La fiscal primera Anticorrupción de Panamá, Mercedes De León, dijo hoy que indagará a colaboradores y funcionarios del gobierno de la ex presidenta Mireya Moscoso, por la liberación del anticastrista Luis Posada Carriles y sus cómplices, condenados por terrorismo en este país. Entre los implicados en el caso figuran el ex ministro de Gobierno y […]
La fiscal primera Anticorrupción de Panamá, Mercedes De León, dijo hoy que indagará a colaboradores y funcionarios del gobierno de la ex presidenta Mireya Moscoso, por la liberación del anticastrista Luis Posada Carriles y sus cómplices, condenados por terrorismo en este país.
Entre los implicados en el caso figuran el ex ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, quien se niega a declarar, asi como el ex jefe de la Dirección de Información e Investigación Policial Arnulfo Escobar, el mayor de la Policía Nacional Casto Amor Ramos y la ex directora de Migración, Ilka Barés.
El Juzgado Duodécimo del Circuito Penal de Panamá ordenó la ampliación de las sumarias, ante evidencias que confirman la «salida irregular» de Panamá de Posada Carriles, Guillermo Novo, Gaspar Jiménez y Pedro Remón, quienes viajaron a Estados Unidos.
Agentes policiales panameños capturaron a los anticastristas en noviembre del 2000, luego que el presidente de Cuba, Fidel Castro, denunció un complot para asesinarlo en este país, en el marco de la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
El 20 de abril del 2004, el juez quinto del ramo Penal, José Ho, condenó a ocho años de cárcel a Posada Carriles y a Gaspar Jiménez, cabecilla del grupo terrorista, «por atentar contra la seguridad colectiva, incluido el bien común, y la falsificación de documentos».
Ho impuso siete años de condena a Guillermo Novo, Pedro Crispín Remón y César Matamoros, mientras que el panameño José Hurtado fue sentenciado a cuatro años de cárcel, por asociación ilícita para delinquir y posesión de explosivos.
Sin embargo, la madrugada del 26 de agosto del 2004, jefes policiales se presentaron sorpresivamente al centro penal en el que estaban recluidos los reos y los liberaron, en cumplimiento de un indulto presidencial.
Un video presentado por agentes de la seguridad cubana mostró a los funcionarios del gobierno de Moscoso mientras desayunaban con los anticastristas en el aeropuerto internacional de Tocumen, en la capital panameña, en medio de una cordial despedida.
El abogado Rogelio Cruz alegó la presunta «inocencia» de Posada Carriles y sostuvo la tesis de una conspiración del gobierno cubano para hacer parecer como terroristas a «defensores de la libertad», cuya «detención ilegal» debió inhabilitar el proceso.
Sin embargo, el jurista Silvio Guerra calificó la liberación de los anticastristas como una «aberración» y justificó las protestas de grupos estudiantiles y sindicatos, quienes denunciaron la violación de convenciones internacionales que invalidan el indulto.
Posada Carriles es el principal implicado en la voladura de un avión de Cubana de aviación en 1976, cerca de las costas de Barbados, en el que murieron todos sus 73 ocupantes, entre ellos el equipo completo de esgrima de Cuba.
Carlos Cremata, hijo de uno de los pilotos de la aeronave siniestrada, acusó a Posada Carilles de ser un «terrorista internacional» que merece todo el peso de la justicia.
Cremata visitó la capital panameña en marzo del 2004 para presenciar el proceso en contra de los acusados y posteriormente pidió que se siguiera un proceso contra los que autorizaron la liberación en Panamá de los condenados por terrorismo.