El nuevo escenario mundial dominado por la globalización neoliberal trajo una serie de cambios en los conflictos armados, con el protagonismo de las Compañías Militares Privadas (CMP). Sólo dos ejemplos: se estima que son 180 mil en Iraq y 160 mil en territorio colombiano, los empleados de estas empresas «contratistas de seguridad» que mueven cifras […]
El nuevo escenario mundial dominado por la globalización neoliberal trajo una serie de cambios en los conflictos armados, con el protagonismo de las Compañías Militares Privadas (CMP). Sólo dos ejemplos: se estima que son 180 mil en Iraq y 160 mil en territorio colombiano, los empleados de estas empresas «contratistas de seguridad» que mueven cifras millonarias y actúan con impunidad. Al crecimiento de las CMP se agrega el fenómeno paramilitar (los «paras») en países como Guatemala y Colombia, donde se llega a incorporar a campesinos.
El escritor y cineasta Dario Azzellini, licenciado en Ciencias Políticas y especialista en el tema, publicó en 2003 en Alemania el libro El negocio de la guerra, reeditado en Italia, Francia, España, Venezuela, Indonesia y Bolivia, en versiones actualizadas y ampliadas.
-¿Qué diferencias hay entre el mercenario de ayer y el soldado «privatizado» de hoy?
-Los mercenarios eran mal vistos, ofrecían servicios individuales o en pequeños grupos, operaban en contextos ilegales enrolados en ejércitos extranjeros. En cambio, las CMP tienen un estatus legal y presentan a los mercenarios como empleados de seguridad, de operaciones especiales, técnicos. Se manejan como cualquier otra empresa transnacional; algunas son imperios: la DynCorp tiene 30 mil empleados, cotiza en bolsa y posee subempresas. En 2003 la Computer Sciences Corporation (CSC) compró a la DynCorp en casi mil millones de dolares. Operan en un contexto de impunidad organizada. Al no ser militares no pueden ser juzgados por cortes militares; y en muchos casos firman contratos que les garantizan impunidad frente a las cortes civiles. Hay CMP de Gran Bretaña, Rusia, Israel y otros países, pero la mayoría son estadounidenses y operan sólo con el consenso explícito del Pentágono. Los servicios que ofrecen en su página web van de manejar armas sofisticadas a repartir correo.
-¿Existe el reclutamiento entre ex militares sudamericanos?
-Al principio reclutaban en Estados Unidos, Inglaterra, Islas Fiji (por su desempeño como tropas de la ONU) y de Nepal (los Ghurkas). Con la guerra de Iraq, empezaron a reclutar en America Latina: Chile, Brasil, El Salvador, Perú, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Colombia. En Argentina esa tarea la realiza la empresa Neskowin, radicada en Uruguay. Se trata de ex militares que han servido a ejércitos brutales. Muchos de ellos expulsados de las Fuerzas Armadas por sus crímenes.
-Las CMP reclutan abiertamente con avisos en los diarios. Ofrecen empleos muy bien remunerados.
-Depende. Hay salvadoreños en Iraq, cobran 500 dólares al mes, pero la gente con más experiencia está entre 2 y 3 mil, y puede llegar a 7 mil dólares. Ahora, por una misión especial de combate puede ascender a los 1.500 dólares diarios.
-¿Se implantan nuevas formas de organización social en los territorios donde trabajan? Pienso en Guatemala…
-Lo de Guatemala concierne a lo paramilitar, el otro lado de la privatización de la guerra. Allí, las patrullas PAC han formado un paramilitarismo semilegal, manejado por el ejército. Una de sus estrategias fue la destrucción del tejido social a través de violaciones masivas de mujeres indígenas y asesinatos brutales. Se obligaba a los indígenas campesinos a ingresar a sus filas y asesinar a sus compañeros. Hubo casos de violaciones colectivas a las mujeres de un mismo pueblo, de modo que todos fueran cómplices y se destruyera toda confianza y solidaridad en las comunidades.
