¿Son las sanciones internacionales herramientas legítimas y efectivas?

Con cierta frecuencia encontramos en los medios de comunicación noticias sobre distintas sanciones internacionales (por ejemplo, ‘UE impone sanciones a Irán tras asesinatos en Europa‘ o ‘Nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra Venezuela‘). Son noticias que, normalmente, no suelen generar gran controversia ni obtener muchas lecturas. Ni mucho menos, debate.

¿Qué son las sanciones internacionales?

Según el Estado español, las sanciones internacionales son «un instrumento, de naturaleza económica/diplomática, que tiene por objeto modificar políticas o actividades de otros países, que suponen violación del derecho internacional o de los derechos humanos«. Así pues, la idea es castigar a todos los que violen el derecho internacional o los derechos humanos congelando «los fondos y demás activos financieros o recursos económicos» para que cesen en tan crueles violaciones.

Las sanciones internacionales fueron herramientas muy utilizadas durante el siglo XX que, extrañamente, siguen vigentes en la actualidad, especialmente en la última década. Muchos pueden ser los motivos para la supervivencia de estas herramientas erráticas y anacrónicas (para la ONU son «medidas coercitivas obsoletas»), especialmente cuando se aplican de forma unilateral, pero quizás los dos más importantes sean la crisis económica y el declive de los Estados Unidos. Asunto este último que se muestra cada vez más evidente cuando hasta analistas occidentales advierten, por ejemplo, que los norteamericanos están cediendo su hegemonía en Oriente Medio en favor de Rusia (y China).

Las sanciones internacionales aprobadas por Estados Unidos, sobre todo contra Irán y Rusia, son tan controvertidas que hasta sus aliados tradicionales europeos se han opuesto a ellas, llegando a vivirse momentos de tensión. Tal es la divergencia que desde mediados de 2017 las sanciones que implementan europeos y norteamericanos han comenzado a diferir sustancialmente.

¿Cuáles son sus efectos?

Por otra parte, la imposición de un régimen sancionador afecta a cualquier producto que tenga un porcentaje norteamericano (componentes o materias), lo que obliga también a proveedores, y a cualquier estado del mundo, tanto si ha secundado las sanciones como si no lo ha hecho. Esta postura significa en la práctica que la sanción termina por convertirse en global al obligar a los países, entes y personas a elegir entre comerciar con Estados Unidos (y todos sus aliados) o con el país sancionado.

Si la empresa en cuestión tiene presencia o intereses en Estados Unidos la medida resulta de sencilla aplicación, pero si no es así, la situación no se complica en exceso dado que la sanción afecta a cualquier entidad, incluso bancaria, que mantenga relación con la empresa que comercie con el país sancionado. Una entidad que comercie con Irán, por ejemplo, se convierte a todos los efectos sancionadores en Irán. Basta recordar el caso de Meng Wanzhou, vicepresidenta de Huawei.

¿Cuáles son las consecuencias?

Las principales consecuencias de estas agresivas e ilegítimas herramientas se podrían resumir en tres:

1. Reducen en mayor o menor medida el comercio del país sancionado, afectando incluso a los países sancionadores (por ejemplo, cuando se sancionó a Rusia, la agricultura española resultó perjudicada).

2. Encarecen el precio de mercado, ya que los países sancionados deben ofrecer mayor número de garantías y atractivos que un país no sancionado.

3. Afectan y empobrecen directamente a la ciudadanía.

Además, estas sanciones internacionales suelen acompañarse por operaciones propagandísticas para erosionar al régimen en cuestión y promocionar a los grupos de oposición (a nivel mediático, económico o armamentístico), los cuales acaban convertidos en los defensores de los intereses de Occidente. Y, por tanto, de la libertad y la democracia.

Ejemplos de estas maniobras mediáticas en medios occidentales, algunas obscenas y delirantes, son muy sencillos de encontrar, desde aquellos muyahidines que defendían la libertad en Afganistán («freedom fighters», según Ronald Reagan) hasta los recortes de derechos y libertades en Rusia.

