Los pueblos de la América latina y caribeña habitan un territorio en el que crecen el 25% de los bosques y el 40% de la biodiversidad del globo. Casi un tercio de las reservas mundiales de cobre, bauxita y plata son parte de sus riquezas, y guarda en sus entrañas el 27% del carbón, el […]
Los pueblos de la América latina y caribeña habitan un territorio en el que crecen el 25% de los bosques y el 40% de la biodiversidad del globo. Casi un tercio de las reservas mundiales de cobre, bauxita y plata son parte de sus riquezas, y guarda en sus entrañas el 27% del carbón, el 24% del petróleo, el 8% del gas y el 5% del uranio. Y sus cuencas acuíferas contienen el 35% de la potencia hidroenergética mundial. La extensión de las contrarreformas neoliberales a toda la región durante la década de los noventa, las más recientes olas de libre comercio (con las iniciativas de control militar y gobernabilidad sistémica que las acompañan) y el incremento de la demanda del mercado mundial durante el último año hicieron de la explotación de estos recursos naturales (intensiva, orientada a la exportación y, en gran parte, bajo control del capital transnacional) una de las fuerzas centrales de la recuperación del crecimiento económico regional, afirmando este modelo societal. Por otra parte, frente a sus devastadoras consecuencias sobre el medio ambiente y el hábitat de pueblos y comunidades enteras, y a la apropiación privada de esas riquezas y de los beneficios resultado de su explotación, un sinnúmero de movimientos sociales, coordinaciones, conflictos y resistencias se han desplegado en los últimos años en toda la región construyendo alternativas y promoviendo horizontes emancipatorios (ver el artículo de Enrique Leff en este número). El presente artículo, que -como es habitual- quiere servir como introducción a la lectura de las cronologías del conflicto social acontecido durante el segundo cuatrimestre de 2005, intenta presentar un panorama de estas experiencias en el período reciente. Se inicia con un análisis de las características que presenta la conflictividad social en dicho lapso, para referir luego a los principales conflictos, sujetos y organizaciones, sus particularidades y el contexto político y regional donde los mismos se inscriben.
El mapa del conflicto social en América Latina
Estos procesos que jalonan el segundo cuatrimestre de 2005 ocurren en un contexto de relativo crecimiento de la conflictividad social. En relación con los hechos de conflicto registrados para el primer cuatrimestre del año, la misma se incrementa en un 8% (2.302 protestas), alcanzando valores similares a los obtenidos para el período mayo-agosto de 2004. El análisis de la distribución regional de estos conflictos permite señalar su crecimiento por segundo cuatrimestre consecutivo en el área comprendida por los países andinos, siendo que esta concentra -como viene sucediendo en los últimos dos años- la mayor proporción de las protestas relevadas (un 40%). En este caso, el incremento de la conflictividad social expresa particularmente el significativo aumento en Venezuela y Bolivia, mientras que disminuye en Ecuador (-20%), Perú (-13%) y Colombia (-8%).
Sin embargo, los cambios más relevantes en este nivel del análisis aparecen en las regiones Sur y Norte. En el primer caso, luego de tres cuatrimestres consecutivos de descenso, la conflictividad social registra un crecimiento importante (30%) entre los meses de mayo y agosto de 2005, resultado de los procesos de conflictos sociales en Uruguay, Argentina y, en menor medida, Chile; que compensa la disminución registrada en Paraguay. En el caso de la región Norte, los hechos de protesta registrados por el OSAL para este período muestran una caída (-8,7%) respecto del importante crecimiento que había caracterizado la realidad sociopolítica de esta región durante el primer cuatrimestre del año. Este señalamiento, sin embargo, abarca disímiles situaciones. Mientras la disminución de la conflictividad en la comparación intercuatrimestral (I y II de 2005) es significativa en cuatro países (El Salvador, México, Guatemala y Nicaragua), la misma crece significativamente en Panamá y, en menor medida, en Costa Rica y Honduras; permaneciendo en el resto relativamente estable.
Finalmente, en relación a los sujetos que protagonizan estos conflictos, es importante señalar que respecto del primer cuatrimestre de 2005 se incrementan, en este caso, aquellos impulsados por los asalariados urbanos ocupados (30%), tanto en lo que respecta a los trabajadores del sector público (29%, particularmente las series de protestas de los docentes) como del sector privado de la economía (37%, especialmente de ocupados en la industria). El conjunto de estos conflictos representa aproximadamente un cuarto del total registrado para el presente período, porcentaje que se eleva al tercio si consideramos también los que resultan de la acción de trabajadores desocupados. En el mismo sentido es necesario considerar el crecimiento de las protestas multisectoriales y de las llevadas adelante por los propietarios del transporte (pequeños y medianos, relacionadas con los incrementos del precio de los combustibles) y los estudiantes.
