Nos enfrentamos a un curso clave para la supervivencia misma de la educación y en especial de la universidad pública: este es el curso del ‘tasazo’, de los recortes en becas, de los despidos de trabajadores en la universidad y de la asfixia presupuestaria de las mismas. Recortes y austeridad en lo educativo que se […]
Nos enfrentamos a un curso clave para la supervivencia misma de la educación y en especial de la universidad pública: este es el curso del ‘tasazo’, de los recortes en becas, de los despidos de trabajadores en la universidad y de la asfixia presupuestaria de las mismas. Recortes y austeridad en lo educativo que se enmarcan en la «salida» antisocial de la crisis que el Régimen está poniendo en práctica: en realidad un callejón sin salida para nuestro presente y futuro que resumíamos sintéticamente en una reciente pancarta con el lema «rescatan Bankia, destruyen la educación». Nos encontramos, por tanto, no ante una sencilla reforma parcial de la educación que responda – de la única manera posible en la que cabría responder (nos repiten) – a circunstancias coyunturales y pasajeras, esas circunstancias «de una Crisis de la que pronto saldremos» como nos bombardea una élite político-financiera que insufla dosis de optimismo cuasi-religioso. Lo que la sociedad civil debe asumir es que estamos ante un profundo cambio del modelo social en el que vamos a vivir, y que las reformas en el nivel educativo van mucho más allá de restringir un poco el gasto o de gestionar mejor los escasos recursos. «La profunda transformación que necesita la educación española trasciende el mero cambio legislativo», nos advertía el mismo Ministro de educación. Se trata de un cambio del modelo de sociedad, de una reestructuración de los estratos sociales que responde a un programa de restauración del poder de la clase dominante, ese poder que había quedado «embridado» por las conquistas de las luchas sociales de principios de siglo y que ahora se desata sin control sobre las mayorías (tal y como ha venido analizando con certero rigor el geógrafo David Harvey).
Para el estudiantado universitario el curso comienza marcado por la brutal subida de tasas que se aprobó con el RD 14/2012 en abril de este año y que ahora se hace efectiva de forma desigual en las distintas CCAA. En Madrid, en la tónica general del Gobierno autonómico, la subida ha sido de las más altas: unos 400€ más de media por curso (suponiendo que no se haya suspendido ninguna asignatura) y una subida mucho mayor en segundas y terceras matrículas, afectando especialmente a quien compagina estudio y empleo. Especialmente sangrante ha sido la subida en los precios de los másteres públicos que se han duplicado hasta llegar en algunos casos a costar más de 6000€: una titulación «de lujo» que para ejercer determinadas profesiones es, sin embargo, obligatoria.
Como principales consecuencias del «tasazo» ya hemos podido constatar el notable descenso de matriculaciones universitarias: las primeras estimaciones a nivel estatal situaban la cifra en 150.000 estudiantes (y familias) que no han podido pagar las tasas y se han visto obligados a abandonar la universidad. Muchos estudiantes, además, han alargado sus carreras varios años al no poder permitirse sufragar el coste de todas las asignaturas que componen un curso. Aunque puede que el efecto más pernicioso en términos sociales aún esté por llegar: en recientes declaraciones Wert ha señalado que está en conversaciones con el Instituto de Crédito Oficial para establecer líneas de crédito estudiantil. Endeudarse para poder estudiar: ese es el futuro a corto plazo que le espera a la mayoría de estudiantes, convertidos ahora en clientes. La soga de la deuda como mecanismo de dominación llega al mundo de la educación. Una financiarización de la educación que ya se aplica en EEUU, donde a día de hoy la deuda estudiantil supera la deuda hipotecaria (y donde, según los últimos estudios, el 27% de los estudiantes endeudados no podrán hacer frente al pago de su deuda), o en Chile, donde una de las grandes victorias del movimiento estudiantil ha sido rebajar el interés bancario de los citados créditos. En definitiva, el más que probable establecimiento de los préstamos estudiantiles supone el ejemplo más evidente del ataque global del neoliberalismo al derecho humano y universal a la educación, transformándolo en un privilegio para las élites ricas.
No se trata solo de la medida de tasas: el desmantelamiento de la universidad pública se puede palpar en medidas como el endurecimiento de las condiciones para acceder a las becas y su recorte (en especial las becas de movilidad Erasmus) contenido en los Presupuestos Generales del Estado; como los recortes en investigación científica que suponen un drama para el futuro del país (el retraso del pago en las becas FPI o la disminución de becas FPU son muestra de ello) y de una generación muy cualificada que se ve obligada a emigrar: la «fuga de cerebros», asunto sobre el que se estima ya que cerca de 300.000 jóvenes han abandonado el país desde el inicio de la crisis, y que el Ministro de Educación llamaba a no considerarlo como un «fenómeno negativo»; como los despidos de trabajadores en la universidad y la precariedad de investigadores y becarios, obligados a doblar jornadas laborales que no aparecen en sus contratos sin tener siquiera a cambio garantizada la estabilización laboral que se les había prometido.
