Los trabajadores de coca amenazan con una huelga indefinida si el gobierno de Alan García no detiene la erradicación forzosa de los cultivos. Afirman que el Estado busca la intervención de tropas norteamericanas.Los cultivadores de hoja de coca de Perú volvieron a defender sus derechos al advertirle al gobierno de ese país que están dispuestos […]
Los trabajadores de coca amenazan con una huelga indefinida si el gobierno de Alan García no detiene la erradicación forzosa de los cultivos. Afirman que el Estado busca la intervención de tropas norteamericanas.
Los cultivadores de hoja de coca de Perú volvieron a defender sus derechos al advertirle al gobierno de ese país que están dispuestos a tomar pueblos enteros y marchar masivamente a Lima si se sigue erradicando por la fuerza sus plantaciones.
Esas advertencias se escucharon luego del despeje realizado por el Ejército en un tramo de la ruta de la selva norteña Fernando Belaúnde, que se encontraba bloqueada desde el domingo pasado por cocaleros descontentos con la política gubernamental.
Asimismo, el presidente de la Federación Agropecuaria, Forestales y Producción de la Hoja de Coca (FAFPHC), Jorge Soto Vásquez, anunció el inicio de una huelga indefinida a partir de hoy.
La eliminación forzosa de cultivos se reanudó pese a un pacto de distensión entre el gobierno y los cocaleros, firmado el 15 de marzo pasado, en la localidad selvática de Tocache, donde el líder lugareño, Wilder Satalaya, advirtió que sus compañeros tomarán pueblos de la región si la eliminación de plantíos continúa. El pacto establecía además la realización de un censo de productores y un catastro con miras a abordar el problema en forma conjunta.
Sin embargo el acuerdo no se cumplió. El 2 de abril, el presidente Alan García anunció el uso de aviones de combate para bombardear las pistas aéreas clandestinas y las pozas de maceración de hoja de coca en la selva peruana.
Es por eso que los cultivadores lo acusan de incumplimiento de lo pactado, ya que aseguran que no se fijó ningún plazo, por lo que exigen el cumplimiento exacto del convenio.
En ese contexto, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, indicó que el gobierno será «implacable» en el combate contra las plantaciones ilegales de hoja de coca, utilizadas por los narcotraficantes para elaborar cocaína.
Elsa Malpartida, representante ante el Parlamento Andino señaló que se debe «atacar el tema de fondo y erradicar al verdadero enemigo, el narcotráfico; nada se gana erradicando a campesinos cocaleros, dejándolos en el hambre y la miseria».
Además, expresó que en lugar de reprimir a los cocaleros, el Estado debería preocuparse por atacar aeropuertos ilegales que sirven al narcotráfico. En ese sentido, reveló que los cocaleros de Putina Punco, en la región sudoriental de Puno, destruyeron un aeródromo que era usado por los traficantes, y que había sido construido por el organismo antidrogas y la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).
Por su parte, la congresista y también dirigente cocalera Nancy Obregón sostuvo que las actitudes radicales del gobierno preparan el terreno para una incursión militar extranjera, que no será tolerada. Y lamentó lo que llamó doble discurso del ejecutivo, que conspira contra la propuesta de los cultivadores de coca, de establecer una alianza estratégica con el gobierno contra el narcotráfico.
Perú es el segundo productor de coca del mundo, con una producción estimada en 120 mil toneladas, pero la demanda interna legal es de sólo nueve mil toneladas, por lo que las autoridades consideran que gran parte termina en manos del narcotráfico.
La legislación peruana permite utilizar la hoja de coca en forma legal para infusiones y para la tradición ancestral indígena de masticarla, pero los cultivos que exceden esa demanda son ilegales.
El ministro Alva Castro informó que en lo que va del año, la cantidad de insumos químicos decomisados superó la de 2006, y dijo que a fin de mes dará a conocer las cifras exactas, los lugares precisos y las personas intervenidas.