Hidrocarburos, conflicto social y alternativas societales en la región Andina
El conflicto social por los recursos naturales, particularmente centrado alrededor de los hidrocarburos, habrá de asumir en la experiencia de la región Andina de los últimos años una creciente proyección política nacional. En más de un sentido, la experiencia venezolana reciente resulta un ejemplo de ello. En oportunidades anteriores en las páginas de esta revista se ha analizado el ciclo de movilizaciones, golpe de estado y lock out patronal que confrontó, entre otras cuestiones, a la política petrolera y la reforma de la empresa estatal promovida por el gobierno del presidente Chávez en Venezuela, así como el papel que cumple en el desarrollo de la política social (particularmente las llamadas «misiones») de dicho gobierno la apropiación pública de la renta petrolera. En el marco del crecimiento de la conflictividad social a lo largo del segundo cuatrimestre y de la campaña electoral motivada por la renovación de las autoridades municipales, las acciones callejeras de la oposición y el oficialismo habrán de incrementarse, siendo que el resultado de dichas elecciones otorgará nuevamente un significativo triunfo a las fuerzas bolivarianas, que obtendrán aproximadamente el 75% de los cargos en disputa. Sin embargo, en este caso -prolongando una tendencia del último período-, el aumento del conflicto expresa particularmente un conjunto diverso de acciones que, en su mayoría, tienden a reflejar en términos sociales la matriz de la polarización política antes referida. Por un lado, el proceso de reforma agraria impulsado por el gobierno -que inicia la expropiación y entrega de tierras- tiene su contraparte en las movilizaciones e iniciativas asumidas por las organizaciones campesinas y las respuestas de propietarios y latifundistas. Por otro lado, se destacan también en distintas ciudades del país una serie dispersa y localizada pero numerosa de protestas de vecinos de barriadas populares (particularmente cortes de calles) en reclamo del mejoramiento del servicio eléctrico, cloacas y calles; las acciones impulsadas por los trabajadores de la salud y empleados públicos y por los estudiantes; la serie de conflictos y motines carcelarios (en reclamo de mejores condiciones y derechos), así como distintas protestas frente a la aplicación del SISDEM (Sistema de Democratización del Empleo) en la empresa petrolera estatal (PDVSA).
En el caso de Bolivia, de la «Guerra del Agua» (Cochabamba, 2000) a la «Guerra del Gas» (2003), la disputa social por la propiedad y distribución de los beneficios obtenidos de la explotación de la riqueza hidrocarburífera se ha transformado también y de manera creciente en el centro de la lucha política, articulándose a su alrededor las diferentes fuerzas y coaliciones sociales. En este caso, como resultado de la intensificación del proceso de confrontaciones sociales que venía desplegándose en los meses anteriores, durante mayo se sucederá en este país una creciente polarización y movilización social alrededor de la sanción de la nueva ley de hidrocarburos que convocará tanto a un amplio arco de movimientos sociales -en pos de la nacionalización de dicho recurso y de una mayor imposición tributaria sobre su explotación- como a las elites y los Comités Cívicos de los departamentos petroleros, quienes bregarán por la impugnación de dicha legislación y el reclamo de autonomía política para sus regiones. La profundización de esta confrontación habrá así de desencadenar la renuncia del presidente Carlos Mesa (6/6) y finalmente la instalación (9/6) de un gobierno de transición a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé (sobre este proceso pueden consultarse los artículos de Carlos Vacaflores y Pilar Lizárraga, y de Luis Tapia, en este número del OSAL). Es este período de poco más de un mes el que comprende el 58% de los conflictos registrados por el OSAL para el segundo cuatrimestre de 2005. A partir de allí el horizonte de las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas, en principio, para diciembre próximo irá absorbiendo la energía de los movimientos sociales, las representaciones políticas y las elites; proyectando la confrontación al escenario electoral.
