Del 31 de agosto al 11 de septiembre se celebró en diversas regiones de Guatemala La Cumbre de Pueblos Indígenas de Guatemala y Colombia . Según Amilcar Pop, diputado del Congreso de Guatemala, «Este intercambio es importante porque…Colombia ha dado lecciones importantes al mundo sobre como lograr el respeto por los derechos de los pueblos […]
Del 31 de agosto al 11 de septiembre se celebró en diversas regiones de Guatemala La Cumbre de Pueblos Indígenas de Guatemala y Colombia . Según Amilcar Pop, diputado del Congreso de Guatemala, «Este intercambio es importante porque…Colombia ha dado lecciones importantes al mundo sobre como lograr el respeto por los derechos de los pueblos indígenas.» La cumbre fue convocada con la intención de intercambiar las experiencias de gobiernos indígenas, las legislaciones nacionales y la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos y territorios entre los pueblos indígenas de Guatemala y Colombia.
German Carlosama, senador del Congreso de Colombia, aprovechó en diversos espacios de la Cumbre para compartir detalles de los avances constitucionales de Colombia en materia del respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
Según Carlosama, «Con la reforma de la constitución colombiana en 1991, se logró meter 28 artículos a favor de los pueblos indígenas.»
Entre los artículos más notorios, se destaca el artículo 71 que establece cuotas obligatorias para la representación de los pueblos indígenas en el congreso de la república. Los pueblos indígenas de Colombia representan apenas el 1% de la población total, pero por mandato constitucional, reciben tres curules en el legislativo colombiano. Lo más importante de este artículo, sin embargo, es que exige que los senadores indígenas sean autoridades tradicionales indígenas y permite que estos sean postulados por las mismas organizaciones indígenas, y no a través de los partidos políticos tradicionales. Carlosama agrega que, «Aquí en Guatemala, parece que los diputados indígenas responden primeramente a los intereses partidaristas y eso no les da la independencia responder a las verdaderas intereses indígenas. En Colombia, para ser senador indígena, tiene que cumplir con los requisitos impuestos por las autoridades tradicionales y ser aprobados por ellos. Esta cercanía con las autoridades tradicionales asegura que los senadores indígenas no se vuelven corruptos por las tentaciones del mundo occidental ni que se olviden de su pueblo.»
Diego Santiago Ceto de la organización FUNDAMAYA que organizó la cumbre, reflexionó que, «En Colombia los pueblos indígenas son el 1% y tiene por ley este porcentaje de senadores. Aquí en Guatemala somos el 60% de la población (los indígenas mayas) y solo tenemos 20 diputados (de 158 en total). ¿Y será que son buenos estos 20 diputados, o se limitan a representar sus propios partidos políticos?»
Otro aspecto de la constitución colombiana que destacó Carlosama tiene que ver con la demarcación de territorios indígenas (resguardos) que son auto-gobernados por las propias autoridades ancestrales indígenas. Cada resguardo indígena y su respectivo gobierno reciben una determinada cantidad de recursos económicos del presupuesto de la nación para ser invertidos por los gobiernos indígenas en proyectos de desarrollo territorial. Un aspecto de suma importancia de los resguardos indígenas, según el senador colombiano, es que la demarcación territorial obliga el estado respetar el derecho de consulta de los pueblos indígenas. «Si una corporación multinacional quiere entrar a un resguardo indígena, es obligado por el estado realizar una consulta libre, previa e informado con las comunidades indígenas afectadas y con sus autoridades,» explicó el senador.
Estos avances constitucionales han servido para obligar el Estado Colombiano respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en las diversas legislaciones y fallos judiciales del país. El caso más emblemático fue un fallo de la Corte de Constitucionalidad de Colombia que hace dos años derogó La Ley Minera por considerar que la que la ley no cumplió con la constitución ni varios convenios internacionales al no incluir mecanismos para consultar a los pueblos indígenas afectados por el desarrollo de proyectos mineros.
