El jurado escuchó los testimonios de un gran número de testigos, durante tres días, provenientes de los estados de Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa y Bengala Occidental así como de algunos testigos expertos sobre la adquisición de tierras, la minería y violaciones de los derechos humanos que conlleva la Operación «Caza Verde». Como consecuencia, sus observaciones son […]
El jurado escuchó los testimonios de un gran número de testigos, durante tres días, provenientes de los estados de Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa y Bengala Occidental así como de algunos testigos expertos sobre la adquisición de tierras, la minería y violaciones de los derechos humanos que conlleva la Operación «Caza Verde». Como consecuencia, sus observaciones son las siguientes:
Las comunidades tribales constituyen una proporción sustancial e importante de la población indígena y la herencia de India. No hay diez países en el mundo que tengan más personas originarias [integrantes de pueblos tribales] que India. No sólo son componentes cruciales de la diversidad biológica humana de India, que es mayor que la del resto del mundo en su conjunto, sino también una importante fuente de sabiduría social, política y económica que actualmente sería capaz de dar una ventaja a la India. Además, entienden el lenguaje de la naturaleza mejor que nadie y han sido el mejor custodio de nuestro medio ambiente, incluidos los bosques. También hay mucho que aprender de ellos en áreas tan diversas como el arte, la cultura, gestión de recursos, gestión de residuos, la medicina y la metalurgia. Han sido también mucho más humanos y comprometido con los valores universalmente aceptados que nuestra sociedad urbana.
Es evidente que el país ha sido testigo de grave violación de los derechos de los pobres, especialmente derechos de las tribus, que han alcanzado niveles sin precedentes desde las nuevas políticas económicas iniciadas en los años 90. Los derechos de las tribus (Ley PESA), en particular la extensión a zonas reconocidas Panchayat, y la Ley Forestal -y los derechos humanos- han sido groseramente violados. Esas violaciones han llegado al extremo de que aldeas totalmente tribales han sido declaradas no-tribales. Las autoridades en pleno y la administración judicial parecen haber sido totalmente indiferentes a su difícil situación.
El modelo de desarrollo que se ha adoptado y que está claramente plasmado en las nuevas políticas económicas de liberalización, privatización y globalización han llevado en los últimos años a que el Estado haya transferido recursos, en particular la tierra y los bosques -que son fundamentales para el sustento y la supervivencia de las poblaciones tribales- a las corporaciones con fines de explotación de recursos minerales, las zonas económicas especiales y otras industrias que, en la mayoría de los casos, han sido muy destructivas para el medio ambiente. Estas industrias han contaminado críticamente el agua, la tierra, árboles, plantas y han tenido un impacto devastador en la salud y el sustento del pueblo.
La consulta con el Sabhas Gram que exige la Ley PESA se ha vuelto una farsa igual que el proceso de evaluación de impacto ambiental de estas industrias. Esto ha dado lugar a dejar las tribus en un estado de malnutrición aguda y de hambre que les ha empujado a un estado de simple supervivencia. Bien podría ser la más grave acusación contra el Estado en la historia de la democracia en cualquier lugar, a causa de la gran cantidad de personas (tribales) afectadas y la naturaleza diabólica de las atrocidades cometidas contra ellos por el Estado, especialmente la policía, dejando atrás las daños enormes e irreversibles al medio ambiente. También es un ejemplo flagrante de la corrupción – financiera, intelectual y moral – patrocinada y/o instigada por el Estado que caracteriza a la India de hoy y que está instalada en todos los partidos. Los movimientos de resistencia pacífica de las comunidades tribales en contra de su desplazamiento forzoso y la apropiación corporativa de sus recursos está tratando de ser violentamente aplastada por el uso de la policía y fuerzas de seguridad y el Estado y las empresas han financiado y armado a las milicias. La violencia de Estado se ha visto acentuada por la Operación «Caza Verde», en la que se está utilizando un gran número de fuerzas paramilitares contra las tribus. La militarización del Estado ha alcanzado un nivel donde las escuelas están ocupadas por las fuerzas de seguridad.
Incluso los activistas pacíficos que se oponen a estos actos de violencia del Estado contra las tribus están siendo atacados por el Estado. Esto ha llevado a una enajenación total de la población respecto al Estado, así como su pérdida de fe en el gobierno y las fuerzas de seguridad. El Gobierno – tanto el central como los Estados – deben darse cuenta de que en la mencionada acción, combinada con la apatía total, podría muy bien ser la siembra de las semillas de una revolución violenta exigiendo justicia y Estado de Derecho que se tragaría todo el país. No debemos olvidar la historia francesa, rusa y estadounidense, sin dejar de lado la nuestra.
Recomendaciones:
1. Cesar la Operación «Caza Verde» y entablar un diálogo con la población local.
2. Cese inmediato de la adquisición obligatoria de las tierras agrícolas o forestales y el desplazamiento forzado de las poblaciones tribales.
3. Declarar los detalles de todos los memorandos de entendimiento, proyectos industriales y de infraestructura propuestos en estas áreas y la congelación de todos los memorandos de entendimiento y los arrendamientos para uso no agrícola de estos terrenos que el Ministro del Interior ha propuesto.
4. Rehabilitar y restaurar en sus tierras y bosques a las tribus desplazadas por la fuerza.
5. Detener todas las industrias ambientalmente destructivas, así como las relativas a terrenos adquiridos sin el consentimiento de la Sabhas Gram en estas áreas.
6. Retirar los paramilitares y las fuerzas de policía de las escuelas y centros de salud.
7. Detener la victimización de los disidentes y aquellos que cuestionan las acciones del Estado.
8. Volver a colocar el modelo de desarrollo que es de explotación, destruye el medio ambiente y no es adecuado para el país por un modelo totalmente diferente que sea participativo, dé importancia a la agricultura y el sector rural, y respete el medio ambiente.
9. Se debe garantizar que todo el desarrollo, especialmente el uso de la tierra y los recursos naturales, sea con el consentimiento y la participación de las comunidades tribales como está garantizado por la Constitución. Comisiones ciudadanas creíbles deberán constituirse para supervisar y asegurar esto.
10. Constituir una Comisión ciudadana habilitada para investigar y recomendar las medidas contra los responsables de violaciones de derechos humanos de las comunidades tribales. Esta Comisión debe estar facultada para asegurar que las poblaciones tribales reciban efectivamente los beneficios y reparaciones.
El Tribunal Popular Independiente tuvo lugar del 9 al 11 abril de 2010, en el Club de la Constitución, Nueva Delhi. Fue organizado por un colectivo de grupos de la sociedad civil, movimientos sociales, activistas, académicos y ciudadanos interesados en el país. El jurado popular, compuesto por los honorables magistrados PB Sawant y H. Suresh, el profesor Yash Pal, el Dr. V. Mohini Giri, el Dr. PM Bhargava, y el Dr. KS Subramanian escuchó los testimonios de las personas afectadas, activistas sociales y expertos de Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa y Bengala Occidental.
Fuente: http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article836
Traducido para el CEPRID (www.nodo50.org/ceprid) por María Valdés