En relación también con el petróleo, durante el mes de agosto, Ecuador estuvo atravesado por un proceso de conflictos impulsado por las poblaciones de las provincias petroleras amazónicas de Sucumbíos y Orellana que, aunque de menor intensidad y significación que el acontecido en Bolivia, por el contexto político-social en el que se origina y desenvuelve permite vislumbrar similitudes y diferencias. La lucha contra la contaminación y los abusos de las empresas petroleras y el reclamo por la apropiación de los beneficios -o de parte de estos- que las mismas obtienen (ver sobre ello el artículo de Pablo Ortiz-T. en este número) motivaron en el pasado diversas y recurrentes protestas de las comunidades de estas regiones que también se manifestaron entre los meses de mayo y junio2. A lo largo de estos meses la cuestión petrolera también hubo de transformarse en uno de los temas del debate político ecuatoriano alrededor de la reforma al FEIREP (Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público) promovida por el ministro de Economía Rafael Correa -integrante del gobierno de Alfredo Palacio que sucedió a la caída de Gutiérrez en abril de 2005- y que aspiraba a incrementar la proporción de los recursos fiscales destinados a la política social obtenidos de la actividad petrolera, en desmedro de aquellos dirigidos al pago de la deuda externa. La renuncia del ministro Correa a principios de agosto, en el marco de la negociación con el FMI y tras la decisión del BM de suspender un préstamo, motivará una nueva protesta de los llamados «forajidos» -principalmente en la ciudad de Quito- que, sin embargo, parecerá no alterar la tendencia de los cambios gubernamentales. Lejos de los centros urbanos de Quito y Guayaquil, en las provincias de Sucumbíos y Orellana -donde la actividad petrolera se combina con las tensiones y operativos alrededor de la frontera con Colombia-, la renuncia del referido ministro y el pedido de caducidad del contrato de la empresa petrolera norteamericana Occidental (OXY) formulado por el presidente de Petroecuador, antes de renunciar él también, precipitarán el reinicio de la protesta de las poblaciones amazónicas. La convocatoria al paro regional por la Asamblea Biprovincial iniciado el 14 de agosto que habrá de suponer el despliegue de un conjunto diverso de acciones (ocupación del aeropuerto y de pozos petroleros, corte de las principales carreteras) y la respuesta gubernamental de militarizar la región y detener a las autoridades y líderes del conflicto intensificarán el mismo hasta la suspensión del paro (20/8) y la firma de un acuerdo (25 y 30/8) que prevé la construcción de carreteras y el cobro provincial de parte de los tributos pagados por las empresas petroleras (ver el artículo de Esperanza Martínez en este número).
Integración regional y tratados de libre comercio en el Área Andina
Durante este período el gobierno venezolano despliega una energía particular en relación con la concreción de proyectos de integración con diferentes países y regiones de América Latina, particularmente en el sector petrolero, inspirados en la llamada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). En este sentido, la I Cumbre Energética del Caribe (Puerto La Cruz, Venezuela, junio) avanza en acuerdos de intercambio preferencial de petróleo y redundará en los meses siguientes en la creación y puesta en marcha de la empresa regional Petrocaribe; posteriormente, en el marco de la XVI Cumbre de Presidentes de la Comunidad Andina (Lima, Perú, 18/7), el gobierno venezolano promoverá en la declaración final la propuesta de avanzar en la conformación de Petroandina; y finalmente -luego de sendos acuerdos de suministro e inversión en el sector petrolero firmados en agosto con Argentina y Uruguay- en el marco de la II Cumbre de Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones (Brasil, septiembre) habrán de celebrarse distintos acuerdos entre las empresas petroleras de Venezuela (PDVSA) y Brasil (PETROBRAS), todo ello en la orientación de avanzar en la puesta en marcha de Petrosur. Esta intensa iniciativa del gobierno bolivariano en relación a proyectos sectoriales de integración regional -que mereció en este caso el acápite de «diplomacia petrolera»- está lejos de circunscribirse a acuerdos alrededor de los hidrocarburos. Vale señalar como ejemplo que a partir de mediados de julio habrá de iniciar sus transmisiones el emprendimiento televisivo regional Telesur.
