A tan sólo cinco años de que los Objetivos del Desarrollo del Milenio fracasen con su propósito de reducir a la mitad la pobreza extrema en el planeta, los líderes y organismos internacionales como las Naciones Unidas abren sus puertas a las multinacionales para que se sumen a la «lucha contra la pobreza». Un giro […]
A tan sólo cinco años de que los Objetivos del Desarrollo del Milenio fracasen con su propósito de reducir a la mitad la pobreza extrema en el planeta, los líderes y organismos internacionales como las Naciones Unidas abren sus puertas a las multinacionales para que se sumen a la «lucha contra la pobreza». Un giro peligroso al que se ha sumado la cooperación al desarrollo del Estado español con un llamamiento a las alianzas público-privadas. La sociedad civil pone en duda que las corporaciones puedan conciliar la maximización de los beneficios con la reducción de la pobreza.
«Tenemos que asociar al sector privado en nuestras actuaciones». Así lo declaraba a la prensa en junio la secretaria de Estado para Cooperación, Soraya Rodríguez Ramos: «El sector privado tiene en marcha proyectos vinculados con la lucha contra la pobreza importantes, sobre todo en América Latina. Aunque el papel de las empresas en la política de cooperación está en una fase incipiente. No tenemos proyectos conjuntos que sean un referente». Estas declaraciones se enmarcan en un contexto de recortes a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) por parte del Gobierno de Zapatero, 800 millones de euros en total (300 durante este año y 500 en 2011). Recortes que llegan antes de que la comunidad internacional repase el fracaso, y fije una nueva agenda para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) entre el 20 al 22 de septiembre en Washington. Estos objetivos son el eje principal de actuación de la cooperación al desarrollo del Estado español. Una actuación que se plasma cada cuatro años en lo que se denomina Plan Director de la Cooperación Española. Los ODM son los mayores impulsores de las alianzas público-privadas: «Son esenciales para desencadenar el potencial del sector privado, cumplir los Objetivos del Milenio y mitigar la pobreza», como explicó la Comisión sobre el Sector Privado y el Desarrollo en el informe El Impulso del Empresariado para el secretariado general de las Naciones Unidas.
Los recortes en la ayuda y la imposibilidad de lograr los ODM plantean un giro en la cooperación al desarrollo. Pero, ¿a qué responde este nuevo enfoque? «Deben abandonarse los criterios paternalistas que se han mantenido en los últimos años, en los que se contemplaba la cooperación al desarrollo como una ayuda a fondo perdido, en vez de como una oportunidad de negocio para las empresas». Así de claro lo ve la presidenta de la Fundación Entorno, Cristina García-Orcoyen, una fundación que representa a un consejo empresarial español y que funciona como una organización privada sin ánimo de lucro, «cuya misión es trabajar con los líderes empresariales abordando los retos del desarrollo sostenible como oportunidades de negocio».
Otras relaciones con empresas
Hasta la fecha, la Ayuda Oficial al Desarrollo ha estado marcada por distintos factores. Por un lado por una agenda política exterior que responde a los intereses geoestratégicos del Estado español en materia, por ejemplo, de control de flujos migratorios. Tal es el caso del plan REVA en Senegal. Otra de las patas de la política de cooperación, en muchos casos, ha sido apoyar a las empresas españolas. Así lo demuestran casos como los Créditos de Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), créditos que el estado concede a determinados países para ejecutar proyectos con la condición de que éstos sean realizados por empresas españolas y cuya cuantía el país «ayudado» deberá devolver.
Las empresas ya estaban reconocidas tímidamente como «agentes de cooperación». De hecho uno de los mayores organismos de gestión de la ayuda, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) destina un 5% de su presupuesto a alianzas público-privadas. Aunque el último documento que recoge las directrices sobre la ejecución del dinero, el III Plan Director (2009-2012) menciona explícitamente que las empresas tienen un gran potencial para contribuir a la generación de desarrollo, a través de la creación de riqueza sostenida e inclusiva y el empleo digno.
