Recomiendo:
0

Activistas de Colombia y Guinea Ecuatorial denuncian en Valencia las amenazas y agresiones a defensores de los derechos humanos

«¡Resistir, persistir y nunca desistir!»

Fuentes: Rebelión

Religiosa dominica y defensora de los derechos humanos, Maritze Trigos Torres acompaña desde hace 20 años la lucha de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT) en el Valle del Cauca; surgida en 1995, la asociación fue galardonada en 2013 con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, […]

Religiosa dominica y defensora de los derechos humanos, Maritze Trigos Torres acompaña desde hace 20 años la lucha de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT) en el Valle del Cauca; surgida en 1995, la asociación fue galardonada en 2013 con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en la categoría «proceso colectivo de base». «En Colombia la memoria es prohibida, la han querido acallar; develar lo que sucedió (durante el conflicto) y a los responsables causa peligros, pero hay que asumir riesgos; para mí no es un trabajo sino una opción de vida», afirmó Maritze Trigos Torres en una entrevista de la ONG Acción Verapaz, difundida por la Orden de los Dominicos. AFAVIT denuncia que, entre 1986 y 1994, se produjeron en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar (Valle del Cauca) una secuencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y torturas con el resultado de 342 víctimas.

En cuanto a la autoría, el informe Trujillo: una tragedia que no cesa, publicado en 2008 por la Comisión Nacional de Reparación y la Reconciliación, destaca la alianza entre los narcotraficantes, la policía y el ejército. «Tras la bandera contrainsurgente se perpetraron crímenes con muy variados móviles: limpieza social, eliminación de testigos, despojo de tierras y persecución política», apunta el informe. La mayoría de las víctimas fueron campesinos o jornaleros, y pequeños comerciantes. En la noche del 31 de marzo-1 de abril de 1990 fueron torturadas y desaparecidas 11 personas en el corregimiento de La Sonora (Trujillo); también en 1990, el 17 de abril, fueron víctimas de torturas y después desaparecidos el religioso Tiberio Fernández Mafla y sus tres acompañantes. «Organizó 20 cooperativas ante la pobreza absoluta de la población campesina; por ser ese profeta comprometido, al padre Tiberio lo volvieron nada y arrojaron al río Cauca», explica Maritze Trigos.

AFAVIT señala entre los responsables de los crímenes al mayor del Ejército Nacional, Alirio Urueña Jaramillo; al teniente de la policía, José Fernando Berrío, y a los jefes del narco Diego Montoya y Henry Loayza, quienes actuaron con el apoyo de paramilitares. En 1995 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA asumió las conclusiones de la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (CIVST), y consideró «responsable» al Estado de Colombia; el presidente de la República, Ernesto Samper, reconoció también la responsabilidad estatal y, en abril de 2016, se celebró en Trujillo un acto público en el que el Estado pidió perdón a las víctimas.

Además en 1997 empezó la construcción del Parque Monumento a las Víctimas, con el fin de dignificarlas, exigir justicia y también como lugar de reparación simbólica. Promovido por AFAVIT y construido en la montaña, el Parque fue inaugurado en 2002. Contiene, entre otros elementos, un sendero de la memoria, que recuerda 14 masacres; 235 osarios, el muro internacional del amor, el mausoleo de Tiberio Fernández, la ermita del abrazo y una galería con la memoria fotográfica de las víctimas. Además de las amenazas a los activistas y acompañantes, estos denunciaron en 2018 la rotura de vidrios, el lanzamiento de piedras y las pintadas en el Parque Monumento, un lugar de peregrinación visitado por centenares de personas. Pero «Resistir, persistir y nunca desistir!» es una de las consignas de la asociación.

Maritze Trigos Torres ha participado en las jornadas sobre defensores de derechos humanos organizadas por el Ayuntamiento de Valencia y la Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colombia. Otro de los intervinientes fue el joven activista colombiano Mateo Gutiérrez León, absuelto en noviembre de 2018 de un presunto delito de terrorismo, imputación sostenida por la Fiscalía General de la Nación. El estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia pasó 20 meses en prisión, antes que el juez determinara la puesta en libertad. Al producirse la detención en Bogotá, en febrero de 2017, los padres de Mateo Gutiérrez denunciaron que el caso del joven era el de un «falso positivo judicial» o montaje en el que se incrimina a civiles inocentes; los familiares explicaron en un comunicado que la mayoría de los medios televisivos «han presentado una falsa semblanza de la imputación de cargos, de la personalidad y trayectoria de nuestro hijo, refiriéndose a él como alias Mateo, cuando se trata de su nombre de pila. También mostraron fotos suyas con diferente apariencia como si se tratara de un camuflaje». A la campaña se sumó en las redes sociales el expresidente José Manuel Santos: «Duro golpe al crimen dieron Policía y Fiscalía con capturas de ‘Mateo’ y ‘El Cojo'».

