Durante tres años consecutivos, Alejandro Toledo ha recibido las críticas bien intencionadas y también muchos de los malos deseos de sus adversarios políticos. Las bien intencionadas no fueron escuchadas en su oportunidad y ahora el presidente se debate en el camino sin retorno, listo a una sepultura política necesaria para el país. Para contrarrestar el […]
Durante tres años consecutivos, Alejandro Toledo ha recibido las críticas bien intencionadas y también muchos de los malos deseos de sus adversarios políticos. Las bien intencionadas no fueron escuchadas en su oportunidad y ahora el presidente se debate en el camino sin retorno, listo a una sepultura política necesaria para el país. Para contrarrestar el aluvión de demandas contenidas y la exigencia mayoritaria de un cambio de rumbo político y económico, llamado transición hacia la democracia, echó mano del Acuerdo Nacional. En ese entonces, el presidente estaba guiado por la habilidad de los ministros importados, Dañino y Kuczynski, portavoces de la Casa Blanca. Cuando cayó Dañino como primer ministro, luego de constatarse el continuismo de la política económica neoliberal de Fujimori, habida cuenta del «arequipazo» y las privatizaciones anuladas en el camino, Toledo nombró a Luis Solari . El flamante jefe del gabinete ministerial, hombre de su partido, fue llamado para darle un perfil definido a su gobierno. Los enemigos enconados, siempre presentes, lo acusaron de falta de concertación y gobernabilidad, conspiraron su caída y en un acto de esparcimiento conversado con Mario Vargas Llosa, Toledo lo cambió por la burócrata internacional del consenso de Washington doña Beatriz Merino.
Las denuncias de corrupción y las protestas debido a las promesas incumplidas, continuaron viento en popa ante la burla presidencial de prometer un «punto de quiebre,» entendido como un cambio verdadero de su ya censurada política de gobierno. Sin embargo, el régimen continuó cuesta abajo en medio de una crisis social sin precedentes; la clase política y empresarial se jugó por entero, de espaldas al sentir nacional, por la burócrata internacional recién nombrada. El negocio de seguir usufructuando del manejo de un Estado corroído por la inmoralidad y la corrupción, al que defendieron sin resquemores, porque allí estaba el interés de aprovecharlo y lucrar sacando cada cual su tajada, debía continuar. Evocar un Estado de Derecho en esas circunstancias y el respeto a las autoridades elegidas, utilizando a Toledo como el hombre útil hasta el 2006, para reacomodarse y continuar con la danza histórica del reparto de la torta no tenía sentido benéfico para el país, pero aquello nunca ha importado a los partidos políticos tradicionales. La Merino fue un globo de ensayo inconsistente, algo favorecida en las encuestas por su condición de mujer mas no por la eficiencia en la solución a la crisis social; así cayó sacrificada igualmente por la inacción del gobierno en cuanto a la falta de avance en aspectos cruciales del «punto de quiebre» prometido, como fueron el cambio de rumbo en la política económica, el inicio de la transición a la democracia, la lucha contra la corrupción y la transparencia en el manejo del Estado.
Agotados los esquemas de defender lo indefendible, Alejandro Toledo y los partidos tradicionales inventaron otra salida a la crisis de legitimidad tanto del Ejecutivo como del Legislativo y de un Poder Judicial tan ineficiente y disoluto como el manipulado por Montesinos y Fujimori. Este nuevo periodo con el ex fujimorista Carlos Ferrero a la cabeza, actual primer ministro, fue inscrito como el de la «hoja de ruta,» otra artimaña de frondosa especulación respecto a la situación del país, donde Ferrero se despachó con más de ciento cincuenta proposiciones y promesas; y, el líder de la esquizofrenia política, Alan García, con más de treinta sin proyectar, por supuesto, cómo implementarlas. Vacío dentro del vacío ya no puede existir, la precaria institucionalidad del país ha llegado a extremos inconcebibles, absurdos e insensatos. La culpa no es sólo de Alejandro Toledo, hombre incapaz de continuar en el gobierno, sino de toda la clase política tradicional tan incapaz como el presidente por su actividad mediocre y deleznable. No tenemos un sólido Estado de Derecho porque los mismos que ofrecieron transformar la constitución, los mismos que la cuestionaron, los mismos que la pusieron en discusión, los mismos que elaboraron un nuevo proyecto, los mismos que eliminaron la firma del publíquese y cúmplase de Alberto Fujimori, hoy la evocan sin el menor rubor para defender el status quo de sus propias representaciones caducas, sin importarles la base social que a final de cuentas debe sustentar el nuevo pacto social del ordenamiento jurídico nacional.
