ANRed entrevistó a Pascual Pichún Collonao, luchador mapuche, quien se encuentra en Argentina tramitando un pedido de Refugio Político. El Estado argentino debe expedirse desde el 6 de mayo, luego de evaluar el caso. La Justicia chilena determinó que Pascual Pichún Collonao, 23 años, debe estar preso por «amenaza de incendio terrorista». Cada vez son […]
ANRed entrevistó a Pascual Pichún Collonao, luchador mapuche, quien se encuentra en Argentina tramitando un pedido de Refugio Político. El Estado argentino debe expedirse desde el 6 de mayo, luego de evaluar el caso.
La Justicia chilena determinó que Pascual Pichún Collonao, 23 años, debe estar preso por «amenaza de incendio terrorista». Cada vez son más los mapuche acusados o encarcelados en Chile por la aplicación de la ley antiterrorista de Pinochet. La lucha mapuche se enfrenta en Chile, por un lado, al poder de un «estado racista» que no reconoce la diversidad cultural preexistente. Por otro, a una economía chilena que desde la década del 70 comenzó el despojo de las comunidades mapuche a favor del cultivo de pinos por parte de empresas forestales latifundistas. La misma perspectiva de monocultivo que afronta toda la región de América Latina.
«A los 15 ya empecé a trabajar políticamente en el secundario y a partir de una reivindicación muy fuerte de la identidad. Se trataba de ayudar a los otros chicos que venían avergonzados de su origen mapuche. Esa fue mi militancia. Cuando terminé el secundario me metieron preso». Hoy con 23 años Pascual Pichún intenta seguir adelante y forzar los rumbos judiciales. Aquí su testimonio:
«Hace cinco meses que hicimos la petición de Refugio Político, precisamente el 6 de diciembre de 2005 me dan los papeles para circular. A partir de ahí la situación ha sido de estar legal en Argentina. Y tengo hasta el 6 de mayo para que el Estado argentino me dé el Refugio Político o no, es decir si reconocen que en Chile se me impide un juicio justo y que soy junto a otros mapuche objeto de una persecución política. El Comité de Elegibilidad para el Estatuto de los Refugiados (CEPARE) tiene un tiempo de seis meses. Ha ocupado todo este tiempo en recopilar información que nosotros les damos y la que ellos encuentran para determinar si es un caso político o no».
El proceso judicial en Chile
«El caso parte del 2002, cuando nos acusan a mi y a mi hermano de incendiar un camión. Nos meten presos un año, todo lo que duró el juicio. Nos condenan a cinco años. En la sentencia nos dan los cinco años bajo libertad vigilada, pero con el condicionante de que para gozar el beneficio teníamos que pagar una indemnización al chofer, por daños psicológicos. Entonces teníamos que pagar algo así como 10 mil dólares. Pero esto es ilegal, porque Chile ratificó el Pacto de San José de Costa Rica, por el cual ninguna persona puede estar presa por deudas. Lo que hay es una voluntad de llevarnos a la cárcel, y también hay una discriminación económica, por ser pobre te vas a la cárcel. Son las contradicciones de la justicia chilena«.
«Juan Agustín Figueroa, el que nos acusa, fue ministro de la cartera de Agricultura durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994). Su imagen pública la logró gracias a su condición de presidente de la Fundación Neruda. Él es propietario de muchas empresas y es miembro del órgano que designa los jueces. Este tipo tuvo mucha influencia para que Chile no ratifique el convenio 169*, él se opuso. Figueroa es quien nos mete presos. Él sabe que tiene tierras usurpadas. Y se adelantó a los hechos porque veía una amenaza en que las comunidades reivindiquen ese territorio. Cuando Figueroa empieza a explotar las plantaciones de pino en su propiedad se incendia un camión en un camino público que une la ciudad con su predio. De eso nos acusan a nosotros. En realidad es un autoatentado que realiza él para incriminarnos y adelantarse a los reclamos».
«Durante el tiempo de la apelación estuvimos en libertad y esas semanas nosotros decidimos no presentarnos y pasar a la clandestinidad. Estuvimos un tiempo juntos con mi hermano y después cada uno tuvo que seguir su camino, porque había mucha persecución, policial y parapolicial. Yo decidí cruzarme y mi hermano decidió quedarse por una cuestión familiar. A él finalmente lo detuvieron. Yo decidí pedir el refugio. Ahora mi hermano está detenido en la cárcel de Traiguén junto a mi papá, que está por otra causa».
«En otras de las tierras lindantes a mi comunidad está la forestal Mininco, de 3000 hectáreas. Es propiedad de un tal Angelini. Este hombre tiene muchas propiedades. Incluso en Argentina tiene la papelera Arauco. Este señor fue ministro de Pinochet».
Asociación ilícita y Forestales
«A todos los presos mapuche nos crean una nueva causa en conjunto. Acusan a todos los presos y a otros más que les hicieron seguimiento de «asociación ilícita terrorista», y en particular acusaron a una organización, la CAM, Coordinadora Arauco-Malleco, la organización más radical en su planteo. Esta organización fue la impulsora de la nueva forma de lucha que es la «recuperación productiva». En la VIII y IX Región se da la mayor concentración de comunidades mapuche y es donde también se radicaron las empresas forestales».
