La violación en masa perpetrada por elementos de alguna instancia de seguridad (ejército, policías, inteligencia nacional o grupo al amparo del Estado) es un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado y sancionado. Ningún Estado en el mundo que ejerza la violencia institucional a su máxima expresión (humillación, destrucción física, anímica y psicológica, desaparición […]
La violación en masa perpetrada por elementos de alguna instancia de seguridad (ejército, policías, inteligencia nacional o grupo al amparo del Estado) es un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado y sancionado. Ningún Estado en el mundo que ejerza la violencia institucional a su máxima expresión (humillación, destrucción física, anímica y psicológica, desaparición forzada y torturas) debe escapar a la condena por parte del derecho internacional, incluso, en aquellos casos donde las leyes locales sean ambiguas y por eso mismo se quiera proteger a delincuentes y responsables del acto más vergonzoso de un régimen, no sólo al violar la ley que dice defender, sino al violar, ultrajar y atacar la dignidad de las mujeres, de un grupo social nacional, por motivos políticos.
El genocidio como la violación en masa fueron las dos caras del terror nazi y los dos actos macabros que llevaron como estandarte los S.S alemanes en «la larga noche de la niebla», como definió Adolfo Hitler a la matanza de millones de seres humanos en su desquiciado proyecto del Tercer Reino.
En la historia más reciente, muy cerca de nuestro país México, a un lado de la frontera sur, se han repetido actos de oprobio similares en tierras golpeadas y violadas por el ansia de la ganancia económica y del poder político. Mujeres indígenas guatemaltecas sacrificadas luego de ser violadas y ver a sus hijos quemados y a sus esposos hechos pedazos literalmente; Mujeres salvadoreñas que fueron violadas y arrancados, de sus vientres, a sus hijos y clavados en la punta de una bayoneta como trofeo de los temibles escuadrones de la muerte paramilitares; Mujeres hondureñas atacadas sexualmente por la policía y arrojadas al río Lempa para bañarlas en «santidad». Sí, son los años del terror de Estado en Centroamérica, una noche de niebla que parecía poco a poco, con el dolor y la rabia de los sobrevivientes, pero con el cuidado de la memoria y la búsqueda de la justicia, extinguirse y desterrarse de nuestra región Mesoamericana.
Pero la historia no perdona. Sin más, alecciona y nos indica que estos sucesos pueden seguir ocurriendo en una dictadura, en un gobierno de excepción o en una democracia formal; que no hay límite para los crímenes de Estado mientras se viva en sociedades desiguales, pobres, excluyentes y, paradójicamente, ricas en recursos naturales y humanos.
Actos detestables como los citados arriba pueden realizarse en cualquier lugar del mundo, en cualquier época y bajo el manto de la impunidad cuando por «razón de Estado» se determine así. Por eso es inadmisible y reprobable, de menos, y debe aplicarse la ley, de más, contra los responsables políticos, mandos, mandos medios y policías que actuaron la madrugada del 4 de mayo en San Salvador Atenco pues quebraron las normas éticas de convivencia humana y sentaron el precedente de un crimen que si no se sanciona y corrige puede quedarse como norma de hecho amparada por la «legalidad del más fuerte» en nuestro país: «Si protestas te va a ir como a los de Atenco», fue el mensaje que enviaron quienes a gritos promovieron el castigo ejemplar contra un pueblo que ha defendido dignamente su historia.
Pero en la conciencia mundial, la violación de Estado que se cometió aquélla noche contra las mujeres de Atenco va adquiriendo resonancia y mayor indignación. Cada vez más son identificados los principales ejecutores. En primera fila están el presidente Vicente Fox; el Secretario de Gobernación, Carlos Abascal; el gobernador del Estado de México, Fernando Peña Nieto; el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfredo Robledo Madrid; el secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora y el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado. Todos ellos comportándose como verdaderos paladines del orden en una democracia de terciopelo, endeble, pues en teoría en una democracia moderna no suceden estas cosas; actuaron como verdaderos «caballeros del terror», planearon, calcularon, dirigieron y ejecutaron el acto violatorio de los derechos humanos con la Policía Federal Preventiva y otras corporaciones policiacas. En los hechos, aún guardado las proporciones históricas de tiempo y lugar, no son menos diferentes a los gorilas pinochetistas, los marinos de la ESMA argentina, los caibiles de Ríos Mont guatemaltecos o cualquier hombre de armas que adquiere como guía «la lucha contra la subversión» y «el inalterable orden» que impone la doctrina de la seguridad nacional.