A estas alturas, todos los artificios en defensa del Estado putrefacto y sus débiles instituciones han sido consumidos. La salida del entrampamiento no puede ser otra vez provisional, recurriendo a un enésimo cambio de ministros como el sugerido por quienes, reunidos en conclave de sabios y prudentes, se adjudican a sí mismos la mayor representatividad nacional, los paquidermos o momios políticos como les llamaban en Chile, Lourdes Flores, Alan García y Valentín Paniagua. Recordemos que antes los gabinetes ministeriales eran censurados en el Congreso por su mal desempeño, ahora con el avance de la democracia, suponemos, se caen por sí solos debido a la putrefacción del Estado. En este cambio de nombres, gastada propuesta, debe reconocerse sólo el mutuo interés de los políticos de salvar a Toledo con miras a heredarlo con el mismo Estado de sus gananciales. La reunión del triunvirato, flor eada por la prensa nacional como de muy importante, no tuvo la menor intención de sugerir mediante propuestas factibles un cambio sustancial de la política económica sometida a los designios del FMI y el Banco Mundial, principal factor responsable de la endeble legalidad del régimen constitucional toledista y de la crisis política y social llevada al límite del caos total y la confusión. Un cambio de ministros no resuelve nada, la crisis de hoy es más profunda de lo que se piensa; no es sólo del gobierno de Toledo sino también la de un parlamento inepto y de un poder judicial que no termina de curarse, por tanto es en lo esencial una crisis del Estado peruano.
El paro del 14 de julio
La enajenación de la voluntad popular y el absoluto desprecio de la clase política tradicional por las necesidades inmediatas de la población, significan la ruptura de un esquema democrático esquelético, sustentado apenas en las elecciones y los plazos legalistas. La evidencia del servilismo político a la gran metrópoli, puesta de manifiesto en gobiernos como el de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Alberto Fujimori, Sánchez de Lozada y Alejandro Toledo, es una demostración de la inexistencia de la institucionalidad democrática, porque en primer lugar la democracia con tales requisitos (FMI, Banco Mundial) no existe y en segundo, porque el Estado-botín se convierte en la guarida y refugio de la clase política tradicional; y es ésta justamente la que defiende la cuestionable legalidad sin respaldo popular. ¿Qué se quiere salvar en estas situaciones? Simplemente el estatus quo y nada más. El FMI y el Banco Mundial no matan con bombardeos inmisericordes como los de Afganistán, Irak o Kosovo, ellos liquidan ferozmente a los países con chantajes económicos e intereses leoninos, ocupan sus catástrofes y miserias con cartas de intención a ser cumplidas fielmente por los perros guardianes del sistema, ellos se defienden luego con la legalidad comprada por el dinero con que despojaron al Estado.
La discusión de si Toledo se queda o se va antes del término legal de su mandato no ha terminado. Y el asunto no es como quiere presentarse de pesimismo nacional, sino en lo fundamental de seguridad y confianza en el futuro. El Congreso, parte del drama peruano, ha elevado recientemente a 80 los votos necesarios para la revocatoria del presidente por incapacidad moral, nuevo mecanismo para defender un gobierno atascado en la insolvencia política del descrédito y la corrupción. El mayúsculo espanto de Toledo, a ser desalojado de palacio, ha tomado sus precauciones con esta ilustrada medida, pese a que el Congreso actual jamás iba a correr en esa dirección, ya que en la reunión de los sabios y prudentes, cualquiera de ellos que piensa heredarlo en todo, adelantó un rotundo no por la vacancia presidencial. La descomposición moral les junta y ellos se defienden. El pedir peras al olmo es imposible, en ningún caso las caídas presidenciales de Ecuador, Perú (Fujimori), Argentina y Bolivia, se debieron a la iniciativa o a las decisiones de sus respectivos Congresos; estos vertiginosos desplomes de gobierno se produjeron por la acción decidida del pueblo en las calles; fueron las masas populares los artífices de las sepulturas políticas. Nada extraño en el contexto de los procesos políticos históricos, porque cuando la justicia social no camina se toma en las propias manos, entonada bajo el dicho popular de que nada cambia por las buenas.
