Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Naciones Unidas publicó discretamente en marzo un informe denunciando una serie de abusos de los derechos humanos asociados con un creciente negocio con mercenarios que recluta a mucha gente en los países latinoamericanos.
«Dentro de este contexto, hemos observado que en algunos casos los empleados de las empresas militares y de seguridad privada gozan de una inmunidad que puede transformarse fácilmente en impunidad lo que podría implicar que algunos Estados estarían contratando a estas empresas para evitar una responsabilidad jurídica directa.» dijo José Luís Gómez del Prado, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio de los pueblos a la libre determinación, en una declaración ante el Consejo de Derechos Humanos.
Los presuntos abusos contra los derechos humanos no son cometidos sólo contra civiles de los países en los que operan, sino también contra sus propios empleados. Esos «soldados del infortunio» son reclutados a menudo de entre poblaciones vulnerables en los países en desarrollo, como Honduras y Ecuador, países que el grupo de la ONU visitó el año pasado para realizar investigaciones. El masivo desempleo, los bajos salarios, gobiernos frágiles y la historia de violentos conflictos en esos países convierten a sus poblaciones en la reserva ideal de mano de obra. Además, el informe expresa su preocupación por el «fenómeno» de que gobiernos latinoamericanos subcontraten funciones de seguridad y militares al sector privado, y el uso de semejantes operaciones para «proteger» a compañías mineras y petroleras.
«Existe la necesidad de que haya regulaciones internacionales así como interiores en esos países,» dijo Sanho Tree, miembro del Instituto de Estudios Políticos.
Tree, que ha estado siguiendo de cerca esta área de actividad «fuera de control» durante años en su papel en la «Guerra contra la droga» en Latinoamérica, dijo que la falta de regulaciones y de supervisión se debe a que ha estado oculta a la vista del público durante años y que recién sale a la luz por la guerra de Iraq. Se estima que pueden haber hasta 50.000 mercenarios activos en Iraq – convirtiéndolos en la segunda fuerza por su tamaño en la así llamada «coalición de los dispuestos.» Muchos de ellos terminan por batirse junto a soldados de USA en situaciones de combate.
«La cantidad de especialistas de la seguridad personal que utilizamos sólo en Iraq es más que todos los agentes de Seguridad Diplomática que tenemos en todo el globo,» dijo Gregg Starr, funcionario del Departamento de Estado en un testimonio ante el Congreso en junio de 2006.
Aunque ha habido algunas informaciones sobre compañías muy conocidas, es posible que el tema todavía no esté recibiendo la atención que merece ya que ningún medio noticioso ha informado sobre el informe de la ONU.
Según el Grupo de Trabajo, puede haber hasta 280 compañías privadas de seguridad que operan ilegalmente en Honduras. Se cree que una serie de nacionales hondureños que trabajan en Iraq para una subsidiaria de Your Solutions Inc., basada en Illinois, USA, han sufrido «irregularidades en los contratos, condiciones duras de trabajo, salarios pagados en parte o no pagados, maltrato y aislamiento, y falta de satisfacción de necesidades básicas como el tratamiento médico e higiene.» Algunos antiguos empleados han presentado demandas laborales y penales contra la compañía ante las autoridades hondureñas.
Otro escándalo revelado contra la compañía en el informe del Grupo de Trabajo involucra el entrenamiento ilegal en Honduras de reclutas chilenos para Iraq. El informe señala que en septiembre de 2005, la compañía llevó al país a 105 chilenos, algunos de ellos ex soldados, con visas de turistas. Los chilenos, junto con sus homólogos hondureños, fueron enviados a una antigua base del ejército en la municipalidad de Lepaterique para ser entrenados. La antigua base, actualmente un centro de desarrollo para la Corporación de Desarrollo Forestal de Honduras, fue otrora utilizada por Washington en los años ochenta para entrenar mercenarios de un tipo tal vez no tan diferente – es decir los contras, el infame escuadrón de la muerte hondureño, Batallón 316, y el Batallón 601 de Inteligencia argentino, una unidad «antiterrorista» iniciada bajo la Operación Cóndor.
La posibilidad de cambios en el negocio en Honduras puede ser limitada, ya que el Grupo de Trabajo subrayó una «campaña de acoso, amenazas de muerte y calumnias contra la organización [de derechos humanos] Asociación para una Sociedad Más Justa.» El 4 de diciembre de 2oo6, Dionisio Díaz García, abogado y periodista de la ASJ, basada en Tegucigalpa, fue asesinado a tiros en la cabeza mientras conducía su coche al tribunal donde debía representar a un grupo de guardias de seguridad, cuyos derechos laborales habían sido violados.»