Ya, desde este momento, debemos reconstruir los hechos de la triste madrugada de mayo y recopilar los testimonios para ir armando la acusación formal y llevarlas a las instancias competentes y así buscar el castigo a los culpables. Organizaciones civiles de los derechos humanos están haciendo esa tarea, pero la sociedad debe comprometerse a denunciar en todos los lugares posibles a los ejecutores de los actos bárbaros en Atenco. No debe quedarse en la impunidad porque si es así se dejará abierta la puerta para que vuelva a repetirse como medicina de control y destrucción social, y eso no lo podemos permitir.
El miedo es grande ante el poderoso, pero el miedo es mayor al no hacer nada, a esperar a que un día lleguen a la puerta de la casa con un megáfono y armas de grueso calibre y nos amedrenten, detengan, violen, maten o desaparezcan. No podemos permitir que el paso de la bota policial o militar se normalice en territorio mexicano. Por eso hay que identificar a las estructuras de mando y obediencia, que por igual son responsables, de las corporaciones participantes. En primerísimo lugar a la Policía Federal Preventiva que cada vez va adquiriendo mayor poder y protagonismo en la disolución social; debemos demandar que esta corporación desaparezca.
La PFP, la nodriza de la represión
La oficina de estudios sobre temas militares extranjeros del Ejército de los Estados Unidos, The Army’s Foreign Military Studies Office (FMSO), tiene publicado en su página de internet http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/multimission/, un artículo denominado La Fuerza de Múltiple Acción para la Seguridad Interna de México, en el cual se analiza las bases teórica y práctica de la creación y actuación de la Policía Federal Preventiva (PFP).
El extenso documento está compuesto por seis apartados: Organización de la PFP; Tráfico de drogas; crimen organizado y policía preventiva; La patrulla fronteriza mexicana; Conflictos sociales; Contrainsurgencia y contraterrorismo; Corrupción y policía federal.
Como versa el título del texto se trata de dar cuenta de una policía moderna, equipada con tecnología militar, formada para asumir tareas de inteligencia y con capacidad de movilización, reacción inmediata y contención social.
Según el autor, Doctor Graham H. Turbiville Jr., la creación de la PFP se inscribe en una nueva era de reestructuración militar mundial para enfrentar nuevos escenarios que pongan en riesgo la Seguridad Nacional. En el caso de México, la nueva policía embona con los lineamientos de la seguridad hemisférica y regional de los Estados Unidos y adquiere así un rango supranacional, pues se atiende cuatro ángulos prioritarios para ambos países: 1) control fronterizo, 2) narcotráfico, 3) escenarios de irrupción social abrupta, y 4) contrainsurgencia y contraterrorismo.
Para atender el cuadro, el Gabinete de Seguridad Nacional en el sexenio de Ernesto Zedillo, a finales de 1998, diseñó una nueva fuerza que integrara «componentes policiales, componentes militares y componentes de inteligencia» con el fin de experimentar la creación de un cuerpo de seguridad multifunción ante «los altos índices de inseguridad y violencia: tráfico de drogas, crimen internacional con actuación en las fronteras terrestres y marítimas, delincuencia en las calles y proliferación de grupos guerrilleros y sus respectivas actividades» armadas o civiles.
Con el pretexto de una ley de seguridad caduca e ineficiente, el gobierno alentó la actuación de militares en actividades de seguridad pública y apoyó la creación de cuerpos de mando castrenses sobre cuerpos policiacos en lugares estratégicos del país, por ejemplo, unidades del Ejército Mexicano dirigieron actividades de patrullaje en las fronteras norte y sur para contener la migración y el tráfico de drogas. De esta forma, en los hechos, las autoridades federales comenzaron a probar la actuación de los militares en áreas reservadas para los cuerpos de seguridad pública y policías estatales, definieron en algunos casos fusionar ambos cuerpos y delinearon el acercamiento de los jefes y los comandantes de estas instituciones para coordinar actividades.