Durante el encarcelamiento de Mateo Gutiérrez, la Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia recordó otros ejemplos de «falsos positivos judiciales», como el de Miguel Ángel Beltrán, profesor de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. El docente fue detenido en México en 2009 cuando realizaba una investigación post-doctoral, deportado a Colombia y acusado de supuesta vinculación a las FARC. Miguel Ángel Beltrán denunció torturas y pasó varios años en prisión. En septiembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia absolvió de los cargos al investigador y le puso en libertad. Otro caso mencionado por la Coordinació fue la detención en Bogotá, en julio de 2015, de 15 líderes estudiantiles, comunitarios y un periodista a quienes se acusaba de pertenecer a la insurgencia (siete de los capturados formaban parte del Congreso de los Pueblos); «algunos de ellos ni siquiera estaban en la ciudad cuando sucedieron los hechos que se les atribuyen (dos explosiones en la capital), se trata de un nuevo caso de falso positivo judicial», denunció el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Entre el 21 y el 22 de marzo de 2017, un mes después de la captura de Mateo Gutiérrez León, la policía y el ejército apresaron a tres líderes sociales -Milena Quiroz, Isidro Alarcón y Francisco Zabaleta- en el sur del departamento de Bolívar (todos ellos habían sido amenazados y perseguidos por paramilitares, informaron las organizaciones populares). El preso Mateo Gutiérrez escribió una carta desde la cárcel Modelo de Bogotá, titulada Seamos libres, lo demás no importa, en la que afirmaba: «Escuchando al ministro de Defensa (Luis Carlos Villegas) en sus declaraciones frente a mi detención, parece más uno de los miembros de cualquier junta militar en tiempos de dictaduras (…); con tan solo salir a la calle y ver cualquier rostro común y corriente, queda claro que no están expresados en los Santos, Lleras, Uribe o Pastrana».

Sobre su condición de recluso, el activista estudiantil declaró: «nunca he sido adepto de los personalismos, por ello me considero tan sólo un preso más, un colombiano más, un ciudadano más y a mis semejantes les escribo»; «¿qué hacemos desde la academia por los presos del país?», se preguntó en la misiva. Telesur informó en marzo de 2017 de una concentración solidaria con Mateo Gutiérrez en el complejo judicial de Bogotá, en la que participaron activistas, familiares y amigos; en dos de los carteles podía leerse: «Asesinan líderes sociales y la Fiscalía no hace nada. Y encierran estudiantes sin tener pruebas!» o «La crítica social no es terrorismo».

Guinea Ecuatorial presidió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en febrero de 2019. El pasado 8 de marzo Amnistía Internacional (AI) alertó de que el defensor de los derechos humanos, miembro de la plataforma Somos+ y del partido Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Joaquín Eló Ayeto, fue detenido en su domicilio y presuntamente torturado en la Comisaría Central de Policía de Malabo; se le acusa, informó AI, de una conspiración para matar al dictador, Teodoro Obiang Nguema, en el poder desde 1979. El juez ordenó el ingreso en prisión de Joaquín Eló sin escuchar su testimonio, añade la organización de derechos humanos. AI informó, asimismo, de la detención el 15 de marzo del activista y vicepresidente de la ONG Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID) de Guinea Ecuatorial, Alfredo Okenwe, en el aeropuerto de Malabo. El día de la captura estaba previsto que recogiera el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho, que otorgan los gobiernos de Francia y Alemania. En octubre de 2018 el CEID ya denunció el secuestro de Alfredo Okenwe en las inmediaciones de su domicilio, en Bata, y las torturas a las que fue sometido en las afueras de la ciudad.

El periodista guineano refugiado y fundador del diario Rombe, Mocache Massoko, ha participado en las jornadas sobre derechos humanos celebradas en Valencia. «Mi país es complejo y opaco; la ética y el sentido de la cohesión social resisten en las secretas y acorraladas conversaciones de los guineanos», ha escrito en su cuenta de Twitter. Surgido en 2013, Rombe se define como un medio «pro derechos civiles» -editado por activistas, blogueros y profesionales de la comunicación-, con un contenido «alternativo» al de los grandes medios de comunicación de la «dictadura guineanoecuatoriana».

Entre las últimas informaciones publicadas, figura la reunión secreta entre Teodoro Nguema Obiang Mangue («Teodorín»), hijo del dictador y vicepresidente de la República, con algunos de los procesados por la «intentona golpista» de diciembre de 2017; el objetivo, según Rombe, sería negociar la libertad a cambio de que implicaran a «personalidades del régimen». Otra de las noticias (18 de abril) hacía referencia a la búsqueda de agua potable -como «lucha diaria»- por parte de los vecinos de Campo Yaounde, uno de los barrios más pobres de Malabo; el diario informó asimismo, el 31 de marzo, de la «crisis interna sin precedentes» de la Oficina Nacional de Planificación y Seguimiento de Proyectos de Guinea Ecuatorial, presidida por Francisca Obiang Jiménez, hija del dictador.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

0