Es importante señalar que esta serie de medidas no son «nuevas» sino que forman parte del proceso de mercantilización y elitización de la universidad que han ido poniendo en práctica los sucesivos Gobiernos del PPSOE y que se enmarcan en un proceso de contrarreforma educativa que tiene lugar a nivel mundial, como muchos analistas han puesto de manifiesto repetidas veces. Mercantilización (y no privatización) de la universidad porque, manteniendo -por el momento- su gestión pública, ésta se adapta a las necesidades de un modelo productivo y un mercado laboral basura y precario que no requiere de una alta cualificación de los jóvenes. De esta forma las sucesivas reformas mencantilizadoras de la universidad (LOU, Bolonia, EU2015, tasazo,…) han implementado diversas formas de elitización en el acceso mismo a la universidad y en el acceso a la formación más avanzada de másteres o posgrados. El Plan Bolonia, por ejemplo, cambió la estructura de las carreras dualizándola para que se ajustara a la dualización del mercado laboral, pasando éstas a estas formadas por un grado generalista de 4 años con contenidos académicos rebajados respecto a las licenciaturas, para después tener que cursar un máster con un precio elevado y habilitante para ejercer determinadas profesiones. El anteproyecto de la LOMCE o Ley Wert es un claro ejemplo de que los recortes en otras etapas educativas van en una misma dirección elitizadora: en esta proyecto legislativo se recoge el bachillerato de tres años que ya desde 4º de la ESO pretende diversificar entre los futuros trabajadores descualificados que pasarán por una FP y quienes podrán continuar su formación en la universidad de las élites.
Plantar cara -con posibilidades reales de victoria- a estas reformas significa huir, en primer lugar, del corporativismo estudiantil-universitario y también del corporativismo educativo. Porque la mercantilización y asfixia de la universidad afecta a todos los sectores que la componen (estudiantes, profesores e interinos, personal administrativo, investigadores, precarios, empleados de las subcontratas etc.) resulta imprescindible coordinar las luchas a nivel universitario. Hoy más que nunca deben evitarse peligrosas disyuntivas como la de tener que elegir, debido a los recortes en financiación, entre subidas de tasas o despidos masivos de trabajadores: sólo la organización colectiva que ponga en marcha prácticas solidarias y unifique las reivindicadiones podrá evitarlo.
En segundo lugar, se nos impone huir del corporativismo educativo y construir movilizaciones sociales por la educación. Los discursos academicistas deben volver a los despachos de los que salieron: estar a la altura de la circunstancia histórica nos exige enmarcarnos en discursos políticos mucho más amplios que planteen la necesidad de un cambio en el modelo social, esto es, asumir reivindicaciones que pasen necesariamente por un cambio de las reglas de juego del Régimen. No se nos debe escapar que reclamar a día de hoy una universidad pública y por ende la disminución progresiva de las tasas para garantizar el acceso a la educación superior significa reivindicar un proyecto de país alternativo como, salvando las distancias, el movimiento estudiantil chileno ha puesto de manifiesto. En efecto, si afirmamos que las sucesivas reformas educativas del PPSOE han sido funcionales a un modelo social y productivo (basado en la financiarización de la economía) que hoy se encuentra en quiebra manifiesta, nuestras reivindicaciones en el ámbito educativo entroncan con la construcción de una alternativa social real.
Por todos estos ataques dirigidos contra las mayorías sociales, es por lo que tendrá lugar a partir de hoy viernes y hasta la tarde del domingo, el Encuentro Social por la Educación Pública con dos sedes en las ciudades de Barcelona y Sevilla. Organizado por los propios estudiantes en colaboración con profesores y organizaciones, este encuentro tendrá una importancia vital para las luchas por la educación pública, puesto que plantea como objetivos mínimos a conseguir la unificación del calendario de luchas, los contenidos comunes que serán reivindicados desde las distintas regiones del Estado, así como el establecimiento de los contactos necesarios para formar una red lo suficientemente estable como para posibilitar esa coordinación estatal que resulta tan necesaria para el movimiento estudiantil y educativo.
Aunque la contrarreforma neoliberal de la educación provenga de lugares tan ilegítimos como la patronal europea – como puede verse en la redacción de informes sobre la necesidad de modificar la educación superior que se redactaron en los 90 y que años más tarde aparecieron casi calcados en las reformas de los distintos gobiernos – y parezca imponérsenos «desde fuera y desde arriba» como una inexorable tormenta ante la que nada podemos hacer, lo cierto es que las respuestas de los movimientos sociales, que desnaturalicen este proceso al presentar alternativas viables, deben aspirar a ser estatales como un primer paso necesario para recuperar la soberanía popular y plantar cara a las imposiciones de la UE y la Troika. Todo ello, entendiendo que las luchas de los pueblos de Europa caminan en la misma dirección y que se hace imprescindible mayor coordinación en la movilización.
Barcelona y Sevilla serán sólo el germen de una respuesta a la altura de las circunstancias, que continúe las luchas que se iniciaron este curso (la jornada de movilización educativa del 18 de Octubre y la reciente Huelga General del 14N) dotándolas de las herramientas necesarias para fortalecer un movimiento social, como es el educativo y estudiantil, que tantas veces se nos ha mostrado en la Historia como canalizador del malestar social y como agente político de primer orden en las luchas sociales.
Ante un Gobierno sometido a la Toika como el actual, que pierde legitimidad a saltos porque traiciona al pueblo aplicando unos recortes que nadie votó; ante un Gobierno que es perfectamente consciente de que no puede permitirse la irrupción de las masas de universitarios en la agenda política en un momento tan delicado, nosotros hemos decidido organizarnos, debatir, planificar y luchar por la educación que queremos. Es hora de actuar: el Régimen del PPSOE se tambalea y sólo hace falta quien lo empuje al suelo. ¿Podrá ser el movimiento estudiantil uno de los protagonistas de este proceso destituyente?
Información y programa del Encuentro Educativo: Barcelona Sevilla
Twitter: @encuentroeduca @encuentrocsu