El Grupo Nacional de Deuda de Ecuador, con la participación de muchos movimientos y organizaciones sociales, ha organizado una movilización el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en defensa y respaldo de la acción de Auditoria Integral de la Deuda en Ecuador, por el NO pago de la Deuda Externa y […]
El Grupo Nacional de Deuda de Ecuador, con la participación de muchos movimientos y organizaciones sociales, ha organizado una movilización el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en defensa y respaldo de la acción de Auditoria Integral de la Deuda en Ecuador, por el NO pago de la Deuda Externa y la SANCIÓN de los responsables.
Aurora Donoso de Acción Ecológica (www.accionecologica.org) subraya que «desde Jubileo Sur, convocamos a que en toda la región, extrememos los esfuerzos para acompañar a los pueblos y movimientos ecuatorianos en este momento crítico, movilizándonos también el 10 de diciembre, de todas las maneras posibles. Antes del 15 de diciembre, el gobierno ecuatoriano tendrá que decidir si mantiene o no la suspensión de pagos sobre los intereses de algunos de los bonos emitidos. A la vez, enfrenta una reacción airada del gobierno brasileño, ante la decisión ecuatoriana de cuestionar en sede judicial -la Cámara de Comercio Internacional de Paris- los créditos cedidos por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, para que la empresa brasileña Odebrecht construyera una represa que dejó de funcionar luego de apenas meses de operación, por sus graves fallas técnicas.
Mediante rueda de prensa Humberto Cholango como presidente y en nombre del Consejo de Gobierno de la Confederación Kichwa del Ecuador ECUARUNARI, hizo público su posición frente al informe presentado por la Comisión de la Auditoria Integral del Crédito Público llamado Deuda Externa: Exigimos a los Asambleístas que dieron Amnistía al señor Gustavo Noboa (ex presidente de la república) uno de los responsables de estas negociaciones anti patrias y que la amnistía no sea perdón y olvido, los responsables directos tienen que responder ante la justicia. Respaldamos la decisión del Gobierno de no pagar la Deuda Externa, por ser ilegitima y corrupta. Por esto ha sido una lucha permanente desde hace 20 años del Movimiento Indígena y de los sectores sociales, que siempre denunciamos este atraco financiero Internacional. Como Movimiento Indígena del Ecuador, nos comprometemos a denunciar y hacer campaña Internacional, contra estas financieras y bancos internacionales que se han aprovechado de los recursos del Estado ecuatoriano. Y como acción inmediata, este informe de la Comisión de la Auditoria vamos a llevar al IV Foro Social Mundial que se va a realizar en Belén (Brasil), para que el mundo conozca.
Presidente Correa: Ecuador buscará no pagar la deuda externa
El Presidente de la República, Rafael Correa, anunció el 20 de noviembre que «el Gobierno ecuatoriano no pagará la deuda externa por ilegítima, corrupta e ilegal» tras subrayar que «su peso debe ser trasladado por partes iguales a los responsables de adquirirla con malas artes, chantaje y traición. Cada cual tendrá que asumir su responsabilidad y pagar con sus bienes lo que corresponda».
Así lo dio a conocer el Jefe del Estado tras la presentación oficial del informe final sobre la auditoría realizada a la deuda externa ecuatoriana por parte de Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Pública (CAIC), en Ciespal. En su intervención, el Mandatario dijo que «para el Gobierno ecuatoriano, el criterio de sustentabilidad de servicio a la deuda debe considerar las consecuencias de ese servicio, en el bienestar del pueblo ecuatoriano porque ni este Gobierno ni el pueblo tienen las responsabilidades en las recientes quiebras». Correa puntualizó también que una de las contribuciones del Ecuador para redefinir el criterio de sustentabilidad del servicio de la deuda es promover la reconstrucción de las estructuras económicas internacionales y señaló que «la contribución del Gobierno del Ecuador para conseguir este objetivo comienza por determinar que la deuda externa es ilegítima y promover en las Naciones Unidas la creación de una Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana». El Presidente Correa explicó que «no habrá solución integral al problema de la deuda externa mientras no se reforme la arquitectura financiera internacional» al manifestar que ésta auditoría marca una pauta importante para lo que el Ecuador tendrá y deberá decir al respecto. Finalmente, el Mandatario especificó los nombres que conformaron la comisión y reiteró su agradecimiento por «el trabajo técnico, independiente y patriótico cumplido». Además aclaró que «este proceso histórico se enmarca en un cambio de visión de cómo se debe asumir el reto del desarrollo (…) Proponemos que el país debe utilizar tanto oro interno cuanto sea posible y endeudarse sólo cuando estrictamente lo sea indispensable».
Necesita mencionar que el Observatorio SELVAS ha analizado la reforma arquitectura financiera internacional: http://www.cadtm.org/spip.php?article2455
Hugo Arias: Ecuador ha sido un «atraco millonario»
El endeudamiento externo de Ecuador ha sido «un atraco millonario» por lo que habrían los argumentos para suspender pagos e iniciar juicios, aseguró Hugo Arias, coordinador de la Comisión Especial de Auditoría de la Deuda Externa (CEA), creada por el Gobierno, y coordinador de Jubileo Ecuador (www.jubileo2000.ec). Al término de la auditoría, cuyos resultados se harán públicos el próximo jueves, Arias aseguró a la prensa que «más del 80 por ciento de la deuda corresponde a refinanciamientos y apenas el 20 por ciento a proyectos de desarrollo».
