Si algo caracteriza el ciclo de luchas que se abrió con la explosión del 15M, es la rigidez del régimen actual para ignorar las reivindicaciones y luchas masivas, así como la firmeza para ejecutar de forma implacable una hoja de ruta que pretende acabar con los derechos sociales, económicos y políticos. La incapacidad de los […]
Si algo caracteriza el ciclo de luchas que se abrió con la explosión del 15M, es la rigidez del régimen actual para ignorar las reivindicaciones y luchas masivas, así como la firmeza para ejecutar de forma implacable una hoja de ruta que pretende acabar con los derechos sociales, económicos y políticos.
La incapacidad de los movimientos sociales y políticos alternativos para torcer la agenda del poder tiene mucho que ver con el agotamiento de las formas de lucha clásicas que se están demostrando como insuficientes o inadecuadas en un contexto político que ha variado sustancialmente.
El «pacto social» por el estado del bienestar tras la II Guerra Mundial, que no cuestionaba la propiedad de los medios de producción en manos capitalistas a cambio de una porción de la tarta para los sectores obreros organizados, ha derivado en bastantes aspectos negativos, de los que queremos resaltar algunos para el tema que nos ocupa.
En primer lugar, la asunción tácita de que el empleo, y por tanto la riqueza, lo crean los inversores o empresarios capitalistas. Tras ser interiorizado durante los últimos decenios en la práctica sindical y política, no podía por menos que producir un cambio cultural y de conciencia que ha supuesto un retroceso en la autoestima y capacidad propia de los trabajadores para incidir en la marcha de la economía.
El segundo elemento tiene que ver con la cesión al estado de todos los poderes y herramientas para garantizar los derechos económicos básicos, renunciando a los instrumentos que el movimiento obrero construyó – mutualidades, redes de apoyo, cooperativas, economatos… – , y que se basaban en gran medida en la solidaridad, el apoyo mutuo y el control obrero. Como denuncia Andre Gorz «la asunción de servicios por el Estado acelera el deterioro de las redes de solidaridad y suscita una dependencia y una relación de clientela cada vez mayor con el Estado» además de convertir a los ciudadanos «de sujetos activos en los administrados u objetos del Estado»1.
Esto se ha traducido en la restricción de la lucha por la hegemonía al terreno de lo político. En la estrategia política actual sólo se trataría de conseguir una mayoría electoral suficiente (o un proceso revolucionario) que al darnos las riendas del poder institucional, nos posibilitaría transformar la esfera social, económica e ideológica.
No vamos a negar la importancia y necesidad de esto, sino simplemente señalar la insuficiencia de esa visión restringida para consolidar cambios profundos. El abandono de la lucha por la hegemonía en el terreno económico crea importantes lagunas en la lucha por el poder. En Venezuela, por ejemplo, el propio presidente Nicolás Maduro ha reconocido que tras más de 10 años de proceso, el dominio del sector privado capitalista sobre el 70% de la economía está poniendo en peligro la viabilidad de los cambios.
En el caso del estado español, nos encontramos que, ante la ruptura unilateral por parte del poder político y económico del mencionado pacto de posguerra, hemos vuelto a reconocer el carácter clasista del estado y sus instituciones. La facilidad con la que proceden al desmantelamiento del escaso estado de bienestar y los corsés que se imponen para poder hacer otras políticas desde las instituciones, también nos muestran las limitaciones que tiene el actuar desde las mismas.
Frente a esto están surgiendo multitud de iniciativas -algunas ya existían-, que por un lado intentan hacer frente a las necesidades urgentes de la población más golpeada por la crisis, pero que por otro cuestionan las bases en las que se sustenta el entramado económico y aspiran a generar otras dinámicas que ayuden a un proceso de acumulación de fuerzas pero en el que también se vayan produciendo cambios estructurales en el quehacer cotidiano de las personas y organizaciones.
Hablamos de experiencias como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los grupos de consumo y producción agroecológicos, la economía solidaria, las finanzas éticas, las redes de solidaridad y apoyo mutuo, las redes de huertos urbanos y comunitarios, la desobediencia civil y económica, el software libre colaborativo, las cooperativas y centros sociales, etc… Movimientos que además de luchar y resistir contra los recortes, están apostando por crear nuevas formas de relacionarse entre las personas, generando organización y capacidad política.
Partimos de la convicción de que un poder político «revolucionario» sin una hegemonía previa suficiente en el terreno cultural y en la economía real, no podrá acometer cambios estructurales ni soportar el boicot del poder económico. Por tanto, resultan estériles las dicotomías sobre qué es más importante o urgente: si la lucha política, la social, la cultural o la económica. Todas son patas necesarias para caminar, y cuanto más acompasadas vayan y más se apoyen unas en otras para conseguir nuevas conquistas, más sólidos y duraderos serán los procesos de transformación.