De manera simultánea los gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador (con Bolivia en calidad de observador) avanzan en la elaboración del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. En el período bajo estudio tienen lugar dos rondas de negociaciones (la X, durante el mes de junio, en Guayaquil; y la XI, en julio, en Miami). Del conjunto de las protestas y movilizaciones contra estos acuerdos se destacan las motorizadas por el sector agrícola. En Perú tendrán lugar un paro agrario nacional de 48 hs (mayo) de la CONVEAGRO (Convención Nacional del Agro Peruano) y un paro de todas las organizaciones agrarias y campesinas (julio); y en Colombia la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria realizará una consulta popular arrocera contra el TLC (julio) que rechaza la inclusión de este cultivo en las negociaciones. Como resultado de estas protestas la cuestión agraria motiva diferentes reuniones bilaterales que, tras su fracaso, parecen postergar este tema hacia el tramo final de la negociación. Por otra parte, la negativa norteamericana a acceder a los mínimos requerimientos planteados por los gobiernos andinos provocará la renuncia del equipo de negociadores colombiano del Ministerio de Protección Social y la prolongación de las negociaciones en la previsión de una última ronda en noviembre próximo. Aun en este contexto, los presidentes Uribe (Colombia) y Toledo (Perú) ratifican su voluntad y decisión de culminar lo más rápido posible la negociación del TLC. En este proceso diferentes autoridades norteamericanas visitan estos países; entre ellas, el secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, se reúne con el presidente del Perú (en momentos en que se desarrolla el conflicto cocalero en diferentes regiones del país), y el jefe del Comando Sur realiza sendos viajes a Ecuador (junio y agosto) promoviendo la resolución de los diferendos surgidos recientemente en relación a la fumigación con glifosato y el control coordinado de la frontera entre ambos países, iniciativas del llamado Plan Andino. En el caso de Colombia, la aprobación del proyecto de ley llamado «de justicia y paz», que otorga marco jurídico a las negociaciones entre el gobierno y los paramilitares y protege a estos de posteriores juicios, despierta nutridas críticas en el ámbito nacional e internacional. En el mismo período, la aprobación norteamericana del paquete de ayuda exterior autoriza un nuevo financiamiento para el gobierno colombiano, y la certificación de «buena conducta» en el terreno de los derechos humanos permite la liberación de asistencia a las fuerzas armadas en el marco de una reorganización de los comandos militares. Como ya señalamos, en el período analizado la conflictividad social en Colombia disminuye; no obstante ello, resultan significativas las protestas y movilizaciones del sector de la salud pública -contra el cierre de hospitales y centros sanitarios y por aumento salarial- así como de la comunidad educativa en defensa de la educación pública y contra su privatización3.
Conflictos sociales y explotación minera
A lo largo de la década del noventa y en el marco de las políticas de desregulación, privatización e incremento de inversiones extranjeras, la actividad minera en Perú -orientada a la exportación- se incrementó significativamente llegando a sextuplicarse la superficie destinada a estos emprendimientos. Las gravosas consecuencias (contaminación de ríos y tierra, desplazamientos) que dicha actividad descargó sobre las comunidades rurales y urbanas y su pauperización -contrastante con el crecimiento de las ganancias empresarias- marcaron la persistente emergencia de protestas y conflictos que conllevaron a la creación de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI, 1999 y 20034) que agrupa más de 1.500 comunidades rurales y urbanas de 18 regiones del Perú. Según los registros de la CONACAMI existen actualmente en Perú 42 conflictos planteados alrededor de las explotaciones mineras, 7 de los cuales pueden considerarse críticos (ver al respecto la declaración de CONACAMI del 25/7, incluida en la sección Documentos de este número). De aquellos que tienen lugar a lo largo de este segundo cuatrimestre de 2005 (entre ellos en las provincias de El Espinar, Tambobamba y la región de Cajamarca) se destaca el protagonizado por comunidades de las provincias de Ayabaca y Huancabamba (Piura) contra el proyecto Río Blanco de la minera Majaz propiedad de la empresa inglesa Monterrico Metal. Dicho proyecto, destinado a la extracción de cobre y otros minerales, afecta las cuencas hidrográficas de la región, amenazando la vida y la actividad agrícola de las comunidades campesinas. Hacia fines de julio, comuneros de dichas provincias y de Jaén y San Ignacio (Cajamarca) inician una masiva marcha hacia el campamento minero de Majaz exigiendo el retiro de la empresa y ser incluidos en la mesa técnica de diálogo convocada por el gobierno. Frustrados los intentos de establecer un diálogo ante la falta de voluntad gubernamental, el arribo de la marcha a las proximidades del campamento minero enfrenta una violenta represión policial que el 1º de agosto cobra trágicamente centenas de heridos y por lo menos un comunero muerto. Los conflictos se suceden en la zona, llegando los comuneros a detener a trabajadores de la mina para evitar su funcionamiento. A pesar de ello y del paro interregional en las provincias de Huancabamba, Jaén y Ayabaca (18/8), la actividad de la empresa Majaz continúa.
Aun en un contexto de relativo descenso de la conflictividad social (-13%) se destacan también en Perú las protestas, movilizaciones y paros territoriales promovidos por los movimientos de campesinos cultivadores de coca (o «cocaleros»). Entre estos, aunque en un marco de divisiones al interior del movimiento, vale señalar el paro territorial que entre fines de junio y principios de julio llevan adelante miles de productores de los valles de la selva central contra las políticas de erradicación del cultivo y el tratado de libre comercio con EE.UU., y la serie de conflictos protagonizados por el movimiento cocalero del Valle del Monzón (provincia de Huamalíes, departamento de Huanuco). Como resultado de estas protestas, distintos gobiernos regionales (Huanuco y Cusco) dictan diferentes medidas que legalizan en algunas regiones el cultivo de coca, así como otros (Ucayali) deciden retirarse del acuerdo de erradicación de cultivos promovido por DEVIDA (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas) con el patrocinio de la agencia norteamericana AID (Agency for International Development)5.
