Una segunda ronda de negociaciones para un acuerdo de paz entre el gobierno de Sri Lanka y los rebeldes tamiles concluyó en Ginebra sin entendimientos entre los bandos enfrentados en la encarnizada guerra civil de más de tres décadas. Las discusiones, convocadas por el gobierno de Noruega y con el auspicio de Suiza, fueron consideradas […]
Una segunda ronda de negociaciones para un acuerdo de paz entre el gobierno de Sri Lanka y los rebeldes tamiles concluyó en Ginebra sin entendimientos entre los bandos enfrentados en la encarnizada guerra civil de más de tres décadas.
Las discusiones, convocadas por el gobierno de Noruega y con el auspicio de Suiza, fueron consideradas por fuentes diplomáticas «un fracaso» porque las partes beligerantes se separaron sin convenir fechas para una nueva reunión ni tampoco la redacción de un texto de conclusiones finales.
Las principales diferencias aparentes se concentran en la apertura de la autopista A9, que clausuró el gobierno en una medida cuestionada por los rebeldes pues es la vía de aprovisionamiento más expeditivo a la península de Jaffna, la asediada fortaleza del grupo independentista en el norte del país.
Desde que se realizó la primera negociación en Suiza, en febrero pasado, se agravó el conflicto militar entre las fuerzas de Colombo y los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE, por sus siglas en inglés).
El mediador Erik Solheim, ministro de Desarrollo Internacional de Noruega, observó que el recrudecimiento de las acciones de violencia causó desde entonces el desplazamiento interno de más de 200.000 personas.
En esos choques perecieron entre 1.000 y 2.000 personas, «tanto como en Líbano», dijo Solheim en relación al conflicto librado entre ese país e Israel entre el 12 de julio y el 14 de agosto de este año.
Las acciones armadas lanzadas por el LTTE con la finalidad de lograr para las minorías tamiles el control de territorios del norte y el este de Sri Lanka, han ocasionado la muerte de por lo menos 65.000 civiles y militares desde que las operaciones se iniciaron en 1972.
Más de 70 por ciento de los 18 millones de habitantes de Sri Lanka son de la etnia cingalesa –mayoritariamente budistas– y 18 por ciento son tamiles, cuyos ancestros proceden del sur de India y practican el hinduismo y que constituyen la amplia mayoría de la población en el norte y el este.
Los Tigres se inclinan hoy por una autonomía en el marco de una república federal.
La comunidad internacional ha dado muestras de inquietud ante el aumento de la violencia y sus secuelas de graves violaciones de derechos humanos y de otros sufrimientos y privaciones de la población, advirtió Solheim a las dos delegaciones reunidas en esta ciudad suiza.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, expuso por primera vez en septiembre ante los organismos especializados del sistema internacional el caso de los abusos en Sri Lanka, atribuidos a las dos partes enfrentadas.
El informe de Arbour, presentado durante la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas fue avalado por declaraciones de instituciones de derechos humanos y por expertos independientes en la materia.
Solheim recordó este domingo, al cerrar las discusiones, que la comunidad internacional ha expresado repetidas veces que espera de las partes moderación y acatamiento a sus compromisos de cese del fuego, adoptado en 2002, y de no emprender nuevas ofensivas militares.
El jefe de la delegación gubernamental, Nimal Siripala de Silva, ministro de Salud de Sri Lanka, reafirmó la voluntad de las fuerzas regulares de respetar el cese del fuego en los términos establecidos durante las primeras negociaciones sostenidas en Ginebra.
A su vez, el jefe del ala política de los Tigres, S.P. Thamilselvan, sostuvo que la aplicación plena del cese del fuego y el fortalecimiento de la Misión de Supervisión en Sri Lanka normalizarán las vidas de la población en las tierras que reclaman y ayudarán a impulsar el proceso de paz.
En declaraciones de ese tipo se fundó Solheim para afirmar que los dos días de negociaciones en Ginebra habían dejado «algunos aspectos positivos».
Sin embargo, el mediador aceptó que ningún acuerdo fue alcanzado para aliviar la crisis humanitaria en las zonas septentrional y oriental, que han sido las más afectadas por el empeoramiento del conflicto.
El LTTE reclamó la apertura de la autopista A9, pero el gobierno se rehusó, describió el funcionario noruego.
El ministro De Silva manifestó la voluntad de su gobierno de suplir las necesidades de alimentos y de otras provisiones a la población de Jaffna mediante transportes por vía marítima.
Por su parte, el LTTE objeto ese método porque equivaldría a alimentar prisioneros. Los rebeldes sostienen que la clausura de la A9 ha convertido a la península de Jaffna en una prisión para sus 600.000 habitantes.
El cierre de la A9 representa un «nuevo Muro de Berlín», dijo Thamilselvan.
De Silva insistió en que el aprovisionamiento marítimo será empleado hasta que se repare el puesto de control de Muhamalai, en la A9, dañado por acciones bélicas. El funcionario remarcó que los trabajos deben realizarse con adecuada protección para la población civil.
Thamilselvan se declaró insatisfecho por las explicaciones del gobierno a su negativa a reabrir la A9. «El gobierno debe tener una estrategia militar oculta», manifestó el dirigente rebelde.
El mediador noruego admitió que las negociaciones terminaron sin que las partes tampoco acordaran las fechas de una nueva reunión. De Silva dijo que el LTTE rehusó aceptar una propuesta al respecto.
El gobierno sigue listo y dispuesto a reunirse en cualquier momento con la finalidad de «resolver la cuestión nacional», dijo.
En cambio, Thamilselvan precisó que el LTTE aceptó establecer una fecha para la siguiente ronda de conversaciones y pidió que la autopista A9 fuera abierta antes de ese momento.
Solheim cerró el debate anunciando que Noruega proseguirá el diálogo con las partes para discutir todas las ideas posibles sobre las formas de impulsar el proceso de paz.