Y además, necesitamos exigirnos a cada una de nosotras y nosotros la atención y participación como personas individuales y como colectivos en todos esos espacios de construcción y lucha. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, la oportunidad de visualizar y mostrar a otras personas que las relaciones que queremos construir son posibles, no deberían verse mermadas por la pereza o la inercia para realizar cambios en nuestros hábitos cotidianos o por las dinámicas frenéticas a que el activismo nos tiene acostumbradas.
Si consideramos como un elemento imprescindible de cualquier proceso emancipador el empoderamiento de los y las trabajadoras sobre los medios de producción, es decir volver a traer a primer plano la cuestión de la propiedad sobre los mismos, la construcción de una hegemonía revolucionaria habrá que construirla cuestionando el estatus aceptado, tanto en cuanto al papel de los trabajadores en las empresas como en relación al estado como dueño de los medios de producción. No está de más volver a repetir que estatal no significa lo mismo que público, ni mucho menos democrático o participado.
Es en este sentido que muchas de las experiencias económicas (formales e informales) alternativas van configurando otra forma de entender lo público que recupera tradiciones y prácticas aquel movimiento obrero que aspiraba realmente a tomar las riendas de su vida controlando la propiedad de los medios de producción.
En el actual momento de ataques y recortes de lo público, la defensa de lo que nos queda debe ser una lucha de primer orden, pero creemos que es necesario tener y visualizar otro proyecto de lo público que sea más coherente con una democracia avanzada. Oponernos a la venta de lo público a empresas privadas con ánimo de lucro no debe alejarnos de reivindicar otras relaciones económicas que nos empoderen de verdad sin delegar en un estado que apenas nos representa. Tenemos que dejar de ser simples «administrados» a ser sujetos activos construyendo unas nuevas relaciones entre lo institucional y lo socio-económico.
Lógicamente no estamos hablando de esa noción de «emprendedor», con la que se intenta responsabilizar a cada ciudadano/a de su situación y exonerar a los verdaderos responsables de la crisis y de la pobreza existente. Ni de proyectos que intentan «buscarse la vida» como sea, en la jungla de la economía de mercado donde impera la ley del más fuerte, el individualismo y la competitividad.
Pero si no tenemos la capacidad de crear (emprender) y extender experiencias económicas colectivas que funcionen con otra lógica, difícilmente vamos a quebrar la hegemonía de los poderes económicos actuales. Necesitamos encontrar sinergias entre las instituciones y la sociedad organizada, para lo que sería necesario «replantear las políticas públicas y sus formas de intervención para integrar las iniciativas que tengan por objetivo democratizar la sociedad y la economía», considerando a las entidades de la economía solidaria como «instituciones intermedias por su dimensión de espacio público en las sociedades civiles que pueden jugar un importante papel en la defensa de los bienes comunes»2.
Claro que existen riesgos ni hay nada que garantice que experiencias cooperativas o proyectos autónomos funcionen con una lógica de transformación social basada en la equidad y la justicia social y económica. Pero a día de hoy, y al menos en nuestro estado, la mayoría de iniciativas de estas características tienen una visión política transformadora y si su práctica no siempre es profunda y coherente, tiene más que ver con las dificultades del entorno, la falta de reconocimiento y un apoyo insuficiente por parte de las personas y organizaciones que aspiran al cambio social.
A pesar de todo ello, estamos hablando de cifras nada despreciables: actualmente hay centenares de miles de personas participando de maneras diversas en iniciativas de la economía alternativa. Aunque actualmente la dispersión de esas iniciativas es grande, existen procesos de coordinación, construcción y auto-reconocimiento como sujeto político colectivo, que avanzan rápidamente. En este sentido podemos mencionar las Ecoxarxas, el Mercado Social3, la propia dinámica de la PAH4 y sus obras sociales, la Red de Solidaridad Popular5, los encuentros estatales de monedas sociales, la Red de Huertos Urbanos o variadas experiencias de coordinación de grupos de consumo y productores agroecológicos en ámbitos territoriales no estatales.
En cualquier caso, son cifras de personas activas que superan las de cualquier partido político u organización social. Señalamos esto no porque sean «activismos» comparables, sino por incidir en su potencialidad para generar cambios en el imaginario social y por tanto en la construcción de una nueva hegemonía.
¿En qué pueden las economías alternativas jugar un papel fundamental para cuestionar conceptos y prácticas que necesitamos superar?
