La acusación, que culpa a Milosevic de todos los crímenes cometidos durante las guerras de desintegración de Yugoslavia, como líder de un supuesto «plan criminal colectivo» para crear «la Gran Serbia», se deshace aún más rápido que el glaciar ártico. El 25 de agosto, el fiscal adjunto Geoffrey Nice tuvo que admitir la evidencia: el presidente Milosevic no intentó crear una «Gran Serbia». Traducido para Rebelión por Rocío Anguiano
El proceso de Slodoban Milosevic en La Haya ante el «Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia» (TPIY) se anunció como un momento cumbre de la justicia internacional. Tres años más tarde, ha conseguido hacerse un sitio en la historia judicial. Sin duda alguna tendrá que figurar entre los procesos más célebres, como el de Sócrates, Juana de Arco, el capitán Dreyfus o Bukarin, que deben su notoriedad a los flagrantes abusos de los derechos elementales de la defensa.
Al principio, parecía que la televisión y los periódicos nos ofrecerían regularmente los episodios del proceso-espectáculo de aquel al que habían denominado «el carnicero de los Balcanes». Pero la pertinencia y la solidez de la defensa ejercida por el mismo Milosevic hicieron callar rápidamente a los medios de comunicación. Actualmente, el juicio se celebra prácticamente a puerta cerrada. Y con razón.
La acusación, que culpa a Milosevic de todos los crímenes cometidos durante las guerras de desintegración de Yugoslavia como líder de un supuesto «plan criminal colectivo» para crear «la Gran Serbia», se deshace aún más rápido que el glaciar ártico. El 25 de agosto, el fiscal adjunto Geoffrey Nice tuvo que admitir la evidencia: el presidente Milosevic no intentó crear una «Gran Serbia». En efecto, Vojislav Seselj había mantenido durante varios días de declaración minuciosa que su propio partido, el Partido Radical Serbio, era el único en defender la «Gran Serbia» y que Milosevic y el Partido Socialista se habían opuesto constantemente a ella. Esto solo venía a confirmar los testimonios que, desde hace más de un año, desmontan sistemáticamente la acusación lanzada contra Milosevic en mayo de 1999, en pleno bombardeo de su país por parte de la OTAN.
Los tres jueces no podían ocultar su perplejidad. Su misión es la de declarar culpable a Milosevic, pero empiezan a preguntarse ¿de qué?
Afortunadamente los medios de comunicación se ocupan de no informar de su apurada situación. Seguramente comparten su malestar. Es posible que para Le Monde, de forma especial, una sentencia de «inocente» en el proceso de Milosevic sea una catástrofe aún peor que el «no» en el referéndum del 29 de mayo. Ya a principios de los años 90, Florence Hartmann, como corresponsal de Le Monde en Belgrado, acusó a Milosevic de todos los males, antes de convertirse en la portavoz de la fiscal del TPIY, Carla del Ponte.
Este supuesto «tribunal del Naciones Unidas» se creó a iniciativa de Washington para facilitar la reestructuración de la antigua Yugoslavia apartando, gracias a las inculpaciones, a los dirigentes serbios recalcitrantes. El TPIY está financiado primeramente por el gobierno de Estados Unidos y por aportaciones de particulares como George Soros, al igual que por países de la OTAN. El personal ha sido «prestado» por algunos ministerios de Estados Unidos (los dos tercios) y de sus aliados. La Ministra de Asuntos Exteriores de Clinton, Madeleine Albright, responsable en su mayor parte de la guerra contra Yugoslavia en 1999, seleccionó personalmente, entre otros, a:
– Louise Arbour, la fiscal que tuvo la delicadeza de lanzar la prematura acusación contra Milosevic durante los bombardeos, basándose únicamente en las informaciones proporcionadas por los servicios americano y británico. Su recompensa fue un puesto en el Tribunal Supremo de Canadá antes de ser nombrada Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
– Gabrielle Kirk McDonald, juez de Texas, Presidenta del Tribunal en el momento de la inculpación de Milosevic, que llama a Serbia un «Estado gamberro».