«Eso es un atropello a la soberanía y a la dignidad. Al fin el país sabe que el endeudamiento externo ha sido un atraco millonario», puntualizó.
Al referirse a las irregularidades que encontró la CEA en el endeudamiento contraído durante los últimos 30 años, Arias mencionó que el proceso «nunca correspondió a los intereses del país sino de los acreedores, porque ellos manejaron procedimientos ilegales en unos casos e ilegítimos en otros, y todos perversos».
Aseguró que «sin duda» la Comisión comprobó fraude o perjuicio al Estado y apuntó que «hay indicios de una actitud fraudulenta que convirtió a la deuda en un monstruo gigante e impagable».
Para Arias resulta complicado precisar el monto de lo que él llama «atraco» porque antes había la conversión de sucres (ex moneda nacional) a dólares estadounidenses (actual patrón de intercambio).
«Solo para tener una idea cabe señalar que mientras el país recibió créditos por unos 80.000 millones de dólares, hasta el momento va pagando más de 127.000 millones y todavía nos queda un saldo de 17.000 millones de dólares», detalló. Los montos mencionados incluyen deuda pública y privada, aclaró al tiempo de señalar que actualmente el saldo de deuda pública bordea los 10.300 millones de dólares.
Consultado si ese es el monto que el Gobierno dejaría de pagar o podría demandar a los acreedores, Arias respondió afirmativamente y señaló el posible hecho como «un logro histórico para el país».
Arias aseguró que en todos los tramos de deudas, tanto con Gobiernos, como con acreedores privados y con multilaterales, «hay indicios de ilegalidad, abusos e ilegitimidad».
Las declaraciones de Arias aparecen poco después de que el Gobierno de Ecuador dejara en suspenso el pago de 30,6 millones de dólares por intereses de los bonos Global 2012 y que anunciara que estudiará hasta el próximo 15 de diciembre si paga esa cantidad o inicia juicios internacionales al considerarla irregular. Arias especificó que la deuda más perjudicial para el país es la comercial (bonos Global 2012, 2015 y 2030), pues «es la más cara y la más corrupta», y bordea los 4.000 millones de dólares, que representa un 90 por ciento de la deuda pública. (http://www.extra.ec/noticias.asp?codigo=2008111795521)
Beverly Keene, Jubileo Sur
Beverly Keene, coordinadora de Jubileo Sur, desde Buenos Aires ha declarado al Observatorio SELVAS que «el camino para adelante no le será fácil al país. Los prestamistas de siempre reaccionaron fuertemente mientras las calificadoras de riesgo aliadas movieron todas sus fichas. El gobierno de Brasil, que desde junio ha adoptado una política de cerrada defensa de la empresa bahiana Odebrecht, llamó a consulta a su embajador en Quito. La derecha ecuatoriana junto con los ex presidentes, ministros de finanza, dirigentes del Banco Central y de los intereses económicos-financieros más concentrados del país, señalados muchos con nombre y apellido en el Informe, buscaron descalificar las conclusiones de la CAIC cuestionando su idoneidad y lanzando críticas xenofóbicas contra la participación de personas no-ecuatorianas en las denuncias realizadas. La CAIC incluyó a representantes gubernamentales, de organizaciones y movimientos sociales ecuatorianos y de las principales redes regionales y mundiales de lucha contra la deuda, entre ellas Jubileo Sur y el Programa sobre Deuda Ilegítima de la Federación Luterana Mundial.
Sobre todo en el actual contexto mundial de plena crisis económica, cuando las arbitrariedades y falencias del sistema financiero y de sus principales agentes están a la vista de todos, la auditoria abre un escenario nuevo y propicio para avanzar en la construcción de repuestas integrales y articuladas desde los gobiernos de la región. El gobierno ecuatoriano buscará movilizar el respaldo de sus pares en defensa de su histórica y soberana actuación, y redes como la Alianza Social Continental, además de los movimientos contra la deuda y las IFIs, ya han anunciado su apoyo en ese sentido.
El Grupo Nacional de Deuda, que en Ecuador articula un conjunto importante de organizaciones y redes sociales, pueblos indígenas, sindicatos y grupos religiosos y cuya lucha ha sido instrumental en la conformación y desarrollo de la Auditoria, se pronunció inmediatamente señalando que compartía con el Presidente Correa la tesis de priorizar el pago de la deuda social por sobre el pago de cualquier deuda financiera. También apuntó a las estrategias que continuará impulsando a fin de seguir avanzando sobre la base de la Auditoria. Entre ellas, subrayó la importancia de la lucha contra la impunidad: la necesidad de reclamar sanciones y reparaciones frente al conjunto de delitos, irregularidades y perjuicios que la auditoria muestra y documenta. Asimismo, la urgencia de poner fin a un modelo de endeudamiento depredador, reconociendo que en verdad, Ecuador es un país acreedor que debe reclamar lo que le corresponde.