Recientemente, el diario español El País relataba sobre Vladimir Putin, tras el negativo efecto de las sanciones internacionales sobre Rusia, que «trata de combatirla [la disidencia] restringiendo los derechos de manifestación, poniendo coto a las redes sociales o incluso poniendo en marcha una campaña de represión cultural hacia géneros contestatarios como el rap». Después afirma que el descenso de la popularidad de Putin al 65% es un «síntoma de grietas».

Curioso relato, el anterior, para provenir de un medio que protagonizó en España una campaña para controlar estatalmente las redes sociales y la publicación de noticias junto a una ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que se dedicaba a espiar a sus compañeros y adversarios. Medio, además, que habita en un país cuya legislación sobre manifestaciones se conoce como ‘Ley Mordaza’ y los raperos son condenados o se exilian. Y diario al que, si bien, un 65% de popularidad de un presidente supone una grieta, el suspenso con el que españoles han calificado a la monarquía hasta que se dejó de preguntar por la cuestión (entre 3,8 y 4,34 sobre 10 puntos en las encuestas de 2013 y 2015), no le genera mayor inquietud.

De lo que no existe duda, en cualquier caso, es que estas sanciones aumentan el empobrecimiento y el malestar de la ciudadanía, dinamizan a unos grupos opositores que no siempre son lo que se presentan en Occidente y generan una marcada inestabilidad en los países sancionados.

Ante lo que los países sancionados consideran una agresión, suelen responder disminuyendo los estándares democráticos y las libertades, curiosamente el motivo por el que en teoría han sido sancionados, aunque a veces la maraña es tan compleja que cuesta mucho hasta saber el origen del conflicto. Y en la mayoría de los casos la situación genera una dinámica de difícil solución salvo que ello derive en un conflicto armado.

Estos conflictos, guerras civiles generalmente con intervención de tropas internacionales, suelen terminar en el mejor de los casos en la sustitución del gobierno sancionado por otro gabinete, normalmente con los mismos o más bajos estándares de democracia o libertades y los mismos o mayores niveles de corrupción. En otras ocasiones estos estados se convierten en fallidos y su inestabilidad se hace más acusada que cuando gobernaba el gobierno derrocado. Eso sí, cualquiera de estas opciones se produce después de la devastación del país en cuestión.

¿Quiénes son los ‘buenos’ y los ‘malos’?

Entre los ‘malos’ de los últimos tiempos encontramos en Oriente Próximo a Siria y al Eje del Mal (Irak, antes de de ser arrasada por la invasión norteamericana que generó el nacimiento del Estado Islámico; Irán y Corea del Norte); en América, a Cuba y Venezuela; y en Eurasia, a Rusia, cuyos bots circulan por la red, según las teorías occidentales, alienando ciudadanos para que voten a… Donald Trump. Por supuesto, hay más.

Pero si estos son los ‘malos’, ¿quiénes son los ‘buenos’? Los ‘buenos’ en Oriente Medio, por ejemplo, son aquellos que en el pasado:

1. Armaron a los muyahidines.

2. Suministraron armas a los rebeldes sirios, muchos de ellos. pertenecientes a facciones de Al Qaeda y el Estado Islámico.

3. Germinaron un estado terrorista que llegó a ocupar casi dos estados.

4. Convirtieron en un avispero toda la región debido a una intervención militar errática y catastrófica (Irak).

5. Y son aquellos que a día de hoy perpetran la mayor catástrofe humanitaria en Yemen y bombardean incansablemente Palestina.

Luis Gonzalo Segura es ex Teniente del Ejército, miembro del colectivo de militares demócratas Anemoi, autor del ensayo «El libro negro del Ejército español», Presidente de la Asociación Civil Milicia y República (ACMYR).

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