En los últimos años algunos análisis críticos respecto a la cooperación internacional y las ONG para el desarrollo han subrayado la asunción de lógicas y lenguajes despolitizados, de modo que las organizaciones evitarían centrarse en la realidad del poder, el conflicto y la economía política. Se habría sustituido, según esta tesis, la reflexión sobre quién […]
En los últimos años algunos análisis críticos respecto a la cooperación internacional y las ONG para el desarrollo han subrayado la asunción de lógicas y lenguajes despolitizados, de modo que las organizaciones evitarían centrarse en la realidad del poder, el conflicto y la economía política. Se habría sustituido, según esta tesis, la reflexión sobre quién empobrece a quién y cómo por las lógicas tecnocráticas, en las que ocupan un lugar capital los técnicos y los expertos. El fin consistiría en ser eficaz, eficiente y que la ONG ofrezca productos y servicios de calidad. Aparentemente se trata de un lenguaje neutro, procedente de la esfera empresarial. Pero con la asunción del modelo gerencial, «las organizaciones de desarrollo se habrían ido convirtiendo en funcionales a la agenda neoliberal global, al perder la dimensión política y el potencial transformador», señalan los investigadores Sergio Belda-Miquel, Alejandra Boni Aristizábal y María Fernanda Sañudo Pazos en el libro «Hacia una cooperación transformadora» (Icaria), presentado en la Librería Primado de Valencia.
Publicado en junio de 2016, los autores del texto de 100 páginas defienden en la introducción un modelo diferente de cooperación («alternativa» y «transformadora»), que considere asimismo el desarrollo como proceso «complejo», «político» y «conflictivo». Resaltan que en el margen del sistema de cooperación dominante, algunas ONG promueven prácticas distintas que desafían la hegemonía neoliberal. El libro desarrolla los ejemplos de diferentes alianzas entre organizaciones del estado español y colombianas, basadas en el apoyo y la solidaridad política. «Para ello emplean recursos del sistema de cooperación», apunta el libro de la editorial Icaria en las primeras páginas.
Oficialmente considerado un país de renta media desde que comenzó la década de 2000, Colombia ha sido un país prioritario para la cooperación española por el conflicto armado -que se prolongó durante 52 años-, y sus efectos (220.000 asesinatos documentados, 25.000 desapariciones, 1.982 masacres y 5,7 millones de desplazados). Desde 2004 Colombia se ha situado entre los 10 y 15 principales receptores de la ayuda española, aunque ésta empezó a menguar desde el año 2006. Así y todo, el país latinoamericano continuó siendo uno de los mayores destinatarios de la ayuda oficial al desarrollo del estado español. Entre los sectores de población priorizados, destacan víctimas del conflicto armado, afrodescendientes, población indígena y campesinos. Sergio Belda-Miquel y Alejandra Boni Aristizábal son docentes en la Universitat Politècnica de València e investigadores en el instituto Ingenio del CSIC; María Fernanda Sañudo Pazos es investigadora del instituto Pensar en la Universidad Javeriana de Bogotá. «Las ONGD españolas han dispuesto durante al menos quince años de abundantes recursos para desarrollar proyectos con sus socios colombianos», concluyen.
Las seis experiencias detalladas en el libro cuentan con, al menos, cinco años de continuidad. El Programa Asturiano de Protección a Víctimas de los Derechos Humanos en Colombia nació en 2001 ante la persecución de organizaciones sociales y sindicales de este país (en el año 2000 resultaron asesinados 205 sindicalistas en Colombia, según la Central Unitaria de Trabajadores). «Fue y continúa siendo el país más peligroso para ejercer la acción sindical», destacan los investigadores. El programa ofrece refugio temporal en Asturias a activistas en riesgo (entre cuatro y nueve cada año). Cuenta además con una Comisión Asturiana de Organizaciones de Apoyo. En cuanto al Programa Vasco de Protección Temporal de Defensores de Derechos Humanos, ofrece acogida y acompañamiento (también psicoterapéutico) a personas amenazadas en Colombia. Iniciado en 2011, el programa toma como referencia las experiencias similares que se desarrollaron en Asturias y Cataluña. La iniciativa fue liderada por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco y coordinada por CEAR-Euskadi con el apoyo de la Kolektiba Colombia (Mugarik Gabe, Paz con Dignidad, Posada de los Abrazos, Colectivo Bachué, Mundubat y CEAR). Uno de los objetivos es ampliar en Euskadi los apoyos políticos e institucionales de estas personas y sus organizaciones. Como en todas las experiencias analizadas, se pone en cuestión el sistema de cooperación al desarrollo mientras se aprovechan sus recursos de éste para desplegar las acciones.
La Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia está integrada por 24 organizaciones de mujeres, tanto colombianas como del estado español: ONGD, ONG, grandes organizaciones populares de mujeres, sindicatos o institutos universitarios. El objetivo de la Mesa es denunciar las agresiones a la población femenina en el contexto del conflicto armado. El hecho que hizo posible la articulación del movimiento fue el vínculo entre la ONGD valenciana ATELIER y la colombiana SISMA, materializada en una iniciativa que cofinanció la Generalitat Valenciana: el Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia (2000-2004). Además de informes, documentales y manifiestos, la plataforma ha hecho posible que se aprobara una Proposición No de Ley sobre Apoyo a la Paz y los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia. Otra iniciativa reseñada en el libro es la impulsada, de modo directo y sin intermediarios, por la ONGD Iniciativas de Cooperación Internacional al Desarrollo (ICID) con Taller Abierto. Los autores del texto destacan que Taller Abierto fomenta la organización de las mujeres víctimas de la violencia en el Cauca y el Valle del Cauca. Por ejemplo, las desplazadas en zonas rurales.
Con el precedente de la tarea de acompañamiento que una organización catalana, Makoka, desplegó con movimientos de base colombianos, se constituyó el Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia (ADPI), que ahondaba en la alianza con organizaciones muy relevantes: el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA). Se trataba de hacer visibles las luchas y propuestas de estas poblaciones en Cataluña y el estado español. Entre las campañas más relevantes del Observatorio, destaca el apoyo en 2008 a la Minga Social y Comunitaria surgida en Colombia cuatro años antes, con el fin de reivindicar la defensa de los derechos humanos, la tierra y el territorio. Este respaldo del Observatorio ADPI se concretó en jornadas, actividades informativas, marchas y concentraciones en Barcelona. «Hacia una cooperación internacional transformadora» aborda, por último, el trabajo de acompañamiento de la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI) con organizaciones del departamento del Cauca. La CODPI tiene como fin «apoyar a los pueblos indígenas en sus iniciativas de incidencia política, ante instituciones nacionales e internacionales», subrayan Belda-Miquel, Boni Aristizábal y Sañudo Pazos. El acompañamiento se hizo visible en actividades como la construcción de la Casa del Pensamiento Indígena, un centro de formación e investigación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
El último capítulo, sobre las recomendaciones para una práctica política de la cooperación, resume el modelo que propone el libro. En primer lugar, prácticas como apoyo a campesinos desplazados o la protección temporal de un activista no serían fines sino medios para la transformación social; la protección de una comunidad indígena implicaría, así pues, la defensa de todo un modelo de vida propio y de resistencia contra el neoliberalismo. Ésta es otra de las claves, según los autores: «No se tiene por qué renunciar al empleo de los recursos que ofrece el sistema de cooperación al desarrollo, y menos aún si se considera que se trata de fondos públicos». En el centro de la cooperación transformadora se situaría también la afinidad política y, por otro lado, la construcción de afectos, amistades y confianzas. La esencia del modelo residiría en las organizaciones populares, frente a la primacía actual de las ONG u «organizaciones profesionalizadas» (los investigadores señalan que ello no supone negar el rol que puedan tener las ONG «profesionalizadas» que trabajan por la justicia social; de hecho, «deben aprovechar sus capacidades técnicas y de acceso a recursos»). Por último, con independencia del tipo de sociedad que se aspire a construir, «no se debería dejar de lado el rol del Estado ni absolverlo de sus obligaciones hacia la ciudadanía».
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