En Perú, la represión de las movilizaciones sociales contra el proyecto Conga, que la transnacional minera Newmont está tratando de desarrollar en Cajamarca, tuvo como resultado cinco víctimas mortales por disparos de la policía en julio de 2012. En Sudáfrica, un mes después, 34 obreros que llevaban a cabo una huelga en la mina Lonmin […]
En Perú, la represión de las movilizaciones sociales contra el proyecto Conga, que la transnacional minera Newmont está tratando de desarrollar en Cajamarca, tuvo como resultado cinco víctimas mortales por disparos de la policía en julio de 2012. En Sudáfrica, un mes después, 34 obreros que llevaban a cabo una huelga en la mina Lonmin en Marikana fueron acribillados por las fuerzas policiales. Según fuentes empresariales, son casos aislados.
En Bangladesh, el derrumbe en abril de este año del edificio Rana Plaza en Dacca, donde se alojaban proveedores y subcontratas de El Corte Inglés, Mango, Bennetton o Primark, dejó más de 1.100 personas muertas –la mayoría, mujeres– y 2.400 heridos. A finales de 2012, en el incendio de la fábrica textil Fashions Tazreen, que producía para C&A, Carrefour y Wal-Mart, perdieron la vida más de cien trabajadores. Según los gobiernos de los países centrales, se está tratando de acabar con las «malas prácticas» empresariales.
En Madrid, hace tres años, tenía lugar la tercera de las audiencias que el Tribunal Permanente de los Pueblos dedicaba a juzgar simbólicamente a las empresas transnacionales europeas presentes en América Latina. Allí se presentaron más de 30 casos de violaciones de derechos humanos cometidos por compañías multinacionales. Todos ellos, según la sentencia final que dictó el jurado presidido por Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo, «deben ser considerados no aisladamente en su significación individual, sino como expresión de un muy amplio espectro de violaciones y responsabilidades, que, por el carácter sistemático de las prácticas correspondientes, configuran una situación que ilustra con claridad el verdadero papel tanto de las transnacionales europeas como de la Unión Europea, sus Estados miembros y los Estados latinoamericanos».
Dimensiones e impactos
Los mecanismos de extracción, apropiación y acumulación de la riqueza económica, que están en la base del funcionamiento del capitalismo, lejos de debilitarse con la crisis sistémica que han originado, se están expandiendo aún con mayor agresividad tras el crash global. Socialización de las deudas empresariales, rebaja de salarios y precarización laboral, privatización de los servicios públicos, expolio de los recursos naturales y los bienes comunes… Las corporaciones transnacionales pretenden seguir aumentando como sea sus tasas de ganancia, combinando una drástica reducción de costes con la mercantilización de más y más esferas de la vida. En este contexto, se están multiplicando los conflictos socioecológicos y las violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por todo el planeta.
Frente a ello, diferentes centros de estudios, organizaciones no gubernamentales, redes de solidaridad, movimientos sociales y sindicales, así como ciertos sectores de la academia, han venido realizando un trabajo de documentación y sistematización sobre las consecuencias de la expansión global de las grandes corporaciones en el marco del actual modelo socioeconómico. Estas investigaciones han servido para constatar que las empresas transnacionales no han contribuido a una mejora de la cantidad y la calidad del empleo, ni tampoco de la prestación de los servicios que ofrecen, prácticamente no han realizado inversiones en mantenimiento y apenas han favorecido los procesos de transferencia tecnológica. Y junto con las consideraciones económicas, hay también una lista de graves efectos sociales, políticos, ambientales y culturales que van de la mano de la internacionalización de los negocios de estas compañías.
El «caso Bárcenas», además de ser un ejemplo para ver cómo funciona la clase político-empresarial que nos gobierna, con las constructoras FCC, OHL y Sacyr recibiendo contratos de obra pública a cambio de financiar ilegalmente al partido del gobierno, es representativo de los impactos que pueden tener las transnacionales en la dimensión económica: fraude, corrupción, soborno, especulación, evasión fiscal. Al mismo tiempo, en este caso se aúnan otros impactos que tienen que ver con las dimensiones política (déficit democrático, lobby) y ambiental (destrucción del territorio y pérdida de biodiversidad). Pueden enumerarse muchos ejemplos, tanto de multinacionales españolas como de compañías transnacionales con sede en otros países, en los que las prácticas de estas empresas se vinculan con toda una serie de impactos negativos sobre las condiciones laborales y los derechos sindicales, las desigualdades de género, la destrucción del tejido productivo local, los derechos de los pueblos indígenas, la criminalización y represión de las organizaciones sociales que se oponen a sus actividades, la contaminación de aire, agua y tierra. Citando únicamente a compañías españolas, se trata de impactos socioecológicos asociados a transnacionales de los sectores del turismo (Sol Meliá, Barceló), hidrocarburos (Repsol, Gas Natural Fenosa), electricidad (Iberdrola, Endesa), textil (Inditex, Mango), finanzas (Santander, BBVA), telecomunicaciones (Telefónica), agua (Agbar, Canal Isabel II), medios de comunicación (Prisa, Planeta)…
Globalizando las resistencias
Con todo ello, a medida que crecen los conflictos provocados por las grandes corporaciones también se van incrementando a nivel global las campañas y movilizaciones sociales que se enfrentan al poder de estos gigantes económicos. Usuarios, consumidores, sindicalistas, feministas, ecologistas, indígenas, activistas y, en especial, las personas más directamente afectadas por estas empresas desempeñan un papel central en las reivindicaciones que señalan la responsabilidad de las compañías multinacionales en un modelo de «desarrollo» que globaliza la pobreza y la desigualdad.
Conectar las luchas y resistencias de las personas que han sufrido la violación de sus derechos fundamentales en otros países con la denuncia, la sensibilización y la movilización en el país de origen de la transnacional, donde también se están produciendo conflictos similares, no es sino una forma de globalizar el trabajo de las redes contrahegemónicas que quieren, por un lado, cuestionar la centralidad de las empresas transnacionales en nuestras sociedades y, por otro, construir modelos socioeconómicos en los que no tengan primacía los intereses empresariales sino los derechos de las mayorías sociales.
Campañas contra multinacionales españolas
2001 Contra la violación de los derechos de las mujeres y los derechos laborales en Inditex.
2006 Contrajunta de afectados/as por Repsol.
2007 La ir-responsabilidad social de Unión Penosa: Nicaragua a oscuras.
2007 BBVA-ren aurkako plataforma/Plataforma contra el BBVA.
2007 BBVA sin armas; Santander sin armas; Caixabank sin armas.
2008 Fuera ENCE de Uruguay.
2009 Plataforma de afectados por la hipoteca.
2012 Huelga de hambre en Telefónica; Marcos, readmisión; Sí, soy rentable.
2012 Canarias dice no a Repsol.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/20882-resistir-transnacionales.html