El paro nacional del 14 de julio, día de la revolución francesa, es eminentemente político. No es un paro de protesta contra el hartazgo, tampoco un paro de medias tintas, menos un jalón de orejas, donde pasadas las 24 horas todo vuelve a la normalidad. Exigir cambios sustanciales para el país, más que ineludibles para que la mayoría de la población no siga sufriendo el desfallecimiento de la falta de esperanza, a sabiendas que nada va a cambiar, sería una farsa, un acto de suicidio político. Los principales reclamos de la central de trabajadores, CGTP, exige la convocatoria a una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Carta Magna, además de soluciones a la crisis política y social, donde deben destacar la aplicación de medidas de corte económico, como la renegociación de la deuda externa, la revisión de los contratos de la privatización fujimorista y el de las concesiones, el rotundo no a la privatización de empresas públicas que quedan y la no suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. El único punto laboral es el de la no modificación del sistema pensionario de la ley 20530. El paro exige, pues, una solución integral a la problemática nacional, de ninguna manera es un saludo a la bandera para cumplir con la población o reunificar clientela electoral. Los partidos de izquierda que apoyan esta liberación de fuerzas sociales en el Perú, deben tener muy claros sus objetivos; cuando menos deben saber que predicar y apoyar los cambios de la plataforma de la CGTP significa no simplemente darse la razón, como tampoco sentirse oposición de izquierda democrática para no ser combatida y muy legalista, a la cola de los acontecimientos, para no combatir.
Gracias a la providencia, los pueblos son grandes sin necesidad de los lúgubres mercaderes de la política. Desde la convocatoria del paro nacional del 14 de julio, ni un solo acto de gobierno o del parlamento, ha dado la señal de querer cambiar la política actual, el apoyo de la esquizofrenia de Alan García a la movilización es sólo, como bien lo repite, a la protesta (a río revuelto ganancia de pescadores) de ninguna manera a la plataforma de la CGTP. Y a falta de señales encaminadas al cambio, por el contrario, las denuncias de inmoralidad y corrupción han seguido su ritmo acelerado hasta involucrar al propio presidente de la república en actos dolosos dirigidos por su ex abogado y protegido funcionario César Almeida, ante las cuales el gobierno, en vez de ampliar las facultades de los procuradores anticorrupción, para fiscalizar a la actuales autoridades, les ha cerrado el camino por decreto. Posición lamentable donde no sólo ha intervenido el gobierno sino también los congresistas, quienes temen ser investigados. Punto aparte merece la desnacionalización de la radio y la televisión, asunto tratado por este congreso como una mercadería cualquiera, facilitando a los grupos extranjeros directamente y a través de testaferros el control de la información nacional. Con ello se tira a la basura las medidas que, como en la mayoría de países del mundo, reservan la propiedad de los medios de comunicación a los ciudadanos del país para preservar la identidad nacional, el enfoque oriundo de la información y los valores propios, y hasta de la seguridad en condiciones de conflicto.
El paro del 14 de julio creará, indudablemente, un nuevo escenario nacional, una auténtica hoja de ruta a través de las nuevas autoridades elegidas en poder constituyente. No es, pues, como dice Alan García una ejercicio natural de protesta sino una acción de envergadura destinada a cambiar el destino del país, de resolver el entrampamiento, de enmendar el camino escogido por la clase política, cuya legitimidad merece apenas el cinco por ciento para Alejandro Toledo y el siete para todos juntos reunidos en el Congreso.
Las denuncias de corrupción y las protestas debido a las promesas incumplidas, continuaron viento en popa ante la burla presidencial de prometer un «punto de quiebre,» entendido como un cambio verdadero de su ya censurada política de gobierno. Sin embargo, el régimen continuó cuesta abajo en medio de una crisis social sin precedentes; la clase política y empresarial se jugó por entero, de espaldas al sentir nacional, por la burócrata internacional recién nombrada. El negocio de seguir usufructuando del manejo de un Estado corroído por la inmoralidad y la corrupción, al que defendieron sin resquemores, porque allí estaba el interés de aprovecharlo y lucrar sacando cada cual su tajada, debía continuar. Evocar un Estado de Derecho en esas circunstancias y el respeto a las autoridades elegidas, utilizando a Toledo como el hombre útil hasta el 2006, para reacomodarse y continuar con la danza histórica del reparto de la torta no tenía sentido benéfico para el país, pero aquello nunca ha importado a los partidos políticos tradicionales. La Merino fue un globo de ensayo inconsistente, algo favorecida en las encuestas por su condición de mujer mas no por la eficiencia en la solución a la crisis social; así cayó sacrificada igualmente por la inacción del gobierno en cuanto a la falta de avance en aspectos cruciales del «punto de quiebre» prometido, como fueron el cambio de rumbo en la política económica, el inicio de la transición a la democracia, la lucha contra la corrupción y la transparencia en el manejo del Estado.