-Si las CMP se encargan de buena parte de la conducción de la guerra, ¿para qué sirven los ejércitos regulares?
-Las CMP no los sustituyen, sino que realizan el trabajo que los ejércitos no pueden cumplir por impedimentos legales. Los ejércitos siguen siendo necesarios porque las CMP no forman a su gente, eso corre a cuenta de los ejércitos ya que es algo costoso: en formar un Green Berret estadounidense se tarda 18 meses a un costo de 257 mil dólares.
Pero las CMP son complementarias, ya que también pueden ser contratadas para formar a soldados de ejércitos regulares. La MPRI en Croacia fue consultada sobre las tropas croatas en la ofensiva militar que desplazó a 200 mil serbios de la Krajna, y acabó encargándose de la formación del ejercito croata. En Iraq, Dyncorp trabaja en la formación del nuevo ejército y la policía.
-¿Existe algún tipo de control? ¿Qué posición toman la ONU, la Unión Europea, la Unidad Africana, la OEA?
-Las convenciones de la ONU y la Organización de la Unidad Africana para la proscripción de actividades de mercenarios aceptan de manera implícita su uso por parte de gobiernos reconocidos. Hubo CMP en varias operaciones de la ONU donde se les contrata para la formación de policías, o como guardaespaldas y hasta para misiones de paz. Operan en Haití, Afganistán y la ex Yugoslavia. Aunque las declaraciones condenen a los mercenarios, se fomenta el negocio.
Impunidad en Iraq
-Se dice que en Iraq una de cada ocho personas que trabaja en tareas militares o de seguridad, pertenece a alguna CMP.
-En julio pasado Los Ángeles Times publicó una investigación basada en datos del ejército de Estados Unidos que hablaba de 180 mil empleados de CMP en tierra iraquí.
-¿Qué tareas cumplen las CMP allí?
-Durante la invasión en marzo de 2003, muchos de los sistemas de armamento altamente desarrollados de los buques de guerra en el Golfo fueron manejados por especialistas de varias CMP, así como los sistemas de armas de vehículos aéreos no tripulados Predator, Global Hawks y los aviones de bombardeo B-2 Stealth. En Iraq, estos «empleados» patrullan, cuidan edificios, infraestructura y son guardaespaldas de representantes iraquíes y estadounidenses. Incluso el personal en las cárceles militares en Iraq pertenece a las CMP. Los de CACI y Titan estuvieron implicados en los casos de tortura en la cárcel de Abu Ghraib. También trabajan en esas empresas 50 mil iraquíes mal pagos, al cuidado de los oleoductos.
-Un caso resonante en Iraq fue la matanza de Fallujah en 2004, de empleados de Blackwater.
-Los cuatro estadounidenses asesinados allí y arrastrados por las calles por una multitud, fueron presentaron en un primer momento como civiles, pero eran de combatientes de la Blackwater, que escoltaban transportes. La empresa también operaba «detrás de las líneas enemigas», en las zonas controladas por la resistencia. Sus empleados participaron en enfrentamientos y evacuaciones armadas de soldados estadounidenses heridos.
-Hace poco fue expulsada Blackwater de Iraq tras una matanza de civiles y sin embargo volvió a operar.
-El gobierno le quitó la licencia después de que un grupo de guardaespaldas, acompañando un convoy, abrió fuego y mató a 17 civiles. Aunque se alegó que reaccionaron en defensa propia a un ataque con bombas, se comprobó que no habían estallado explosivos. Los muertos eran civiles, mayormente niños y mujeres. A Estados Unidos le molestó la medida del gobierno iraquí contra Blackwater; la decisión siguió vigente unos días para acallar las protestas y luego se revocó, seguramente por presión de Estados Unidos que les asegura inmunidad. Según una investigación del congreso estadounidense, los 1.100 empleados de esa empresa en Iraq están implicados en 195 enfrentamientos armados. En 163 de los casos hicieron fuego primero, aunque se supone que realizan labores defensivas. El año pasado un mercenario ebrio de Blackwater, asesinó a un custodio del vicepresidente de Iraq. Lo sacaron rápido del país y no pasó nada. En 2006 la empresa despidió a 122 empleados por abuso de armas, de alcohol y drogas.
