A lo largo del año pasado, hemos podido comprobar los deterioros y retrocesos en el ejercicio de los derechos, y la degradación institucional, económica y social que vive Paraguay en un contexto internacional de guerras preventivas y proyectos de integración regional desiguales. Por eso, no es de esperar que los derechos humanos gocen de plena vigencia en el país
Para analizar la vigencia de los derechos humanos en Paraguay es interesante conocer cuál es el contexto en el que se da esta realidad. Para ello, podríamos tomar como referencia histórica una de las dictaduras más largas que ha conocido América Latina. En mayo se cumplieron 50 años de la llegada al poder del general Alfredo Stroessner, quien encabezó uno de los regímenes dictatoriales más largos (35 años), brutales y desconocidos en el contexto internacional y en la propia sociedad paraguaya, y que acabó con tres generaciones de luchadores sociales.
La transición de la dictadura de Stroessner al régimen parlamentario conservador estuvo acompañada de movilizaciones de campesinos y trabajadores. A la primera repercusión de la caída del dictador (una oleada de invasiones campesinas), le siguió el contraataque de la clase terrateniente: fuerzas paramilitares primero y luego el ejército intervinieron para desalojar a familias que exigían tierra y combatían el robo de las propiedades públicas. Así, los noventa fueron escenario de la resistencia campesina a la entrega de tierras estatales a los latifundistas a precios ridículos.
En 1999 se implanta una política privatizadora en todos los sectores económicos. Tanto los campesinos como los trabajadores de las empresas estatales reaccionaron convocando una huelga general en 2000, exigiendo el cese de esa política regresiva, aun sabiendo que el sable de los militares seguía amenazando el futuro del país.
El Movimiento de los Sin Tierra, que agrupa a unas 150.000 personas, ha ocupando las tierras de casi 80 núcleos situados alrededor de Asunción, la capital del Paraguay. Muchos son antiguos trabajadores despedidos de las empresas privatizadas o cerradas por el Gobierno. Y es que el problema de la propiedad de la tierra sigue siendo decisivo en un país en el que el 1 por ciento de la población es dueño del 90 por ciento de la misma.
Derecho al empleo
Desde una perspectiva social, los derechos humanos constituyen garantías irrenunciables que tienen todas las personas que habitan en un determinado país. Así, es necesario exigir al Estado la debida orientación de las políticas públicas hacia la creación y mantenimiento de condiciones nacionales e individuales para que todas las personas puedan obtener trabajo. Además deben existir condiciones adecuadas y de calidad para la obtención del mismo: remuneración justa, no discriminación por ningún motivo, libertad de asociación, derecho al descanso, cumplimiento de la legislación laboral, etc.
La política laboral, como otras políticas públicas, prácticamente es inexistente y si hay proyectos o programas, no muestran impactos cualitativos sobre la empleabilidad de las personas.
El persistente deterioro de los niveles de actividad económica en los últimos años se ha traducido en tasas de desempleo y subempleo cada vez mayores. Según la Encuesta Permanente de Hogares del 2002 de la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos, actualmente existen 445.000 personas desempleadas y 570.000 subempleadas. Esto significa de que alrededor del 38,8, por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) paraguaya tienen algún tipo de problema laboral, siendo las mujeres quienes se encuentran con mayores desventajas en este sentido. Los jóvenes participan activamente en el mercado de trabajo (65,3 por ciento), pero también el desempleo y subempleo les afecta de mayor manera que a los adultos: en 2000- 2001, mientras el total de desempleados y subempleados del país afectaba al 37,5 por ciento de la PEA, la cifra se elevaba al 44, 7 por ciento en los jóvenes.
Los problemas de empleo se tradujeron en una reducción de los ingresos reales en los últimos años. Los diferenciales de ingresos constituyen una de las formas más persistentes de desigualdad. En Paraguay, el ingreso promedio del sector urbano es aproximadamente 2,4 veces mayor que el rural, mientras que el de los hogares del 10 por ciento más rico es 41 veces mayor que el ingreso de los del 10 por ciento más pobre.
Derecho a la vivienda
La Constitución Nacional establece el derecho a la vivienda digna (art. 100), además de estar reconocido por el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Ante los sucesivos fracasos de los planes oficiales, así como de la participación de la Sociedad de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, desde hace unos cinco años, el Estado se ha quedado sin respuesta frente a la grave problemática de la vivienda. En Paraguay existe hoy un deficit de 700.000 viviendas.