Los conflictos frente a los emprendimientos mineros resultan también significativos en los últimos años en Mesoamérica, en particular en Guatemala. En este caso, y en el marco de distintos conflictos locales contra la entrega de licencias mineras, se destaca el de Sipacapa, donde las comunidades al mismo tiempo reclaman la realización de un plebiscito sobre la explotación minera en la zona y realizan una consulta popular (18/6) que mayoritariamente rechaza la misma. Tienen lugar también en el occidente del país distintas convocatorias y la constitución de coordinaciones contra la explotación minera (por ejemplo en Sololá y Huehuetenango, distritos donde hubo recientemente importantes protestas). Conflictos similares se extienden y recorren todo el cinturón de sierras y montañas latinoamericanas y se hacen presentes en Chile (en junio tendrá lugar una jornada nacional contra la destrucción ambiental y la injusticia social) y en Argentina (ver artículo de María Celia Cotarelo en este número), donde se destaca la realización, en agosto, en Andalgalá, provincia de Catamarca, del III Encuentro de Comunidades Afectadas por la Minería de la Argentina (ver declaración en la sección Documentos en el presente OSAL).
Libre comercio, privatización y recursos naturales en Mesoamérica
La iniciativa norteamericana de consolidar y profundizar la integración subordinada de la región mesoamericana a partir de acuerdos de libre comercio fructifica, en este período, en los avances obtenidos en relación al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y el DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana). En el primero de los casos, nuevos acuerdos sobre comercio, carreteras y pasos transfronterizos son suscriptos en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Ottawa, Canadá, junio) conocida bajo el apelativo de TLCAN Plus. Por otra parte, luego de una prolongada labor de lobby, el gobierno norteamericano obtiene la ratificación del DR-CAFTA en el Senado (54 a 45 votos, 30/6) y, en una más ajustada votación, en la Cámara de Representantes (217 a 215 votos, 27/7), promulgando la ley respectiva a principios de agosto. La refrendación parlamentaria de este acuerdo por parte de EE.UU. -siendo que sólo resta similar ratificación en tres de los países signatarios: Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana6- habrá de expresarse también en la dinámica que adquieren las iniciativas de integración en el terreno de la infraestructura (Plan Puebla Panamá-PPP) y las fuerzas de seguridad. Así, en el marco de la VII Cumbre de Presidentes de Centroamérica, México, Colombia y República Dominicana se acuerda destinar mayores fondos para el PPP, y diferentes tipos de préstamos son otorgados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y distintas agencias del gobierno norteamericano a algunos de los gobiernos del istmo. En relación con las fuerzas policiales y militares, la XXVI Asamblea Ordinaria del Sistema de la Integración Centroamericana (Honduras, junio) formula acuerdos para la creación de una fuerza regional contra el terrorismo y la entrega rápida de delincuentes (sólo Costa Rica se abstiene de suscribir los mismos) y Guatemala y Honduras coinciden en la creación de una fuerza binacional de seguridad. Los progresos en el orden de consolidar la coordinación de las fuerzas de seguridad, bajo iniciativa norteamericana, habrán de expresarse también en los intentos de profundizar diagramas represivos al interior de estos países. En este sentido, vale resaltar las denuncias formuladas por la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría de Derechos Humanos de Honduras frente a la implementación de la segunda fase del llamado «Plan Super Mano Dura» que, justificado en la persecución de las bandas juveniles conocidas como maras, es señalado como restrictivo de las libertades democráticas y como un retroceso respecto de las garantías constitucionales. En similar sentido, sucesivos ataques a locales y activistas de organizaciones sociales tienen lugar en Guatemala.
Las resistencias sociales desplegadas frente a los tratados de libre comercio, el PPP y la militarización regional se prolongan también en los conflictos y coordinaciones de movimientos sociales que despiertan las iniciativas empresarias que dichos acuerdos promueven y legalizan. Hemos referido anteriormente a los conflictos y experiencias forjadas por los movimientos sociales frente a las consecuencias de la expansión minera en esta región. También diferentes reformas a la legislación sobre el servicio de agua orientadas a su privatización son impulsadas en distintos países de Mesoamérica (ver el artículo de Gustavo Castro Soto en este número); frente a ello tiene lugar en Guatemala una importante movilización contra los proyectos de Ley General de Aguas y Ley de Concesiones que amenazan con la privatización del agua y los recursos naturales. Asimismo, en este país, se conforma en junio el Frente Nacional Guatemalteco contra las Represas (ver manifiesto en la sección Documentos del presente OSAL). También en Nicaragua organizaciones sociales se movilizan contra el proyecto de Ley General de Aguas, en este caso en el marco de la disputa entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria conformada por el PLC (Partido Liberal Constitucionalista) y el sandinismo. En el contexto de estas luchas regionales habrá de sesionar en junio el Foro Centroamericano del Agua que, pronunciándose contra la privatización del recurso, promoverá la coordinación de manifestaciones nacionales contra estas reformas legales así como el boicot al IV Foro Mundial del Agua que habrá de realizarse en México (2006), donde también tienen lugar diferentes protestas sobre el tema del agua y contra la construcción de represas.