El Grupo Nacional de Deuda (GND) también coincidió con el Presidente Correa al señalar que no habrá solución integral al problema de la deuda mientras no se transforme la arquitectura financiera internacional. «La Auditoría muestra que el modelo neoliberal de endeudamiento arrasó con nuestra soberanía, destruyendo también la institucionalidad y el sentido de lo público -afirmó el GND en su pronunciamiento-. Son estratégicas, en ese sentido, las políticas nacionales y regionales ya en marcha para recuperar soberanía, ampliarla, y fundar en ella otra arquitectura financiera, al servicio del buen vivir…»
No sólo hará falta nuevos mecanismos internacionales para tratar el problema de la deuda ilegítima -como reclamó el presidente ecuatoriano- sino un nuevo funcionamiento regional y mundial para lo cual hizo además un llamado a todos los gobiernos de los países endeudados del Sur, y sobre todo los más pequeños, de unir esfuerzos y no dejarse entrampar por las respuestas que ofrece el sistema actual. «Con los 700 mil millones de dólares que ha ofrecido el gobierno estadounidense para rescatar a los bancos responsables de la actual crisis, se podría cubrir por lo menos el 50% de las inversiones necesarias de aquí al 2014 para lograr que se cumpla con los Objetivos del Milenio -señaló el Presidente Correa. La realización de auditorias de deudas en otros países, como se empieza a vislumbrar en Paraguay y Bolivia, además de los esfuerzos de auditoria ciudadana en diversos países de la región como Brasil, Haití y Argentina, debería formar parte de esa agenda de cambio, junto con el puesto en funcionamiento de un Banco Solidario del Sur y otras iniciativas estratégicas que movimientos de todo el continente exigieron a los gobernantes en una Carta abierta enviada el 17 de octubre del corriente año».
Ecuador inicia campaña internacional para explicar los alcances de la auditoría
Cuatro delegaciones de funcionarios ecuatorianos viajarán a Perú, Chile, Argentina y Estados Unidos desde hoy 11 de diciembre, hasta el viernes, sin descartar en lo posterior la visita a países europeos para alcanzar respaldo internacional al no pago de ciertos tramos de la deuda externa considerada «ilegal» e «ilegítima». Hoy viajan a Perú y Argentina dos delegaciones ecuatorianas para ser recibidos por los ministros de Finanzas. El domingo en la mañana el presidente Rafael Correa se comunicó telefónicamente con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien ofreció su respaldo a las acciones de Ecuador en torno a la deuda y delegó a su secretario jurídico para recibir la información sobre la auditoría por parte del ministro coordinador de la política, Ricardo Patiño, fundador de «Jubileo Ecuador» (www.jubile2000.ec).
El próximo jueves, otra delegación viajará a Chile, donde los recibirá la presidenta Michelle Bachelet, y la cuarta, encabezada por Patiño y la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, irá a Estados Unidos para reunirse con el Comité de Derechos Humanos, el Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, entre otros.
«Estamos trabajando para encontrar todos los mecanismos para no pagar la deuda», expresó la ministra Viteri y agregó que «esto es parte de toda esta estrategia para que nuestro país haga valer sus derechos no solamente desde la perspectiva ecuatoriana; sino también, latinoamericana», indicó.
Destacó que este país busca una oportunidad para explicar la situación porque «lamentablemente no hay los canales oportunos para que (otros países) tengan información de la posición de Ecuador».
Esta campaña internacional se suma al apoyo otorgado en las últimas horas por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) conformada por Honduras, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Viteri dijo el jueves pasado que «si tenemos que llegar al ‘default’ lo haremos con responsabilidad» y «estamos buscando los mecanismos para no hacer el pago de esta deuda».
El Parlamento Latinoamericano resolvió ayer recomendar a los países endeudados que realicen auditorías integrales de sus obligaciones externas, transparentar estos procesos e identificar los actos que hayan vulnerado sus economías y quebrantado el orden jurídico de un Estado de Derecho.
Además de apoyar y solidarizarse con Ecuador por haber solicitado a la Asamblea de la ONU que pida a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre el marco jurídico que debe regir la deuda externa, destaca «El Universo». (http://www.eluniverso.com/2008/12/09/1/1356/BC60ADB1B1B9484F9B5973EF9B4F1F2C.html).
Alberto Acosta: Auditoria, un paso histórico para una solución definitiva
Alberto Acosta, ex Ministro de la Energía, ex Presidente de la Asamblea Constituyente ha escrito un interesante análisis que difunde el Observatorio SELVAS (y agradecemos mucho el autor – http://www.altercom.org/article144689.html): «La deuda externa ha sido eterna para Ecuador. Sus dificultades son tan antiguas como la formación de la República. Sus peripecias han sido un telón de fondo en nuestra vida económica, social y política. Y, en este interminable sendero, las soluciones, impulsadas y controladas por los acreedores, en contubernio con los negociadores nacionales, de acuerdo siempre con sus intereses, no han resuelto el problema. Por eso, las tan promocionadas «soluciones definitivas», apegadas a la racionalidad del mercado, a la postre han ahondado las crisis.