El déficit total se compone de la siguiente manera:
• El 8,3 por ciento (95.000 viviendas) presentan hacinamiento y un índice sanitario deficitario.
• El 7,8 por ciento (89.000 viviendas) son irregulares, se registra hacinamiento y presentan condiciones de insalubridad.
• El número de familias que viven en asentamientos «ilegales» es difícil de medir. Se calcula que unas 75.000 personas (casi el 15 por ciento de la población de Asunción) viven en áreas inundables, asentamientos naturales y, consiguientemente, «ilegales». En general, la cantidad de familias que viven en asentamientos precarios es fácilmente superior al 20 por ciento de la población.
Derecho a la salud
Según datos preliminares del censo 2002, la población total del Paraguay es de 5. 206.101 habitantes, siendo la urbana del 54 por ciento y la rural del 46. Alrededor del 41 por ciento es menor de 15 años; de ella, el 42 por ciento vive en situación de pobreza y el 11 por ciento se enfrenta problemas de desnutrición crónica.
Predominan los problemas de salud que se pueden prevenir, como los de tipo infeccioso, contagioso y carenciales, relacionados en muchos casos con las condiciones de pobreza. La tasa de mortalidad infantil registrada ha tenido un descenso del 21,5 por ciento entre 1993 y 1999. La correspondiente a 2001 fue 12,2 por mil nacidos vivos, pero según los subregistros, llegaría al 38,4. Las tres primeras causas de mortalidad son problemas peri natales, diarreas y enfermedades respiratorias agudas.
La mortalidad materna en Paraguay es uno de los indicadores sanitarios que lo ubican como un país con serios problemas de cobertura y acceso en salud. La tasa de mortalidad materna registrada es de 168,7 por 100.000 nacidos vivos y las causas principales radican en el aborto como método de planificación familiar, las hemorragias, las infecciones y otras complicaciones ligadas al embarazo, el parto y el puerperio.
El sistema de salud del país es altamente inequitativo: el 38,6 por ciento de las personas que enferman no consultan en ningún servicio de salud y el 81,1 por ciento de la población no cuenta con un seguro público o privado.
Derecho a la educación
La educación es un derecho humano fundamental (Constitución Nacional, art. 73 al 80) y se refiere al que tiene toda persona de acceder y permanecer un sistema de enseñanza de calidad, así como a la posibilidad de favorecer la vigencia, el reclamo y la defensa del mismo y de otros derechos que permitan una vida digna.
Algunos de los problemas fundamentales relativos a la educación en Paraguay son:
• Los indicadores de deficiencia educacional resultan claros. El sistema educativo recibió a unos 50.000 alumnos, un número más elevado que 2002, pero sin embargo no fueron liberados fondos presupuestarios para el mismo.
• Los niveles de fracaso escolar siguen siendo altos. El porcentaje de niños y niñas repetidores que llegaron al tercer grado revela un índice del 14 por ciento en el primer grado, 11 por ciento en el segundo y 9,6 en el tercero.
• Las tasas de ingreso en la Educación Escolar Básica (EB) son bajas: casi la mitad de los niños y las niñas que ingresaron a la EB en 1998 no lograron llegar al quinto grado. El número de alumnos y alumnas que terminan la secundaria resulta peor, ya que se ven obligados a abandonar sus estudios por razones económicas.
• El hecho de vivir en zonas rurales agrava las posibilidades educativas de los niños, niñas y jóvenes.
Podemos concluir que los principales obstáculos para la plena vigencia de los derechos humanos en Paraguay están vinculados al marco legal y a las políticas públicas. En el primer caso, la no aplicación de leyes existentes revela, antes que nada, la incapacidad de las instituciones, así como la debilidad y la poca consolidación del modelo democrático vigente en el país. La elaboración e implementación de políticas públicas a las que el Estado destine el máximo de los recursos disponibles constituye la herramienta más importante y urgente para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.
Bibliografía: Informe de Derechos Humanos en Paraguay-2003, publicado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.
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Lourdes Ramírez es vicedirectora de la Radio Rebelde F.M 93.5. Comunicación Alternativa de Paraguay. Este artículo fue publicado en el n° 12 (especial sobre derechos humanos) de la edición impresa de la revista Pueblos, verano de 2004, pp. 34 y 35.