La instalación de Bases de Operaciones Mixtas entre Teojomulco y Texmelucan y otra en Chimalapas, pone al descubierto la decisión política de los gobiernos federal y estatal para militarizar la región; mientras que el Congreso Nacional Indígena, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y el Obispo Samuel Ruiz advierten sobre violaciones […]
La instalación de Bases de Operaciones Mixtas entre Teojomulco y Texmelucan y otra en Chimalapas, pone al descubierto la decisión política de los gobiernos federal y estatal para militarizar la región; mientras que el Congreso Nacional Indígena, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y el Obispo Samuel Ruiz advierten sobre violaciones a los Derechos Humanos en las comunidades.
Pero a la vez se vislumbra una profunda contradicción entre los intereses de los funcionarios de la actual administración del presidente Vicente Fox, producto de la descomposición política y el vacío de poder que viene manifestando su gobierno, vuelve aún más inestable la conflictiva situación que se registra en las comunidades indígenas de la Sierra Sur de Oaxaca y provoca mayor incertidumbre en esta zona de enfrentamientos que puede impulsarlos hacia la deriva de una mayor radicalización.
Frente a ello un debate nunca concluido se reabre, condicionado fundamentalmente por la proximidad de las elecciones estatales y la marcha contra la inseguridad del 27 de junio, entre quienes propugnan por una solución política de los conflictos, pero que se atienen de acuerdo a los tiempos de los gobiernos estatales; y los sectores que propugnan por una salida militar, apelando a la fuerza e intervención de las corporaciones de seguridad federal y estatal. No obstante, ninguno demostró haber comprendido ni puso en funcionamiento los mecanismos y alternativas para impulsar una solución definitiva de los conflictos campesinos e indígenas.
Distintos funcionarios dependientes de mismos gobiernos, tanto estatal como federal, manifiestan estas contradicciones que vuelve aún más difuso el futuro de una región violentada por enfrentamientos armados entre vecinos, mientras que las autoridades son insensibles a las demandas de indígenas y campesinos.
»Conflicto agrario» en Oaxaca
El titular de la Secretaría de Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, informó ante el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, que bajo la gestión de la actual administración del presidente Vicente Fox »se han resuelto ocho focos rojos de conflictos agrarios de los cuales siete tienen componentes indígenas», de los cuales uno refiere al estado de Oaxaca, Santa María Chimalapa.
Sin embargo, la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, confirmó -en nombre del titular del Ejecutivo federal- que fue aprobada la instalación de una Base de Operaciones Mixtas (BOM) entre las comunidades de San Lorenzo Texmelucan y Santo Domingo Teojomulco.
El secretario de Protección Ciudadana, José Manuel Vera Salinas, consideró positivo el anuncio y de inmediato terminó por confirmar que la solicitud hecha al gobierno federal para la presencia militar fue realizada por la dependencia a su cargo desde abril de este año, con el fin de evitar »agresiones entre las comunidades» e imponer así »seguridad» en la zona.
Ante la temporada de siembra, uno de los momentos críticos entre las comunidades en disputa, la Dirección General de Seguridad Pública en voz de su titular, Manuel Moreno Rivas, se declaró en alerta ante el riesgo de nuevos enfrentamientos entre pobladores y vecinos, y reconoció que de diecisiete ayuntamientos en la Sierra Sur, sólo uno no presenta riesgo. Para Moreno Rivas, la única situación viable ante tal circunstancia se reduce a intensificar los patrullajes y aumentar la presencia policial en las regiones.
Pero el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Federal, el oaxaqueño Heliodoro Díaz Escárraga, negó la autorización de la BOM y aclaró que no será sino hasta que sesione el Consejo de Seguridad Nacional la instalación de la Base; y especificó que no se trata de una sino de dos, una en la Sierra Sur y la otra en la región de los Chimalapas, que tanto el gobierno estatal como así también el federal muestran como un »problema resuelto», por lo tanto la presencia de los militares en el lugar es una contradicción a los anuncios oficiales. Aún así, Díaz Escárraga señaló que no tenía conocimiento del tratamiento del tema pero se manifestó a favor de su instalación: »insistimos ante las autoridades acerca de los problemas de la Sierra Sur, y nuestra demanda es la Base, que puede estar integrada por unos 100 elementos».
Aseguró además que desde hace más de dos años fue solicitada, pero no existe voluntad política ni recursos económicos para el proyecto militar.
Presencia militar en las comunidades
Contrario a las expresiones a favor de la salida militar de los conflictos comunitarios, la titular de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos, Yessica Sánchez Maya, advirtió la necesidad del control institucional por el funcionamiento de las bases mixtas para que »no se violenten los Derechos Humanos» de campesinos e indígenas. En este aspecto, abordó la cuestión de los indígenas y campesinos de la región Loxicha donde aclaró que »las bases originaron mayor inestabilidad en el lugar y se registraron más denuncias por violación a los Derechos Humanos de los indígenas zapotecos».
