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Perú: E l presidente sí puede ser sancionado

Fuentes: Rebelión

El presidente no puede ser sancionado, por lo tanto tampoco puede ser investigado. Bacán. Que haga lo que le da la gana. Pero, entonces, ¿que pasó con Fujimori el año 2000?, ¿de dónde sacó el cuero el Congreso para rechazarle la renuncia por fax, vacarlo del cargo e inhabilitarlo para la actividad política por diez […]

El presidente no puede ser sancionado, por lo tanto tampoco puede ser investigado. Bacán. Que haga lo que le da la gana. Pero, entonces, ¿que pasó con Fujimori el año 2000?, ¿de dónde sacó el cuero el Congreso para rechazarle la renuncia por fax, vacarlo del cargo e inhabilitarlo para la actividad política por diez años?, ¿era o no era una sanción?. Claro que era. Y no correspondía a una aplicación de las causales del artículo 117, que indican cuando se produce la destitución constitucional: traición a la patria, disolución del Congreso o impedir las elecciones.

En una verdadera interpretación auténtica de la Constitución, es decir en una interpretación para las circunstancias, el agónico legislativo del 2000, con una ajustada mayoría producto del juego de tránsfugas y retránsfugas, dijo que al presidente fugado no se le aplicaba el 117, sino el inciso 2 del artículo 113, que señala que el Congreso puede declarar la vacancia por incapacidad moral (o física), convirtiéndola en una sanción política. Igualmente se interpretó que el Presidente del Congreso concluía el mandato, acortado, pero mandato al fin, del presidente y vicepresidentes renunciantes. Esto tampoco está en la Constitución que ordena a esa autoridad que en caso de impedimento permanente de quienes figuran en la línea de sucesión presidencial, deberá convocar de inmediato a elecciones. No convertirse en tercer vicepresidente.

Pero, esta fue la manera de forzar la norma fujimorista para salir de Fujimori e intentar eludir el difícil camino de declarar nula la segunda reelección e inválidos los mandatos emanados de la primera y segunda vuelta del 2000, derogar la Constitución de 1993 y abrir un gran proceso político al régimen corrupto y autoritario que llegaba a su término. No vamos a juzgar aquí esa extraordinaria pusilanimidad política cuyas consecuencias se reflejan hasta el presente y que fuera fundamentada con argumentos que ahora se repiten en otro contexto: bajar el ruido político, asegurar la gobernabilidad, con qué reemplazo lo que me echo abajo, ¿y si se filtran la derecha y los fujimoristas?

La verdad histórica es sin embargo que se llegó a una sanción al fugado por fuera del artículo 117. Lo que quiere decir que el presidente sí puede ser sancionado. Es decir el Congreso puede establecer la existencia de una razón moral que incapacita la continuidad en el cargo de la persona que ejerce el primer cargo de mando de la nación. Nadie podría decir que lo que cabe para un gobernante, no puede aplicarse al siguiente. Equivaldría a reconocer el carácter arbitrario de la decisión anterior, que es un de los fundamentos de la transición política, errática y fallida transición, es cierto, pero que se tradujo en un profundo cambio en las correlaciones políticas. Y si el presidente puede ser declarado incapaz moral para dirigir el país, esto obviamente debe hacerse sobre un investigación y un dictamen parlamentario.

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Hace tiempo que la capacidad moral de Toledo para ejercer la presidencia del Perú está en entredicho. Peor aún, los cargos se vienen agravando con el paso del tiempo. Véase nomás el asunto de las firmas: (a) numerosos indicios señalan que Perú (País) Posible, funcionando como una claque familiar y de compadrazgo, encabezada por Toledo, instaló una fábrica de falsificación de adherentes, copiando registros de RENIEC y ONPE, para cubrir la abusiva meta fijada por el gobierno, y formó parte de lo que parece hacer sido un grupo de partidos o movimientos políticos que gozaron de alguna forma de acuerdo con los órganos electorales y el gobierno de la década anterior para hacer pasar como válido lo que era groseramente falso. Es esto lo que se quiere enredar cuando se dice: «todos falsificaron, porque no se podían alcanzar los requisitos exigidos». Tal vez todos falsificaron. Pero hubieron muchos que no los inscribieron, o recién lo lograron durante este gobierno, con estándares muchos más bajos, y otros que sí lo hicieron porque fueron favorecidos o se coludieron con el régimen. Toledo ha tratado de escapar a esta comprobación porque destruye el mito del gran opositor y salvador de la democracia.

(b) la falsificación toledista parece seguir claramente el patrón de la fábrica fujimorista para la inscripción de Perú 2000, descubierta durante la crisis de la re-reelección, tanto en el modus operandi como en las personas relacionadas: Medelius, Cavassa, y otros, lo que hace presumir una articulación mafiosa entre el viejo régimen y algunos de los partidos que fueron legalizados en esa época, dentro de los cuales habría estado irónicamente el que sería su reemplazo y heredero a partir del 2001.

(c) el delito de falsificación ha sido agravado decisivamente con la intervención del poder para cambiar el testimonio de los testigos, la salida irregular de Carmen Burga del Perú y su permanencia vigilada en el exterior para que no haga declaraciones, la presión sobre otros testigos de CORPAC, etc., y la participación directa del presidente y su entorno familiar en estos hechos.

(d) el presidente ha guardado silencio durante más de un año sobre las acusaciones que lo iban envolviendo, lo que ha sido rematado en la negativa a declarar ante la Comisión Parlamentaria y en la entrevista arreglada con el canal que le tiene prestado a Genaro Delgado Párker, en la que de cualquier modo ha declarado ante el país que todo es una mentira de la mafia para distraerlo de cosas importantes. Este puede ser un elemento adicional en su contra si se puede probar que mintió a sabiendas ante el pueblo.

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Volviendo al punto del inicio: claro que se puede investigar y sancionar la presidente. Y a un gobernante honesto debería convenirle que lo investiguen y se aclare su participación en asuntos bochornosos y cargados de ilegalidad.

Nadie puede tener autoridad con el peso de las sospechas que caen sobre Toledo. Y si pretende hacerlo es porque le importa muy poco el significado de la investidura presidencial y apenas se interesa en los privilegios banales del poder.