Por otro lado, muchas propuestas alternativas, por diversas razones, no cuajaron o no han superado las actitudes discursivas o los planteos académicos. Los justos reclamos por el no pago, que tienen un sustento ético indiscutible, se han entrampado en posiciones inmovilistas. Más de una vez las movilizaciones en contra de la deuda se han agotado en sí mismas. Siempre han faltado respuestas estructurales que aborden sus causas.
Hoy, sin embargo, en Ecuador se cuenta con el informe de la Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público (externo e interno). Un esfuerzo que se cristalizó gracias a la presión de la sociedad desde hace más de dos décadas. Y, por cierto, debido al compromiso adquirido por el presidente Rafael Correa, quien conformó de dicha Comisión y lo respaldo decididamente.
Esta acción del gobierno ecuatoriano, que constituye apenas un primer paso en la búsqueda de una solución definitiva, demuestra, por lo demás, la conveniencia de oír a sociedad civil. La participación social -no la manipulación social- es una herramienta fundamental para llegar a soluciones de consenso en las propuestas de leyes o para alentar respuestas estructurales en cuestiones de trascendencia nacional.
Deuda y corrupción, dos caras de una misma moneda
Si se analiza con detenimiento la cuestión, aflora una vinculación perversa entre deuda y corrupción (entendida ésta como abuso de poder en beneficio individual o de grupo, sea en el ámbito económico, político, social o cultural, tanto en el campo público como en el privado). En definitiva, no sólo cabe buscar actos reñidos con la ley o que conduzcan a identificar el aprovechamiento ilícito de recursos del sector público por parte de particulares. Por lo tanto la ilegitimidad de la deuda, no sólo su ilegalidad, es una constante que debe ser incorporada activamente en la búsqueda de soluciones efectivas.
El análisis debe ser integral, pues como se ha demostrado en el caso de la deuda ecuatoriana, no se podría entender la negociación de los Bonos Global, sin analizar la negociación de los Bonos Brady, y la comprensión de estos obliga a conocer las negociaciones anteriores, hasta llegar a la contratación de deuda en la época de la dictadura militar. Esta aproximación sistémica no minimiza, por cierto, la responsabilidad de los diversos individuos involucrados directa o indirectamente en estos potenciales ilícitos.
El punto de partida para iniciar cualquier proceso de resolución definitiva de la deuda es, sin duda, la realización de una auditoría. Ecuador lo ha hecho.
Hay que indagar sobre la legalidad y la legitimidad de la deuda. No todas las deudas merecen similar tratamiento. Muchas deben ser desechadas desde el inicio, sobre todo aquellas que caen en la categoría de deudas odiosas (contratadas por una dictadura o las deudas del Apartheid, aquel sistema inhumano de sociedad sustentada en la exclusión racial que existió en Sudáfrica, por ejemplo); además, existen otros créditos que, por sus condiciones, podrían ser considerados como usurarios (con tasas de interés desproporcionadas, que de antemano hicieron imposible el servicio de la deuda) y corruptos (contratadas en condiciones que no se ajustan a las normas legales del país acreedor o deudor, o a normas internacionales), que por definición deberían ser nulos. A modo de ejemplo de los factores que habría que considerar, se puede mencionar la existencia de cláusulas ilícitas, vicios de consentimiento, anatocismo, tasas de interés usurarias, gastos y comisiones desproporcionados (cubiertas por los deudores, sin control alguno), operaciones simuladas, colusión dolosa, deudas «estatizadas» o «socializadas», etc. Realidad que aparece en casi todos los contratos de la deuda externa ecuatoriana, tal como se ha comprobado documentadamente.
Igualmente, hay deudas cuyo servicio falló porque las condiciones impuestas a los países deudores por los organismos multilaterales de crédito dependían de escenarios imposibles de cumplir. Incluso las políticas económicas de los países ricos volvieron directamente impagables las deudas; por ejemplo el incremento de las tasas de interés de los EEUU a inicios de los años 80, provocó una transferencia neta negativa de recursos desde América Latina por 210 mil millones de dólares en una década. En el lapso analizado por la Comisión de Auditoría, sólo en el tramo de la deuda comercial, esta transferencia negativa habría superado los 7 mil millones de dólares.
Tengamos presente que en Ecuador, tal como ha demostrado la Auditoria, los acreedores privados aseguraron sus intereses en abierto contubernio con los organismos multilaterales de crédito: FMI, Banco Mundial, BID; e, incluso de algunos gobiernos; casi siempre con el cómplice apoyo de los negociadores nacionales. Siguiendo los hallazgos de la Comisión de Auditoria, se configuró una «coalición multilateral para apoyar y asegurar, en primer lugar, la negociación del Plan Brady, cuya legitimidad y legalidad están sólidamente cuestionadas en el examen que la Comisión hace de la deuda comercial; y, con la percepción de ocasión propicia, introducir la doctrina económica del momento relacionada con la reducción del tamaño y rol del Estado, las privatizaciones, la liberalización comercial y productiva, a espaldas de las inequidades prevalecientes y los impactos sociales.» Este es otro elemento fundamental: la deuda sirvió como palanca para impulsar el Consenso de Washington.