El otro componente se deriva de la planeación, la organización de información y la investigación sofisticada por parte del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), que destinaría cientos de elementos en las tareas de coadyuvar a los órganos de seguridad del Estado.
Así, los tres pilares, militares, policías e inteligencia, quedarían como base del edificio de una nueva institución policial, la PFP, capaz de actuar en el menor tiempo posible y con la mayor eficacia.
En el marco de «la cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia», el senado de la República aprobó la creación de la nueva policía el 11 de diciembre de 1998 con el llamado «de un nuevo agrupamiento que combine las funciones y el personal de la Policía Federal de Caminos, la Policía Federal Migratoria y la Policía Fiscal Federal», y un año después se anunció la incorporación de «componentes fuertes de militares e inteligencia», lo que resultaría en el futuro con la suma de 20 mil elementos para la nueva corporación (José Reveles, El Financiero, 11 de diciembre de 1999).
La PFP depende de la Secretaría de Gobernación y en sus inicios integró la cantidad de 800 elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) asumiendo la tarea directiva de inteligencia. El primer comisionado para dirigirla fue el almirante Wilfredo Robledo Madrid, hoy comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) y autor de la detención de cientos de estudiantes de la UNAM, el 6 de febrero del año 2000, y de cientos de pobladores de San Salvador Atenco, el 4 de mayo de 2006.
Robledo Madrid se encargó de afinar la nueva estructura cuasimilitar de la corporación policiaca, integró a 4, 899 soldados, 1, 862 armas, 352 vehículos y 99 perros policías de la Tercera Brigada de la Policía Militar, la misma unidad que actuó en las calles de la ciudad de México generando el terror entre la ciudadanía (Reforma, 13 de septiembre de 1999). Esta policía militar fue reasignada a la dirección de las Fuerzas Federales de Reacción y Apoyo Inmediato (FFRAI) de la PFP.
A la par, un agrupamiento de Fuerzas Especiales de origen secreto, posiblemente del Ejército Mexicano y de la Marina, entrenado con tácticas y estrategias contrainsurgentes y adoctrinadas con la ideología «antiterrorista», fue también incorporado.
Según la proyección de los mandos iniciales, la PFP «alcanzará su fortaleza y capacidades hasta el año 2015». Empezaría con 11 mil hombres e iría creciendo cada año con 1000 integrantes más, alcanzando la cifra de 15 mil o 20 mil miembros para convertirse, en palabras de Robledo Madrid, en «una fuerza de excelencia» para administrar conflictos, desarticular movimientos sociales y contener el descontento social, como ha venido sucediendo, so pretexto de la voz «seguridad nacional».
En el documento del centro de investigación estadounidense citado se enlistan los objetivos de la actuación coordinada de la PFP, a saber, combatir el crimen organizado; garantizar la seguridad nacional; prevenir el crimen en las calles, puertos, aeropuertos e instalaciones estatales; llevar a cabo investigaciones policiales, mantener y restituir el orden público; luchar contra el narcotráfico; controlar la migración, controlar a grupos ilegales y recolectar información de inteligencia relacionada con grupos armados, tales como las guerrillas.
Control de las fronteras
La PFP realiza actividades coordinadas con otras corporaciones para vigilar y controlar las fronteras norte y sur de México. Desde su nacimiento asumió tareas de patrullaje en Tijuana, Nogales, Agua Prieta, Ciudad Juárez, Ojinaga y Nuevo Laredo, así como en Tapachula y frontera de Chiapas con Guatemala.
La PFP ha canalizado entre 40 y 50 elementos para apoyar operaciones de control migratorio y de contrabando en el aeropuerto central de Tijuana, reemplazó en algunas de las áreas de actividad del grupo de elite Beta, y constituyó uno de los agrupamientos altamente visibles en el estado de Sonora frontera con Arizona y sistemáticamente ha ido sustituyendo a las tropas del Ejército apostada en las fronteras mexicanas.
