Activista por los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, Loujain al-Hathloul, de 30 años, fue detenida junto a otras defensoras en mayo de 2018 (se significó en las protestas contra la prohibición de conducir que enfrentaban las mujeres); denunció torturas y abusos sexuales durante los interrogatorios; una de las acusaciones contra Loujain al-Hathloul era […]
Activista por los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, Loujain al-Hathloul, de 30 años, fue detenida junto a otras defensoras en mayo de 2018 (se significó en las protestas contra la prohibición de conducir que enfrentaban las mujeres); denunció torturas y abusos sexuales durante los interrogatorios; una de las acusaciones contra Loujain al-Hathloul era mantener contacto con organizaciones extranjeras. «Continúa presa. No es la única. Actualmente varias mujeres están encarceladas por reclamar sus derechos y pedir el fin del sistema de tutela» en el país árabe, denuncia Amnistía Internacional en una campaña de recogida de firmas (durante 2020 Arabia Saudí presidirá el foro económico mundial del G-20, acogerá en enero la Supercopa de España de fútbol, el Rally Dakar y continúa liderando la coalición internacional que bombardea Yemen, con más de 100.000 muertos en cinco años de guerra, según la ONG estadounidense ACLED sobre datos y análisis de conflictos armados).
Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar, luchadoras del colectivo Mujeres Amazónicas, han sido objeto de ataques y amenazas de muerte; más de un centenar de mujeres (principalmente indígenas) de las siete nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana integran esta organización, que defiende la selva frente al extractivismo petrolero y minero. «Las autoridades de Ecuador han incumplido su deber de protegerlas e identificar a sus atacantes», señaló en mayo de 2019 Amnistía Internacional, en referencia al presidente Lenín Moreno y la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Otro caso significativo, en Nigeria, es el de Esther Kiobel, quien, tras más de 20 años de lucha, consiguió en 2019 exponer sus argumentos contra la petrolera Shell en la causa abierta por un tribunal holandés. Junto a otras tres mujeres, demandó a la multinacional por considerarla cómplice de la dictadura militar (que gobernaba Nigeria) en el juicio irregular y el ahorcamiento en 1995 de sus maridos, miembros del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP).
Amnistía Internacional ha presentado en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València el informe Desafiar el poder, combatir la discriminación (noviembre de 2019); con información de 23 entrevistas realizadas en 21 países, el documento se centra en las defensoras de los derechos humanos, las personas defensoras de los derechos de las mujeres, cuestiones de género y sexualidad. «Si eres mujer y además perteneces a una minoría racial o eres indígena, pobre, lesbiana, bisexual, trans o trabajadora sexual tienes que luchar mucho más para que quienes tienen el poder escuchen tu voz», declaró el exsecretario general de AI, Kumi Naidoo. En el acto de Valencia participó María Teresa Rivera, activista salvadoreña por los derechos sexuales y reproductivos actualmente asilada en Suecia (en 2012 fue condenada tras sufrir un aborto espontáneo a 40 años de prisión en El Salvador, de los que pasó cuatro y medio en la cárcel).
El informe Defensoras menciona como ejemplo a Aida Isela González Díaz, directora de Alianza Sierra Madre (ASMAC) que acompaña a los pueblos originarios Rarámuri y Ódami en la sierra Tarahumara, en el estado mexicano de Chihuahua; la Alianza denunció el pasado 19 de octubre que continuaba el acoso para despojar de sus tierras a las comunidades Ódami en el municipio de Guadalupe y Calvo; y en mayo, la muerte de la defensora ambiental Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo de 20, ejecutados en el citado municipio por sicarios (los dos activistas eran familiares de Julián Carrillo, líder Rarámuri que se enfrentó a las concesiones mineras, la tala (ilegal) de bosques ancestrales y denunció la presencia del crimen organizado en la Sierra Tarahumara: fue asesinado en julio de 2018). El documento de AI pone de relieve también la figura de Iduvina Hernández Batres, cofundadora de la asociación SEDEM de Guatemala, que batalla desde 2000 por el control democrático de los servicios de seguridad e inteligencia del Estado; durante 50 años como defensora, ha tenido que huir a México, afrontar tres procesamientos penales y amenazas de muerte en Internet.
