de izquierdas se opone a la sumisión de las Filipinas a los intereses de EE UU, las políticas de liberalización de la economía bajo los auspicios del FMI y el BM y la corrupción rampante.
Mientras tanto, y ante el llamamiento lanzado por Hustisya!, recién creada organización de «víctimas del régimen de Arroyo unidas por la justicia», junto a otras organizaciones filipinas, el Tribunal Permanente de los Pueblos, un tribunal de opinión internacional que juzga casos de lesa humanidad, ha anunciado la celebración entre el 21 y el 25 de marzo en la Haya de su segunda sesión sobre Filipinas, tras la que declaró culpable al dictador Marcos en 1980. Esta vez, Gloria Macapagal, George Bush, el FMI, el Banco Mundial y otras instituciones y corporaciones serán juzgadas por violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de autodeterminación y de liberación del pueblo filipino.
UNIDOS POR LA CONTRAINSURGENCIA
En enero de 2006, John Negroponte, hasta ahora director de Inteligencia Nacional de EE UU y uno de los mayores expertos en contrainsurgencia -su mano se esconde tras los escuadrones de la muerte que actuaron en Centroamérica en los ’80-, realizó una visita a las Filipinas, donde se reunió con Norberto Gonzales, asesor de Seguridad Nacional filipino, y con el general Ermita, miembros del comité que redactó el plan de contrainsurgencia OBL. Negroponte y Ermita eran ya viejos conocidos; ‘trabajaron’ juntos en Vietnam en los años ’60, donde Negroponte dirigió a partir de 1971 la Operación Fénix de contrainsurgencia, cuya misión era «neutralizar» la supuesta «infraestructura del Vietcong» y que se cobró la vida de decenas de miles de vietnamitas. Las enormes similitudes entre la Operación Fénix y el OBL han sido analizadas por el centro filipino de investigación IBON.
Ya en noviembre de 2001, la recién llegada al poder Gloria Macapagal declaró su apoyo a Bush en su «guerra contra el terror». Y en diciembre se lanzó la Operación Libertad Duradera-Filipinas, lo que marcó el inicio de un redespliegue de tropas estadounidenses en el archipiélago, tras haber sido expulsadas en 1992. A cambio, en 2002 EE UU introdujo en su lista de «grupos terroristas extranjeros» al Partido Comunista de Filipinas-Frente Nacional Democrático-Nuevo Ejército del Pueblo, y amplió la ayuda militar al país de 3,8 millones de dólares en 2001 a 46 millones en 2002. Filipinas es hoy el cuarto mayor receptor de ayuda militar estadounidense.
Tropas norteamericanas están entrenando a los soldados filipinos a través de los programas JCET e IMET, destinados al entrenamiento en acciones contra sus propias poblaciones y contra grupos rebeldes internos, y cuyos resultados en otros países han sido catastróficos en materia de derechos humanos. Además, desde 2001 se realizan las operaciones de entrenamiento conjunto Balikatan. Todo esto a pesar de que la Constitución filipina prohíbe expresamente que tropas extranjeras participen en asuntos de seguridad interna.
A pesar de su independencia formal de los EE UU en 1946, las Filipinas han seguido siendo un centro de vital importancia para los intereses económicos, militares y geopolíticos de EE UU en Asia, intereses a los que se enfrenta el amplio movimiento de izquierdas del país. En este sentido, según la organización Bayan, «el imperialismo de EE UU considera al movimiento progresista como una amenaza para sus intereses económicos y políticos en el país. Forma parte de los intereses estratégicos de los EE UU eliminar a la resistencia antiimperialista, antifeudal y antifascista en Filipinas».