– Paul Risley, portavoz de Louise Arbour.
– Carla del Ponte, fiscal jefe en la actualidad.
Los tres jueces en el proceso de Milosevic proceden del Reino Unido, Jamaica y Corea del Sur. Todos son del gusto de Estados Unidos. Dos de los tres serán suficientes para condenar al acusado; no hay jurado, y el único Tribunal al que se puede apelar… es el propio TPIY.
Ante esta situación ¿para qué cansar al público con los detalles de un proceso de antemano sentenciado ?
Solo lo más curiosos pueden enterarse de algo consultando el juicio verbal del TPIY en la página http://www.un.org/icty/
De este modo, en ella, es difícil pero no imposible enterarse de que:
– El «dictador» Milosevic solo era en realidad un Jefe de Estado elegido tan democráticamente como los demás, en un Estado más o menos como los demás, con leyes y jerarquías y tomas de decisiones a veces desafortunadas pero conformes a la practica habitual de los Estados, como la de acabar con un movimiento armado separatista que asesinaba policías y ciudadanos (la UCK, «el ejército de liberación de Kosovo»).
– Los oficiales y funcionarios de ese Estado, con la aportación de documentos, han demostrado sistemáticamente que el presidente Milosevic no había planificado ni aprobado la «limpieza étnica» de los albaneses de Kosovo, todavía menos el «genocidio» (que no se produjo). Por el contrario, Milosevic insistió en la necesidad de proteger a la población civil, albanesa o de cualquier tipo.
– El numero de muertos en Kosovo durante la guerra liderada por la OTAN se sitúa entre 2500 y 4000, incluyendo todas las etnias y todas las causas de muerte.
– Las razones de la huida masiva de albaneses de Kosovo fueron múltiples – así como la huida de otras etnias, ignorada por los medios de comunicación – entre las que se incluye el natural miedo a los bombardeos y los combates entre los serbios y la UCK, así como las ordenes dadas por la UCK de huir, acusando a los serbios, para justificar mejor la agresión de la OTAN.
– Ante la ausencia demasiado flagrante de «genocidio» en Kosovo, el TPIY amplió la inculpación inicial para incluir los sucesos de Bosnia, con la esperanza de establecer un vinculo, por forzado que fuera, entre Milosevic y la masacre de Srebrenica, calificada mediante argumentos psico-sociológicos de un raro sofisma de «genocidio» (a pesar de que las mujeres, niños y ancianos no se vieron afectados). En efecto el TPIY se permite cambiar las reglas del juego como le parece para facilitar el trabajo de la fiscalía.
– La estrategia de la UCK, que consistía en provocar a los serbios para proporcionar el pretexto «humanitario» a la agresión de la OTAN, en connivencia con los servicios anglo-americanos, ha quedado solidamente demostrada por testigos presénciales y bien informados, tales como el alemán Dietmar Hartwig, jefe de la Misión de Control Europeo en Kosovo entre noviembre de 1998 y marzo de 1999.
En un proceso más o menos normal cabría esperar la absolución del acusado por falta de pruebas. Pero en un proceso «histórico», es decir concebido por las grandes potencias para justificar sus actuaciones, un veredicto justo sería un milagro. Los prejuicios de los jueces son flagrantes, no dejan de hostigar a los testigos de la defensa, tras haber tratado a los testigos de la acusación menos creíbles con indulgencia. La condena de Milosevic es necesaria para justificar al mismo tiempo a la OTAN y la segregación de la provincia de Kosovo de Serbia. En general, la guerra humanitaria exige siempre un malvado, un «nuevo Hitler», que hay que condenar para preservar el orden maniqueo del mundo.
Este Tribunal no se ha creado para hacer justicia. Sin embargo, a la larga, puede resultarle útil. La audiencia oral de este extraño caso constituye un documento que podrá ser estudiado en el futuro por investigadores auténticamente independientes, que descubrirán un escándalo judicial similar a la condena de Dreyfus (mezcla de prejuicios y de «defensa del honor militar») pero a un nivel muy superior y con implicaciones graves y múltiples.