Mientras dieron comienzo oficial los preparativos del cónclave que elegirá al nuevo pontífice de la Iglesia Católica, se aceleran los esfuerzos de un movimiento mundial para que no participen en la elección los cardenales involucrados directa o indirectamente en casos de pederastia. La presión se ejerce sobre un grupo de al menos cinco purpurados que […]
Mientras dieron comienzo oficial los preparativos del cónclave que elegirá al nuevo pontífice de la Iglesia Católica, se aceleran los esfuerzos de un movimiento mundial para que no participen en la elección los cardenales involucrados directa o indirectamente en casos de pederastia.
La presión se ejerce sobre un grupo de al menos cinco purpurados que protegieron a sacerdotes acusados de abuso sexual, entre ellos el mexicano Norberto Rivera, uno de los 117 cardenales que componen el Colegio Cardenalicio que en los próximos días deberá escoger al sucesor de Benedicto XVI, tras hacerse efectiva su renuncia el 28 de febrero.
«Para que la Iglesia recupere su calidad moral y lo que era antes, el Papa próximo tiene que ser elegido por gente que tenga buena calidad moral», dijo a IPS el mexicano Joaquín Aguilar.
«Para salir de la terrible crisis en que han caído, por el encubrimiento de abuso sexual, necesitamos que aquellos que han sido acusados, se dispensen y no participen», explicó el portavoz en este país de la Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes (SNAP por sus siglas en inglés), en que participan víctimas de todos los continentes.
«En todo el mundo, cuando eres cómplice de algún delito, acusado o sentenciado, se suspenden los derechos políticos, por lo que no se puede votar ni ser votado. ¿Por qué el Vaticano no lo hace, si pretende ser una institución moral? Es una vergüenza para la institución. Los acusados se burlan de las víctimas y los reclamos», cuestionó.
Aguilar fue víctima de abuso sexual en 1994, cuando era seminarista, por parte del sacerdote Nicolás Aguilar, con quien no guarda parentesco. El clérigo ofició en la sureña ciudad de Puebla y luego en la sudoccidental ciudad estadounidense de Los Ángeles.
Allí lo envió el ahora cardenal Rivera para protegerlo, según consta en documentos que la Arquidiócesis de Los Ángeles desclasificó en febrero por orden de un tribunal.
Nicolás Aguilar fue condenado en México por abuso de menores, pero obtuvo su libertad bajo fianza en 1999 y ahora se desconoce su paradero. Es buscado en Estados Unidos por señalamientos de agresiones sexuales contra al menos 26 niños.
Joaquín Aguilar mantiene una demanda en un tribunal de esa ciudad estadounidense contra Rivera por encubrir a su victimario en 1987, cuando era obispo de Tehuacán, en Puebla.
La querella también abarca al cardenal estadounidense Roger Mahony, quien fue arzobispo de Los Ángeles entre 1985 y 2011, cuando fue sustituido por las acusaciones de encubrimiento de 122 sacerdotes pederastas en su arquidiócesis.
El 1 de febrero fue removido de todos los cargos que mantenía, cuando el tribunal de la causa hizo público el expediente que detalla su papel de encubridor de delitos sexuales, y el 23 de febrero debió testificar sobre el caso.
Pero el domingo 3 Mahony ratificó en el Vaticano que participará en el cónclave.
El alemán Joseph Ratzinger anunció el 11 de febrero su renuncia como Benedicto XVI, cuyo papado comenzó el 19 de abril de 2005. Tras su retiro, este lunes 4 comenzaron las reuniones preliminares en el Vaticano, para definir la fecha y otros elementos del cónclave que elegirá al nuevo Papa.
El Colegio Cardenalicio está compuesto por los cardenales con menos de 80 años.
Entre los cardenales presionados para abstenerse del cónclave están también Séan Brady, primado de la Iglesia de Irlanda, de quien la prensa de su país reveló en 2010 que cuando era sacerdote en 1974 asistió a reuniones para acallar a dos niños víctimas de un presbítero pedófilo.
También figura el belga Godfried Danneels, quien fue primado de su país hasta 2010. La prensa de Bélgica reveló que el cardenal supo de al menos 40 casos de abuso sexual contra niños cometidos por sacerdotes.
El caso más reciente, y el único positivamente resuelto, es el del cardenal Keith O’Brien, jefe de la Iglesia Católica de Escocia, a quien el 25 de febrero Ratzinger admitió su renuncia, aparentemente forzada, en una de las postreras actuaciones de su papado.
Antes, el diario británico The Observer había publicado acusaciones de «conducta inapropiada» contra O’Brien, hechas por tres sacerdotes y un exreligioso. O’Brien, quien ahora no asistirá al cónclave, admitió el domingo 3 en un comunicado que su «comportamiento sexual» estuvo por debajo de los estándares apropiados y pidió disculpas por ello.
«Es un asunto de justicia para las víctimas de abuso sexual, como también de ética dentro del Colegio Cardenalicio, cuando se va a elegir a alguien que va a velar por la construcción de la justicia. No pueden hacerlo si han sido complacientes», dijo a IPS la secretaria ejecutiva del no gubernamental Observatorio Eclesial, Gabriela Juárez.
Solo O’Brien se automarginó de la elección del nuevo Papa.
Ratzinger será recordado tanto por haber acometido el tema de la pedofilia entre sus miembros, como por la tibieza de la respuesta en la sanción y en el resarcimiento de las víctimas.
En su libro «Abusos sexuales en la Iglesia Católica», publicado en 2010, el periodista argentino Jorge Llistosella da cuenta de más de 9.000 denuncias públicas contra sacerdotes en las últimas cinco décadas, un subregistro que enumera solo los casos difundidos.
En Estados Unidos hubo 4.450 sacerdotes envueltos en ese tipo de agresiones entre 1950 y 2002, según la Conferencia Episcopal de ese país. En México, la SNAP ubicó al menos a 65 religiosos acusados de delitos sexuales.
El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño pidió el 25 de enero en su informe periódico sobre Estados Unidos que su gobierno haga más sobre el flagelo de la pedofilia por parte de miembros de diferentes confesiones e instituciones religiosas, en un pronunciamiento que resulta asimilable al de otros muchos países.
El organismo dijo estar «profundamente preocupado» por las informaciones sobre la participación de integrantes de organizaciones religiosas «en una escala masiva y de largo plazo» en actividades como «esclavitud sexual o servidumbre de niños».
El Comité extendió la preocupación a «la falta de medidas tomadas por el Estado parte para investigar apropiadamente los casos y perseguir a aquellos acusados que son miembros de esas organizaciones e instituciones».
«La única forma de reparación es que se comience a castigar. También hay que presionar a las autoridades civiles. Estamos en un momento culminante, a punto de elegir a un nuevo Papa, pero también tenemos que ponerle las cartas sobre la mesa de una vez en este asunto», aseguró Aguilar.