«Esto no me lo esperaba. Creo que soy víctima del momento político que vive mi país», declaró el ex presidente de Paraguay Luis González Macchi, muy molesto con la condena a ocho años de encarcelamiento que le impusiera un tribunal por corrupción. Su abatimiento y sorpresa, al conocer el veredicto del tribunal que lo halló […]
«Esto no me lo esperaba. Creo que soy víctima del momento político que vive mi país», declaró el ex presidente de Paraguay Luis González Macchi, muy molesto con la condena a ocho años de encarcelamiento que le impusiera un tribunal por corrupción.
Su abatimiento y sorpresa, al conocer el veredicto del tribunal que lo halló culpable de enriquecimiento ilícito y declaración falsa durante su mandato (1999-2003), pudiera ser entendido en una nación con un largo y sonado historial de corrupción en las cúpulas de poder.
¿Será acaso tal decisión el punto de partida de una cruzada del gobierno de Nicanor Duarte contra la corrupción imperante, uno de los principales ejes de su campaña presidencial, sin resultados aparentes al concluir su tercer año al frente del país?
Para no pocos paraguayos, sin embargo, puede haber gato encerrado en un fin de año tenso, con cuestionados afanes reeleccionistas y donde el histórico abstencionismo en las elecciones municipales de noviembre último demostró el hastío de la gente en un territorio donde la pobreza ronda el 60 por ciento.
Aunque el fiscal de la causa contra González Macchi declaró que la sentencia indica «la voluntad de combatir los hechos corruptos», al inculpado debe costarle mucho creer su destino entre rejas, si piensa en los ex presidentes Juan Carlos Wasmosy y Raúl Cubas, también condenados, aunque beneficiados con medidas sustitutivas.
Es de esperar que el fallo judicial no sea una excepción, sujeto a conveniencias políticas circunstanciales, advirtió el diario Ultima Hora, al comentar que la condena «trae una brisa de moderado optimismo con respecto a la posibilidad de sancionar a los que, abusando de su poder, obtienen ingresos económicos irregulares».
Lo cierto es que el Ejecutivo paraguayo está obligado a una verdadera batida contra la extendida problemática, si desea librarse de la pesadilla de seguir en los primeros lugares de los países más corruptos de américa Latina.
El fenómeno es visto en Paraguay como uno de los peores legados de la dictadura militar de Alfredo Stroessner.
Desde entonces, pese a reconocidos avances constitucionales, se ha mantenido el cuestionamiento a la prevalencia de la típica corruptela en los sucesivos gobiernos.
A la nación sudamericana le llueven las denuncias. Un informe de Naciones Unidas reveló recientemente que la tortura es una práctica habitual durante los primeros días de detención en las cárceles paraguayas.
Manfred Nowak, relator especial de la ONU, aseveró haber encontrado rastros y evidencias de maltratos en las prisiones, incluida la existencia de un denominado «agujero negro», al que son arrojados reos de la penitenciaría de la región de Alto Paraná, donde carecen de luz, ventilación y elementos básicos de higiene.
Según Nowak, la tortura se alimenta de la impunidad reinante. «No ha habido condena alguna en relación con hechos de este tipo y son pocos los casos tramitados ante la justicia desde que entró en vigencia el nuevo código penal en 1999», subrayó.
En concordancia con las reiteradas acusaciones contra procesos judiciales mañosos, hace unos días tuvo lugar una movilización de centenares de sobrevivientes y familiares de las víctimas del incendio de un supermercado, considerado la peor tragedia civil en la historia de Paraguay, y donde murieron unas 400 personas.
Los manifestantes, reprimidos violentamente por las fuerzas policiales, protestaban contra el leve fallo del tribunal que juzgó a los dueños del local, acusados del siniestro de agosto de 2004, por ordenar el cierre de las puertas del inmueble con los clientes dentro, pese a la propagación de las llamas, según reveló la fiscalía.
Ante el hecho, el fiscal Edgar Sánchez pidió la recusación de los magistrados que no decretaron el homicidio doloso como se había solicitado, y a quienes el agente del Ministerio Público calificó de sospechosos de corrupción, por presunta soborno de los procesados.
En un escenario donde hierve la indignación popular y donde los paraguayos no encuentran otra salida a sus vidas que el desarraigo de la emigración, el gobierno de Nicanor Duarte, con aspiraciones además reeleccionistas, tiene ante sí el desafío de cumplir con su palabra de «barrer» con la corrupción.
Para algunos analistas, el principal logro del mandatario es haber puesto algo de orden en una administración estatal frecuentemente salpicada por actos corruptos.
«Se roba un poco menos, pero eso tampoco es suficiente. No vemos que lo recaudado se refleje en una inversión en gasto social,» opinó un joven paraguayo.
Mientras tanto, el desconcierto y la desesperanza siguen marcando la vida del ciudadano común en un país, trágico y fascinante a la vez, como lo describiera Augusto Roa Bastos en sus novelas.