El Estado burgués se caracteriza por el ejercicio permanente y sistemático de la violencia contra las fuerzas revolucionarias que luchan contra el sistema capitalista. La función principal de los ejércitos, de las policías, de los aparatos de inteligencia, de los grupos paramilitares es la de mantener el orden y estabilidad burguesa, para lo cual deben […]
El Estado burgués se caracteriza por el ejercicio permanente y sistemático de la violencia contra las fuerzas revolucionarias que luchan contra el sistema capitalista. La función principal de los ejércitos, de las policías, de los aparatos de inteligencia, de los grupos paramilitares es la de mantener el orden y estabilidad burguesa, para lo cual deben vigilar, perseguir, encarcelar, torturar, desaparecer, asesinar a quienes se levantan contra el dominio de la minoría explotadora y de las potencias imperialistas.
Así lo hicieron en América Latina en la década de los setenta del siglo pasado los gorilas fascistoides que, con el respaldo de los gobiernos norteamericanos de turno y la criminal Agencia Central de Inteligencia (CIA), impusieron sangrientas dictaduras para detener al movimiento revolucionario latinoamericano y así defender los intereses de la oligarquía y las transnacionales capitalistas.
La función represiva del Estado no cesó con el advenimiento de las democracias formales en la década de 1980. Amparados en un discurso que ponía énfasis en la defensa del régimen democrático, del sistema de partidos y de los procesos electorales burgueses, el imperialismo yanqui y la oligarquía latinoamericana justificaron la represión brutal contra los pueblos que en América Latina continuaban en combate contra el capitalismo, calificándolos de subversivos, de extremistas, de terroristas. La historia de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, de Colombia así lo atestigua.
Tras la caída de los regímenes stalinistas en Europa del Este y la implosión de la Unión Soviética en 1990, los EE.UU. y la burguesía mundial desataron una nueva ola represiva en todo el planeta que incluyó una vez más la agresión militar directa contra los países considerados por ellos como enemigos de la «libertad» y la «democracia occidental». La función represiva del aparato estatal se hizo más evidente en la época del neoliberalismo.
Tras el ataque al World Trade Center en la ciudad de New York el 11 de septiembre de 2001, que según diversas investigaciones habría sido perpetrado por el propio aparato industrial-militar de los Estados Unidos, la administración de W. Bush se arrogó el derecho de lanzar ataques preventivos contra sesenta o más «oscuros rincones del mundo» que según el presidente norteamericano, «brindan refugio o son santuarios de terroristas». Como es obvio, EE.UU. no consta en esta lista pese a que alberga en su territorio a criminales de la talla de Posada Carriles.
El imperialismo europeo también ha jugado un papel clave en el ejercicio sistemático de la violencia contra el movimiento revolucionario mundial. La burguesía europea ha pretendido silenciar la verdad y ocultar la realidad sobre su participación directa, conjuntamente con los EE.UU., en la agresión contra Afganistán e Irak, su complicidad con el estado sionista de Israel para masacrar al pueblo palestino, así como su apoyo irrestricto a la oposición golpista venezolana y boliviana.
Los gobiernos europeos que se jactan de defender la democracia, son los mismos que permitieron a la CIA mantener cárceles clandestinas en sus territorios. El Estado español es uno de los casos más significativos de la hipocresía que impera en Europa respecto a lo que ellos entienden por democracia, libertad y respeto a los derechos humanos.
En España rige una monarquía, cuyo representante principal, el rey Juan Carlos de Borbón, no fue elegido por las y los españoles en un proceso electoral democrático, sino por el dictador Francisco Franco. El régimen monárquico fue impuesto por medio de la violencia ejercida contra la República española por los fascistas.
El gobierno del führecillo José María Aznar, sin consultar al pueblo, decidió participar directamente en la agresión desatada por Bush contra Irak. Aznar, como lo denunciara Fidel, sugirió a Clinton el 13 de abril de 1999 bombardear la radio y televisión serbias, sin importarle el número de civiles que podían morir producto de esa propuesta inhumana.
El actual presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, continúa con la política represiva para criminalizar a la izquierda vasca, con el propósito de ilegalizar a sus organizaciones políticas como sucedió anteriormente con Herri Batasuna. De igual manera el Estado español prosigue con las acciones persecutorias contra los revolucionarios independentistas en Euskal Herria. Detrás de esto también se halla la figura macabra del juez Baltasar Garzón, a quien los medios de incomunicación pretenden presentarlo como un defensor de los derechos humanos.
José Luis Rodríguez Zapatero y el narcoparamilitar Álvaro Uribe, en reunión sostenida en el Palacio de la Moncloa el 23 de enero de 2008, se comprometieron a prestarse ayuda mutua y a compartir información de inteligencia para combatir el terrorismo. El propósito real es el continuar la persecución contra los movimientos revolucionarios de Colombia y del País Vasco.
Esto no es nada nuevo. Las fuerzas represivas españolas actúan en conjunto con las de otros países para perseguir a los independentistas vascos.
En América Latina, en la década de 1970, las dictaduras militares en el Cono Sur se aliaron para capturar, torturar y asesinar a los revolucionarios latinoamericanos en el mundo entero. El plan se denominó «Operación Cóndor».
La burguesía y el imperialismo actúan en conjunto para detener el avance de los procesos revolucionarios.
El pasado jueves 24 de enero de 2008, el aparato de inteligencia de la policía ecuatoriana se puso en acción para acosar e intimidar al revolucionario vasco Iñaki Gil de San Vicente, quien se encontraba en la ciudad de Quito para impartir un ciclo de conferencias en el seminario: «Poder Adulto, Medios de (In)comunicación e Independencia Juvenil» realizado en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador.
Apostados en las esquinas del hotel donde estuvo hospedado, la policía vigilaba constantemente los pasos de Iñaki Gil de San Vicente. La persecución continúo en la tarde cuando los pesquisas lo siguieron en motocicleta hasta el lugar donde impartiría sus últimas conferencias. En el auditorio Pedro Jorge Vera de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, donde se llevó a cabo el seminario, pretendieron infiltrar a un sinnúmero de agentes para vigilar al pensador vasco y tomarle fotografías. En la noche continuó la acechanza.
En la mañana del viernes 25 de enero de 2008, en el aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre de la ciudad de Quito, Iñaki fue interrogado y registrado por la policía de narcóticos que inspeccionó su equipaje y su documentación. Luego procedieron a fotografiarlo. ¿Cuál era la razón para que se escudriñe y se saque fotografías de este ciudadano vasco que nada le debe a la justicia ecuatoriana?
Ese mismo día los agentes policiales se trasladaron al domicilio del profesor universitario Dax Toscano Segovia, responsable de la coordinación del seminario impartido por Iñaki Gil de San Vicente, donde también tomaron fotografías desde una camioneta de marca Chevrolet Luv, de color gris, con una cámara con teleobjetivo.
Esa es la forma como actúan las fuerzas represivas a nivel mundial. Coordinadas para perseguir y si es el caso torturar, asesinar o desaparecer a quienes se oponen a los intereses de quienes detentan el poder político y económico en las sociedades capitalistas.
Pese a la violencia, a la intimidación, al terror institucionalizado desatado por las fuerzas criminales al servicio del imperialismo yanqui y europeo, así como de la burguesía mundial, nada podrá detener la lucha de los pueblos para construir una sociedad más justa y más humana.
La lucha de los revolucionarios vascos lo confirma.