«Existe una diferencia abismal entre Guatemala y Colombia en el tema de los derechos delos pueblos indígenas,» reflexionó Gregorio Chay, asesor político del partido WINAQ en Guatemala. «En Guatemala, el Estado está diseñado para explotar a los pueblos indígenas. La independencia de España en 1821 agravó la situación en cuanto que los gobiernos criollos aprovecharon para robar más tierra a los pueblos indígenas. Modificaron el Estado para poder continuar saqueando. Y hoy, la naturaleza de este Estado no ha cambiado sustancialmente.»
Uno de los pocos avances que se ha logrado en el tema de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala fue a través de la Constitución de 1985. En relación a los pueblos indígenas, el artículo 66 lee, «El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, y formas de organización social.» Actualmente, el presidente Otto Pérez Molina de Guatemala pretende reformar la Constitución del país. Entre las reformas propuestas es el cambio al artículo 66 donde se pretende quitar el derecho de los pueblos indígenas a sus formas de organización social.
Según el diputado Pop, «La constitución que tenemos vigente desde 1985 incluye grandes logros para los pueblos indígenas que fueron conquistados a precio de los 200,000 muertos que dejó el conflicto armado. Con esta constitución transitamos de ser objetos a sujetos de derecho. Frente a la actual reforma de la Constitución, el gobierno intenta quitarnos nuestro derecho a nuestras propias formas de organización social. Con este cambio, corremos el riesgo de retroceder a ser objetos folklóricos para el Estado y perder nuestra posición como sujetos de derecho. Esto sería un retroceso de 60 años en materia de los derechos de los pueblos indígenas.»
La diferencia entre Guatemala y Colombia en el tema del respeto de los derechos de los pueblos indígenas fue más claramente demostrada durante una reunión con los Ministerios de Energía y Minas y de Medioambiente del gobierno de Guatemala. La citación fue convocada por el diputado Pop y contó con la presencia de las autoridades indígenas y diputados y senadores de Colombia y Guatemala para conocer de los diferentes permisos de exploración y explotación minera e hidroeléctrica que ha autorizada el gobierno en la región Ixil del altiplano guatemalteco.
Al conocer las decenas de proyectos mineros e hidroeléctricos que habían sido aprobado por los dos ministerios solo en la región Ixil, el diputado Pop preguntó a los representantes de los dos ministerios cuales procedimientos habían usado para consultar y tener relación directa con las comunidades indígenas donde se han aprobado dichos proyectos.
Los dos viceministros reconocieron que no cuentan con ninguna normativa establecida para consultar directamente con las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas afectados por la aprobación de mega-proyectos en sus territorios ancestrales. El viceministro de Energía y Minas José de la Vega Izeppi justificó que, «Cuando una empresa ha hecho un Estudio de Impacto Ambiental para un determinado proyecto y cuenta con los demás requisitos legales, el Ministerio de Energía y Minas está obligado aprobar los proyectos.»
El diputado Pop recordó al viceministro que las instancias del gobierno no solo están obligados a cumplir con las normativas y procedimientos internos de sus propias instituciones, sino que tienen la obligación legal de cumplir con la consulta a los pueblos indígenas que está mandado por la Constitución y el Convenio 169 del OIT que tiene rango constitucional, y por ende tiene preminencia sobre las leyes nacionales. Pidió además que los dos ministerios presentaran un plan de cumplimiento del convenio 169 de la OIT dentro de los marcos institucionales de los dos ministerios dentro de una plaza de dos semanas.
Representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Alto Comisionado de Derechos Humano de la ONU ofrecieron acompañar y asesorar a los representantes del gobierno en el proceso de implementación del Convenio 169 de la OIT en las diversas legislaciones y normativas pertinentes. Según Rodrigo Barrera del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, «Ahorita en Guatemala no hay ninguna norma que reconoce el derecho de consulta. Sin embargo, nosotros ofrecemos asistencia técnica al gobierno de Guatemala sobre la implementación de los convenios internacionales para que estos se materialicen en acciones y legislaciones a nivel nacional.»