-Las CMP tuvieron en Iraq más de mil muertos, bajas que no constan en ninguna parte.
-Es una de las razones para emplear a CMP. En los recuentos oficiales de las bajas no aparecen sus muertos, ya que las fuerzas de ocupación contabilizan soldados caídos y los de las CMP son civiles.
El caso Colombia
-¿Podría explicar brevemente la participación de las CMP en Colombia? ¿Hay 160 mil empleados? ¿Qué papel cumple allí el ejército estadounidense?
-Hay diferencias. Las CMP activas allí son unas 20 con cerca de 2.000 empleados. Los 160 mil son los colombianos que se desempeñan en empresas de seguridad. Respecto a paramilitares, había 13 mil antes de la supuesta desmovilización. Del ejército de Estados Unidos, hay una estimación oficial de unos 400 militares en Colombia. Pero creo que son alrededor de 2.000.
-Usted dice que Colombia es el laboratorio de las guerras privadas, ¿su apreciación tiene que ver el petróleo?
-Sí, desde hace más de 20 años. Políticos, ejército, policía, narcotráfico, ganaderos, paramilitares, ejército estadounidense, la agencia antidrogas norteamericana DEA, compañías transnacionales y CMP, forman constelaciones cambiantes para imponer intereses contra organizaciones campesinas, sindicatos, movimientos sociales y, ante todo, contra los movimientos insurgentes armados. De Colombia interesa el petróleo… y el oro, la biodiversidad, el agua y su posición geoestratégica: único país sudamericano con acceso al Atlántico, al Pacífico y al Amazonas. Además, tiene frontera común con Ecuador y Venezuela, países que por su afán de soberanía no son bien vistos por Estados Unidos. Colombia es la guardia pretoriana de Washington en Sudamérica.
-¿Empresas como la Texaco contratan CMP?
-Casi todas las empresas petroleras trabajan con CMP, en Angola o en Colombia; también Repsol en Argentina. Texaco estuvo implicada en la organización de grupos paramilitares en la zona de Puerto Boyacá a partir de 1983. Las empresas bananeras multinacionales en la región de Urabá lograron acabar con todo el trabajo sindical en las plantaciones asesinando a más de 400 sindicalistas por medio de paramilitares de fin de 1980 a mediados de 1990. En Colombia hay muchas empresas transnacionales que trabajan con paramilitares: Coca-Cola, Corona Goldfields, Drummond Coal, Nestlé y la Chiquita; ésta última ha sido condenada en Estados Unidos por apoyar a paramilitares colombianos.
¿Podría hablarme de la DynCorp en territorio colombiano?
-Es la CMP con más personal en la guerra colombiana, que incluso participa en las fumigaciones de cultivos de droga. Es estadounidense, cuenta con 88 helicópteros y avionetas del gobierno de Washington. Sus ingresos aumentaron de 6,6 millones de dólares en 1996, a 30-40 millones anuales a partir del ’99. Desde 1991, la empresa ha obtenido más de 300 millones de dólares en el marco de la campaña militar de Estados Unidos contra el narcotráfico en Latinoamérica. La DynCorp emplaza pilotos y mecánicos, los entrena para vuelos de inspección y transporte de tropas para la destrucción de áreas de cultivo. Acompañan operaciones de la policía. Estos Grupos de Búsqueda y Rescate (Search and Rescue Teams, SAR) suelen formarse por ex soldados de elite del ejército estadounidense; que tienen a cargo la evacuación de personal militar en peligro, oficialmente sólo en la «guerra antidroga». No obstante, un veterano de la DynCorp informó que son empleados también en misiones de combate contra la guerrilla. En las fumigaciones los límites con las operaciones militares son fluidos: para protección, se ametralla la zona desde el helicóptero y acto seguido, acompañan a las misiones con piezas armadas de artillería, ya que la guerrilla busca proteger a los pequeños agricultores de coca de las fumigaciones, pues éstas son parte de la guerra. Las fumigaciones destruyen todo tipo de cultivos y causan daños severos y enfermedades.
