Hace varios días los medios masivos de comunicación publicaron una información sobre una supuesta investigación realizada por la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) para la Junta Central Electoral (JCE), sobre alegadas falsificaciones de documentos de identidad.
De las conclusiones dadas a conocer se señaló que «más de un millón de haitianos ha logrado obtener de manera fraudulenta, con la ‘ayuda’ de ONGs, iglesias y organizaciones internacionales, actas de nacimiento y cédulas de identidad y electoral».
Frente a esto, el SJRM cree importante puntualizar algunos elementos que se desprenden de esa conclusión del informe atribuido a dicho organismo de inteligencia:
Se resalta el hecho de que sean haitianos/as los/as que hayan obtenido documentos de identidad por los canales no formales, pero se soslayan problemas mayores como la descomposición de algunos funcionarios que operan en los distintos niveles del Registro Civil y de identidad del Estado dominicano sumergidos en un mar de corrupción.
La falta de una cultura de institucionalidad, en la que los funcionarios públicos, independientemente de su jerarquía, realicen los procedimientos de acuerdo a lo establecido en el marco legal nacional y normas de procedimientos previamente realizadas para tales fines. Lo que hace que dichos empleados públicos entiendan que su trabajo en una oficina pública puede ser manejado según criterios de beneficio personal y no atendiendo a su rol de hacer que las instituciones del Estado dominicano funcionen.
Sumado a lo anterior podemos agregar, la inexistencia de mecanismos de control sobre estas instancias, y muy particularmente de la misma JCE. No creemos que el millón de personas migrantes, cifra de la que dudamos plenamente, haya obtenido registro civil y documentos de identificación en lapsos cortos de tiempo, por el contrario, ello indicaría que las mafias instaladas en esos recintos públicos llevaban tiempo funcionando. Si algo tiene de cierto esa cifra indicaría el fracaso de los mecanismos de supervisión de la JCE y por añadidura de los organismos de inteligencia.
La ausencia de mecanismos de regularización de personas migrantes en situación administrativa no regularizada, y los existentes son excesivamente lentos, complicados y de altos costos, obliga a que se utilicen los mecanismos informales para la obtención de documentos de registro e identidad.
El Canciller de la República Dominicana, Carlos Morales Troncos, ha declarado que no existen estadísticas precisas sobre la cantidad de haitianos/as que han sido documentados/as irregularmente, el dato de un millón «es un cálculo conservador que nosotros hemos hecho». Lamentable y vergonzoso que el Secretario de Relaciones Exteriores, siempre esté asegurando que la cantidad de migrantes nacionales de Haití supere el millón de personas, pero nunca pueda mostrar cifras reales que no sean a base de suposiciones o estimaciones, sin tener una referencia de una medición censal o estadística, que parte de una metodología científicamente válida.
Con lo de la cifra del millón de migrantes haitianos, también nos preocupa el que se esté contabilizando a los niños y niñas dominicanos/as de ascendencia haitiana, como lo que no son, haitianos. De ser así se estaría incurriendo en una flagrante violación de denegación del derecho a un nombre y a una nacionalidad a estos niños y niñas, aparte de constituir un escándalo internacional, que este país desconozca a sus propios nacionales.
El prestigio de la DNI está en jugo cuando señala que ONG, iglesias y organizaciones internacionales han ayudado a estas personas a obtener de manera fraudulenta actas de nacimiento y cédulas de identidad y electoral. Esas informaciones deben ser precisadas y, en caso de ser ciertas, señalar en específico cuáles son esas organizaciones nacionales e internacionales incursas en delitos de fraude de registro civil. Al hacer una declaración tan general, lanza una lluvia de lodo sobre todas las ONG, las iglesias de diversas nominaciones y las organizaciones internacionales que tienen una intervención social en bateyes, lugares descuidados por el Estado dominicano.
El SJRM quiere alertar sobre las medidas que puedan adoptar las autoridades en contra de los niños y niñas dominicanos/as como anular sus actas de nacimiento.
Otra consecuencia grave gira en torno al inicio de cacería de nacionales haitianos/as en las calles, plazas, lugares públicos, transportes, para ser detenidos/as y expulsados/as, bajo el alegato de que toda documentación que estos nacionales tengan ha sido obtenida de manera fraudulenta, abriendo las puertas a violaciones masivas de derechos humanos de las personas migrantes.
Esperamos que los funcionarios del Estado dominicano puedan resolver el serio problema de corrupción existente algunas oficialías, Así como se avance en los procesos de mayor institucionalización de los procedimientos administrativos públicos, así como de su supervisión y control.
Pueda que esta situación estimule a que se elabore una política nacional de administración de los flujos migratorios y a establecerse un plan nacional de regularización para los/as migrantes que tienen décadas residiendo en este país.
Por último, queremos señalar que las ineficiencias del estado dominicano no pueden recaer sobre personas que no son funcionarios públicos y nada tienen que ver en su administración.