En una declaración, la ASJ escribió: «Esas compañías han recurrido a la intimidación, campañas de calumnia, y hostilidad abierta hacia los colaboradores de la ASJ. El lunes 11 de diciembre, un miembro del consejo y del personal del grupo Génesis, socio de CRWRC-Honduras [Comité Cristiano Reformado de Ayuda Mundial], recibió un mensaje de texto que decía: ‘Serás el próximo.'»
En Ecuador las condiciones son más de lo mismo: inmunidad, impunidad, explotación y violaciones de los derechos humanos y laborales. El informe expresó su preocupación de que compañías privadas de seguridad estuvieran utilizando la base militar de USA en Manta para reclutar empleados para operaciones en el extranjero (Iraq y Afganistán) y para realizar fumigación aérea y otras operaciones contra la droga bajo el «Plan Colombia.»
«… una empresa transnacional de seguridad privada estaría ejecutando desde la base
militar de Manta acciones contrainsurgentes y antinarcóticos que son de la competencia
exclusiva de agentes del ejército norteamericano que opera en Manta y no de contratistas privados,» dijo el señor Gómez del Prado de la ONU.
Manta se ha convertido en un pararrayos político ya que el presidente ecuatoriano Rafael Correo ha amenazado con no renovar el «Acuerdo de Cooperación» con USA (que expira en 2009) que permite a Washington el uso de la base de la Fuerza Aérea. El acuerdo también otorga inmunidad al personal militar y a los contratistas civiles de USA – una cláusula que el Grupo de Trabajo considera problemática. El informe y su documentación de abusos del uso de la base junto con una opinión pública que está firmemente de parte de Correa, podrá hacer aún más fácil que expulse a Washington una vez que expire el acuerdo.
Jeffrey Shippey, un ex empleado de DynCorp International en Manta creó una compañía fantasma, Epi Security and Investigations, y reclutó a más de 1.000 colombianos y ecuatorianos para trabajar en Iraq. El informe señaló que la compañía no estaba registrada en Quito ni con las autoridades provisorias locales. ONG declararon al Grupo de Trabajo que la compañía supuestamente utiliza a instructores chilenos y a antiguo personal militar colombiano.
Shippey escribió en un anuncio publicitando a su compañía en el sitio en la Red del Iraq Job Center que: «Estas fuerzas han estado combatiendo a terroristas durante 41 años y… han sido entrenadas por los Seals de la Armada de USA [fuerzas especiales] y la DEA [Administración de Drogas y Narcóticos] de USA para conducir operaciones contra la droga y contra el terrorismo en las selvas y ríos de Colombia.»
Otra ventaja de sus mercenarios es que se les paga mucho menos que a sus homólogos estadounidenses. En julio de 2005, Shippey declaró a The Los Angeles Times: «El Departamento de Estado de USA está ahora muy interesado en ahorrar dinero en la seguridad. Como están reduciendo los precios, estamos buscando a gente del Tercer Mundo para llenar las posiciones.»
Adam Isacson, director de programas en el Centro de Política Internacional, está preocupado por las historias que aún no han salido a la luz. Mencionó un informe traducido en su sitio en la Red sobre colombianos que trabajan en Iraq para una subsidiaria de Blackwater USA a los que se les quitaron los pasajes de regreso cuando se quejaron de que sólo se les pagarían 1.000 dólares por mes a pesar de que se les prometieron 4.000 dólares. Fueron esencialmente mantenidos como rehenes.
«Casi fue esclavitud,» dijo Isacson. «Dios sabe cuántos casos más existen.»
Tree, del Instituto de Estudios Políticos, dijo que hay otras consecuencias que tal vez no veamos durante años. Una de las más preocupantes es que esa gente podría tomar ese entrenamiento y utilizarlo para actividades criminales violentas. Un ejemplo de esto es la historia de los «Zetas,» un grupo de comandos paramilitares mexicanos entrenado por las fuerzas especiales de USA para combatir a bandas de narcotraficantes. Muchos miembros de este grupo trabajan ahora para el tristemente célebre cartel del Golfo, que se cree que suministra grandes cantidades de cocaína a USA.
«No entrenes a gente si no sabes de qué lado van a combatir al final del día,» dijo Tree.
Cyril Mychalejko es editor en www.UpsideDownWorld.org. Para contactos escriba a [email protected].
Para leer los informes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio de los pueblos a la libre determinación:
http://www.ohchr.org/spanish/issues/mercenaries/index.htm
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=20&ItemID=12686