-Las CMP en Colombia propiciaron masacres. Pero a la hora de hablar culpables la información es confusa…
-Es difícil por la naturaleza de las CMP establecer la responsabilidad. Un caso seguro fue el del oleoducto de Caño Limón. Allí, la vigilancia de los campos de extracción le toca a la CMP Arriscan, de Florida. Sus equipos vuelan Cessnas 337 (Skymaster) con cámaras de vigilancia de video y de infrarrojo, e informan al ejército sobre cualquier movimiento guerrillero. Pilotos que trabajaron allí informan que operaron como apoyo secreto de patrullas antiguerrilla, seleccionando objetivos militares. En 1998, helicópteros de la aviación colombiana atacaron a presuntas unidades de las FARC, ubicadas a 50 kilómetros del oleoducto, matando a 18 civiles, entre ellos siete niños. El ejercito responsabilizó a las FARC, aunque el FBI confirmó la utilización de una bomba racimo estadounidense y la tripulación del helicóptero fue hallada culpable. Los objetivos de esta operación habrían sido establecidos por AirScan. La investigación se frenó porque al video de la misión le faltaba la pista sonora y los paramilitares asesinaron a un testigo.
-Y está el caso de los diputados regionales…
-Estaban en poder de las FARC y murieron en cautiverio en un fuego cruzado. La situación es poco clara. El ejercito culpa a las FARC y éstas alegan que un grupo militar no identificado atacó su campamento y los diputados perecieron en el enfrentamiento. Se habría tratado de mercenarios contratados por el padre de uno de los secuestrados. Hay unidades especiales del ejército de Estados Unidos buscando a tres agentes de la CIA que se dice trabajaban para una CMP y estarían retenidos por las FARC.
Los «paras»
-¿Hay complicidad entre paramilitares y carteles de la droga? ¿Qué incidencia tienen las FARC en el narcotráfico?
-Los paramilitares se financian con el narco. Sus líderes se hicieron ricos también con el despojo de tierras. Se estima que los «paras» controlan el 70 por ciento del negocio de coca y un 100 por ciento de la producción, refinación y tráfico de heroína. Por su parte, las FARC cobran impuestos en sus zonas a los traficantes que compran hoja y pasta de los campesinos cocaleros. Estos campesinos están en el rubro porque la política agraria colombiana e internacional, la falta de apoyo, no les deja alternativa. Como las FARC no puede implementar otra política agrícola, defiende a los campesinos del ejército y los narcos, y cobran impuestos de los traficantes. Este punto es problemático, ya que las mayores ganancias al final van a la oligarquía y a los paramilitares. También se dieron conflictos en zonas indígenas donde las FARC intentó fomentar el cultivo para cobrar impuestos. Las comunidades se negaron. Pero no hay pruebas de que las FARC procesen o distribuyan cocaína. Es un negocio de «paras», oligarcas y ejército colombiano.
-Hace días se dio la noticia de condenas para algunos comandantes paramilitares, como Salvatore Mancuso, hubo otros importantes: Carlos Castaño, Diego Bejarano…
-Son líderes agrupados en AUC. Los Castaño eran tres hermanos, Fidel, Carlos y Vicente, supuestamente muertos, aunque nunca aparecieron los cadáveres. Se especula que trabajaron con la CIA y viven con otra identidad. Mancuso fue el jefe militar de las AUC y es propietario de una finca cerca de la del presidente Álvaro Uribe. Es de familia siciliana y ha sido enlace con organizaciones criminales de Italia, principalmente con la Ndraghetta de Calabria, que maneja el dinero del narco-paramilitarismo colombiano, el lavado, las inversiones. Es el socio de mayoreo de coca de los colombianos en Europa. Los «paras» son el comodín en la imposición de los intereses de la oligarquía, militares, gobierno, narcotráfico y compañías transnacionales y no existirían sin su protección.
