La convención nacional democrática (CND) es la respuesta política y pacífica al golpe de Estado electoral que pretende imponer a Felipe Calderón como presidente de México. Su realización, con más de un millón de delegados de todos los estados de la República, constituye un acontecimiento que no es posible ignorar o minimizar. El rechazo a […]
La convención nacional democrática (CND) es la respuesta política y pacífica al golpe de Estado electoral que pretende imponer a Felipe Calderón como presidente de México. Su realización, con más de un millón de delegados de todos los estados de la República, constituye un acontecimiento que no es posible ignorar o minimizar. El rechazo a una presidencia espuria y el reconocimiento de una legítima tienen significados de corto y largo alcance que indudablemente inciden en la lucha del pueblo mexicano por la reconstitución de la nación a partir de un proyecto democrático-popular.
Es necesario caracterizar la composición de la CND ya que no obstante ser una iniciativa de AMLO -aceptada renuentemente por los partidos de la coalición Por el Bien de Todos (ahora Frente Amplio Progresista)-, sería un error identificarla o reducirla a estos referentes. Como en la lucha contra el desafuero, en la CND, además de los militantes del PRD confluyen ciudadanos sin partido, demócratas, nacionalistas, organizaciones gremiales, diversos colectivos de excluidos por el neoliberalismo, así como grupos de izquierda no institucionalizada que han resuelto integrarse a este proyecto. Indudablemente la componente ciudadana y de la sociedad civil sería la más significativa de todos, dada la naturaleza de la lucha electoral que origina la CND, aunque la resistencia cívica esté derivando hacia reivindicaciones de mayor rango en los campos económicos, sociales y políticos que proponen incluso el establecimiento de un nuevo poder constituyente y la fundación de una nueva República.
Los retos de la CND son múltiples y de gran envergadura. Organizar una asamblea deliberativa de cientos de miles de personas en formas territoriales y sectoriales autónomas que den cauce a una democracia participativa, toma de decisiones y cumplimiento del plan de acción, es tal vez uno de los principales desafíos. De otra manera, el movimiento puede irse diluyendo en la cotidianidad, enemiga formidable de cualquier proyecto alternativo. El poder establecido y las fuerzas de la derecha apuestan precisamente a este desgaste «natural» que se aprecia en las disidencias.
Como todo proceso social, la convención tiene en su seno fuerzas centrífugas y centrípetas que actuarán de acuerdo con intereses generales o particulares -dependiendo de coyunturas y estrategias del poder- que podrían debilitar o fortalecer el movimiento. La contraparte partidista de la convención, particularmente el Partido de la Revolución Democrática, ha dado pruebas en los años anteriores de violentar sus principios fundacionales, programáticos y estatutarios, como en los casos de la contrarreforma indígena, la ley de medios, el apoyo de gobernadores del PRD al repudiado Ulises Ruiz. El propio AMLO ha advertido sobre el peligro de la cooptación en un país en que con frecuencia se han dado cambios súbitos de conciencias y votos en favor del poder dominante.
Otro requerimiento es hacer de la convención un fenómeno en amplitud y profundidad local, regional, nacional e internacional. Recordar que el poder de la clase dominante se ejerce en todos los tiempos y espacios de lo nacional y global y con todo el peso del Estado. Un poder hegemónico sólo puede ser derrotado por un poder contrahegemónico.
Evitar el culto a la personalidad, que no significa desconocer un liderazgo. La autenticidad de una dirigencia se expresa en su capacidad para delegar, compartir, consultar y socializar decisiones. La experiencia del Gobierno del Distrito Federal señala que no se propiciaron procesos democráticos como el de presupuesto participativo ni la conformación de contrabalances ciudadanos. Si realmente se pretende refundar la vida política, habría que iniciar con la práctica del ejercicio democrático en todas sus formas y niveles desde la propia CND.
Es imprescindible que la convención busque la convergencia con las izquierdas y los movimientos sociales a partir del respeto a los caminos específicos que cada quien decida recorrer y de la coincidencia en un programa mínimo que pudiera incluir: la lucha firme contra la presidencia ilegítima de Felipe Calderón y contra la continuidad del modelo de mundialización capitalista neoliberal que ha ocasionado el actual desastre nacional; actuar en defensa de la soberanía popular y nacional sobre el patrimonio estratégico, territorial, cultural y de la planta productiva de la nación; lograr la libertad de todos los presos políticos y el fin de la impunidad para los genocidas y torturadores; cesar la criminalización y persecución de los luchadores sociales; poner en práctica los acuerdos de San Andrés y, en consecuencia, establecer un estado de autonomías que garantice el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas; mantener las conquistas sociales, laborales y democráticas que han sido logradas por la lucha de generaciones enteras de mexicanos.
La convención deberá prepararse para una resistencia difícil, riesgosa y prolongada. Los poderes fácticos, en especial los medios de comunicación, seguirán actuando sistemáticamente en contra del movimiento popular. Por ello, una de las principales tareas de la CND es la comunicación alternativa y la batalla de las ideas. Hay que elevar al máximo el costo político de la represión y la violencia del Estado. Evitar la intervención policial, militar y paramilitar en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Considerar que cualquier agresión contra el pueblo oaxaqueño será considerada como un ataque a la convención nacional democrática.