Las propuestas de reformas a la legislación sobre el servicio de aguas y el manejo de los recursos hídricos se extienden también en el resto de América Latina, convirtiéndose en uno de los elementos centrales de lo que dio en llamarse en el discurso de los organismos internacionales las «reformas de segunda generación». En este caso, en Perú, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CONAGUAVIDA) promueve una movilización nacional en rechazo al anteproyecto de ley del agua aprobado por una comisión parlamentaria, que prevé la privatización del servicio y legitima la contaminación. Por otra parte, en Uruguay se destacan las protestas impulsadas por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) y la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) contra la sanción del decreto presidencial (20/5) que ratifica las concesiones privadas de abastecimiento de agua y saneamiento, contradiciendo el espíritu del último referéndum (31/10/04) donde mayoritariamente la población se manifestó contra su privatización.
Los procesos de conflicto social que describimos en Centroamérica y México, como señalamos en la primera parte de este artículo, se dan en el contexto de un marcado descenso de la conflictividad social. De esta tendencia se eximen tres países: Costa Rica, Honduras y Panamá. En el primero de ellos se destacan la huelga general y movilizaciones contra la ratificación parlamentaria del DR-CAFTA, y aquella que -impulsada por las cámaras empresariales- demanda su aprobación. En el caso de Honduras, prolongando un proceso iniciado ya el cuatrimestre pasado, se despliega una intensa y extendida serie de conflictos estudiantiles (una larga huelga, movilizaciones y cortes de calles) que concluye transitoriamente con la obtención del pago de un bono para transporte (ante el incremento del mismo, resultado del aumento de los precios del petróleo), becas y bonos para gastos de graduación. Pero ciertamente es Panamá donde, en mayor medida, se destaca el crecimiento de la conflictividad social desplegada, desde el cuatrimestre pasado, frente a la propuesta de reforma de la Caja del Seguro Social promovida por el nuevo gobierno de Martín Torrijos (la descripción y análisis de este proceso puede consultarse en el artículo de Marco A. Gandásegui (h.) que incluimos en este número).
Conflictos sociales, gobernabilidad y proyecto imperial en el Cono Sur
Señalamos anteriormente el crecimiento que experimenta a lo largo de este segundo cuatrimestre el conflicto social en la región del Cono Sur (resultado particularmente de las protestas que tienen lugar en Uruguay y Argentina) luego de un período prolongado de descenso (mayo 2004-abril 2005). Este proceso es en buena medida la razón del incremento regional de las acciones promovidas por los trabajadores ocupados y desocupados que presentábamos al inicio de esta contribución, siendo que de estas casi un tercio corresponde a los países del Sur del continente.
En el caso de Uruguay, el importante aumento de los hechos de conflicto registrados por el OSAL para el período bajo estudio (mayo-agosto 2005) interrumpe una tendencia de disminución de los mismos iniciada a principios de 2004, situándose en este caso en valores similares a los registrados para el segundo cuatrimestre del año pasado. Estas protestas se despliegan fundamentalmente a partir de fines de mayo, luego de las elecciones municipales (8/5) en las que EP-FA-NM7 triunfa en 8 distritos. Entre ellas se destaca una serie de ocupaciones de fábricas y empresas -particularmente por reincorporación de delegados y trabajadores, pago de haberes o aumento salarial- que, al obtener conquistas en algunos casos, estimulan esta modalidad de lucha8. La misma se ampara en la reciente derogación del decreto que permitía a las fuerzas policiales intervenir en este tipo de conflictos, lo que despierta la crítica de las cámaras empresariales. Asimismo, a partir de junio, tienen lugar numerosas protestas (cortes de calle) de vecinos de barriadas populares en reclamo de su inclusión en el recientemente creado Plan Nacional de Emergencia Social (PANES). Como hemos mencionado anteriormente, también se realizan distintas movilizaciones impulsadas por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y el sindicato del sector ante la decisión del gobierno de prorrogar, hasta el vencimiento de sus contratos, las concesiones privadas del servicio de aguas y saneamiento a pesar del resultado del referéndum de fines del pasado año.