Agotados los esquemas de defender lo indefendible, Alejandro Toledo y los partidos tradicionales inventaron otra salida a la crisis de legitimidad tanto del Ejecutivo como del Legislativo y de un Poder Judicial tan ineficiente y disoluto como el manipulado por Montesinos y Fujimori. Este nuevo periodo con el ex fujimorista Carlos Ferrero a la cabeza, actual primer ministro, fue inscrito como el de la «hoja de ruta,» otra artimaña de frondosa especulación respecto a la situación del país, donde Ferrero se despachó con más de ciento cincuenta proposiciones y promesas; y, el líder de la esquizofrenia política, Alan García, con más de treinta sin proyectar, por supuesto, cómo implementarlas. Vacío dentro del vacío ya no puede existir, la precaria institucionalidad del país ha llegado a extremos inconcebibles, absurdos e insensatos. La culpa no es sólo de Alejandro Toledo, hombre incapaz de continuar en el gobierno, sino de toda la clase política tradicional tan incapaz como el presidente por su actividad mediocre y deleznable. No tenemos un sólido Estado de Derecho porque los mismos que ofrecieron transformar la constitución, los mismos que la cuestionaron, los mismos que la pusieron en discusión, los mismos que elaboraron un nuevo proyecto, los mismos que eliminaron la firma del publíquese y cúmplase de Alberto Fujimori, hoy la evocan sin el menor rubor para defender el status quo de sus propias representaciones caducas, sin importarles la base social que a final de cuentas debe sustentar el nuevo pacto social del ordenamiento jurídico nacional.
A estas alturas, todos los artificios en defensa del Estado putrefacto y sus débiles instituciones han sido consumidos. La salida del entrampamiento no puede ser otra vez provisional, recurriendo a un enésimo cambio de ministros como el sugerido por quienes, reunidos en conclave de sabios y prudentes, se adjudican a sí mismos la mayor representatividad nacional, los paquidermos o momios políticos como les llamaban en Chile, Lourdes Flores, Alan García y Valentín Paniagua. Recordemos que antes los gabinetes ministeriales eran censurados en el Congreso por su mal desempeño, ahora con el avance de la democracia, suponemos, se caen por sí solos debido a la putrefacción del Estado. En este cambio de nombres, gastada propuesta, debe reconocerse sólo el mutuo interés de los políticos de salvar a Toledo con miras a heredarlo con el mismo Estado de sus gananciales. La reunión del triunvirato, flor eada por la prensa nacional como de muy importante, no tuvo la menor intención de sugerir mediante propuestas factibles un cambio sustancial de la política económica sometida a los designios del FMI y el Banco Mundial, principal factor responsable de la endeble legalidad del régimen constitucional toledista y de la crisis política y social llevada al límite del caos total y la confusión. Un cambio de ministros no resuelve nada, la crisis de hoy es más profunda de lo que se piensa; no es sólo del gobierno de Toledo sino también la de un parlamento inepto y de un poder judicial que no termina de curarse, por tanto es en lo esencial una crisis del Estado peruano.
El paro del 14 de julio
La enajenación de la voluntad popular y el absoluto desprecio de la clase política tradicional por las necesidades inmediatas de la población, significan la ruptura de un esquema democrático esquelético, sustentado apenas en las elecciones y los plazos legalistas. La evidencia del servilismo político a la gran metrópoli, puesta de manifiesto en gobiernos como el de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Alberto Fujimori, Sánchez de Lozada y Alejandro Toledo, es una demostración de la inexistencia de la institucionalidad democrática, porque en primer lugar la democracia con tales requisitos (FMI, Banco Mundial) no existe y en segundo, porque el Estado-botín se convierte en la guarida y refugio de la clase política tradicional; y es ésta justamente la que defiende la cuestionable legalidad sin respaldo popular. ¿Qué se quiere salvar en estas situaciones? Simplemente el estatus quo y nada más. El FMI y el Banco Mundial no matan con bombardeos inmisericordes como los de Afganistán, Irak o Kosovo, ellos liquidan ferozmente a los países con chantajes económicos e intereses leoninos, ocupan sus catástrofes y miserias con cartas de intención a ser cumplidas fielmente por los perros guardianes del sistema, ellos se defienden luego con la legalidad comprada por el dinero con que despojaron al Estado.