Por su parte, el responsable de la Junta de Conciliación Agraria, Encar Manuel Zamora Domínguez, remarcó la existencia de siete focos rojos de doscientos ochenta y siete pendientes que existen en Oaxaca, y admitió que »en casi todos los casos la gente está dispuesta a todo para defender sus tierras»; pero, bajo la actual administración del actual gobernador José Murat, ocurrió -entre otros hechos no menores- la masacre de Agua Fría, sucesos de los cuales todavía no existe una efectiva impartición de justicia, como así tampoco la debida investigación sobre las denuncias de la actividad impune de bandas armadas, narcotraficantes, talamontes
– durante el 2003, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer la existencia de más de cien ejércitos privados de talamontes en todo el país- y grupos paramilitares. Durante el período 1998-2004 y según las estadísticas oficiales, fueron resueltos 313 casos que alcanzan una superficie de 737,088 hectáreas, en tanto que resta solucionar una superficie de 52,249, pero el saldo de estos conflictos donde algunos se reconocen como ancestrales, cobró trescientos muertos hasta la fecha.
El Congreso Nacional Indígena, a través de sus representantes oaxaqueños, llevaron esta problemática al interior de la organización donde buscarán establecerse consensos para la búsqueda de soluciones a partir de la propia experiencia indígena y dentro del desarrollo de los procesos autonómicos indígenas.
Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, conocedor profundo de la problemática indígena, y mediador entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, expuso su preocupación durante su reciente visita a Oaxaca al señalar que »en la entidad existen situaciones muy tensas entre las comunidades que no son comunes en otras partes de la República Mexicana», aceptando, además, que »hay comunidades que desde hace 60 o 70 años están en litigios fuertes y ancestrales».
Mientras tanto, distintos legisladores locales señalan su desconocimiento acerca de la aplicación de 50 millones de pesos destinados a la Sierra Sur desde julio de 2002, recursos obtenidos a través de un endeudamiento y cuya finalidad se declamó para »abatir el rezago en la región». Desde aquella ocasión, posterior a la matanza de Agua Fría, una coalición de organizaciones no gubernamentales continúa denunciando que esos recursos nunca fueron aplicados en obras.
Las armas hablan
En este escenario cargado de tensión y violencia, pero también de pobreza, miseria, racismo e indiferencia gubernamental, se vuelve propicio para los grupos armados que operan en la región. Amparados por autoridades locales, estas bandas imponen su ley, las de las armas, ante la evidente ausencia del Estado. Tras el conflicto agrario, como se lo denomina pues refiere a la disputa por la tierra, se esconden intereses facciosos y la disputa por el poder de estas tierras a menudo ricas en recursos naturales y minerales.
Además, el abandono por parte de las autoridades deja a la región expuesta a una suerte de zona liberada, a la deriva y merced de los caciques locales, frecuentemente aliados a intereses y poderes ajenos del lugar que mantienen a los pueblos divididos y sojuzgados.
En esta dinámica, también surge otro elemento de capital importancia: la existencia de un mercado negro y tráfico hormiga de armas, tal como lo apuntó recientemente el director de la Unidad de Terrorismo y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República, Jorge Serrano Gutiérrez. En este sentido, el funcionario pone énfasis en combatir el acopio de arsenal, fundamentalmente de AK-47, cuernos de chivo, y que, informó, en algunos países de Centroamérica se pueden conseguir hasta por 10 dólares cada una.
Cabe recordar al respecto que recientemente fueron halladas armas en una casa abandonada, una casa de seguridad, en Villa de Etla, aunque no pudo establecerse si estaban destinadas para el narcotráfico, alguna banda criminal o grupo subversivo; pero ello da una muestra cabal de la gravedad del asunto.
Incierto futuro
Necesariamente, las comunidades indígenas deberán asumir y encontrar los caminos para la reconciliación a partir de sus propias necesidades e intereses, recorriendo la experiencia de la autonomía impulsada en los acuerdos de San Andrés y practicada por los rebeldes zapatistas.
Culturalmente discriminadas en dos dimensiones, violentando los Usos y Costumbres y negando legitimidad a sus procesos comunitarios, las comunidades enfrentan una realidad que pretende imponer el miedo como forma de estrategia de dominación, y una de las formas que asume es el enfrentamiento inter/intracomunitario y que se define con la ruptura del tejido social y la represión implacable, como la que se desató durante el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano contra la región Loxicha.