Otro caso resaltado es el de Zofia Marcinek e Izabela Mozdrzen, activistas en Polonia, donde el partido ultraconservador católico Ley y Justicia (PiS) gobierna desde 2015; en noviembre de 2017 fueron golpeadas al mostrar una pancarta con la consigna «Stop Fascismo», en el contexto de la manifestación ultraderechista que conmemoraba en Varsovia el día de la independencia; además en octubre de 2016 participaron en las movilizaciones denominadas «Lunes negro», en las que miles de mujeres rechazaron la prohibición total del aborto que se tramitaba en el Parlamento. En Brasil, Amnistía Internacional destaca el trabajo de Patricia de Oliveira da Silva, una de las promotoras de la Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia en Río de Janeiro; surgido en 2004, en este movimiento social participan habitantes de favelas y comunidades pobres, familiares y víctimas de la violencia militar y policial así como militantes populares. Patricia Oliveira se ha implicado, entre otras luchas, en exigir justicia por la masacre de la iglesia de la Candelaria, ocurrida en julio de 1993 en Río de Janeiro (ocho niños y adolescentes que vivían en la calle y una persona sin hogar murieron por los disparos de policías militares). Su hermano fue uno de los supervivientes.
El informe Defensoras cita otras fuentes, como el documento Ataques letales pero prevenibles, de 2017, también de AI (esta investigación apunta que, desde 1998, año en que la ONU aprobó la Declaración sobre personas defensoras de los derechos humanos, cerca de 3.500 defensores y defensoras fueron asesinados en todo el planeta); otra referencia es el análisis global de Fronte Line Defenders, que documenta 321 personas defensoras asesinadas en 2018 (la mitad había recibido amenazas previamente), de las que el 12% fueron mujeres; Colombia y México sumaron el 54% de los crímenes; asimismo, esta fundación hizo denuncia pública en 2018 de 623 violaciones de los derechos humanos contra activistas (uno de los casos señalados es el de la indígena nahua Dominga González Martínez, luchadora contra la privatización del agua en la comunidad de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México; fue condenada a 50 años de cárcel y liberada junto a otros dos compañeros en febrero de 2019, tras pasar más de una década en prisión preventiva).
Otro informe destacado por AI es ¿Enemigos del Estado?, de la ONG Global Witness, publicado en julio de 2019; se registraron, según esta fuente, 164 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente durante 2018, principalmente en Filipinas (30), Colombia (24), India (23) y Brasil (20); el mayor número de muertes (43) estuvo relacionado con el sector de la minería y las industrias extractivas; la estadística de la represión se concreta en casos como el de la indígena estadounidense Red Fawn Fallis, defensora del derecho al agua: fue condenada a cinco años de cárcel en 2018, tras su detención en las acciones de resistencia contra el oleoducto Dakota Access.
Amnistía InternacionaI se hace eco, asimismo, de los recuentos de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras: 1.747 agresiones a luchadoras -sobre todo por el territorio y el medio ambiente- en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua durante 2018; la red atribuye la responsabilidad principal a policías, militares, gobiernos estatales y federales (una de las últimas alertas, del pasado 29 de diciembre, se refiere a Karla Piota Martínez, víctima de intimidación e intento de asesinato en la comunidad garífuna de Masca, en el departamento hondureño de Cortés; Karla Piota Martínez es miembro de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que denuncia una «estrategia para la expulsión de la comunidad garífuna de nuestro territorio ancestral» y el asesinato de 16 miembros -seis mujeres- del pueblo garífuna entre enero y octubre de 2019). «Nuestro pueblo afronta un plan de exterminio», afirmó la coordinadora de OFRANEH, Míriam Miranda, en una entrevista a Iniciativa Mesoamericana el 5 de noviembre.
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