Una declaración de guerra

La Administración de Bush ha declarado la guerra al resto del mundo.

Los 450 cambios que Washington exige al programa ejecutivo que se establecerá al final de la cumbre de septiembre de 2005 de Naciones Unidas no significan una reforma de la Organización sino que constituyen un claro ataque contra cualquier cambio que pueda entrañar el reforzamiento de las Naciones Unidas o de las leyes internacionales.

La cumbre actual se suponía que iba a centrarse en el reforzamiento y reforma de Naciones Unidas y en abordar el tema de la ayuda al desarrollo, con especial énfasis en la puesta en marcha de los Objetivos del Milenio establecidos hace cinco años en la ONU. Muchos creían que este sería un foro de diálogo y debate, que implicaría a activistas sociales de todo el mundo desafiando a los gobiernos del empobrecido Sur y del opulento Norte conjuntamente con NN.UU. para establecer un campaña global y efectiva contra la pobreza y a favor del internacionalismo.

Pero ahora se presenta un desafío diferente e incluso mayor. Esto es una declaración del unilateralismo estadounidense, inflexible y cada vez en aumento. Estados Unidos ha lanzado una pública amenaza a los otros 190 estados miembros de Naciones Unidas, a los movimientos sociales y a los pueblos de todo el mundo, y a la propia ONU, lo que exige una rápida colaboración no oficial entre los tres elementos citados para enfrentarse al gigante de la Administración de Bush

El paquete de reformas propuestas por la Asamblea General como resultado de nueve meses de negociaciones antes de la cumbre, comienza con el nuevo compromiso de poner en marcha los Objetivos de desarrollo del Milenio, establecidos en 2000 como un conjunto de compromisos internacionales cuyo objetivo era el reducir la pobreza en 2015. Siempre fueron insuficientes pero a pesar de su insuficiencia todavía están pendientes de realización. La cumbre del Milenio 2005 trataba de reafirmar los compromisos incumplidos y dirigirlos a sus objetivos. En su propuesta de reformas de marzo de 2005, el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan pidió a los gobiernos del Norte y del Sur que consideraran el cumplimiento de los Objetivos del Milenio como una exigencia mínima. Salvo que se alivien los terribles niveles de pobreza, afirmó, los conflictos en el interior de los Estados y entre ellos podrían experimentar una espiral de violencia tan fuera de control que incluso las futuras Naciones Unidas reformadas y reforzadas podrían ser incapaces de controlar las amenazas para la paz internacional y para la seguridad.

Cuando John Bolton, el fuertemente contestado pero nuevo embajador en Naciones Unidas, anunció las propuestas estadounidenses, se pensó que sólo era un asunto del loco de John Bolton. Después de todo, Bolton, durante mucho tiempo un esquirol de Naciones Unidas, había dicho: «No hay Naciones Unidas», y había escrito en The Wall Street Journal que Estados Unidos no tenía obligación legal de cumplir los tratados internacionales, incluso aunque hubieran sido firmados y ratificados. Por ello, no sorprendió cuando Bolton apareció, tres semanas antes de la cumbre, presentando un paquete de 450 cambios en el documento que había sido minuciosamente negociado durante casi un año.

Pero, en efecto, no se trata de Bolton. Esta posición de la Administración Bush fue examinada y aprobada en una proceso de «cuidadosa colaboración entre instituciones», según proclamaba la Misión de EE.UU. ante la ONU, lo que quiere decir que la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono y otras muchas instituciones lo habían aprobado. Se trata de una clara manifestación oficial de la política exterior estadounidense, no del deseo de alguna facción marginal y extremista de ideólogos neoconservadores que podrían ser frenados rápidamente por los moderados en el poder. En esta ocasión la facción extremista es la que está en el poder.

El paquete de propuestas estadounidenses está dirigido a obligar al mundo a aceptar como suya la estrategia de EE.UU.; abandonar a las naciones y pueblos empobrecidos, a rechazar las leyes internacionales, a dar prioridad a las fuerzas implacables del mercado por encima de los intentos de regulación, dejando de lado el papel de las instituciones internacionales con excepción del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Comercio, y debilitando, quizás fatalmente, a las propias Naciones Unidas.

Comienza por eliminar de forma sistemática cada una de la referencias específicas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se han eliminado todas las relativas a obligaciones concretas para la realización de los compromisos. ¿Ajustar al 0,7 por ciento del Producto Nacional Bruto el gasto en ayuda al desarrollo de los países ricos? Eliminado. ¿Aumentar la ayuda a la agricultura y al comercio en los países pobres? Eliminado. ¿Ayudar a los países más pobres, especialmente a los de África, para enfrentarse al cambio climático? Eliminado.