Narcotráfico
En sus inicios la PFP fue concebida para apoyar las actividades del ejército en la guerra contra el narcotráfico, pero poco a poco fue ganando terreno no sólo en la confrontación de la primera tarea de detención, sino en la investigación directa contra los cárteles de la droga tal como el de Tijuana, «ubicando sus puntos débiles de la estructura criminal».
En febrero del 2000, la PFP, el ejército y la PGR coordinaron un operativo cerca de Cuernavaca en donde decomisaron 443 kilos de cocaía y detuvieron a presuntos integrantes de una banda de narcotraficantes.
Estos ejemplos citados dan cuenta del rol que adquiere la PFP en un contexto de violencia criminal, como la punta de lanza de un cruzada contra el narcotráfico, un new deal a la perfección de los requerimientos geoestratégicos de Estados Unidos que presionó al gobierno de México para atacar y controlar el tráfico de estupefacientes en territorio mexicano.
Sin embargo, el flagelo de la existencia del narco continúa y la PFP, como otras corporaciones, han sido rebasadas y delegadas a un campo de administración del crimen, sin resolver las causas y sí, con la actuación de la fuerza del Estado, salpica y correo el tejido social del país.
Escenarios de irrupción social
La acción sorpresiva de la PFP en la contención de eventos sociales se inauguró con la detención de más de 800 personas en la toma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en febrero del año 2000, luego de 10 meses de huelga estudiantil contra el proyecto oficial de alza de cuotas de inscripción, entre otras medidas.
Con la utilización de 2500 elementos, la PFP se apoderó de las instalaciones universitarias, detuvo a los estudiantes y mantuvo bajo su custodia las instalaciones durante un tiempo.
«Con un saldo blanco», como lo declaró Robledo Madrid, la nueva policía mostró su fuerza de acción quirúrgica para disolver oposición organizada de algún sector de la sociedad, lo que se puede inferir como una estructura «cuchilla» para «extirpar un cáncer social», como suelen llamarse a los movimientos sociales, antisistémicos o antiestatales en los manuales de contrainsurgencia y a nombre de la Seguridad Nacional.
Contrainsurgencia
El artículo de la oficina del ejército estadounidense dice que la PFP, el Ejército Mexicano y «otras agencias de inteligencia» mantienen sus actividades de espionaje y concentración de información respecto a los movimientos del EZLN en las comunidades indígenas de Chiapas. Observan e indagan sobre los desplazamientos de líderes locales y permanentemente monitorean las actividades cotidianas de los pobladores.
La PFP realiza las mismas actividades de inteligencia en los estados de Guerrero y Oaxaca «áreas donde operan las guerrillas del ERPI y EPR». Los agentes de la corporación coordinan actividades con las instancias de seguridad locales, gobiernos estatales y coordinaciones regionales.
El texto destaca el arresto de sospechosos de ser guerrilleros. Dice textualmente: «Los agentes de la PFP claramente tienen el rol de investigar y arrestar a sospechosos de ser insurgentes, y frecuentemente están presentes tanto en el arresto como al momento de darlos a conocer públicamente.» Pone de ejemplo la captura del Comandante Antonio del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). «En octubre de 1999, la PFP y el procurador general del estado de Guerrero, juntos, anunciaron la captura del Comandante Antonio (Jacobo Silva Nogales), jefe de la organización.»
La columna vertebral de las operaciones de contrainsurgencia de la PFP recae en el componente de inteligencia nacional, es decir, el que provino del Cisen. «El componente –dice el texto– fue formado en 1994 bajo la responsabilidad del Cisen como respuesta al levantamiento armando del EZLN en Chiapas. Inicialmente adquirió el nombre de Grupo Antiterrorista (GAT) y rápidamente se integró a varias actividades de agencias de seguridad. Semanalmente se reunía con otras agencias de inteligencia para delinear estrategias nacionales, especialmente en preparar respuestas si es que blancos estratégicos y de infraestructura fueran atacados.» Tiempo después el GAT se transformó en una interinstitucional coordinación conocida como la Unidad GAT o también como UCIDGAT. Este cuerpo fue transferido por el Cisen a la PFP en 1999 y se convirtió en la punta de lanza de la contrainsurgencia.