-A Castaño usted le adjudica la frase: «Asesinamos a los sindicalistas porque no dejaban trabajar a la gente'». Con el mismo cinismo la AUC se disolvió formalmente en 2001 y hace dos meses los «para» buscando una cara legal se presentaron como partido político en elecciones municipales.
-Los paramilitares no poseen un programa político a excepción de la defensa de las estructuras de poder existentes y los intereses de la economía privada. Lo expresó Carlos Castaño: «Nosotros respetamos la propiedad privada, respetamos las inversiones extranjeras, respetamos la economía nacional». Uribe mantuvo, por lo menos desde 1981, contactos intensivos con narcotraficantes y paramilitares. Es el presidente de los paramilitares. Luego de las elecciones para el congreso en marzo de 2002, Mancuso anunció que las AUC habían alcanzado su primer «éxito»: tenían un 35 por ciento de representación entre los 268 diputados que ingresaron por diferentes sectores. Ese año Uribe ganó las elecciones a la presidencia, y una de las primeras felicitaciones provino de las AUC: es un presidente «digno», dijo Mancuso, conocido personal de Uribe. Ya desde antes, los paramilitares habían condecorado a Uribe como su candidato y su oficina de campaña estaba en los campamentos de las AUC. Tras cinco décadas, el ala más sanguinaria de la oligarquía de la extrema derecha conquistó el poder estatal. El escándalo de la parapolítica en los últimos 10 meses en Colombia evidenció qué tan estrechos son los lazos entre política y paramilitarismo. Actualmente hay varios diputados uribistas presos por nexos directos con los «paras». Y no fueron los políticos quienes pusieron a su servicio los paramilitares, si no a la inversa. El desarme que en 2003 negoció Uribe con los paramilitares fue una farsa. Al inicio de las negociaciones eran supuestamente 13.500 según datos de varias investigaciones. Si en total se desmovilizaron 31.500 y quedan unos 8.000 sin desarmar, las cuentas no dan… ¿no?
-Se desmovilizan y luego se reciclan…
-La primera «desmovilización» muestra cómo funciona: en noviembre de 2003, 855 miembros de las AUC (Bloque Cacique Nutibara, de Medellín) entregaron 110 fusiles de asalto Kalashnikov, pistolas automáticas, revólveres, rifles y armas de fabricación casera. José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de la organización para los derechos humanos Human Rights Watch, calificó el acto de «espectáculo de la impunidad». Luego de una «resocialización» de tres semanas, los «para» retornaron con créditos y empleos a las barriadas que habían aterrorizado anteriormente. Del total, 698 fueron empleados por autoridades comunales y 200 para tareas de vigilancia en las barriadas. Diez días antes Amnistía Internacional había informado que los paramilitares eran paulatinamente «reciclados» por servicios de vigilancia o habrían recibido armas y uniformes como «soldados campesinos». Se sabe que gran parte de los desmovilizados del BCN conforman hoy el Bloque Héroes de Granada, activo en la misma zona de Medellín. Y aunque se habló de que iban a ser juzgados por sus crímenes las investigaciones sólo implican a unos 500 de los 31.500. La desmovilización fue también un negocio. Consiguieron impunidad para sus crímenes y legalizaron sus fortunas. También vendieron plazas de supuestos jefes paramilitares a narcos, para que ellos también se puedan legalizar; e integraron mucha gente al programa de desmovilización para ampliar su base social.
