La declaración unilateral de independencia de Kosovo, formalmente anunciada en el Parlamento nacional el pasado domingo, es un acontecimiento político preñado de graves riesgos para el futuro, a pesar de estar apoyado por EEUU y varios países de la Unión Europea. Por otro lado, es indudable que la continuidad de la situación anterior se revelaba […]
La declaración unilateral de independencia de Kosovo, formalmente anunciada en el Parlamento nacional el pasado domingo, es un acontecimiento político preñado de graves riesgos para el futuro, a pesar de estar apoyado por EEUU y varios países de la Unión Europea.
Por otro lado, es indudable que la continuidad de la situación anterior se revelaba en la práctica como imposible. Tal situación se vino manteniendo desde que la intervención militar de la OTAN en 1999 puso fin a la guerra que había desencadenado el gobierno de Belgrado contra los insurgentes del Ejército de Liberación de Kosovo.
Las negociaciones que intentaron resolver la inestable e imprecisa situación política de la vieja provincia serbia, conducidas primero por el finlandés Ahtisaari, en nombre de la ONU, y después por el trío constituido por EEUU, la UE y Rusia, no alcanzaron el deseado desenlace. Fue imposible llegar a un acuerdo sobre cómo interpretar la resolución 1244 de la ONU, aprobada en junio de 1999, que exigía lograr «una solución política a la crisis de Kosovo», pero sin especificar cuál podría ser tal solución. De nuevo, la habitual asepsia diplomática del Consejo de Seguridad más que curar una herida la dejaba emponzoñarse en la infructuosa esperanza de que sanase por sí sola.
Ante ese texto, la UE ha definido su postura mediante un documento conjunto en el que se declara que la independencia de Kosovo, si no estaba explícitamente contenida en la letra de la resolución 1244, sí lo estaba en su espíritu: «La actuación para poner en práctica una situación final [de independencia] es más compatible con las intenciones de la 1244 que seguir bloqueando una situación que todos consideran insostenible».
Por su parte, Serbia y Rusia esgrimen otras razones: un estado soberano, como es Serbia, no ha otorgado la independencia a Kosovo y, no existiendo resolución alguna del Consejo de Seguridad que así lo disponga, la segregación de la provincia kosovar viola gravemente la legalidad internacional. Aducen en Belgrado y Moscú que la citada resolución solo autoriza «una sustancial autonomía dentro de la República Federal de Yugoslavia», lo que en su opinión veta la independencia. Sobre esta última cuestión, el documento de la UE interpreta que la integridad territorial de Yugoslavia ha dejado de ser aplicable, del mismo modo que la República dejó de ser «federal» al independizarse Montenegro.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso declaró hace una semana: «Estamos frente a una subversión de los mismos principios en los que se basa la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OCDE), principios esenciales en los documentos básicos de Naciones Unidas». Uno de esos principios estipula que las fronteras solo pueden modificarse por acuerdo mutuo, como ocurrió en la escisión de la antigua Checoslovaquia.
No existe unanimidad entre los países de la UE sobre esta cuestión. En círculos diplomáticos de Bruselas se afirma que algunos países europeos -entre los que se cita a España, Rumania y Chipre- temen que la independencia unilateral de Kosovo pueda «excitar los movimientos secesionistas en sus propios territorios». También Grecia, Eslovaquia y Chequia han manifestado reticencias.
Por su parte, Rusia podría apoyar a los independentistas de los dos territorios georgianos (las antiguas repúblicas autónomas de Abjazia y Osetia del Sur) que aspiran a depender de Moscú, mientras en Tiflis, por el contrario, se sueña con la OTAN y con el apoyo inmediato de EEUU. Otro probable conflicto queda así servido. Complica más aún la cuestión el texto del plan estudiado en la ONU para Kosovo, donde si por una parte se reconocería la independencia kosovar bajo vigilancia internacional, dando a los albano-kosovares la posibilidad de elegir su bandera, su himno nacional y una nueva Constitución, por otro lado se les impediría la unión con Albania, a la vez que se niega a los serbo-kosovares la posibilidad de integrarse en Serbia.
De momento, la UE aprobó el pasado sábado el envío de una misión policial y jurídica a Kosovo, con el nombre de Eulex. Se prevé que en junio sustituya a la misión civil de la ONU, para evitar violaciones de los derechos humanos de las minorías y poner en marcha un sistema viable de instituciones públicas de gobierno, donde hoy reina la corrupción y la presión de las mafias.
Pero, mal que le pese a la UE, lo cierto es que los Balcanes vuelven a entrar en erupción. No se puede saber cuándo plantearán los serbios de Bosnia y Herzegovina su derecho a ser tratados como los kosovares. O el de éstos a unirse más estrechamente con Albania. Ni cómo la onda expansiva iniciada el pasado domingo afectará a las minorías albanesas de Montenegro y Macedonia. O, yendo algo más lejos, al rompecabezas étnico que se extiende hasta el río Dniester y los Cárpatos, y sobre el que ya planean diversas inquietudes secesionistas.
Nuevos problemas que no podrán resolverse con el simple ondear de la bandera de EEUU, como ha ocurrido en la capital kosovar, y que obligarán a los gobiernos europeos a reflexionar más sobre las repercusiones de las decisiones adoptadas con precipitación y poca unanimidad.
* General de Artillería en la Reserva