El referéndum del último domingo en Ecuador, de acuerdo a los resultados a «boca de urna» entregaban una cifra superior al 70 % para al Sí a la reestructuración del sistema político ecuatoriano. El resultado final que se perfila, tiende a consolidar esa cifra, y representa no sólo un mandato para el presidente Rafael Correa, […]
El referéndum del último domingo en Ecuador, de acuerdo a los resultados a «boca de urna» entregaban una cifra superior al 70 % para al Sí a la reestructuración del sistema político ecuatoriano. El resultado final que se perfila, tiende a consolidar esa cifra, y representa no sólo un mandato para el presidente Rafael Correa, sino que plantea un palpable desafío a las elites del poder en la región.
El gobierno de Rafael Correa, con menos de cuatro meses en ejercicio, enfrentaba el día de la votación con un 70 % de aprobación.
La campaña en contra del Sí a la reforma constitucional, fue desmedidamente dura, como si desde la elite del poder se estuviera perdiendo la última batalla. Eso revela el carácter intrínsecamente inconstitucional de estas elites, respaldadas por sus pares en la región, que, cuando pierden una batalla constitucional -como en este referéndum, o como en el de Venezuela en 2006- perciben la posible apertura en la concentración del poder como la llegada del populismo o la dictadura. Es sólo democracia cuando la representatividad política de las elites está en el poder.
No es sorprendente la reacción de los que protegen el statu quo constitucional, frente a la votación abrumadora por una reformulación de la constitución. El vehemente rechazo, los revela inmediatamente dentro de una minoría que ha utilizado el expediente constitucional para funcionar como un grupo selecto reducido de poder. Tampoco puede sorprender que interpreten el veredicto popular por una nueva constitución como una acumulación de poder en la cúpula ejecutiva del estado, sentando así las bases para una dictadura.
En este sentido, es desmesuradamente improcedente por parte de los partidarios del statu quo constitucional el estar más preocupados en la acumulación de poder de un Presidente, -que es pasajero en última instancia- que en el trasladar la energía a un proceso de elaboración constitucional con participación ciudadana. ¿Creen ellos mismos en el Estado de Derecho que sustentan?
Un abogado ecuatoriano, contactado nos señaló: «Los procesos de reformular constituciones en América Latina por lo general conducen al enfrentamiento con la elite política. Se comprueba que cuando se agota el expediente constitucional, la elite recupera el poder usando la violencia. El registro histórico constitucional así lo avala. Los ecuatorianos tienen una batalla contra el tiempo. Cuanto lo que pondrán en el papel -una nueva constitución- se reflejará en un mejor bienestar, antes de que llegue el quiebre en la autoridad política. En todo caso, los ecuatorianos decidieron ahora y decidirán después.»
Son reducidos los ejemplos en América Latina, con veredictos populares u oportunidades de Gobierno, que permitan diseñar un trazado constitucional diferente al existente. Cuando surgió la oportunidad, de Getulio Vargas en Brasil, Jacobo Arbentz en Guatemala o Juan Domingo Perón en Argentina, por nombrar los que tintinean en el diapasón antipopulista, el proceso acabó violentamente. También significó el cierre casi definitivo de la oportunidad de reestructurar el sistema de poder político por un mandato popular verdadero. Aunque la comparación con el ejemplo de Ecuador 2007 es distante, en todos estos casos el enfrentamiento con la elite del poder era evidente.
El mito del estado de derecho en América Latina
Es ya lugar común señalar que las constituciones en América Latina fueron diseñadas desde la gestación de los países para gobernar estados de excepción o en situación de tiranía. No hay que hilar muy fino para concluir que este daño desde el origen no reside, necesaria o exclusivamente, en la intencionalidad de sus líderes, sino que en el sustrato básico, donde existen profundas divisiones de clase y desigualdades de acceso a recursos físicos y de poder.
Las elites políticas en América Latina comparten el sueño de la conservación de los derechos basados en principios liberales, pero el mito del Derecho en América Latina nace fracturado por la división aguda de clases sociales y de razas y etnias excluidas o con participación condicionada. Las constituciones redactadas reflejan la dualidad del anhelo de libertad e igualdad y la imposibilidad de practicarlo. En América Latina existe en las sociedades -de facto y por escrito también- un tipo de apartheid, que los organismos internacionales se han demorado en reconocer.
Los obstáculos socioeconómicos e institucionales, los antagonismos de clase y de grupo étnico o de raza, las profundas desigualdades en riqueza, la concentración de poder económico y político en una elite dominante que se auto-reproduce en el sistema político, los vestigios de la tradición monárquica aún incrustados en la cultura de dominación dentro del liberalismo, el poder de la Iglesia católica, son condicionantes que se arrastran por más de un siglo y que impiden elaborar cartas constitucionales elaboradas con participación de la ciudadanía.
Las democracias se reducen a mantener sistemas de representatividad, que es donde reside el problema principal, reproduciéndose un sistema político que avala un Estado de Derecho instigador de la desigualdad, por las prácticas y la cultura política establecida.
El caso chileno es un ejemplo reiterado, y este triunfo de la ciudadanía ecuatoriana pone en jaque al modelo democracia en Chile. Una vez más no es Chávez el problema. Es el sistema de desigualdades políticas y económicas el que pone en jaque a la aspiración liberal. La polémica generada por los dichos de Chávez, de que la derecha chilena tiene una raíz golpista, es parte de un diagnóstico ya formalizado y no debe considerarse un insulto. Las elites del poder son golpistas y están constantemente demostrando que el estado de derecho es un mito por su tendencia a la exclusión.
Se ha demostrado que las constituciones sobre las cuales están montados los regímenes republicanos de la región han operado bajo principios de desigualdad aceptados por las poblaciones elección tras elección. Una investigación en 12 países de América latina, (Brian Loveman, 1993), señala que las constituciones funcionan como «sacramentos seculares, como proclamaciones filosóficas y como compromisos morales producto de concesiones mutuas de violencia y de guerra».
No son holandeses ni daneses que, entre otros asuntos, también apoyaron la invasión a Iraq, los que esta vez deciden replantear el derecho y la constitución en la sociedad. Son ecuatorianos y el desafío no corresponde sólo al presidente Rafael Correa. Lo ha asumido la población, que probablemente no tendrá la misma oportunidad otra vez. El camino está abierto y no hay que cerrarlo con un sectarismo o un antagonismo innecesario, por lado y lado.