El pasado 11 de junio, el mundo observó, atónito, un gesto nunca visto en la historia del derecho internacional por parte de un Estado: la máxima autoridad de Estados Unidos detalló oficialmente las diversas sanciones tomadas contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI) (véase al respecto nuestra breve nota al respecto titulada «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)«).
El pasado 23 de junio, fueron 67 Estados Partes al Estatuto de Roma (instrumento internacional que creó la CPI en 1998) los que, después de varias rondas de consultas, decidieron elevar significativamente el tono: para ello, optaron por acordar una declaración conjunta en la que rechazan estas insólitas sanciones norteamericanas unilaterales contra la justicia penal internacional.
La iniciativa de esta respuesta colectiva, muy poco divulgada, recayó en Costa Rica y en Suiza.
El texto del comunicado conjunto en breve
El comunicado suscrito (véase texto completo reproducido al final de esta nota) precisa que:
«As States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), we reconfirm our unwavering support for the Court as an independent and impartial judicial institution. In line with the 11 June press release of the President of the Assembly of States Parties, we reiterate our commitment to uphold and defend the principles and values enshrined in the Rome Statute and to preserve its integrity undeterred by any measures or threats against the Court, its officials and those cooperating with it»
«En tant qu’États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la Cour en tant qu’institution judiciaire indépendante et impartiale. Conformément au communiqué de presse du 11 juin du Président de l’Assemblée des États parties, nous réitérons notre engagement à soutenir et défendre les principes et les valeurs consacrés par le Statut de Rome et à préserver son intégrité sans se laisser décourager par des mesures ou des menaces à l’encontre de la Cour, de son personnel et de ceux qui coopèrent avec elle».
También se señala en este llamado conjunto por parte de sus firmantes que:
«We
remain committed to an international rules-based order. The ICC is an
integral part of this order and a central institution in the fight
against impunity and the pursuit of justice, which are essential
components of sustainable peace, security and reconciliation. We will
therefore continue to respect our cooperation obligations under the
Rome Statute and we call on all States to ensure full cooperation
with the Court for it to carry out its important mandate of ensuring
justice for the victims of the most serious crimes of international
concern».
/»Nous demeurons engagés pour un ordre
international fondé sur des règles. La CPI fait partie intégrante
de cet ordre et est une institution centrale dans la lutte contre
l’impunité et la recherche de la justice, qui sont des composantes
essentielles d’une paix, d’une sécurité et d’une réconciliation
durables. Nous continuerons donc à respecter les obligations de
coopération qui nous incombent en vertu du Statut de Rome et nous
invitons tous les États à coopérer pleinement avec la Cour pour
qu’elle puisse s’acquitter de son important mandat, qui est de rendre
justice aux victimes des crimes les plus graves qui touchent la
communauté internationale«.
Es de señalar que, por alguna razón -que no deja de extrañar- el texto en español de dicho comunicado no ha sido editado en algún sitio oficial de algún Estado de habla hispana, razón por la que nos limitamos a reproducir las versiones oficiales en inglés y en francés divulgadas por los aparatos diplomáticos de otros Estados (textos completos reproducidos al final de esta nota).
Si bien, a diferencia del título, el texto como tal no menciona expresamente a Estados Unidos, reafirma de manera inequívoca el apoyo de estos 67 Estados que lo suscriben a la justicia penal internacional, intentando así responder a la inédita decisión norteamericana anunciada el pasado 11 de junio.
Algunos detalles breves sobre los firmantes
Los Estados Partes al Estatuto de Roma suman un total de 123 Estados (según el registro oficial del depositario del Estatuto de Roma, que recae en la Secretaría General de Naciones Unidas).
El listado de los 67 Estados, que antecede el texto del comunicado conjunto divulgado este 23 de junio desde La Haya, permite identificar claramente a Estados Partes al Estatuto de Roma que por alguna razón, optaron por no apoyar la iniciativa que presentaron Costa Rica y Suiza, suscribiendo el texto.
La ausencia de sus firmas obedece posiblemente a fuertes presiones diplomáticas ejercidas por Estados Unidos. En el caso de América Latina, no aparecen El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá ni Paraguay. En el caso de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE), Hungría y Polonia tampoco consideraron oportuno firmar el comunicado, al igual que Corea del Sur y Japón en Asia.
En su red de Twitter, el Presidente de la Asamblea de Estados Partes, el surcoreano O-Gon Kwon, agradeció a Costa Rica y a Suiza por haber iniciado esta respuesta colectiva.
El hecho que Costa Rica haya sido uno de los que tomó la iniciativa no hace sino reafirmar su tradicional vocación de apego a la justicia y de defensa del derecho internacional.
En el caso específico de la CPI, cabe recordar que Costa Rica fue el único Estado en Centroamérica en resistirse a firmar con Estados Unidos un «Acuerdo Bilateral de Inmunidad» (o ABI) en el período 2005-2006, de los más de 100 suscritos por Estados Unidos para evitar que su personal militar o civil pudiese ser entregado a la justicia penal internacional (véase listado de los ABIs suscritos por Estados Unidos). Al respecto, el tipo de presiones ejercidas por los diplomáticos norteamericanos en los años 2005 y 2006 al más alto nivel en Costa Rica y las respuestas a sus peticiones pueden analizarse revisando estos cables confidenciales (véase cable 1, cable 2 y cable 3) que fueron dados a conocer por Wikileaks. En el segundo de estos cables, se puede leer que: «After the meeting, however, Arias’s running mate Laura Chinchilla asked for a copy of the U.S.-Colombia Article 98 agreement, which we have since provided her«.
En esta publicación del 2012 de la Universidad para la Paz (véase texto completo), el ex Canciller de Costa Rica Bruno Stagno Ugarte, en su artículo titulado «Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008» desmenuza el impacto de las sanciones a las que fue finalmente sometida Costa Rica por mantenerse fiel a los principios sobre los que se fundamenta la CPI (artículo en pp. 304-331). Un episodio pocamente conocido de cuán dañina resultó para Costa Rica la pretensión de la administración norteamericana, intentando por todos los medios torpedear los alcances del acuerdo logrado en Roma en julio de 1998 por la comunidad internacional.
A modo de conclusión
Volviendo a las sanciones contra el personal de la CPI anunciadas en este mes de junio del 2020, tal y como lo indicábamos en la conclusión de nuestra nota anterior: «No cabe duda que esta decisión norteamericana no cuenta con ningún precedente en la historia del derecho internacional.«
Responder a una insólita decisión unilateral, que ha sido saludada y celebrada por un solo Estado (Israel) mediante una contraofensiva diplomática colectiva resulta ser un gesto también inédito: desde esta perspectiva, el comunicado conjunto suscrito por estos 67 Estados Partes al Estatuto de Roma puede considerarse como una verdadera «première» en la historia de la justicia penal internacional. En ese sentido, hay que agradecer a Costa Rica por haber sido uno de sus impulsores.
Nicolas Boeglin es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica / UCR