La discusión de si Toledo se queda o se va antes del término legal de su mandato no ha terminado. Y el asunto no es como quiere presentarse de pesimismo nacional, sino en lo fundamental de seguridad y confianza en el futuro. El Congreso, parte del drama peruano, ha elevado recientemente a 80 los votos necesarios para la revocatoria del presidente por incapacidad moral, nuevo mecanismo para defender un gobierno atascado en la insolvencia política del descrédito y la corrupción. El mayúsculo espanto de Toledo, a ser desalojado de palacio, ha tomado sus precauciones con esta ilustrada medida, pese a que el Congreso actual jamás iba a correr en esa dirección, ya que en la reunión de los sabios y prudentes, cualquiera de ellos que piensa heredarlo en todo, adelantó un rotundo no por la vacancia presidencial. La descomposición moral les junta y ellos se defienden. El pedir peras al olmo es imposible, en ningún caso las caídas presidenciales de Ecuador, Perú (Fujimori), Argentina y Bolivia, se debieron a la iniciativa o a las decisiones de sus respectivos Congresos; estos vertiginosos desplomes de gobierno se produjeron por la acción decidida del pueblo en las calles; fueron las masas populares los artífices de las sepulturas políticas. Nada extraño en el contexto de los procesos políticos históricos, porque cuando la justicia social no camina se toma en las propias manos, entonada bajo el dicho popular de que nada cambia por las buenas.
El paro nacional del 14 de julio, día de la revolución francesa, es eminentemente político. No es un paro de protesta contra el hartazgo, tampoco un paro de medias tintas, menos un jalón de orejas, donde pasadas las 24 horas todo vuelve a la normalidad. Exigir cambios sustanciales para el país, más que ineludibles para que la mayoría de la población no siga sufriendo el desfallecimiento de la falta de esperanza, a sabiendas que nada va a cambiar, sería una farsa, un acto de suicidio político. Los principales reclamos de la central de trabajadores, CGTP, exige la convocatoria a una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Carta Magna, además de soluciones a la crisis política y social, donde deben destacar la aplicación de medidas de corte económico, como la renegociación de la deuda externa, la revisión de los contratos de la privatización fujimorista y el de las concesiones, el rotundo no a la privatización de empresas públicas que quedan y la no suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. El único punto laboral es el de la no modificación del sistema pensionario de la ley 20530. El paro exige, pues, una solución integral a la problemática nacional, de ninguna manera es un saludo a la bandera para cumplir con la población o reunificar clientela electoral. Los partidos de izquierda que apoyan esta liberación de fuerzas sociales en el Perú, deben tener muy claros sus objetivos; cuando menos deben saber que predicar y apoyar los cambios de la plataforma de la CGTP significa no simplemente darse la razón, como tampoco sentirse oposición de izquierda democrática para no ser combatida y muy legalista, a la cola de los acontecimientos, para no combatir.
Gracias a la providencia, los pueblos son grandes sin necesidad de los lúgubres mercaderes de la política. Desde la convocatoria del paro nacional del 14 de julio, ni un solo acto de gobierno o del parlamento, ha dado la señal de querer cambiar la política actual, el apoyo de la esquizofrenia de Alan García a la movilización es sólo, como bien lo repite, a la protesta (a río revuelto ganancia de pescadores) de ninguna manera a la plataforma de la CGTP. Y a falta de señales encaminadas al cambio, por el contrario, las denuncias de inmoralidad y corrupción han seguido su ritmo acelerado hasta involucrar al propio presidente de la república en actos dolosos dirigidos por su ex abogado y protegido funcionario César Almeida, ante las cuales el gobierno, en vez de ampliar las facultades de los procuradores anticorrupción, para fiscalizar a la actuales autoridades, les ha cerrado el camino por decreto. Posición lamentable donde no sólo ha intervenido el gobierno sino también los congresistas, quienes temen ser investigados. Punto aparte merece la desnacionalización de la radio y la televisión, asunto tratado por este congreso como una mercadería cualquiera, facilitando a los grupos extranjeros directamente y a través de testaferros el control de la información nacional. Con ello se tira a la basura las medidas que, como en la mayoría de países del mundo, reservan la propiedad de los medios de comunicación a los ciudadanos del país para preservar la identidad nacional, el enfoque oriundo de la información y los valores propios, y hasta de la seguridad en condiciones de conflicto.
El paro del 14 de julio creará, indudablemente, un nuevo escenario nacional, una auténtica hoja de ruta a través de las nuevas autoridades elegidas en poder constituyente. No es, pues, como dice Alan García una ejercicio natural de protesta sino una acción de envergadura destinada a cambiar el destino del país, de resolver el entrampamiento, de enmendar el camino escogido por la clase política, cuya legitimidad merece apenas el cinco por ciento para Alejandro Toledo y el siete para todos juntos reunidos en el Congreso.