Los ejemplos de deudas impugnables, en los cuales la corresponsabilidad de los acreedores es indiscutible, sobran. Un caso digno de mención, al cual se hace referencia en la Auditoria, es la compra de unos barcos pesqueros noruegos por parte de empresarios ecuatorianos a fines de los setenta. Estos barcos, construidos porque el gobierno noruego estaba interesado en apoyar a sus debilitados astilleros, fueron adquiridos con un crédito estatal noruego y sin considerar todas las normatividades legales para este tipo de «ayuda al desarrollo». El crédito, de casi 50 millones de dólares (345,6 millones de coronas noruegas), se sirvió hasta mediados de los ochenta. Entonces aparecieron los problemas. La empresa compradora fue liquidada y aún cuando el Estado ecuatoriano no tenía ninguna obligación legal para asumir la deuda y los noruegos ya tenían una alternativa para los buques, lo hizo; tal como sucedió con la «sucretización» indiscriminada de las deudas externas privadas en el Ecuador durante el gobierno de Oswaldo Hurtado Larrea (1981-1984). Y las naves pasaron a la empresa estatal TRANSNAVE. La deuda, que se había reducido a 27,5 millones de dólares en 1987, fue servida durante los años noventa, en un monto de casi 22 millones de dólares. Sin embargo, luego de que el Ecuador suspendió los pagos, el monto de dicha deuda, en el año 2000, por efecto de los intereses sobre los intereses, superaba los 46,5 millones de dólares. Tan flagrante es la ilegalidad del proceso, que éste fue calificado públicamente como una «vergüenza» por Hilde F. Johnson, ministra de Desarrollo noruego.
Esta deuda corrupta se resolvió por la acción de la sociedad civil de los dos países y la sensibilidad del gobierno noruego. Bien anota la Comisión, que «la demanda combinada de organizaciones sociales ecuatorianas con movimientos civiles de ese país acreedor logró que el crédito concedido por esa nación para la adquisición de cuatro barcos fuera condonado y cancelados los pagos pendientes.» Esta es una muestra que hay como impugnar por ilegítimas e ilegales al menos algunos tramos de la deuda externa.
Ecuador, a partir de esta gesta histórica, puede transformarse en país «modelo» para demostrar el manejo corrupto de la deuda externa. Las denuncias formuladas son comparables a otros casos emblemáticos de corrupción a nivel mundial, en los cuales el crédito pesa aún sobre los países deudores: la construcción de una planta termonuclear por un valor de 2.500 millones de dólares en las Filipinas sobre terreno sísmico y que no funciona; la fábrica de papel de Santiago de Cao en el Perú, que no pudo operar por no tener suficiente agua, o el inconcluso tren eléctrico de Lima; la refinería de estaño de Karachipampa en Bolivia, la cual, por estar ubicada a 4.000 metros de altura, no tiene suficiente oxígeno para trabajar; entre muchos otros.
La compra-venta de armas, financiada con endeudamiento externo, sintetiza también muchas veces prácticas corruptas y por cierto la corresponsabilidades que no quieren asumir los vendedores de material bélico, los mismos países acreedores. Y lo que ha sido sorprendente la respuesta dada por la autoridad responsable de la adquisición de armamentos a la Comisión de Auditoría: «no hemos encontrado documentación sobre la información que detalle préstamos recibidos por la Honorable Junta de Defensa Nacional de parte de la Banca Privada Internacional en el periodo indicado desde enero de 1976 a diciembre de 2006» .
En todos estos años, los representantes de los organismos internacionales y aún los gobernantes de los países ricos, acolitados por sus infaltables analistas y de sus fieles voceros en los países endeudados, no se cansaron de repetir que la culpa de la crisis del endeudamiento externo tienen los gobiernos de los países empobrecidos, sobre todo por el dispendio de los recursos contratados y por haber aplicado políticas económicas «populistas». En esta afirmación, se sintetiza una apreciación unilateral que endilga los problemas a los países subdesarrollados. Desde esta posición los países desarrollados, de paso, han negado cualquier corresponsabilidad en su calidad de acreedores y, de hecho, no han permitido investigar los procesos de endeudamiento externo, su legalidad y menos aún su legitimidad. Por otro lado, no han faltado representantes de los países endeudados y líderes de opinión en dichas naciones que asumen como indiscutible el compromiso de pago de la deuda. Y son reiteradas las voces de estos personajes que nos amenazan de catástrofes insospechadas en caso de suspensiones del servicio de la deuda…
Es cierto que el problema del endeudamiento externo se explica, en parte, por las inadecuadas políticas económicas (impuestas por los centros de poder mundial) y, también, por la acción de los gobiernos y, en especial, de las elites dominantes en los países endeudados. Dichos gobiernos, muchos de ellos dictatoriales, en muchas ocasiones, aprovechando las condiciones reinantes en el mercado financiero internacional, recurrieron alegremente al endeudamiento externo en lugar de introducir las reformas estructurales que habrían sido indispensables (Así empezó el reciente proceso de endeudamiento externo ecuatoriano en 1976-77, en plena dictadura militar). Los gobernantes en reiteradas ocasiones han transferido masivamente los recursos contratados en el exterior en favor de las clases propietarias; recursos que en más de una ocasión se fugaban de los países deudores. Por eso, a primera vista, parecería que el problema se circunscribe en el ámbito de los deudores. Sin embargo, esa apreciación es incorrecta, como demuestra la misma Comisión de Auditoría. En el proceso de endeudamiento hay una indudable participación de los acreedores, que han impuesto su voluntad en una suerte de chantaje perpetuo.