«Esta inversión a gran escala de las forestales nace en la dictadura neoliberal de Pinochet, que es la venta de los recursos naturales a las empresas privadas. La dictadura pretende entrar a la economía mundial exportando productos derivados de la madera, como pasta, astilla, etc. Los capitales son mixtos, chilenos con la llegada de la inversión de afuera. Otra cosa que impulsa Pinochet es pasar de la propiedad comunitaria mapuche a la propiedad privada. Esto facultaba a cualquier mapuche a vender, por encima de la decisión de la comunidad. La gente empezó a vender porque vivía en la pobreza, y a migrar a las ciudades. Los setentas y los ochentas fue la época de la migración. También pasó que los pequeños propietarios fueron absorbidos por los latifundios. Así empezaron a plantar el pino. En los noventas los árboles ya están enormes y listos para la explotación. También para esta época las comunidades están a punto de desaparecer y hay un cambio drástico a nivel ambiental y a nivel cultural, porque cambia la identidad de un lugar. En mi comunidad, Temulemu, desapareció el árbol que le daba la identidad, Temu, el árbol que le daba nombre al lugar y que predominaba. Ahora ya no existe, desapareció. Pierde identidad la comunidad. Además con la amenaza de morir por impacto ambiental, por ejemplo en el verano con las sequías. Se calcula que una planta de eucaliptos consume 20 litros de agua al día. Y en 20 años cuánta agua consume. Y la democracia continua con esto, ya que la exportación empieza en los 90″.
La resistencia mapuche
«El nuevo proceso de lucha mapuche nace en los 90. Ya hay una distancia con la Concertación de los partidos políticos para la vuelta de la democracia, porque el Consejo de Todas las Tierras a partir de ahí empieza a hablar de autonomía, a plantearse como un pueblo mapuche con su propia política. Este sector mapuche empieza a realizar la recuperación simbólica de las tierras. Era entrar y quedarse ahí para estar, nada más. A partir del 95 o 96 nace una nueva organización, la CAM, que llama a las comunidades a entrar pero no de esta forma, sino de una forma que mejorara la condición de vida de la comunidad. Si había madera, entrar a explotar estos árboles, para mejorar las casas por ejemplo. Y si el predio lo permitía, entrar y hacer producción agrícola».
La perspectiva de Pascual Pichún
«Mi militancia empieza cuando mi viejo asume como Lonko. Yo ahora tengo 23 años. A los 15 ya empecé a trabajar políticamente en el secundario y a partir de una reivindicación muy fuerte de la identidad. Se trataba de ayudar a los otros chicos que venían avergonzados de su origen. Era un trabajo de quienes veníamos de las comunidades rurales hacia la ciudad de Temuco. Hablar de nuestra experiencia de la recuperación territorial comunitaria, un trabajo con los chicos del colegio, hablarles de la identidad mapuche y construir conciencia. Además estábamos en una organización que después la condenaron a ser terrorista, la CAM, con un trabajo de recuperación territorial y apoyar a quienes lo hacían».
«Otro trabajo que hicimos fue el de ligar el trabajo de secundarios con el de universitarios, con un proceso de recuperación de espacios en la ciudad para el desarrollo de la identidad en la ciudad, como centros culturales y hogares estudiantiles. Cansados de pedir al gobierno una asistencia, los hermanos recuperaron un espacio para vivir mientras se estudia, como el primer hogar que es Las Encinas».
«Esa fue mi militancia. Cuando terminé el secundario me metieron preso. En Chile y en Temuco está muy fuerte el movimiento mapuche. Es el movimiento social más fuerte. Los que quedan resistiendo son los mapuches, al resto los mató la dictadura. Tengo expectativa que me den el refugio y poder trabajar el tema mapuche acá».
«Creo que tenemos que aprovechar mi caso y el de otros perseguidos políticos para abrir un nuevo tiempo, que podemos afrontar esto con mucha más fuerza, y no sólo entre los mapuche, porque está naciendo una nueva relación entre los movimientos sociales y eso es muy bueno. Me brinden o no el refugio político no es ningún final para mí. Creo que es un proceso que forma parte de la vida de cualquier luchador. Cuando asumimos la condición de luchador social ésto está claro. Son cosas que te hacés la idea de pasar, y cuando la pasás lo afrontás con conciencia y con fuerza lo que venga. Estoy en condición de afrontar cualquier decisión. Yo no voy a cambiar mi condición de luchador social mapuche ni mi sueño para el pueblo mapuche por una decisión judicial. Creo que es un sueño compartido con muchos hermanos que hoy están quizás en peores condiciones que yo. Mi viejo y mi hermano ahora están en la cárcel, y muchos otros hermanos que están clandestinos aún. Y el sueño se va a mantener, por mucho que nos metan en la cárcel, hasta que se haga realidad».
Nota: * Chile es el único país latinoamericano que no ha reconocido su condición multicultural y aún no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, que establece derechos de los pueblos originarios sobre territorio, educación, lengua, entre otros temas de importancia. El gobierno de Michelle Bachelet, faltando a su promesa electoral, retiró hace pocos días su apoyo a la inclusión de los principios del Convenio 169 en la Constitución de Chile.