-¿Es verdad que Colombia tiene más víctimas por motivos políticos que la dictadura de Pinochet?
-Sí, aunque eso no hace mejor a la dictadura chilena. La comparación me parece útil para develar qué sucede en Colombia, con una supuesta democracia, reconocida en el mundo. Una democracia formal, con elecciones, aunque en realidad funciona como un estado narco-paramilitar. El presidente Uribe, en un reporte de la DIA (Defense Intellingence Agency) de 1991 sobre los narcos más importantes de Colombia, ocupa el número 82 de la lista. El reporte de Estados Unidos afirma que Uribe trabajó para el Cartel de Medellín y que era estrecho amigo de Pablo Escobar, a quien apoyó en su momento a que se postule de candidato
para el congreso con los Liberales, el partido de Uribe en ese entonces, cuando era alcalde de Medellín. El documento agrega que el padre de Uribe fue asesinado por su implicación en el narco, mientras Uribe insiste en que fue asesinado por las FARC.
Paras: de la ilegalidad a los comicios
En Colombia, según Azzellini, «más de 2000 sindicalistas han sido asesinados durante los últimos 15 años, por estas fuerzas que evitan combates directos con la guerrilla. Sus ataques son dirigidos principalmente a civiles desarmados, campesinos, sindicalistas, activistas de derechos humanos, miembros de partidos y organizaciones de izquierda».
Se calculan en 38 los grupos paramilitares de Colombia, que en 2003 dicen haber depuesto las armas. Hace dos meses, los ex comandantes de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvador Mancuso y Carlos Castaño (ya muerto) fueron condenados a 40 años de cárcel por asesinatos de dirigentes gremiales. Mancuso -dijo alguna vez sobre sus ideas de fuerzas paramilitares: «las saqué de los israelíes»- cumplirá solo 8 años de prisión, dada la amnistía del presidente Uribe a los desmovilizados. En noviembre pasado, uno de sus ex jefes, Ever Veloz, confesó el asesinato de 1.500 personas en el Valle del Cauca entre 1995 y 1996, y la complicidad de los «paras» con las fuerzas armadas y las empresas bananeras. Ahora, los «paras», con nexos entre legisladores colombianos, intentan actuar en la legalidad por medio de la formación de un partido político. Con miles de crímenes encima, a fines de octubre presentaron sus candidatos a elecciones municipales.
Las nuevas guerras
El libro El negocio de la guerra enumera algunas características de las nuevas contiendas: la no diferencia entre combatientes y civiles, la destrucción de la infraestructura económica, la cooperación de actores estatales y no estatales, las asimetrías extremas entre las partes en conflicto, la acción en espacios desestatizados, donde se borran los límites de toda codificación jurídica y política, y la sobredeterminación a través del etnicismo, el racismo o el «fundamentalismo».
«El Pentágono estimó que de los 87.000 millones de dólares para la ‘gran campaña de Iraq’ (incluyendo Afganistán y Asia central), 30.000 millones de dólares serían destinados a pagar CMP».
Las CMP, que prefieren que las llamen «guardia privadas o managers de riesgo, han sufrido en Iraq hasta fines de 2004 unas 1.280 bajas. En octubre pasado el gobierno de Iraq ordenó a la empresa de seguridad Blackwater salir del país luego de haber disparado contra la población civil. La empresa, que cuenta con 20 mil efectivos y una fuerza aérea propia, reinició sus actividades cinco días después. Pero a causa de los crímenes renunció Richard Griffin, alto jefe del Departamento de Estado.
Ya en 2005, el brigadier general Karl Horst advertía al Washington Post sobre los mercenarios en Iraq: «Estos tipos andan sueltos por el país haciendo cosas estúpidas. No hay ninguna autoridad sobre ellos».
Este artículo ha aparecido en NÓMADA, revista de la UNSAM (Universidad Nacional de General San Martín), Argentina. Número 8 / año 2 / diciembre de 2007.