El crecimiento del conflicto social en Argentina, en un contexto de crecimiento económico e inflación y en los inicios de la campaña electoral por la renovación de los parlamentos nacional y provinciales, resulta particularmente de las acciones de los trabajadores en demanda de aumento salarial, que comprenden aproximadamente el 45% de las protestas registradas. La mayoría de las mismas (62%) corresponden a empleados del sector público nacional y provincial (donde se destacan las de los trabajadores administrativos del estado y los maestros de distintas provincias); pero es importante el peso de los conflictos protagonizados por los trabajadores del sector privado (38%, dos quintos de ellos resultan en la industria). Más prolongadas e intensas en el sector público, la mayoría de estas protestas obtiene un incremento salarial que, en los mejores casos, permite recuperar el poder adquisitivo erosionado por la inflación. Por otro lado, se incrementan también las acciones promovidas por los trabajadores desocupados (piqueteros) que, si bien recorren todo el cuatrimestre, se intensifican desde mediados de julio cuando la mayoría de las organizaciones piqueteras llevan adelante un plan de lucha nacional en demanda de la universalización del subsidio de desempleo y su aumento a 350 pesos (que lo situaría alrededor de la línea de indigencia). Frente a las jornadas nacionales de cortes de ruta, movilizaciones y acampe en la Plaza de Mayo, y en un clima mediático de criminalización de las protestas, hacia fines de agosto el gobierno nacional moviliza las fuerzas de seguridad para impedir las acciones de estos movimientos9. Se destacan también en Argentina los paros y movilizaciones de los docentes y estudiantes universitarios por mayor presupuesto y la derogación de la Ley de Educación Superior sancionada durante el gobierno de Menem (1995), y las intensas y reiteradas movilizaciones (que en repetidas oportunidades cortan el puente internacional) de los pobladores de la ciudad de Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos) contra la instalación de dos empresas papeleras transnacionales sobre la ribera uruguaya (Fray Bentos) del río Uruguay que, con menor intensidad, también tienen lugar en el país oriental.
Finalmente, en el caso de Chile, el rechazo a la Ley de Financiamiento de la Educación Superior -que habilita al privado a intervenir en el otorgamiento de préstamos para el pago de aranceles- motivará diferentes protestas y movilizaciones de los estudiantes universitarios10, así como también se registran acciones impulsadas por mapuches por posesión de tierras.
En un contexto de disminución del conflicto en Paraguay, luego de las importantes protestas campesinas por entrega de tierras que recorren el pasado año y que fueron acalladas por una significativa represión estatal, en este cuatrimestre se destacan las movilizaciones impulsadas por la coordinadora Frente de Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional contra la propuesta de ley de privatizaciones que finalmente es dejada de lado, por lo menos hasta el momento. En este caso, y en su estrategia continental, uno de los más importantes logros obtenidos por el gobierno norteamericano en la región ha sido, sin dudas, la aprobación parlamentaria en Paraguay (5/5) de inmunidad (estatus diplomático) para su personal militar y de un intenso calendario de intercambio militar, ingreso de efectivos y operativos conjuntos (sobre sus características e implicancias geopolíticas ver el artículo de Ana Esther Ceceña y Carlos Ernesto Motto en este número). Si sumamos a ello las declaraciones del vicepresidente paraguayo, luego desmentidas, en relación con la voluntad de negociar un TLC con EE.UU., y las tratativas, actualmente postergadas, sobre un tratado de protección mutua de inversiones entre Uruguay y el país del Norte, pueden visualizarse algunas líneas de la estrategia estadounidense en el Sur del continente en el marco de las divergencias y dificultades que parecen atravesar al MERCOSUR (bloque que, junto a la negativa venezolana, se constituyó en uno de los obstáculos al desarrollo del proyecto norteamericano del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA).
En este sentido, vale considerar también la crisis que afecta al gobierno del presidente Lula en Brasil, tras el escándalo del manejo ilegal de fondos que compromete a dicho gobierno, cuyas primeras denuncias aparecen a mediados de mayo para intensificarse a lo largo del cuatrimestre y conllevan, entre otras, la renuncia (16/6) del jefe de la Casa Civil de la Presidencia, José Dirceu, y del presidente y secretario del Partido de los Trabajadores, PT (9/7) (para una cronología y análisis de lo sucedido ver el artículo de Roberto Leher en este número). Estos hechos han vuelto público que la dominancia de la política económica ortodoxa y de las reformas neoliberales (Frigotto, 2004) que signó la gestión del gobierno de Lula en estos años -manifestada ya en la elaboración, bajo la presión de los «mercados», de la «Carta a los Brasileros» en 2002 (Leher, 2003)- parece expresarse también en la continuidad de las formas de la gobernabilidad política tradicionales en Brasil. En este contexto, la conflictividad social se mantiene en similares valores al cuatrimestre pasado; siendo que en mayo se destaca el fin de la movilización nacional promovida por el MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra) en reclamo del efectivo cumplimiento de los compromisos gubernamentales en relación a la entrega de tierras y la reforma agraria (sobre el MST y la lucha contra el agrobusiness ver el artículo de Héctor Alimonda en este número); para luego incrementarse las protestas de los trabajadores ocupados, particularmente del sector público, en demanda de recomposición salarial.