Visto así el problema, hay que tener conciencia que el desenvolvimiento de este proceso de endeudamiento fue posible, obviamente, por la acción de los bancos y los organismos multilaterales internacionales, con el acompañamiento de los llamados «gobiernos amigos», que concedían préstamos y simultáneamente nos imponían las políticas ortodoxas, conservadoras y prudentes. «Se torna evidente, desde esta perspectiva, que la crisis de la deuda externa del Tercer Mundo engloba la corresponsabilidad de los deudores y de los acreedores», reconoció ya en 1987 el entonces senador brasileño Fernando Enrique Cardoso.
La auditoria de la deuda, apenas un primer paso
Como producto de esta auditoria se abre un abanico de posibilidades de acción. Las conclusiones, presentadas aquí en forma resumida para apenas dos tramos de la deuda, son contundentes:
Refiriéndose a la deuda comercial, «ante todas las evidencias de ilegalidades e ilegitimidades determinadas durante el proceso de auditoría de la Deuda Externa Comercial de Ecuador y el elevado costo de los pagos a la banca prestamista, la Comisión recomienda la inmediata suspensión de los pagos de la Deuda Comercial actual representada por los Bonos Global 2012, 2030 y 2015 para preservar el Patrimonio Público del país y atender debidamente las urgentes necesidades sociales del pueblo ecuatoriano.»
En una oportunidad anterior los miembros de la Comisión ya anticiparon su criterio sobre estos Bonos, en los cuales se habrían detectado «no solo irregularidades, sino ilegalidades, y aún actos francamente delictivos» (15 de mayo del 2008). Esta fue una operación que contó con la bendición del FMI y con el respaldo de importantes firmas consultoras encargadas de precautelar los intereses de los acreedores. No estaba en la agenda de la comisión negociadora de Noboa Bejarano el interés nacional; se hizo «todo en función de los acreedores», afirmaba en julio del 2004 el ahora presidente Rafael Correa.
Frente a la deuda multilateral, se sugiere «tomar medidas de suspensión definitiva de pago respecto de los 45 créditos multilaterales auditados (incluye 3 créditos bilaterales cofinanciados con multilaterales). El gobierno podría impulsar una auditoría integral de los restantes créditos multilaterales pendientes, hasta tanto puede declarar la suspensión temporal para los créditos que quedan por auditar. Alternativamente, podría limitar el pago a los créditos del BIRF (Banco Mundial), porque es la institución con más cuestionamientos, y aquella que tuvo más injerencia en los asuntos internos del país, a fin de satisfacer los intereses de los grupos de poder nacionales y de las potencias del Norte. Paralelamente se podría declarar la suspensión in temporis del pago de la deudas del BIRF que quedan por auditar.»
Para las definiciones casa adentro, «la Comisión recomienda, asimismo, la ejecución de acciones penales, civiles y administrativas contra los responsables, para su sanción, y la devolución de los recursos sacados del país.» En este punto hay que anotar que la Fiscalía General del Estado tiene la palabra desde el día 20 de noviembre del 2008.
Hay suficiente información para iniciar los correspondientes procesos penales, civiles o administrativos en contra de quienes fueron los responsables del manejo de la deuda externa. La tención debe centrarse sobre todo en aquellas épocas en donde se habrían dado los casos más clamorosos de manejos dolosos, cuando gobernaron los dictadores militares de los años setenta, Oswaldo Hurtado Larrea, León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa Bejarano, Lucio Gutiérrez…
También habrá que incorporar las medidas necesarias para investigar el manejo de la deuda interna, que involucra a los gobernantes ya mencionados. Las emisiones de Bonos del Estado fueron pilares para sostener el pago del servicio de la deuda pública. Hay claras muestras de la incoherencia constitucional de los decretos ejecutivos que sustentan la deuda interna. Los principales tenedores de los bonos de la deuda pública interna -la banca local a la cabeza- se beneficiaron desmedidamente en el periodo de elevadas tasas de interés. Ahora es indispensable establecer los nombres de los beneficiarios de la emisión de bonos AGD para el salvataje bancario; otro capítulo de la tragedia nacional que espera una aclaración definitiva y, por cierto, las consiguientes sanciones. En este campo la acción de la justicia debe ser también implacable.
Una tarea clave de este esfuerzo nacional es impedir que se repitan situaciones de endeudamiento irresponsable. Los negociadores de la deuda, y no sólo ellos, las élites dominantes que sacaron tajada en su provecho con estos procesos, deberían revertir de alguna manera los beneficios obtenidos.
En el ámbito internacional, de una primera lectura de la documentación presentada, se desprenden varias opciones. (Pero que quede absolutamente claro que el éxito de las gestiones a emprender dependerá de la calidad de atrabajo de auditoría realizado y también de la estrategia que despliegue el Estado ecuatoriano). La tarea es compleja.