Un primer aspecto tiene que ver con la profundización de la democracia. Sin participación, ésta no deja de ser un juego de partidos o élites. Cuando se práctica la democracia económica, pasa a ser una necesidad la democracia política participativa y, mucho más allá, una democracia radical que se guíe por el principio de subsidariedad, traspasando capacidades de decisión a los y las ciudadanas, las organizaciones sociales, y a los niveles más cercanos y adecuados de las diferentes administraciones.
Cierto que esto no soluciona la complejidad de las relaciones entre lo local y lo global, el problema de dónde situar las capacidades de decisión sobre todo en un contexto de crisis ecológica global y de interconexión mundial en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Pero parece evidente que sólo con una alta participación democrática basada en el conocimiento de las grandes encrucijadas a que nos enfrentamos, podremos encontrar soluciones en las que quepamos todos los habitantes del planeta.
Especialmente, la economía solidaria puede jugar un papel importante en el asunto del reparto del empleo. Para Gorz, «la cooperación solidaria constituye la base para una reconquista de la sociedad y una delimitación de la esfera económica. La reducción del tiempo de trabajo es su condición fundamental»6. Cuando el modelo económico imperante necesita dejar sin medios de vida a muchas personas para conseguir tasas de rentabilidad elevada, las empresas o proyectos que ponen el centro de interés en los trabajadores/as, tienen mayor versatilidad y mayor compromiso real para convertir los posibles aumentos de productividad en mayor tiempo liberado y repartido equitativamente.
Esto no es una regla matemática, y la complejidad de la situación económica, las necesidades de las personas que componen la empresa, las posibilidades diferentes de cada sector o la necesidad de «competir» en un contexto mayoritariamente capitalista, requieren ser cautelosos para que un supuesto reparto del empleo no sea una simple precarización o distribución de la pobreza. Pero sí se comprueba en muchos proyectos existentes que la disminución de la jornada laboral y el reparto del empleo son estrategias regulares que se emplean en las empresas de la economía solidaria en cuanto es posible.
Un tercer aspecto tiene que ver con la necesaria reconceptualización del trabajo. Partiendo de la crisis de los cuidados y la necesidad de incorporar a los hombres a dichas tareas, pasando por la necesidad de cambiar la valoración social y económica-monetaria de los diferentes trabajos, poniendo sobre la mesa el papel de los trabajos de voluntariado social, desde las economías alternativas se está cuestionando, repensando y experimentando sobre cómo articular todos estos asuntos en un nuevo marco de convivencia.
Por último quería señalar su imprescindible papel para poder articular una alternativa que tenga en cuenta la crisis ecológica global. Cuando la huella ecológica media de España es de casi tres planetas, reducir la escala material del modelo de producción y consumo pasa a ser una obligación moral y política. En modelos y contextos basados en la desigualdad, es difícil pedir a los que no están en la parte alta que moderen sus expectativas. Negociar y acordar proyectos de vida con menor consumo de recursos, sólo será posible con proyectos y prácticas económicas en las que las desigualdades están acotadas y minimizadas. Esto, también es una práctica habitual en la economía alternativa y solidaria.
A fin de cuentas de lo que se trata es de quebrar las bases de esa economía capitalista que analizó Marx, y que se basa en los valores de cambio. Para romper el imaginario dominante y abordar en buenas condiciones la lucha por la emancipación, «sólo es posible resistir en las relaciones tejidas en torno de valores de uso, ya sean materiales o simbólicos. Si sólo nos movemos en las esferas de los valores de cambio, nos limitamos a reproducir lo que hay. Cerrados los poros de la vida en las fábricas por el posfordismo, es en los territorios, barrios, comunidades o periferias urbanas donde -aun esos mismos trabajadores- se vinculan entre sí en formas de reciprocidad, ayuda mutua y cooperación que son relaciones sociales moldeadas en torno del intercambio de valores de uso».7
Notas
1 Andre Gorz. Metamorfosis del trabajo. Editorial Sistema. 1995. págs 71 y 236
2 Jean-Louis Laville. Crisis capitalista y economía solidaria. Icaria. 2009. págs 58 y 118
4 http://afectadosporlahipoteca.com/
5 http://reddesolidaridadpopular.org/
6 Andre Gorz. Ídem. Pág 206
7 Raúl Zibechi. El territorio como espacio emancipatorio. La Jornada (Rebelión. 27-01-2013. http:// http://www.rebelion.org/noticia.php?id=162888)
Toño Hernández es miembro de Ecologistas en Acción y participa en el proyecto de Mercado Social
Viento Sur nº 130
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.