El abogado colombiano y experto en derecho de los pueblos indígenas, Omar Salcedo, estuvo presente en la citación de los ministerios de Energía y Minas y Medioambiente. Afirmó que el convenio 169 de la OIT es más respetado e implementado en Colombia que en Guatemala. «Me parece que es una violación flagrante que los dos viceministros reconocen que no han cumplido con la consulta previa, libre e informado a los pueblos indígenas. En materia de derecho internacional es obvio que el gobierno de Guatemala está en ilegalidad por no cumplir con los convenios internacionales firmados. Sugiero que se abre un proceso legal para investigar este incumplimiento del gobierno de Guatemala,» añadió Salcedo.
El senador colombiana Carlosama instó a la Procuraduría de Derechos Humanos a jugar un papel más vigoroso y protagónico en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. «En Colombia, la Procuraduría y La Corte de Constitucionalidad han jugado un papel fundamental en la defensa judicial de los derechos de los pueblos indígenas a través de demandar el estricto cumplimiento del Convenio 169. Han caminado mano en mano con los pueblos indígenas del país,» afirmó el senador.
Para que Guatemala avance en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, es imperativo que instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos se transformen de ser instituciones dedicadas solo a la observación y monitoreo, a ser instituciones con jurisdicción y competencia para obligar el cumplimiento de la ley.
A raíz de la problemática de la implementación de los convenios internacionales para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, existe una pregunta fundamental: ¿Cuál es la naturaleza y el fin del Estado? Miller Dussan Calderón, académico colombiano, también asistió la citación de los dos ministerios. Consternado por la falta del cumplimiento de las leyes internacionales demostrado en las respuestas de los viceministros, preguntó, «¿Cuál es la función del Estado ante una corporación transnacional solicitando concesiones para implementar un megaproyecto? Me parece que hay dos opciones: O que sea un Estado Garantista de Derecho o que se abre las fronteras ciegamente a las intenciones de las empresas.»
Vitalino Similox, presidente del Consejo Ecuménico de Guatemala, añadió que, «La explotación de los recursos naturales es la razón última de la economía mundial y el fin del Estado que tenemos hoy.» Ante una globalización económica que es cada vez más explotadora y codiciosa de los recursos naturales, la lucha para la defensa del territorio indígena debe enfocarse en reclamar que los gobiernos de turno sean estados garantistas de derecho.
Las leyes en Guatemala históricamente han sido utilizadas por las clases oligárquicas para atemorizar y oprimir a los pueblos indígenas. Según el diputado Pop, «La legalidad de este país siempre ha sido empleado para despojarnos de nuestros derechos. Hoy, tenemos el reto de convertir la legalidad en medida de reivindicación. Tenemos la obligación de avanzar en métodos jurídicos que garanticen nuestros derechos.»
La cumbre terminó con una reflexión sobre la importancia universal de promover los derechos de los pueblos indígenas. El senador colombiano Carlosama acertó que, «El mundo occidental tiene que aprender de los pueblos indígenas. El futuro y la esperanza no están en el supuesto desarrollo material pasajero, sino en el buen vivir de las comunidades indígenas del mundo.» Gregorio Chay añadió que, «El mundo está descubriendo la riqueza de la identidad de los pueblos indígenas y la utilidad de nuestro conocimiento para enfrentar problemas mundiales como el cambio climático.»
Denis Blamont, de la Asociación de Pueblos de Montaña del Mundo resumió el contexto actual de los pueblos indígenas: «La lucha que tenemos que mantener es para garantizar nuestra unidad en la diversidad ante un sistema mundial neoliberal que quiere imponer la homogeneidad que al fin nos dividirá.»
La Cumbre de Pueblos Indígenas de Guatemala y Colombia logró un importante intercambio de experiencias, legislaciones, y luchas a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Pero quizás lo más valioso de la cumbre fue en abrir otro espacio donde los pueblos indígenas históricamente callados podrían compartir elementos de su cosmovisión que ofrece esperanza a un mundo en crisis.