Hay que analizar la posibilidad de plantear juicios en contra de los prestamistas involucrados en las negociaciones dolosas, en los propios países acreedores: habría pruebas fuertes de que se habrían violado los marcos jurídicos en dichos países, particularmente de los EEUU. Igualmente hay que preparar acciones en los tribunales internacionales en donde se ventilan los casos de violación de derechos humanos en contra de los acreedores involucrados: los abusos perpetrados en el manejo de la deuda externa no sólo produjeron pérdidas económicas, ocasionaron enormes costos en nuestra sociedad a través de la caída sistemática de la inversión social para servir la deuda externa o por los consiguientes destrozos ambientales provocados por los redoblados esfuerzos exportadores orientados a financiar dicho servicio, por ejemplo.
Desde hace algún tiempo atrás, a partir de diversas declaraciones y estudios, se puede encontrar argumentos de peso que demuestran cómo la deuda externa implica una violación abierta de los derechos humanos, del derecho al desarrollo y del derecho a la libre determinación de los pueblos. Pero a partir del día 20 de noviembre del presente año, en el Ecuador ha quedado comprobada la ilegitimidad e incluso la ilegalidad de deudas externas e internas. Son múltiples las pruebas de deudas odiosas, usurarias o corruptas, contratos injustos e ilegítimos.
A partir de las acciones que se desplieguen en este amplio espectro de posibilidades, se puede llegar a una moratoria de la deuda sin condiciones; una decisión de esta naturaleza es preferible adoptarla en forma consciente y planificada, y no desesperada, como sucedió en 1999. Además, es hora de desarmar ese discurso de terror alrededor de las moratorias (default), que han sido opciones a las que han recurrido no sólo los países pobres, sino incluso los ricos. (Una renegociación que produzca una reducción sustantiva de las cotizaciones de los Bonos Global, provocada por la acción de la Comisión de Auditoría, sería entendible desde una perspectiva económica, pero debilitaría los planteamientos jurídicos de ilegalidad e ilegitimidad, que no desaparecerían por más ventajas financieras que se obtengan).
En paralelo a estas demandas es necesario que el Ecuador aliente activamente el establecimiento de un nuevo y mejor sistema monetario y financiero internacional. Esto no se resuelve con una simple reforma interna de las instituciones como el FMI y el mismo Banco Mundial. No sólo hay que cambiar o remozar los sistemas de regulación existentes. Se precisa un nuevo esquema internacional que ayude a regular y normalizar otro proceso de globalización sobre bases de solidaridad y sustentabilidad. La deuda debe dejar de ser un mecanismo de exacción de recursos desde los países pobres y de imposición de políticas desde los países ricos.
El mundo requiere con urgencia un código financiero internacional. Este código, que sería una respuesta a uno de los problemas de la actual crisis económica mundial, debería normar las relaciones financieras sin poner en riesgo la dignidad humana de los deudores y sin afectar los equilibrios ecológicos en ninguna parte del planeta. Hay que apoyar la iniciativa de conformar un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Externa Soberana.
También urge desarrollar diversos mecanismos de control de los flujos de capital a nivel internacional; un primera paso es la desaparición de todos los paraísos fiscales. En esta línea de reflexiones, sin pretender agotar el abanico de posibilidades, parece cada vez necesaria la creación de un Banco Central Mundial (que no tiene nada que ver con el Banco Mundial o el FMI), para que ayude incluso a normar la emisión de una moneda o de una canasta de monedas para el funcionamiento de las relaciones económicas mundiales.
Esta Auditoría no tendrá trascendencia sino hay respuestas jurídicas y también políticas respaldadas con amplias acciones sociales. Los involucrados en estas negociaciones -ex-presidentes, ex -ministros, o antiguos miembros de las comisiones de renegociación, algunos prófugos desde hace rato, escoltados de sus fieles escuderos: analistas y abogados-, como se ha podido constatar ya, copan los espacios de ciertos medios de comunicación para tratar de desprestigiar a la Comisión y a sus integrantes. La sociedad civil debería preparar veedurías para hacer un seguimiento riguroso de las acciones que se den y para impedir que los potenciales culpables logren torpedear este proceso que recién empieza.
El Estado requiere una estrategia integral para los pasos que habrá que desplegar dentro y fuera del país.
Comentarios desde Europa
El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), colaborador en la Auditoría de Ecuador , ha reclamado al Gobierno español a que realice una auditoría integral de la deuda de la que es acreedor y «anule las deudas que se han demostrado ilegítimas».
De los 36 contratos de crédito bilateral analizados por la CAIC, 16 fueron firmados con el Estado español. El informe de la Comisión de Auditoría aporta evidencias de «ilegalidad, ilegitimidad y malas prácticas» en dichos créditos con el Estado español. El Observatorio de la Deuda en la Globalización ha participado como asesor de la CAIC durante el proceso de Auditoría y ha comprobado «de primera mano» dichas evidencias.