El primer caso de alianza público privada de la AECID hay que buscarlo en 2007, cuando firmó una documento con la multinacional ACS para trabajar en el «desarrollo de la región de América Latina». En esta línea, el pasado mes de julio se rubricó una Declaración de Intenciones entre cuatro ONG (Solidaridad Internacional, Entreculturas- Fé y Alegría, la Fundación Ecología y Desarrollo y Ayuda en Acción) y tres empresas privadas (Telefónica Internacional, BBVA y grupo Santillana). El objetivo es trabajar en Perú para «intervenir en un proceso de desarrollo integral en la provincia de Acobamba, en la región andina de Huancavelica de ese país».
La paradoja de estas alianzas es que, en numerosos casos, estas grandes corporaciones son las causantes de grandes desastres medioambientales y destrucción del tejido social en muchos de los países en los que operan. En Perú, por ejemplo, según el informe de Greenpeace Los nuevos conquistadores. Mutinacionales españolas en América latina, el BBVA está vinculado a través de un préstamo de cien millones de dólares a una de las mayores explotaciones mineras de oro que opera a cielo abierto de Latinoamérica. Es la mina de Yanacocha, cuya explotación ha provocado «degradación y contaminación de las fuentes de agua, además de un incremento de la pobreza, ya que numerosas familias tuvieron que trasladarse a la ciudad sin disponer de medios de subsistencia ni haber recibido compensaciones», denuncia el informe.
Pero, ¿cómo benefician realmente estas alianzas público-privadas a las multinacionales?
Para Jesús Carrión, del Observatorio de la Deuda y la Globalización, la respuesta es simple. «Hay 4.000 millones de personas esperando un nuevo mercado, entonces la lógica de estos proyectos es clara, centremos nuestros negocios en los pobres, necesitamos nuevos consumidores y consumidoras, gente a quien darle créditos«.
El terreno para estas alianzas se está abonando con multitud de estudios de carácter oficial. Según la revista Harvard Bussines Review, «estos consumidores de bajos ingresos, la mayor parte de la población mundial, constituyen la base de la pirámide económica». Según la publicación de Prahalad, C. K. & Hart S.L, La fortuna en la base de la pirámide, «es el momento para que las corporaciones multinacionales consideren las perspectivas del capitalismo inclusivo en sus estrategias de globalización. Si las corporaciones multinacionales van a continuar creciendo en el siglo XXI tienen que ampliar la base de su economía y deberían jugar un papel más activo en la reducción de la brecha entre los ricos y los pobres».
Y mientras algunas ONG y el Estado español se suben al carro de las alianzas público-privadas, las críticas por parte de la sociedad civil se multiplican. El documento del grupo suizo Inforesources ¿Desarrollo rural a través de Alianzas Público-Privadas (APP)? señala que es casi imposible conciliar en un mismo proyecto los intereses del sector privado de rentabilidad y maximización de las ganancias con los objetivos gubernamentales de reducción de la pobreza y desarrollo sostenible. Además existe la posibilidad de que los fondos gubernamentales sean utilizados para subsidiar intereses privados; es posible que las alianzas constituyan un problema en el sector de servicios básicos e infraestructura (agua, energía, salud), ya que pueden dar lugar a la liquidación de las empresas estatales de servicios públicos básicos, desatendiéndose las necesidades de la población de menores recursos.
Pero las críticas no parecen haber calado en el Gobierno de Zapatero. DIAGONAL ha tenido acceso a un borrador sobre el nuevo plan sectorial de cooperación elaborado por la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo. El documento, que está ahora en proceso de consulta por la sociedad civil, servirá para marcar las nuevas políticas de ayuda a partir de 2012 desde consignas como la siguiente:
«Son muchas y valiosas las capacidades y experiencias que la empresa española puede transferir a los países en desarrollo, en general, y a sus sectores privados, en particular». El documento continúa con la apuesta por «una incorporación más decidida del sector privado, en especial de la empresa privada española, como agente de desarrollo en los países socios de la cooperación española». Mientras el nuevo plan sectorial está en la mesa de negociaciones, el camino se allana de muchas otras maneras con publicaciones como la de Fernando Casado Cañeque, colaborador de la Fundación Carolina y presidente del Laboratorio de la Base de la Pirámide. «Las APP, que conjugan objetivos estratégicos de la administración pública con intereses concretos de empresas privadas, han sido un factor fundamental en el crecimiento económico mundial. Parece razonable indicar que la ayuda no podrá, por sí sola, generar el cambio suficiente para erradicar la pobreza», afirma Casado.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Multinacionales-y-cooperacion-al.html