En México, el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos laborales es «crítico», no sólo por los altos niveles de desocupación y precariedad que afrontan los trabajadores, sino por la consolidación de un Estado que «abandonó su papel de generador de empleos para actuar como simple regulador, es decir, intermediario entre empresarios y trabajadores». […]
En México, el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos laborales es «crítico», no sólo por los altos niveles de desocupación y precariedad que afrontan los trabajadores, sino por la consolidación de un Estado que «abandonó su papel de generador de empleos para actuar como simple regulador, es decir, intermediario entre empresarios y trabajadores».
En su informe anual sobre la situación actual de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria señala que en los últimos 10 años se estableció en el país una política neoliberal que busca «el adelgazamiento y la disminución de la participación del Estado en el mercado de trabajo», con el propósito de privilegiar la productividad y competitividad por encima del reconocimiento de los derechos humanos laborales.
Prueba de ello, destaca, es que sólo en esta administración ha disminuido el número de contratos colectivos de trabajo, herramienta de sindicatos y obreros para mejorar sus condiciones de empleo e ingresos, al pasar de 5 mil 171, en 2000, a 2 mil 364 a mediados de 2004.
Según el informe, diversos indicadores oficiales revelan que los empleos generados en la presente administración «no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos laborales», ya que suman más de 11 millones los asalariados que trabajan sin contrato, es decir, 44.5 por ciento del total de dicha población.
Al respecto, señala que la Encuesta Nacional de Empleo establece que al menos 63.5 por ciento de la población ocupada, es decir, 26 millones 700 mil trabajadores, laboran sin prestaciones, ya que del último trimestre de 2003 al tercero de 2004 esta cifra aumentó en 591 mil, mientras que de 2001 a 2004 se incrementó en 2 millones 749 mil personas.
En cuanto al aumento del desempleo, indica que de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, éste pasó de un millón 240 mil personas, en el primer trimestre de 2004, a un millón 284 mil al tercer trimestre del mismo año, lo que revela cifras «desalentadoras».
Si se consideran los resultados de 2003, al menos 31 por ciento de la población económicamente activa, es decir, 10 millones 787 mil personas, laboraban en el empleo informal, cifra que se incrementó a 11 millones 200 mil para el primer trimestre de 2004, «pues las autoridades reconocen que de cada cuatro nuevos empleos generados en esta administración, tres corresponden al sector informal».
Agrega que una de las líneas fundamentales de la política de empleo desarrollada por el gobierno del presidente Vicente Fox es el impulso a la denominada «nueva cultura laboral», que establece una reforma legislativa en la materia y la modernización sindical y de las instituciones labores.
Sin embargo, el informe, que analiza las acciones de la administración federal de noviembre de 2003 al mismo mes de 2004, destaca que pese a este programa de «modernización sindical», el gobierno de México ha recibido diversas recomendaciones y señalamientos de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo, para que la administración foxista «derogue o modifique las disposiciones legislativas para que las ajuste al cumplimiento de la libertad gremial y la protección del derecho de sindicación».