El Gobierno tailandés ha declarado esta semana que está manteniendo conversaciones con el de Myanmar para repatriar a unos 140.000 refugiados birmanos alojados en nueve campos situados a lo largo de la frontera entre ambos países. El jefe del Consejo de Seguridad Nacional tailandés, Tawin Pleansri, ha declarado que los refugiados «llevan más de veinte […]
El Gobierno tailandés ha declarado esta semana que está manteniendo conversaciones con el de Myanmar para repatriar a unos 140.000 refugiados birmanos alojados en nueve campos situados a lo largo de la frontera entre ambos países. El jefe del Consejo de Seguridad Nacional tailandés, Tawin Pleansri, ha declarado que los refugiados «llevan más de veinte años en Tailandia y se ha convertido en una carga para nosotros cuidar de ellos. Aún no puedo decir cuando vamos a desmantelar los campos, pero tenemos la intención de hacerlo».
Miles de birmanos han huido durante ya varios decenios de la guerra civil entre el ejército nacional de su país, el Tatmadaw, y las guerrillas de las minorías étnicas; uno de los conflictos bélicos más antiguos del mundo. Al huir llegan a un país en el que son especialmente vulnerables, ya que Tailandia no ha firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, por lo que nunca se ha hecho plenamente responsable de ellos. Los refugiados dependen sobre todo de la ayuda de organismos internacionales y de algunas ONG, tanto extranjeras como dirigidas por birmanos.
En torno a los campos reina la corrupción: los funcionarios tailandeses sobornan con frecuencia a los refugiados para permitirles entrar en ellos, dejarles salir para trabajar o incluirlos en las listas para enviarles a terceros países. Muchos de los desplazados, incapaces de conseguir los documentos necesarios para ser acogidos en otros países y el dinero para sobornar a las autoridades, llevan hasta dos decenios encerrados en unos campos que en un principio se construyeron para ser provisionales y se han convertido en auténticas cárceles permanentes al aire libre.
Ahora, después de que la Junta militar birmana convocara en noviembre unas elecciones , haya entrado en vigor la nueva Constitución aprobada en 2008 y se haya instaurado un Gobierno civil, el Gobierno tailandés ha decidido que se acerca el momento de que los refugiados vuelvan a su país. Sin embargo, pocas cosas han cambiado realmente en Birmania y son pocos los que creen que las elecciones y la transición a lo que el Gobierno birmano denomina una «democracia disciplinada» sean otra cosa que una charada de los militares para mantenerse en el poder tras la fachada de un Gobierno constitucional civil.
Además, el conflicto bélico en Birmania no ha hecho más que empeorar desde el comienzo de la «transición». Muchos de los grupos armados de las minorías étnicas, algunos de los cuales mantenían un alto en fuego con el Gobierno desde hace años, han rechazado la oferta de la Junta militar de convertirse en fuerzas de vigilancia fronteriza y ahora se han unido para combatir al Tatmadaw. De hecho, el mismo día de las elecciones, tuvo lugar una batalla en la localidad birmana de Myawaddy, en la frontera con Tailandia, y decenas de miles de birmanos cruzaron al país vecino huyendo de los combates. Tailandia los repatrió «voluntariamente» en unos pocos días, aunque no tardaron en volver a estallar los combates y miles de birmanos cruzaron de nuevo la frontera .
Esa situación se ha repetido varias veces en los últimos meses: miles de birmanos cruzan la frontera huyendo de los combates en su país y el Gobierno tailandés los envía en seguida de vuelta cuando «la situación se ha calmado», algo que desmiente la siguiente oleada de refugiados. Ante esta situación, Human Rights Watch ha denunciado que el Gobierno tailandés está tratando a los refugiados como «pelotas de ping pong humanas». Mientras tanto, el ejército tailandés ha reforzado la seguridad en la frontera y en enero, según una asociación de derechos humanos de la etnia birmana karen, incluso quemó algunos asentamientos de refugiados para intimidarlos y obligarlos a volver a Birmania.
El despiadado trato que el Gobierno tailandés está dispensando a los refugiados birmanos no es ninguna novedad. A finales de 2009 desmanteló un campo de refugiados laosianos de la etnia hmong y deportó a cuatro mil de ellos a su país de origen, pese a que existían más que fundadas sospechas de que el Gobierno laosiano podría perseguirlos por la participación de los hmong en la guerra secreta de la CIA en Laos durante los años sesenta y setenta. En 2008, el ejército tailandés había dejado abandonado a la deriva en alta mar un barco, tras quitarle el motor, lleno de inmigrantes birmanos de la etnia rohingya que habían intentado llegar a la costa de Tailandia huyendo de la persecución que sufren en su país. En febrero se descubrió un episodio similar, cuando otro barco con birmanos rohingya llegó a las islas Adaman, según sus pasajeros después de que el ejército tailandés los abandonara una vez más en alta mar.
Tailandia mantiene una postura cuanto menos ambigua con respecto a Birmania. Se calcula que hay más de un millón de inmigrantes ilegales birmanos trabajando en el país a cambio de salarios de miseria y esa mano de obra barata es un importante motor de la economía del país. Por otra parte, numerosos exiliados políticos birmanos viven en Tailandia y, aunque no son reconocidos oficialmente como tales por las autoridades, muchos de ellos organizan la oposición al régimen birmano desde allí, lo que en ocasiones ha suscitado las protestas del régimen brimano.
Sin embargo, son más las cosas que unen a ambos gobiernos que las que los separan. Tanto el actual gobierno tailandés como los anteriores, los de Thaksin Shinawatra y sus alíados, han mantenido siempre unas relaciones más que cordiales con la junta militar birmana. Una cordialidad que en realidad trasciende al partido de turno que ocupa el poder en Tailandia: El mismísimo rey Bhumibol Adulyadej defendió públicamente en 1993 al régimen birmano en un discurso en el que aconsejó a Aung San Suu Kyi que se dedicara a cuidar a sus hijos y dejara el Gobierno del país en manos de los militares.
Pero los vínculos entre ambos países son ante todo económicos. Junto con China, Tailandia es el mayor inversor en Birmania. La empresa constructora más grande de Tailandia, la Italian-Thai Development, va a construir un enorme puerto y el mayor complejo industrial del país vecino: Además, el gas que importa de Birmania genera el hasta el 20 por ciento de la electricidad que consume Tailandia. En esas circunstancias, si no se produce una fuerte presión externa, es poco probable que Tailandia permita que el asunto de los refugiados y exiliados birmanos se interponga en sus negocios con el régimen del país vecino.