Según el ODG, se han identificado en todos los contratos españoles «cláusulas abusivas» que, de acuerdo a la CAIC, invalidarían legalmente los contratos de crédito con España. «En ninguno de los créditos FAD auditados existen informes previos de análisis de impacto ambiental y social, o de viabilidad económica, ni informes de seguimiento y evaluación del impacto final de los proyectos», manifiesta el ODG.
«Este aspecto -enfatiza el Observatorio- es especialmente grave si tenemos en cuenta que el 95% de la deuda de Ecuador con el Estado español corresponde a un instrumento de la política de Ayuda Oficial al Desarrollo, como son los créditos FAD. «La totalidad de la deuda de Ecuador con España corresponde a créditos ligados a la compra de bienes y servicios españoles, cuyo beneficio para el contratista español está siempre por encima de los intereses de la población ecuatoriana».
En este sentido, para el ODG «es censurable el papel jugado por las empresas españolas beneficiarias, pues la auditoría ha aportado indicios de actitudes poco éticas y de malas prácticas por parte de éstas».
«Las evidencias de ilegitimidad de la deuda de Ecuador con el Estado español deberían ser suficientes para que el Gobierno español asuma la demanda de la sociedad civil de realizar una Auditoría Integral de la Deuda Externa de la que es acreedor, reconociendo así su responsabilidad en la generación de dichas deudas ilegítimas», indica el Observatorio.
Añade que el Gobierno debería, además, «anular aquellas deudas que la Auditoria ecuatoriana ha demostrado que son ilegítimas», ya que «existen indicios para afirmar que el Gobierno español está reclamando y cobrando deudas ilegítimas a los países empobrecidos, y tan sólo un proceso de Auditoría Pública Integral, participado por la sociedad civil, puede clarificar las responsabilidades en la generación de dichas deudas ilegítimas.
En Italia, Cristiano Morsolin del Observatorio SELVAS (co-autor del libro «Sobre la deuda ilegítima Aportes al debate. Argumentos entre consideraciones éticas y normas legales, http://www.ciudad.org.ec/index.php?sel=58) ha lanzado el mismo llamado al Gobierno Berlusconi, de acuerdo a las investigaciones realizadas por Campagna per la Riforma della Banca Mondiale (www.crbm.org). Elena Gerebizza -CRBM-, ha declarado que «la historia de la cooperación italiana es caracterizada por grandes proyectos infrastucturales utilizando los fondos de la lucha en contra de la pobreza que pero benefician solo las impresas italianas en conexión con las elites locales, muchas veces corruptas. Después de 8 años de la implementación de la ley italiana sobre la deuda, el Estado tendria que seguir el ejemplo de Ecuador y constituir una comisión independiente para analizar la composición de la deuda de los países del Sur del Mundo hacia Italia; si se identifica deuda ilegitima, se pueden stabilir nuevo criterios para mejorar la utilización de fondos públicos por el futuro», concluye la ONG italiana CRBM. (http://blog.vita.it/latinos/2008/12/11/l%E2%80%99ecuador-chiede-la-cancellazione-del-suo-%E2%80%9Cdebito-illegittimo%E2%80%9D/)
Paraguay: Lugo quiere revisar deuda de Itaipú
«Si bien la deuda del país no es tan alta, creemos que muchas de nuestras deudas ya fueron pagadas». Así respondió ayer el presidente Lugo al ser preguntado si su gobierno no piensa seguir el ejemplo de Ecuador impugnando la deuda con Brasil. El Jefe de Estado anunció la creación de «un equipo técnico-económico con alta capacidad moral, para estudiar con seriedad todas nuestras deudas».
«Hay muchas afirmaciones generales en cuanto a la deuda. Muchos dicen que todas nuestras deudas ya fueron pagadas, nosotros las queremos estudiar exhaustivamente, y creo que los organismos internacionales también son conscientes de eso», agregó el mandatario durante la conferencia de prensa semanal ofrecida ayer en el Palacio de López.
Insistió en que «la deuda externa de los países latinoamericanos y también de Paraguay, tienen que ser estudiadas detalladamente».
«Muchas de estas deudas que hemos asumido, no han llegado a los genuinos destinatarios en la inversión. Entonces, muchos le ponen esta pregunta, esta interrogación: ¿Si no han llegado a los genuinos destinatarios para el desarrollo del país, es legítima esta deuda?
«Si se han pagado intereses muy altos durante largos tiempos, entonces existen muchas preguntas. En esa tesitura, creo que la comunidad como el Mercosur, Unasur, los encuentros internacionales, hacen que se instale en la agenda internacional también el tema de la deuda. Lo que podemos decir es que Paraguay, este gobierno, tiene el deseo sincero de estudiar pormenorizadamente el origen y la legalidad que tiene nuestra deuda», aseveró al diario ABC del 3 de diciembre. (http://www.abc.com.py/articulos.php?fec=2008-12-03&pid=475201&sec=7)
El acompañamiento de los movimientos sociales a los gobiernos progresistas como lo de Ecuador demuestra que OTRA AMERICA ES POSIBLE SIN DEUDA (http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=31667).
Cristiano Morsolin, educador italiano y operador de redes internacionales para la lucha en contra de la deuda externa. Colabora con las redes «Jubileo Sur», Latindadd, Giustizia e Solidarieta (Roma). Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS.