La junta militar ha detenido a miles de personas como presas políticas desde el golpe de Estado de 2021, poniendo de manifiesto un patrón de abusos por motivos de género.
En agosto de 2021, se difundió por una red de manifestantes de Myanmar la noticia de que Thazin*, activista y antigua estudiante universitaria, había sido asesinada. La manifestación a la que asistió aquel verano en Mandalay fue disuelta por soldados que dispararon y arrollaron a la multitud con sus vehículos.
La mayoría de manifestantes pudieron subirse a sus motos y huir. Thazin no estaba entre ellos, y se corrió la voz de que se había visto a una joven muerta debido a los disparos.
Aunque el resto de manifestantes creía que Thazin había sido asesinada, en realidad había sido detenida por la policía, que la había herido al embestir su bicicleta con el coche.
Tras su detención, la llevaron a una comisaría de Mandalay. Allí, según afirma, fue «torturada, abofeteada y pateada», y le golpearon las caderas hasta el punto de necesitar puntos de sutura. Durante el interrogatorio, la desnudaron hasta dejarla en ropa interior y un agente la tocó de forma inapropiada. Esa noche, la dejaron atada de manos y pies en el pasillo frente a un pabellón de la prisión de hombres. No pudo dormir.
Tras su terrible experiencia inicial, Thazin desapareció durante tres años en las cárceles de Myanmar, donde la ONU ha identificado pruebas fehacientes de «tortura sistemática, asesinatos y otros abusos graves», además de la «comisión sistemática de delitos sexuales y de género».
Se convirtió en una más de las más de 30.000 personas activistas, manifestantes, periodistas y miembros de milicias contrarias a la junta detenidas como presas políticas en los cinco años transcurridos desde el golpe militar. Entre ellas hay más de 6.400 mujeres, según la Asociación de Ayuda a Presos Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés).
Mientras Thazin cumplía condena en la prisión central de Mandalay y en la prisión de Myingyan, relata que sufrió abusos psicológicos, físicos y sexuales a manos del personal penitenciario, entre los que se incluyen palizas y registros corporales invasivos.
Según se informa, durante su primer año en prisión, otras presas políticas de su pabellón fueron grabadas en secreto en las duchas por personal penitenciario masculino, y un abogado le dijo a Thazin que las imágenes se estaban utilizando para chantajear a sus familiares.
Un informe publicado por la AAPP también señala que las mujeres habían sido víctimas o testigos de torturas físicas y abusos sexuales, incluidos registros corporales invasivos y «humillaciones y coacciones sexuales basadas en información obtenida a través de cámaras de videovigilancia».
El informe añade que el personal penitenciario masculino maltrataba físicamente a las presas políticas con barras de metal, pistolas eléctricas y tirachinas.
Desde finales de 2025, la organización sin ánimo de lucro Fortify Rights ha entrevistado a diez exreclusas en el marco de su trabajo de investigación sobre el trato que reciben las presas políticas en Myanmar. Según Chit Seng, especialista senior en derechos humanos de Fortify Rights, las mujeres denuncian abusos sexuales, físicos y verbales, incluidas amenazas de violación y palizas.
«Ninguno de estos casos es un hecho aislado. Siempre hay un patrón que sugiere que la violencia sexual se está utilizando como herramienta de intimidación, desde la detención hasta el interrogatorio y el encarcelamiento. Esto ocurre en todos los niveles y en todas las salas», afirma Chit Seng.
«Cuando se trata de las mujeres, [las autoridades] recurren a cualquier medio para controlarlas y castigarlas, con el fin de asegurarse de que se sometan a su voluntad».
Otra exreclusa presa política y enfermera, que estuvo retenida en la prisión de Insein y posteriormente en la de Tharyarwaddy, afirma haber sufrido abusos físicos y psicológicos similares. Tras prestar asistencia médica a dos personas manifestantes heridas en Rangún en 2022, Ma Khaing* fue detenida y condenada a tres años de prisión.
En la prisión de Insein, Ma Khaing «sufrió un trauma psicológico» tras ser sometida a intensos interrogatorios por parte del personal penitenciario y estar bajo videovigilancia en el pabellón de mujeres. Según ella, otras presas políticas contaron que, durante los interrogatorios, les habían quitado la ropa y les habían derretido plástico sobre la zona genital.
La investigación de la AAPP recoge los casos de 40 mujeres presas políticas que, según los informes, han fallecido en prisiones, comisarías y centros de interrogatorio como consecuencia de la tortura. Algunas apenas tenían 20 años cuando murieron debido a la supuesta falta de atención médica y a la gravedad de sus lesiones.
Entre ellas se encuentra Wutyi Aung, que formaba parte del sindicato de estudiantes de la Universidad de Dagon, y que fue arrestada, junto con otros cinco estudiantes, en 2021. Tras ser condenada a siete años de prisión, al parecer sufrió lesiones cerebrales mientras era torturada durante su interrogatorio.
El estado de salud de Wutyi Aung se fue deteriorando hasta que sufrió convulsiones y un paro cardíaco. Falleció mientras la trasladaban al hospital en julio de 2025.
El partido Unión y Solidaridad, respaldado por la junta militar, ganó las elecciones de enero de 2026 en Myanmar (calificadas de «farsa» por observadores de derechos humanos) y el General Min Aung Hlaing fue nombrado presidente.
Poco después, unos 4.000 presos políticos fueron puestos en libertad en virtud de una amnistía, y el gobierno anunció que a Aung San Suu Kyi, exlíder de Myanmar encarcelada, se le reduciría la pena y se la sometería a arresto domiciliario.
Sin embargo, Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional, afirma que esas medidas no son más que un intento del régimen por cuidar su imagen, y no una verdadera transformación. «En realidad, nada ha cambiado», comenta. «La junta está tratando de presentarse como una auténtica fuerza política civil, pero siguen estando al mando las mismas personas».
Según las estimaciones de la AAPP, el mes pasado seguían en prisión 22.064 activistas civiles prodemocracia.
Cientos de mujeres que fueron presas políticas viven ahora en el exilio en Tailandia, entre ellas Yu Mi San, que huyó de Myanmar en 2023 tras su puesta en libertad de la prisión de Maubin, en donde permaneció recluida durante 18 meses por liderar protestas. Afirma que fue interrogada durante 13 horas, sufrió un infarto mientras estaba detenida y fue víctima de acoso sexual y negligencia médica.
Desde entonces, ha fundado la Red de Justicia para Personas Presas Políticas, que brinda apoyo a quienes siguen en prisión y a las mujeres que luchan por recuperarse de su detención. «Este es un momento crucial para documentar y apoyar a las personas presas políticas», afirma Yu Mi San.
Thazin y Ma Khaing huyeron de Myanmar cruzando la frontera hacia Tailandia en 2024 y 2025, respectivamente, y ahora documentan los abusos que sufren otros presos políticos para la AAPP. «Aunque el Parlamento haya cambiado, para mí es una farsa», explica Thazin. «Las están llevando a cabo [algunas liberaciones de presos] debido a la presión internacional, pero no confío en ellos».
Aunque ya no se encuentran en Myanmar, Ma Khaing y Thazin afirman que «siguen oyendo las voces de las mujeres que siguen en prisión».
* Se han cambiado los nombres para proteger la identidad de las personas.
Fuente original en inglés: https://www.theguardian.com/global-development/2026/jun/11/tortured-humiliated-and-killed-the-women-who-disappear-into-myanmars-prisons?CMP=share_btn_url