Las políticas migratorias europeas parten de la consideración de las personas extranjeras extracomunitarias como simples cifras y no seres humanos. El seminario Centros de internamiento: detenciones y expulsiones planteó el modo en que personas que no han cometido ningún delito, sólo la falta de la documentación requerida, se ven privadas de su libertad en los […]
Las políticas migratorias europeas parten de la consideración de las personas extranjeras extracomunitarias como simples cifras y no seres humanos. El seminario Centros de internamiento: detenciones y expulsiones planteó el modo en que personas que no han cometido ningún delito, sólo la falta de la documentación requerida, se ven privadas de su libertad en los centros de internamiento.
Los participantes en el seminario denunciaron el modo en que la Unión Europea está endureciendo su legislación, favoreciendo la externalización de las políticas migratorias, mediante la subcontratación del control de flujos migratorios a países fronterizos, como Ucrania o Marruecos, donde se instalan los centros de internamiento financiados directamente por la UE. La nueva directiva que se está elaborando incide en esta línea de dureza, planteando, por ejemplo un periodo de detención de entre 6 y 12 meses y no prohibiendo expresamente el internamiento de menores o personas enfermas.
La realidad en los actuales centros de internamiento dista mucho de ser la adecuada. Un entorno insaluble, falta de asistencia letrada y médica y violaciones constantes de derechos humanos, revelan un trato completamente deshumanizado y unas condiciones muy por debajo de las de cualquier centro penitenciario europeo, para unas personas que no han cometido ningún delito y sólo una falta administrativa. El secretismo y la falta de transparencia son la norma en estos otros guantánamos, a los que no se suele permitir el acceso a organizaciones ni observadores.
Las propuestas surgidas en el seminario inciden en la necesidad de establecer una recepción más humana a las personas que llegan a las fronteras europeas, el derecho a la asistencia legal en todo el procedimiento, el libre acceso a los observadores y el establecimiento de medidas alternativas que eviten la terrible descompensación de castigar con la falta de libertad lo que, en todo caso, es una infracción administrativa, porque no se puede penalizar a las personas refugiadas. Lo que se plantea, en definitiva, es la imperiosa necesidad de repensar toda la política migratoria europea, acompañada de un imprescindible cambio en la opinión pública, y la concepción de un derecho de ciudadanía basado en la residencia y no el vínculo nacional.