A dos meses de la realización de la IV Cumbre de Presidentes de las Américas (Mar del Plata, Argentina) -en el año en que el proyecto estadounidense del ALCA preveía ponerse en marcha-, la dinámica y límites de la ola de libre comercio (y los procesos de militarización social que la acompañan), las nuevas formas que adopta la gobernabilidad neoliberal, así como la persistencia de las resistencias y configuración de alternativas ante estos proyectos, entretejen los desafíos presentes y futuros de las sociedades latinoamericanas y caribeñas.
Bibliografía
Frigotto, Gaudêncio 2004 «Brasil e a política econômico-social: entre o medo e a esperança» en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Nº 14, mayo-agosto.
Leher, Roberto 2003 «O governo Lula e os conflitos sociais no Brasil» en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) N° 10, enero-abril.
Notas
1 Este artículo es fruto de un trabajo colectivo desarrollado en el marco del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO). Para la elaboración del mismo se han utilizado las cronologías del conflicto social -resultado de una tarea coordinada por el OSAL desde el año 2000 y que abarca el esfuerzo de diferentes investigadores y centros de investigación de la región- y los informes cuatrimestrales respectivos preparados por el equipo del OSAL (Juan Chaves, María Chaves, Sol Denot, Mariana Fassi, Martín Fernández, María José Nacci, Marcelo Perera y Magdalena Rauch). A todos ellos mis agradecimientos y especialmente a Emilio Taddei y Clara Algranati por sus comentarios y sugerencias y a Mariana Fassi por la revisión del texto. Las referencias a los datos cuantitativos sobre las características de la conflictividad social del período resultan del análisis de los resultados de la base de datos elaborada por el OSAL en función de la información suministrada por las referidas cronologías.
2 En este caso, entre otros conflictos, los pobladores de Orellana realizan durante el mes de mayo un paro provincial y ocupan pozos petroleros exigiendo obras de infraestructura, en salud y educación, y en junio, ante el incumplimiento de las promesas oficiales, las autoridades de ambas provincias amenazan con un paro regional. Asimismo, comunidades campesinas e indígenas se manifiestan reclamando la caducidad del contrato de la empresa petrolera Occidental (OXY).
3 Entre las protestas del sector privado se destaca una prolongada huelga -que se extiende por casi dos meses- realizada por los trabajadores de 7 ingenios azucareros en rechazo a los bajos salarios, la precariedad laboral y la falta de seguridad social.
4 En 1999 tiene lugar el I Congreso Nacional con la participación de 13 departamentos, fundándose la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería. En octubre de 2003 se desarrolló el II Congreso donde se aprobó la constitución de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería.
5 En relación a ello vale señalar que, frente a estas medidas, el recurso judicial interpuesto por el gobierno del presidente Toledo ante el Tribunal Constitucional obtuvo una resolución favorable por parte de este a fines de septiembre.
6 Fuera del período que consideramos, el Parlamento nicaragüense ratificó dicho tratado.
7 Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría.
8 La ocupación de la sede administrativa de la empresa de gas (Gaseba) por trabajadores de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (UAOEGAS) a comienzos de mayo en reclamo de la reincorporación de 7 dirigentes gremiales despedidos en 1996, entre otras reivindicaciones, logra un acuerdo favorable una semana después. La resolución del conflicto es considerada por las organizaciones sindicales como un triunfo histórico para el movimiento obrero uruguayo.
9 En relación con la represión de los conflictos, vale señalar el violento desalojo y detención (20/7) de los trabajadores desocupados que habían tomado la planta petrolera de la empresa Repsol-YPF en Cañadón Seco (provincia de Santa Cruz) en reclamo de los puestos de trabajo comprometidos por dicha empresa en un conflicto anterior, que cobra decenas de heridos y detenidos.
10 Vale mencionar que en el período se sanciona la Ley de Control de Armas que, entre otras cosas, habilita a los carabineros a ingresar a las universidades en búsqueda de estudiantes, así como tienen lugar diferentes detenciones de activistas indígenas en el Sur. En el mismo período se reforma la estructura parlamentaria heredada de la dictadura pinochetista derogando, entre otras cuestiones, la figura de los senadores vitalicios y facultades de las FF.AA.