El movimiento social «Otro mundo es posible» y diversas organizaciones de la sociedad civil nicaragüense inician, a partir de la semana que viene, una serie de actividades preparatorias para el juzgamiento de la empresa española Unión Fenosa, acusada de no cumplir contratos y de causar daños al país desde que inició sus actividades. El juicio […]
El movimiento social «Otro mundo es posible» y diversas organizaciones de la sociedad civil nicaragüense inician, a partir de la semana que viene, una serie de actividades preparatorias para el juzgamiento de la empresa española Unión Fenosa, acusada de no cumplir contratos y de causar daños al país desde que inició sus actividades. El juicio será llevado adelante por el Tribunal Permanente de los Pueblos y es parte del Encuentro Mesoamericano del Grito de los Excluidos, que será realizado en octubre, en Managua.
Las organizaciones se van a dedicar, durante el mes de agosto, a mostrar, a través de actividades, un posicionamiento político de rechazo a los acuerdos firmados entre el gobierno de Nicaragua y la transnacional europea. Exigen «la cancelación de los contratos y que (la empresa) se vaya definitivamente del país».
La crisis energética afecta a cerca de 600 mil nicaragüenses hace casi tres años. Son frecuentes los apagones y la población del país llega a quedarse hasta 12 horas sin energía eléctrica por falta de inversiones en infraestructura por parte de la empresa encargada de hacerlo, la Unión Fenosa, lo que provoca una insuficiente generación de energía. Además, los nicaragüenses tienen que soportar racionamientos constantes. La transnacional española es responsable del sector de la energía eléctrica de Nicaragua hace siete años.
Las entidades basan sus pedidos de anulación de los contratos en pruebas técnicas de no cumplimiento de la Unión Fenosa, en los abusos que está cometiendo contra la población y el sector productivo de la pequeña y mediana industria, con los productores de arroz, café, con los pecuaristas y contra las diversas comunidades del país y comunidades indígenas. Todo esto con la complicidad del INE (Instituto Nicaragüense de Energía), que debería actuar con ente regulador del Estado.
Una carta, elaborada por el Comité Organizador de las actividades, será entregada al presidente del INE, David Castillo, para que él entregue a los movimientos sociales una copia del Contrato de Concesión y todos los anexos dados por el gobierno de Nicaragua a la transnacional eléctrica española.
La idea de juzgar a las transnacionales que actúan en el continente latinoamericano, y que son acusadas de abusos contra los pueblos de la región, surgió el año pasado, durante la reunión de movimientos sociales, en una cumbre paralela a la Cumbre de Presidentes Europeos en Viena (Austria). El Tribunal comenzó a juzgar los crímenes ignorados por los tribunales oficiales en los años 70, cuando realizaron audiencias por los crímenes de guerra de las dictaduras latinoamericanas del Centro y del Cono Sur.
Según el Comité Organizador, el Tribunal aceptó el pedido de analizar, investigar y juzgar a las transnacionales europeas que están cometiendo delitos económicos y sociales y sometiendo a una explotación incontrolable a los países latinos, lo que es conocido como una «recolonización económica».
A partir de agosto, los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil desarrollarán una jornada de actividades preparatorias para el Encuentro Mesoamericano y de resistencia a la operación internacional de la Unión Fenosa en territorio nicaragüense. Las jornadas tendrán actividades de comunicación y divulgación, un Forum de Debate, distribución de documentación que demuestre los abusos cometidos por la Unión Fenosa, y terminará con una movilización social nacional después del juicio por parte del Tribunal.
El juicio, que acusa a la transnacional de incompetencia, tendrá lugar en el mismo momento en que los gobiernos centroamericanos se preparan para discutir y aprobar Acuerdos de Asociación con la Unión Europea, que sólo tienen como objetivo fortalecer a las transnacionales europeas en detrimento de los países y de los productores locales, así como lo hacen los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con Estados Unidos.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]