La propuesta pone en grave riesgo tratados a los que Estados Unidos ya se había adherido, entre ellos el de No Proliferación Nuclear. El borrador de la cumbre de Naciones Unidas se refiere a «los tres pilares del Tratado: desarme, no proliferación y uso pacífico de la energía nuclear». Lo que quiere decir que los Estados que no disponen de bombas nucleares renunciarían a fabricarlas u obtenerlas. Pero a cambio se les garantizaría el derecho a producir energía nuclear con fines pacíficos mientras los Estados que sí las tienen- EE.UU., Gran Bretaña, Francia, China y Rusia- se comprometerían a cumplir el artículo VI del TNP, que prevé avanzar hacia «el desarme nuclear con el objetivo de eliminar esas armas». Los cambios propuestos por Estados Unidos eliminaban todas las referencias a los tres pilares y al artículo VI.

Estados Unidos suprimió la declaración de que «El uso de la fuerza debería considerarse un último recurso», lo que no resulta sorprendente dado que la Administración de Bush es partidaria de «invadir primero y buscar la justificación después» como sistema de resolución de crisis.

A través del documento, Estados Unidos exige cambios que redefinan y reduzcan lo que deberían ser derechos universales vinculantes y obligatorios. En la más clara referencia a Irak y Palestina, Washington reduce la definición del «derecho de autodeterminación de los pueblos» a descartar de él a «quienes permanecen bajo la dominación colonial y la ocupación extranjera».

La mayoría de los esfuerzos estadounidenses se dirigen a socavar el poder de la ONU a favor de la absoluta soberanía nacional. Sobre la emigración, por ejemplo, la redacción original subrayaba la importancia de la cooperación internacional, vinculando los asuntos de los trabajadores emigrantes con el desarrollo y los derechos humanos de los emigrantes. Estados Unidos quiere desecharlo en su totalidad y reemplazarlo por «el derecho soberano de los Estados a formular y cumplir con las políticas nacionales de emigración» y recurrir a la cooperación internacional exclusivamente para facilitar el cumplimiento de las leyes nacionales. Los derechos humanos se eliminan totalmente.

En la parte del documento sobre el reforzamiento de la ONU, Estados Unidos eliminó cualquier mención de reforzar su autoridad, centrándose en su lugar sólo en su eficacia. En cuanto a la Asamblea General, el órgano más democrático del sistema de NN.UU., Estados Unidos suprimió las referencias a la importancia central de la Asamblea, a su papel en la codificación de la legalidad internacional, y en último extremo a su autoridad, relegándola al papel de espacio para el diálogo ineficaz. Incluso eliminaba la referencia al papel de la Asamblea General en el rol favorito del propio Washington- la supervisión de la gestión de la Secretaría General de la ONU- dejando para el dominado por Estados Unidos y no democrático Consejo de Seguridad, junto a los propios estadounidenses (en la persona del funcionario del Departamento de Estado recientemente nombrado jefe de gestión en la oficina de Kofi Annan), hacer de perro guardián. La Administración de Bush ha dado a Naciones Unidas lo que cree que resulta una dura elección: adoptar los cambios estadounidenses y asentir a convertirse en simple auxiliar de Washington e instrumento del Imperio o rechazar los cambios y ser sepultadas en la insignificancia.

Pero Naciones Unidas podría elegir una tercera opción. No debería olvidarse que la ONU tiene experiencia en tratar con las amenazas estadounidenses. Ya en otra ocasión, en septiembre de 2002, el presidente George W. Bush ofreció a NN.UU. estas mismas dos opciones, cuando amenazó a la comunidad internacional con la «irrelevancia» si Naciones Unidas no apoyaba su petición respecto a la guerra en Irak. En aquella ocasión, la ONU llevó a cabo una tercer elección, la de constituirse en espina dorsal, en hacer valer su Carta, y en unirse con los pueblos y gobiernos de todo el mundo que se habían movilizado para decir no a la guerra. Fue el principio de ocho meses de triunfos, en los que los gobiernos, los pueblos y la ONU se mantuvieron juntos para desafiar la ofensiva estadounidense hacia la guerra y el Imperio, y al hacerlo constituyeron lo que The New York Times calificó de «segunda superpotencia».

En estos momentos, como entonces, Estados Unidos ha amenazado y declarado la guerra a la ONU y al mundo. También como entonces, ha llegado el momento de que esa superpotencia tripartita se levante de nuevo para defender a las Naciones Unidas y decir no al Imperio.

Phyllis Bennis, miembro del Institute for Policy Studies, es autora de Challenging Empire: How People, Governments, and the U.N. Defy the U.S. Power (Reto al Imperio: Cómo la gente, los gobiernos y la ONU desafían el poder de EE.UU.), de próxima aparición en Interlink Publishing, Northampton MA, octubre de 2005.