El activista Tun Khin exige que se castigue a las autoridades de Birmania por las masacres de 2016 y 2017 contra la minoría musulmana rohinyá
Una organización rohinyá presentó este miércoles en tribunales argentinos una denuncia por los «crímenes brutales» contra la etnia en Birmania apelando al principio de justicia universal, confirmaron a Efe fuentes de la defensa.
De prosperar, marcaría un antecedente histórico puesto que sería la primera vez que los líderes militares y civiles militares de ese país asiático, incluida la consejera de Estado Aung San Suu Kyi -premio Nobel de la Paz en 1991-, son juzgados por el «genocidio» orquestado por las autoridades contra la minoría étnica de los rohinyás.
«Urgimos a Argentina a que nos ayude en nuestra lucha y que investigue la atrocidad de esos crímenes», indicó la asociación Burmese Rohingya Organisation UK (Brouk) en un comunicado, que explica que la organización está representada en Argentina por el antiguo relator de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Myanmar, Tomás Ojea Quintana.
En declaraciones a Efe, el letrado, que presentó la denuncia en los juzgados federales de Buenos Aires junto al presidente de Brouk, Tun Khin, explicó que el objeto principal es que los rohinyás puedan contar con una jurisdicción que permita investigar a los presuntos autores de los hechos de genocidio.
«Los rohinyás, sabiendo que existe en Argentina ciertos antecedentes de justicia universal (como la causa en la que se investigan los crímenes del franquismo en España), han decidido desde el punto de vista simbólico y practico presentar esta denuncia», añadió Ojea
En el caso presentado hoy se advierte de las «décadas de violencia y opresión» impuestas sobre los rohinyás en el estado occidental de Rakáin, en Myanmar.
En un documento divulgado a la prensa, se destaca que en 2016 y 2017 las fuerzas de seguridad de Myanmar y sus representantes lanzaron «operaciones de limpieza» contra esa etnia, matando a miles de personas, cometiendo delitos de violencia sexual, quemando «pueblos enteros» y llevando a unas 800.000 personas a huir a Bangladesh.
Se alerta también de que en Myanmar los rohinyás «están atrapados en una prisión virtual al aire libre donde a menudo no pueden acceder a servicios básicos como educación y salud» y les es denegada efectivamente la ciudadanía, así como que enfrentan «severas restricciones a su libertad de movimiento».
Ojea especificó que la denuncia penal, acompañada en Argentina por las organizaciones humanitarias locales de Abuelas de Plaza de Mayo y la Fundación Servicio Paz y Justicia que encabeza el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, persigue que se abra un proceso judicial que hasta el momento los rohinyás «no pueden» tener en Myanmar.
«No hay tribunales independientes y en el ámbito internacional lamentablemente la Corte Penal Internacional no puede intervenir, porque el Consejo de Seguridad no ha enviado el caso y no se ha creado un tribunal penal ‘ad hoc’ internacional», añadió.
Ahora queda esperar cuál es la opinión de la Justicia argentina al respecto del caso, que es diferente de la demanda ya presentada en la Corte Internacional de Justicia, ya que esta es contra el Estado en su conjunto, no contra las personas supuestamente responsables del genocidio.