Podríamos pensar que a estas alturas de la historia los derechos humanos estarían a salvo, reconocidos por las naciones del mundo y disfrutados por toda la humanidad.
Pero no es así; están pisoteados en buena parte del mundo y perseguidos quienes los defienden y proclaman. Los derechos humanos no están universalmente protegidos.
«Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana». Así comienza el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. Como resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. Ya vemos como se ha venido cumpliendo en la historia desde entonces ese compromiso. Las guerras son el sino de la humanidad.
La Declaración de Naciones Unidas, proclama «como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción».
Para conocer cual es la trágica realidad por la que atraviesan los derechos humanos en el mundo, me voy a referir al Informe Anual 2020/2021 de Amnistía Internacional. El informe recorre las vulneraciones de derechos humanos. El año 2021 debería haber sido un año de recuperación. «En cambio, se convirtió en el vivero de una desigualdad más profunda y una mayor inestabilidad». España también aparece en el Informe.
El informe 2021, publicado en marzo de 2022, muestra que las promesas de reconstruir las sociedad mejor tras la pandemia de COVID-19 se quedaron en palabras huecas. Las esperanzas de cooperación global se desvanecieron ante el acaparamiento de vacunas y la avaricia empresarial. Los gobiernos reprimieron las voces independientes y críticas, y algunos llegaron a utilizar la pandemia como pretexto para reducir aún más el espacio de la sociedad civil. Surgieron nuevos conflictos y se perpetuaron otros no resueltos. Las personas obligadas a huir se vieron sometidas a una cadena de abusos, tales como expulsiones sumarias ejecutadas por los países del llamado Norte global.
La inacción global a la hora de abordar los conflictos que se multiplicaban, aumentó la inestabilidad y la devastación. La ineficacia de la respuesta internacional a estas crisis quedó patente con la parálisis en el Consejo de Seguridad de la ONU, que no actuó en relación con las atrocidades que se estaban cometiendo en Myanmar, ni con las violaciones de derechos humanos en Afganistán o los crímenes de guerra en Siria. «Esta vergonzosa inacción, la parálisis continuada de los organismos multilaterales y la ausencia de rendición de cuentas de Estados poderosos contribuyeron a preparar el terreno para la invasión de Ucrania por Rusia, que ha violado de forma flagrante el derecho internacional».
En 2021 hubo desplazamientos masivos causados por crisis tanto emergentes como ya arraigadas. La situación de países como Afganistán, Etiopía y Myanmar dio lugar a nuevas olas de desplazamiento. Miles de personas continuaron abandonando Venezuela, y sólo el conflicto en curso en República Democrática del Congo llevó a 1,5 millones de personas a huir de su hogar en 2021. Millones de personas tuvieron que dejar sus países debido a violaciones de derechos humanos relacionadas con conflictos y violencia, con desigualdades, y con el cambio climático y la degradación ambiental; entre los grupos más afectados por el desplazamiento se hallan las minorías étnicas.
Según el ACNUR, a mediados del año pasado había 26,6 millones de personas refugiadas y 4,4 millones de solicitantes de asilo en todo el mundo. La comunidad internacional no proporcionó el apoyo adecuado y, lo que es peor, restringió el acceso a las zonas seguras. Las personas en movimiento se vieron además sometidas a una cadena de abusos, y la comisión sistemática de violaciones generalizadas de derechos humanos, tales como expulsiones sumarias, tortura y violencia sexual no fue castigada.
La tendencia global a amordazar las voces independientes y críticas cobró fuerza en 2021, cuando los gobiernos desplegaron un abanico creciente de herramientas y tácticas. Defensores y defensoras de los derechos humanos, ONG, medios de comunicación y dirigentes de la oposición fueron objeto de detención ilegítima, tortura y desaparición forzada, muchos bajo la cortina de humo de la pandemia.
Mediante falsas promesas de una recuperación justa de la COVID-19 con miras a abordar desigualdades profundamente arraigadas, los dirigentes del mundo se confabularon con gigantes empresariales para acaparar poder y beneficios. El fracaso total de la comunidad global a la hora de afrontar la multiplicación de conflictos sembró las semillas de una escalada aún mayor. Su impacto perjudicó a las comunidades más marginadas del mundo, incluidas las de África, Asia y América Latina.
Según el informe de Amnistía Internacional, en España, las autoridades no garantizaron el acceso adecuado a los servicios de salud durante la pandemia. Persistió la violencia contra las mujeres, aunque se tomaron medidas para reforzar las salvaguardias jurídicas. El derecho a la vivienda sigue sin estar suficientemente protegido. Continuó sin reformarse la legislación que restringía indebidamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Persistió el uso excesivo de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las autoridades no garantizaron unas condiciones de acogida adecuadas y un procedimiento de asilo justo y eficaz a las personas que llegaron de forma irregular a las islas Canarias. El gobierno aprobó un proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, aunque los tribunales seguían negándoles el acceso a la justicia.
Persistieron los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad. Amnistía señala que en febrero, un agente de policía disparó contra las personas que se manifestaban en Linares, en protesta por la agresión a un hombre y su hija por dos agentes de policía fuera de servicio. Una investigación interna concluyó que no era posible identificar al agente que había disparado. El Ministerio del Interior rechazó la recomendación del Defensor del Pueblo de adoptar mecanismos para impedir la asignación incorrecta de munición y garantizar la identificación de los agentes.
También en febrero, una mujer perdió un ojo por el impacto de una bala de goma disparada por la policía autonómica catalana durante las protestas que siguieron a la detención del rapero Pablo Hasél. Se abrió una investigación judicial. No se reformó y siguió aplicándose la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 y las disposiciones del Código Penal que restringen indebidamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. El rapero Pablo Hasél empezó a cumplir su condena de nueve meses de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y contra las instituciones del Estado, por sus publicaciones en Twitter.
Del seguimiento realizado en 154 países, se desprende que los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica se vieron reprimidos a niveles alarmante en el mundo. El 43% de los países analizados por Amnistía Internacional, aprobaron nuevas leyes que restringían a las personas la expresión pacífica de sus derechos. En el 55% de los países se hizo un uso excesivo o innecesario de la fuerza contra manifestantes. En el 54% se detuvo arbitrariamente a quienes defendían los derechos humanos
Debemos luchar contra todos y cada uno de sus intentos de acallar nuestras voces. Hay que apoyar cualquier acción de solidaridad con los movimientos populares con el propósito de exigir respeto al derecho a la protesta. Debemos construir y potenciar la solidaridad global, porque los líderes políticos del mundo no terminan de hacerlo.
La piedra angular de la libertad para vivir en dignidad es el marco internacional de derechos humanos. El estado de derecho exige que los procesos jurídicos, las instituciones y las normas sustantivas sean compatibles con las normas de derechos humanos, incluidos los principios básicos de igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley y equidad en la protección y reclamación de los derechos.
No puede existir estado de derecho en las sociedades si no se protegen los derechos humanos y viceversa. El estado de derecho es el mecanismo de aplicación de los derechos humanos, convirtiéndolos de un principio en una realidad.
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