Diez años después, los principales responsables de las ilegales ejecuciones de insurgentes peruanos que tomaron la residencia del embajador de Japón en Perú, serán juzgados por el crimen, anunció hoy un tribunal. La Tercera Sala Anticorrupción precisó que el juicio empezará el 18 de mayo y tendrá como acusado principal a Vladimiro Montesinos, quien como […]
También estarán en el banquillo el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nicolás Hermoza Ríos -preso y juzgado por diversos crímenes desde hace siete años- y el coronel (r) Roberto Huamán Azcurra, lugarteniente de Montesinos y también preso.
El proceso será público y se realizará en la Base Naval del vecino puerto del Callao, que alberga a una cárcel de máxima seguridad, para reos especiales como Montesinos y los jefes de los grupos armados.
El Ministerio Público pidió 20 años de prisión para Montesinos, 18 para Hermoza y 15 para Huamán, y el tribunal postergó el caso del coronel Jesús Zamudio, por encontrarse este prófugo.
El caso involucra también al ex presidente Fujimori, pero este fugó en 2000 y se encuentra en Chile, a la espera del desenlace de un proceso de extradición para su juzgamiento aquí por delitos de lesa humanidad y corrupción.
Una investigación fiscal estableció tras minuciosos exámenes forenses de los restos de los 13 miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que habían capturado la residencia, que varios de estos fueron ultimados tras rendirse.
La pesquisa se basó en diversas denuncias, como la de un diplomático japonés y un ex policía que estuvieron entre los rehenes, sobre la existencia de ejecuciones extrajudiciales.
El testigo nipón, Hidetaka Ogura, declaró haber visto cuando las tropas capturaron con vida al menos a tres de los insurgentes, lo que echó por tierra la versión oficial de que los alzados murieron en combate en la llamada Operación Chavín de Huantar.
En la acción perecieron además dos oficiales y uno de los rehenes que permanecían cautivos desde diciembre de 1996, cuando los elementos del MRTA tomaron la residencia mientras se celebraba allí una recepción diplomática.
Los alzados exigían la libertad de sus compañeros encarcelados o al menos garantías para salir al exilio, lo que fue tratado en largas negociaciones, en las que el presidente Alberto Fujimori en realidad ganaba tiempo para preparar la solución militar del problema.